Una gran mayoría de los Mossos -a excepción de unos 300 miembros de convencidos independentistas-, se mantendán fieles al ordenamiento constitucional

"El Gobierno prevé tomar el control de los Mossos y cortar la liquidez a Cataluña.

 «Están contemplados todos los escenarios», confiesa un miembro del Gobierno a la pregunta que el presidente, Mariano Rajoy, rehúsa responder en público: «¿Qué va a ocurrir si la Generalitat y el Parlament desobedecen las resoluciones del Tribunal Constitucional?» (...)

El calendario está claro: hoy lunes, se aprobará la resolución de ruptura con España; inmediatamente se producirá la reunión urgente del Consejo de Estado para dar luz verde a su preceptivo informe al Gobierno (ya prácticamente redactado) para justificar el recurso de inconstitucionalidad; el martes o, a más tardar, el miércoles, se reunirá el Consejo de Ministros para aprobar la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. El jueves, el TC ordenará la suspensión de los acuerdos que contempla la resolución que se aprueba hoy.  (...)

Pero, ¿qué ocurrirá si se da la hipótesis de la investidura de Mas y la CUP, como contraprestación, impone un calendario acelerado de desenganche con España? En ese caso, los pasos a dar que contempla el Gobierno serían los siguientes:

1. Medidas económicas, como la suspensión de nuevas remesas del Fondo de Liquidez. La situación de ahogo financiero de la Generalitat es tal que, en unas semanas, dejaría de pagar a algunos proveedores e incluso tendría problemas para abonar las nóminas de sus funcionarios. En esa fase, destacados representantes de la burguesía catalana alzarían sus voces ante los perjuicios evidentes que acarrea la deriva independentista.
2. Posterior a la primera fase o en paralelo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía recurrirían por la vía penal contra los responsables de la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Artur Mas, o la persona que asuma la Presidencia de la Generalitat, y Carme Forcadell, presidenta del Parlament, están en el punto de mira de las querellas por posibles delitos de desobediencia e incluso rebelión.
3. En caso de que persistieran los actos de ruptura de la legalidad, el Gobierno pondría en marcha la aplicación gradual del artículo 155 de la Constitución. El primer paso en esa tercera fase sería el de retirar a la Generalitat la competencia sobre la actuación como Policía de Seguridad Ciudadana de los Mossos d'Esquadra, que pasarían a depender directamente del Ministerio del Interior. En estos momentos, las labores de Policía Judicial en Cataluña siguen en manos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
   
   En el informe realizado sobre los Mossos se ha detectado que una gran mayoría de sus efectivos -a excepción de unos 300 miembros catalogados de convencidos independentistas-, se mantendría fiel al ordenamiento constitucional.

En este último y crítico escenario, no se contemplan grandes desórdenes públicos que, en todo caso, estarían protagonizados por movimientos radicales y antisistema.

Mariano Rajoy personalmente consultará con los líderes de la oposición -PSOE y Ciudadanos, básicamente-, los pasos a adoptar para que cuenten con el respaldo de un elevado y explícito consenso.

Por otro lado, el Gobierno se ha asegurado ya el apoyo de la Comisión Europea y de los principales líderes europeos -que también serán informados en cada momento- a las medidas que haya que adoptar para mantener la legalidad constitucional.  (...)"         (El Mundo, 09/11/15)