"(...) El discurso de los independentistas está lleno de trampas y falacias y
no es la menor de ellas haber disfrazado el derecho de autodeterminación
-inexistente por otra parte en los Estados democráticos occidentales-
por un abstracto y quimérico derecho a decidir que se reviste de las
apariencias de democracia y libertad.
¿Cómo situarse en contra de la
democracia?, ¿cómo cuestionar la libertad?, ¿cómo negar el derecho a
decidir? El sofisma es parecido al que utiliza el neoliberalismo
económico cuando en nombre de la libertad defiende la autonomía absoluta
de los mercados y la ausencia total de regulación en la actuación de
las fuerzas económicas. ¿Quién va atacar la libertad? (...)
Todo el mundo acepta que sin normas y leyes no existe la libertad y que
lo que se generaría sería la anarquía y el caos. Sin embargo, en
ocasiones, como la actual, hay quien explota la libertad para arrimar el
ascua a su sardina, y presentar como democrático lo que linda con lo
arbitrario y despótico. Esto es lo que está sucediendo con el
independentismo en Cataluña y con la utilización que hacen del derecho a
decidir. (...)
Mi derecho a decidir está limitado por las leyes, leyes que al mismo
tiempo son las que me lo garantizan en otros muchos ámbitos. El derecho
a decidir, como la libertad, no existe en abstracto, sino enmarcado en
una realidad política y en un ordenamiento jurídico.
El derecho a decidir de los catalanes, al igual que el de los
andaluces, extremeños, murcianos, etc. no es un derecho incondicional,
sino encuadrado en una normativa jurídica que si bien lo limita en el
cauce de determinadas normas, que establecen las reglas del juego,
también lo defiende y protege frente al ataque de otros ciudadanos.
La
Constitución, el Estatuto y en general todo el ordenamiento jurídico, es
el conjunto que hace posible el derecho a decidir (de no existir, sería
el caos y la anarquía) pero al mismo tiempo lo condiciona y restringe
para garantizar el derecho a decidir de los demás.
La independencia de Cataluña no solo afectaría a esta región sino a
toda España. El derecho de un grupo de catalanes aunque fuese
mayoritario (ahora no lo son) chocaría con el derecho de otros catalanes
e incluso con el derecho del resto de españoles.
¿Puede la mitad de
Cataluña cambiar sustancialmente las condiciones de vida de la otra
mitad, obligándola a separarse de España, a la que se encuentran unidos
desde hace muchos siglos? El derecho reclamado para los catalanes es al
mismo tiempo el expolio de la soberanía de la totalidad de los
españoles.
Por otra parte, ¿quiénes son los catalanes?, ¿los que ahora
residen en la Comunidad Autónoma aunque hayan llegado ayer o todos los
nacidos en Cataluña vivan donde vivan? ¿Por qué van a poder votar los
catalanes residentes en Costa Rica y no los residentes en Madrid?
¿Quién es el sujeto de ese derecho a decidir que se invoca? ¿Dónde
radica la soberanía, la capacidad para cambiar las reglas de juego?
Según la Constitución de 1978 -la que fue votada por una inmensa mayoría
de catalanes-, el pueblo español en su conjunto. Pero es que, además,
cualquier otra respuesta nos introduce en un laberinto de difícil
salida.
¿La Comunidad Autónoma de Cataluña, definida curiosamente de
acuerdo con la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con
los límites que estableció el ordenamiento jurídico en 1833? ¿Y por qué
no todos los países catalanes o el antiguo Reino de Aragón, con lo que
seguramente el resultado sería muy distinto?
¿O cada provincia tomada
individualmente? ¿Qué ocurriría si la mayoría en Barcelona y Tarragona
se pronunciase en contra de la escisión aunque la mayoría de la
Comunidad se mostrase a favor?, ¿se independizarían tan solo Lérida y
Gerona? ¿Y qué sería de los municipios que se pronunciasen en contra de
lo decidido por sus correspondientes provincias?
Todos tenderíamos a rechazar que un grupo social, el constituido por
los ciudadanos de mayores rentas, tuviese el derecho, si lo decidiese
por mayoría (la mayoría sería aplastante) de excluirse del sistema
público de pensiones, de la sanidad y de la educación pública, por
ejemplo, con la correspondiente rebaja proporcional en sus impuestos.
El
supuesto no es tan forzado como pudiera parecer si tenemos en cuenta
que las regiones que proponen la autodeterminación son de las más ricas
de España. La Moraleja (una de las urbanizaciones de más alto standing
de Madrid) pretendió en su día independizarse del municipio de
Alcobendas (de clase media), creando su propio ayuntamiento. ¿Tenía
derecho a decidirlo? ¿Estaríamos a favor, por ejemplo, de que se
convocase un referéndum sobre la pena de muerte? (...)
La malversación de fondos propios en la que se incurrió en el referéndum
del 9-N y en la que se va a reincidir en el actual no es una corrupción
de muy distinta naturaleza de la que se ha cometido con el 3%. En este
último caso se trataba de financiar a un partido, Convergencia, con
recursos públicos. Y en los casos del referéndum se trata de utilizar
fondos públicos para un objetivo partidista y además ilegal,
apartándolos del fin general. (...)" (
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