"Los argumentos en que se ampara el Gobierno de la Generalitat y las fuerzas soberanistas
para justificar la independencia son exagerados cuando no falsos:
Los derechos históricos
Al contrario que en el caso escocés, la invocación a la soberanía catalana no tiene una
sólida base histórica. El Reino de Castilla y el Reino de Aragón, del que el Principado de
Cataluña formaba parte, llevan siglos unidos sin que mediara ninguna anexión territorial.
La guerra que hubo entre 1701 y 1715 fue un conflicto europeo sobre la sucesión a la Corona
española. Una guerra en la que Inglaterra, Holanda y el Sacro Imperio Romano Germánico tomaron una opción dinástica y Francia, otra. (...)
Los agravios fiscales
Los informes sobre la transferencia de recursos maximizan los impuestos pagados en
Cataluña, minimizan los servicios recibidos por el Estado e incluyen otras técnicas muy
discutibles para lograr un déficit fiscal inalterable en el tiempo del 8,5% del PIB.
Pero lo
cierto es que ese déficit es en realidad mucho menor –y probablemente inferior, por ejemplo, a las transferencias del Norte de Italia hacia el Sur o de los
Länder
más ricos hacia el
resto de Alemania- y varía mucho en función de los ciclos económicos.
Otra cuestión para
-
lela es la financiación de la Comunidades Autónomas que ha sido revisada varias veces,
siempre en beneficio de las mismas, y que sigue siendo un terreno susceptible de mejora. (...)
La sentencia del Tribunal Constitucional
La reforma del Estatuto catalán de 2006 fue un proceso tortuoso desde el principio y tuvo,
ciertamente, un final agridulce. El debate produjo un enorme cansancio de la ciudadanía
y en el referéndum solo participó el 48,9% del censo.
Que el control de constitucionalidad
del Estatuto se realizara con posterioridad a su aprobación en las urnas y no antes, introdujo una clara distorsión. Pese a ello, lo cierto es que la sentencia del Tribunal Constitucional salvó el Estatuto, pues jurídicamente los efectos prácticos fueron pequeños. Hoy la
Generalitat dispone de más autonomía que antes desde todos los puntos de vista.
Sin
embargo, el independentismo ha construido un relato que presenta la sentencia del Constitucional como una grave afrenta a la dignidad de los catalanes.
La política de recortes del Gobierno central
Durante estos años de crisis económica, Cataluña –al igual que otras Comunidades Autóno
-
mas del resto de España- ha experimentado importantes recortes en el estado de bienestar de
sus ciudadanos. Estas restricciones son equivalentes a las que sufren otros países del sur de
Europa.
Aun así, la población catalana goza de un aceptable grado de bienestar, pese al altísimo
nivel de desempleo y el aumento de la pobreza.
. Es injusto atribuir toda la responsabilidad de la importante deuda de la Generalitat al Gobierno Central o a los efectos de la crisis.
Hay una
responsabilidad directa en la gestión de los diferentes ejecutivos catalanes hasta el día de hoy.
La falta de inversión en infraestructuras
Otro de los argumentos que utiliza el independentismo es el de la falta de infraestructu
-
ras. Al margen de las carencias que puedan existir, Cataluña (con aproximadamente unos
siete millones y medio de habitantes) tiene tres aeropuertos comerciales destacados. La
nueva terminal de Barcelona fue inaugurada en 2009 y es excepcionalmente moderna.
Cataluña dispone de dos puertos de primer nivel internacional. Y las cuatro capitales de
provincia (Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida) están unidas por alta velocidad ferrovia
-
ria. Las ciudades catalanes disfrutan de unos equipamientos deportivos y culturales que
pocas regiones del mundo, incluidas algunas más ricas, tienen.
Las agresiones a la lengua catalana
En Cataluña, el español y el catalán han sido lenguas comunes desde hace siglos (por
ejemplo, el gran poeta y traductor español del Renacimiento, Juan Boscán, era catalán ) y
en la actualidad son lenguas oficiales, junto al aranés en la comarca del Valle de Arán.
Gracias a la democracia española y al autogobierno, la lengua catalana ha hecho extraor
-
dinarios progresos en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica y nunca en
la historia tantas personas había hablado en catalán. El discurso victimista de la Generalitat carece de sentido. (...)
En lo que se refiere a la secesión de Cataluña hemos de indicar que, en contra de lo que
sostiene la propaganda nacionalista, nos encontraríamos ante una situación que perjudicaría gravemente los intereses materiales de los catalanes. En el debate académico, incluso en el improbable escenario de una ruptura de terciopelo, la conclusión es que la pérdida
de PIB sería substancial.
En definitiva, la independencia nos convertiría en una sociedad aislada y más pobre,
renunciando a participar en los proyectos comunes con el resto de España y Europa, rompiendo los vínculos no solamente económicos, sino sociales y afectivos que los catalanes
tenemos con los demás españoles y europeos.
Y PONE A UN PAÍS DEMOCRÁTICO ANTE
UNA COACCIÓN INACEPTABLE
España es un Estado democrático plenamente integrado en la Unión Europea y en el
orden internacional. Ningún proceso que plantee siquiera como hipótesis una ruptura de
la legalidad es admisible.
La Constitución española puede ser reformada, las leyes pueden
ser cambiadas, los conflictos políticos pueden ser resueltos mediante el diálogo y la negociación, pero el cumplimiento mismo de la ley y el respeto a las reglas de funcionamiento
del Estado democrático no son negociables.
¿Qué país democrático permitiría la escisión de una parte de su territorio con una base
social tan insuficiente y coyuntural? Pese a sus defectos, España es hoy una democracia
consolidada, un Estado de Derecho y un país libre en el marco de una Europa que avanza
hacia su unión.
Nosotros no negamos los grandes problemas del momento. Por el contrario, creemos que superada las peores fases de la crisis económica, España debe atender
las inquietudes ciudadanas para conformar un país mejor.
La Junta Directiva de Societat Civil Catalana.
Barcelona, mayo de 2014"
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