"(...) Es ahí, donde la proverbial consideración política de los catalanes hacia los vascos ha empezado a resquebrajarse. Expresiones como “nos estamos sacudiendo la vasquitis”
es un comentario nada inusual a la hora de abordar la financiación
autonómica.
“Los vascos nos cuestan dinero”, apunta Juan José López
Burniol, miembro en su día de Ciutadans pel Canvi (CpC), plataforma
cívico-política que aupó a Pasqual Maragall al Gobierno de la
Generalitat. Hay un coro de voces que desde ángulos bien diversos señala
al cupo vasco como un elemento de agravio e inequidad altamente
disonante.
“El factor agravio respecto a Euskadi pesa mucho. De acuerdo
con los datos del Centro de Documentación y Estudios de San Sebastián,
el País Vasco destina a ayudas sociales el 3,1% de su PIB; Alemania, el
4,2%; Francia, el 3,3% y Reino Unido el 2,8%, frente al 0,3% del
conjunto de España.
Los vascos destinan a este capítulo un total de 450
millones de euros para una población de 2,1 millones de personas,
mientras que los 7,5 millones de catalanes contamos con un presupuesto
de 173 millones de euros”, señala Joan Subirats, presidente del
Instituto de Gobierno y de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma
de Barcelona.
“Todos sabemos que la excepcionalidad vasca y navarra permite a estas comunidades disponer de recursos per cápita
superiores en un 40% o 50% a las demás y ese es el germen de lo que
está pasando en Cataluña.
El pistoletazo de salida de la movilización
independentista se produjo tras la reunión Rajoy-Mas en la que este último le exigió una fórmula similar al cupo vasco”,
indica Antonio Zabalza, que habla para este reportaje en su condición
de catedrático de Teoría Económica. Antiguo secretario de Hacienda y
actual presidente de Ercros, se muestra partidario de una ley que, sin
privar a Euskadi y Navarra del régimen foral, protegido por la
Constitución, establezca un cálculo correcto del cupo de forma que
contribuyan a la solidaridad común de manera equivalente a otras
comunidades.
“Soy pesimista”, añade, “porque hasta que esto no se
resuelva habrá tensión e inestabilidad en el sistema de financiación”. A
su juicio, el sistema autonómico, falto de coherencia global, necesita
una reforma constitucional que lo adecue definitivamente. (...)" (
José Luis Barbería , El País,
17 FEB 2015)
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