"Podrá contarse de muchas maneras, pero la idea fundamental de
nuestros nacionalismos más tremendos es muy sencilla: España ha oprimido
históricamente a vascos y catalanes, explotados en su riqueza y
despreciados en su identidad cultural.
El maltrato económico y la falta
de reconocimiento político de una identidad cultural compartida serían
la cristalización consumada de un conflicto que se ha prolongado durante
siglos y que se manifiesta de distintas formas.
Algunos, como Esquerra
Republicana de Catalunya, hablan sin rubor de colonias víctimas de
ocupación militar. Es el relato del conflicto12.
Un relato que, apenas sin reservas, la izquierda española ha hecho suyo
con muy pocas excepciones. En ese guindo anda y no parece que se vaya a
caer.
Y ahora, la realidad. La económica, primero. En palabras de Teo Uriarte
en uno de los libros reseñados: «El País Vasco es una de las zonas de
mayor bienestar de Europa y el mundo, donde más de cien mil ciudadanos
vascos, de una población de 2,1 millones, disponen de una segunda
vivienda en propiedad en otras partes de España, donde los salarios
medios en activo y las pensiones de jubilación superan la media española
y donde dos de sus localidades, San Sebastian y Getxo, tienen las
viviendas más caras de España.
Además, la cobertura de servicios
sociales alcanza los niveles más altos. También hay que mencionar la
relación de privilegio fiscal y financiero con el resto de España».
Exactamente, según uno de los más competentes analistas de estas cosas,
Ángel de la Fuente, «la financiación por habitante del País Vasco es
superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a
igualdad de competencias».
La fantasía no es menor si atendemos a la
acusación de falta de reconocimiento de la identidad. El sistema público
ofrece la posibilidad de estudiar íntegra y exclusivamente en euskera,
una lengua que sólo utilizan el 13,3% de los vascos. Eso sí, el euskera
es un requisito para acceder a concursos, empleos públicos y ayudas a
proyectos de cualquier orden.
Una decisión institucional que cercena las
opciones sociales y laborales de una mayoría de los vascos,
incompetentes en euskera. Y, por supuesto, también del resto de los
ciudadanos españoles, a los que no les cabe ni la posibilidad de jugar
el partido.
En Cataluña, pues poco más o menos. O peor: aunque no existe la
posibilidad de escolarizarse en castellano, ésta es, además de la lengua
común, la lengua materna del 55% de los catalanes, frente 31,6%, que
tiene el catalán. La clase política de primera línea presenta otro
perfil: según solventes estudios de hace pocos años, tan solo el 7% de
los parlamentarios reconoce el castellano como su «identidad
lingüística»3.
Una circunstancia poco compatible con lo que
normalmente sucede con las colonias: los colonizados son los que mandan.
Como tampoco lo es que Cataluña sea la región con mayor PIB de España,
que el presidente de la Comisión de Exteriores de la metrópoli sea un
nacionalista catalán o que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y
otros cincuenta y cinco altos cargos de la Generalitat cobren más que
el presidente del Gobierno.
Y, si se mira la trama social, la fabulación
nacionalista todavía resulta más extravagante. Cerca del 70% de los
catalanes, que en primera y segunda generación proceden de otras partes
de España, ocupan las partes más bajas de la pirámide social y viven en
el extrarradio de las ciudades, mientras que los «colonizados» habitan
en los mejores barrios.
También aquí la lengua empeora las cosas, al
menos si nos importa la igualdad. Al convertirse el catalán en requisito
para acceder a muchos puestos laborales, entre ellos los de la
administración pública, la lengua oficia como un filtro que penaliza a
los castellanoparlantes, los más humildes. La exclusión real es la de
los supuestos invasores. Y no es retórica, que, de tan naturalizada que
está la patología, se expresa con pasmosa brutalidad.
Es el caso de Mas
cuando recomienda a los que piden la escolarización en castellano «que
monten un colegio privado en castellano para el que quiera pagarlo,
igual que se montó uno en japonés en su momento». Otro ejemplo: en pleno
debate electoral, ante la presencia callada de los políticos de
izquierda, interrumpe a otro candidato para decirle: «Miren si este país
es tolerante que ustedes vienen aquí, hablan en castellano en la
televisión nacional de Cataluña y no pasa nada». Lo más inquietante de
todo es el «vienen aquí», ese sentido patrimonial del territorio
político, asociado, además, a la identidad.
Ese es el cuadro: España muestra un grado de reconocimiento
institucional de sus lenguas minoritarias absolutamente excepcional,
que, desde luego, no encontramos en ningún otro país de la Unión Europea
con un grado de pluralidad cultural comparable o mayor4.
Opresión, ninguna: riqueza y reconocimiento.
Sin embargo, la izquierda
ha comprado el cuento de la opresión nacional. Asume que hay un fondo de
verdad en el relato nacionalista. Y hasta reproduce sus mentiras. En el
caso catalán sobran los ejemplos.
Así, la Conferencia Política de EUiA,
(Esquerra Unida i Alternativa, referente de Izquierda Unida en
Cataluña) defiende la existencia de un límite del 4% de la solidaridad
interterritorial «como en Alemania», aunque hoy todo el mundo sabe –y
admite, incluidos sus promotores– que la existencia de ese límite es una
falsedad puesta en circulación por los nacionalistas, como lo es, dicho
sea de paso, la existencia de balanzas fiscales oficiales en los
Estados federales del mundo.
Pero lo peor no es ya que la izquierda
compre la mentira sino que, también, adquiera en el lote el sustrato
moral que acompaña a la mentira: la indecencia del límite a la
solidaridad. Por este camino, EUiA se encuentra, en estos asuntos, al
lado de la Liga Norte, el incómodo apoyo internacional del presidente de
la Generalitat. (...)" (FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD, 05/07/14,FÉLIX OVEJERO)
No hay comentarios:
Publicar un comentario