"Los DNI de los más de 5,5 millones de catalanes supuestamente llamados a votar el próximo domingo en el referéndum independentista
han estado deambulando por el ciberespacio, de país en país, de
servidor en servidor, sin que los ciudadanos sepan de dónde los ha
sacado la Generalitat ni por qué manos han pasado sus datos personales.
La Autoridad Catalana de Protección de Datos está ya investigando el
origen de ese censo, que según los expertos consultados por EL PAÍS no
tiene cobertura legal.
(...) la Generalitat no puede reutilizar censos ni ficheros anteriores para
una finalidad distinta de la que originaron su creación. “La piedra
angular de la protección de datos es el conocimiento previo del
ciudadano, que este sepa que sus datos se están recogiendo para un fin
determinado, algo que no ha ocurrido en este caso”, advierte Arturo
Ribagorda, doctor en Informática que asesoró al Ministerio de Justicia
en la redacción de la ley estatal de protección de datos. (...)
“La Administración tiene que usar los datos para una finalidad concreta,
no vale que los recabe y no se sepa para qué. Este principio impide que
cualquier fichero creado para otro fin se use ahora para el
referéndum”, señala Parra. “No se me ocurre ninguna posibilidad legal para hacer ese censo que han hecho”, añade. (...)
“La Administración tiene que usar los datos para una finalidad concreta,
no vale que los recabe y no se sepa para qué. Este principio impide que
cualquier fichero creado para otro fin se use ahora para el
referéndum”, señala Parra. “No se me ocurre ninguna posibilidad legal para hacer ese censo que han hecho”, añade. (...)
“Lo cierto es que los ciudadanos catalanes no tienen la certeza de dónde
están sus datos, no pueden controlarlos y esta incertidumbre me parece
muy grave”, señala José Luis Piñar, que advierte de la “sensibilidad” de
la información que compone el censo. “Con un DNI se pueden falsear o
robar identidades” recuerda." (El País, 28/09/17)
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