"El Govern firmó ayer la convocatoria del referéndum del 1-O al final de un pleno caótico. (...)
Antes de someterse el proyecto de ley a discusión, por el
procedimiento de urgencia modificado en fecha reciente por la mayoría
parlamentaria independentista, el secretario general del Parlament,
Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, advirtieron a la
presidenta de la Cámara que la tramitación de las denominadas leyes de
“desconexión” (ley del Referéndum y ley de transitoriedad jurídica)
colisiona con recientes sentencias del Tribunal Constitucional. La presidenta no quiso proceder a la lectura pública de este escrito, pese a la petición de la oposición.
Tensa, confusa y convulsa, la sesión parlamentaria fue un
claro reflejo de la división política y social que suscita la aventura
que han decidido emprender los partidos de programa independentista
(PDECat, ERC y CUP), formaciones que lograron sumar la mayoría absoluta
de los escaños en las elecciones de septiembre del 2015, gracias a los
premios territoriales de la vieja ley electoral vigente, sin superar la
prueba plebiscitaria a la que ellos mismos habían decidido someterse.
El
independentismo tiene 72 diputados en el Parlament pero se quedó por
debajo del 50% en votos. Se prometió una independencia
low cost y no se logró superar el plebiscito. En lugar de admitir
esa realidad, los líderes de la coalición Junts pel Sí, recelosos los
unos de los otros –si Artur Mas no admitía que el plebiscito no se había
superado, tampoco podía hacerlo Oriol Junqueras–, optaron por la fuga
hacia adelante, quedando en manos de la CUP, que con sólo diez
diputados y 337.000 votos, pasaba a controlar la agenda política
catalana. Ese es el origen más inmediato de la actual situación.
Esa es
una de las claves del lamentable espectáculo de ayer en el Parlament.
La fragmentación política del país ha vuelto a quedar de manifiesto. No se puede imponer un programa de ruptura sin una inequívoca mayoría social.
(Y en el caso de poseer una inequívoca mayoría social, los
procedimientos tampoco podrían ser los adoptados ayer). No se puede
salir al abordaje de la Constitución de un Estado miembro de la Unión
Europea con una sociedad partida en dos.
No se puede imponer la
aprobación de una ley que en la práctica cancela el Estatut, sin apenas
margen para la deliberación y la enmienda. Si un nuevo Estatut pide una
mayoría de dos tercios para su aprobación, su cancelación no se puede
adoptar por mayoría simple, mediante un trámite exprés. No se puede
tratar a los partidos de la oposición con el desdén que caracteriza a
algunas de las democracias precarias del antiguo glacis soviético.
No
se puede aplicar la ley del embudo en un Parlamento de la Europa
democrática. Menguados sus derechos ante la deliberación más importante
desde la reapertura del Parlament en 1980, los diputados de la oposición
recurrieron al obstruccionismo.
¿Qué otra cosa podían hacer? La
institucionalidad catalana quedó ayer gravemente herida. La presidenta Carme Forcadell
demostró no estar a la altura de los acontecimientos. Convocada la
votación, los diputados de Ciudadanos, PSC y Partido Popular abandonaron
el hemiciclo. (...)
A la espera de posteriores decisiones del Consejo de Ministros y del
Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas se dispone a exigir una
fianza de cinco millones de euros al expresident Artur Mas, a tres
exconsellers y a siete altos cargos de la Generalitat por los costes
económicos de la consulta del 9 de noviembre del 2014, en su día
declarada inconstitucional.
La ampliación de responsabilidades a los
altos funcionarios puede leerse como un claro aviso a quienes en los
próximos días y semanas incurran en desobediencia. En este contexto va a
tener lugar el próximo lunes la celebración del Onze de Setembre. En
este contexto, también, la sociedad catalana sigue de luto por los
atentados del terrorismo islámico en Barcelona y Cambrils, de los que
todavía no se ha cumplido un mes. Estamos ante una situación muy
delicada. Estamos ante una grave crisis de Estado. (...)
Los acontecimientos de ayer dañan la institucionalidad catalana, dejan a
la intemperie a la mitad de la sociedad, debilitan la causa de
Catalunya en los debates públicos, empañan la imagen del país en Europa y
debilitan al propio independentismo. Ese no es el camino." (Editorial La Vanguardia, 07/09/17)
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