¿Por qué sería considerado inconstitucional el actual sistema de inmersión lingüística de Cataluña en Canadá? Por el derecho de los ciudadanos canadienses a poder educar a sus niños en su lengua materna, francés o inglés

"(...) B.S. ¿Cómo se manifiesta en la práctica en Canadá la cooficialidad del inglés y el francés?

J.C.R.  Todo lo que es administración federal ha de estar en ambos idiomas, desde las tarjetas de visita hasta los discursos. Luego cada una de las diez provincias –el equivalente a una comunidad autónoma– decide su régimen lingüístico. En Nueva Brunswick se reproduce el modelo central y la administración es bilingüe.

 Pero en Alberta la única lengua oficial es el inglés y en Quebec la única lengua oficial es el francés. Por cierto que en Quebec pasa una cosa curiosa desde el punto de vista catalán, y es que, siendo el francés la única lengua oficial, los anglófonos, que rondan un 10% de la población, tienen derecho, con pocas restricciones, a una enseñanza en inglés; justo lo contrario que en Cataluña, donde de una manera un tanto hipócrita, a mi entender, se hace cooficial el castellano, pero luego se lo expulsa del sistema como lengua de enseñanza, en cualquier medida. 

Eso llamaría mucho la atención en Canadá y sería considerado, con toda probabilidad, inconstitucional. Un segundo rasgo a tener en cuenta es que en Canadá el Estado es bilingüe pero la sociedad no. Menos de un 20% dice poder tener una conversación en las dos lenguas. En Quebec ese porcentaje ronda el 40%, y en Nueva Brunswick, cuya administración es ejemplarmente bilingüe, el 35%. 

El ideal de una sociedad completamente bilingüe se da ya por irrealizable. En el fondo, no se puede obligar a la gente a ser bilingüe, como no se la puede obligar a ser culta. Es una opción personal que el Estado favorece pero no impone. Lo contrario sería caer en el perfeccionismo estatal, que no cabe en sociedades liberales. 

Como decía antes, los derechos para los usuarios, las obligaciones para las administraciones. En todo caso, hay que tener en cuenta que inglés y francés son lenguas bastantes disímiles, lo que nos aleja del caso español y catalán.

 B.S. ¿Por qué sería considerado inconstitucional el actual sistema de inmersión lingüística de Cataluña en Canadá?  

J.C.R. No lo puedo asegurar, porque no soy juez canadiense, pero me temo que sería así. La Constitución de 1982, establece, dentro de la Carta de Derechos Fundamentales, en el artículo 23, el derecho de los ciudadanos canadienses a poder educar a sus niños en su lengua materna o en la lengua en la que los padres recibieron su instrucción. (En el entendido de que esa lengua es el francés o el inglés). 

Esa Carta fue un empeño del gran federalista Pierre Trudeau, que aseguraba los derechos lingüísticos tanto de las minorías francófonas en Canadá como de las minorías anglófonas en Quebec. Y  aunque la educación en Canadá es enteramente una competencia provincial, los nacionalistas no han podido rebasar ese límite marcado por la Constitución. 

Es verdad, como dice Albert Branchadell, que en los Estados federales la educación suele ser competencia exclusiva de los entes federados, pero siempre respetando el límite de los derechos fundamentales interpretados por el tribunal constitucional o corte suprema. El federalismo no crea zonas de excepción ni blinda competencias, y tampoco es ese su espíritu.

B.S. Usted plantea que para conseguir un equilibro en este tema, las comunidades con lengua propia deberían abandonar sus posiciones maximalistas. ¿En qué consiste esto? ¿En fijar un % de clases en castellano?  

J.C.R. Me gustaría aclarar que yo esto no lo planteo como un problema de cesiones mutuas ni de equidistancias. Yo creo que ambas reformas, la de ámbito estatal y la de ámbito catalán, son justas y necesarias en sí mismas. En Cataluña, lo primero es reconocer que existe un conflicto. 

Hay padres –yo mismo, que no soy catalán pero tengo una hija catalana– que querrían para sus hijos una escolarización en castellano, aunque fuera parcial y de manera conjunta con el catalán, y no obtienen satisfacción en ese deseo.

 No sólo no lo obtienen, sino que son estigmatizados por su propio gobierno, lo que es intolerable. Es injusto atacar a esos padres diciendo que no quieren que sus hijos aprendan catalán, porque lo que quieren es que aprendan bien las dos lenguas.

 Ignoro si esos padres son una mayoría o una minoría, pero el número de votantes de partidos contrarios a la inmersión lingüística obligatoria indica que la minoría no es tan exigua como se pretende. 

Y en todo caso, en una sociedad liberal, las minorías tienen derechos. De manera que partimos de una situación llamativa, y es que en una sociedad que dice enorgullecerse de su bilingüismo, y donde el castellano es, supuestamente, lengua oficial, está excluido como lengua de enseñanza. Algo no cuadra. 

Y tan raro es, que yo no conozco ningún país, provincia o territorio dotado de autogobierno donde una lengua oficial (en el caso de Cataluña, el castellano) que no sea asimismo una lengua de enseñanza.

B.S. La Generalitat asegura que garantiza el aprendizaje del castellano…

J.C.R. Esa frase requiere mucho matiz. Porque en cualquier caso, de ser cierta, el aprendizaje del castellano no lo garantizaría el modelo, sino el modelo auxiliado por la televisión, la calle o la familia. Aprender castellano no sería el mérito de una política educativa, sino algo que se ha externalizado. Pero es que a los padres no se les puede decir, vuestro hijo que aprenda el español en la calle.

 Porque, además, aquí hay que afinar con las palabras, porque lo que el padre quiere no es que aprenda el castellano, o conozca el castellano, sino que lo domine, y el dominio, esa relación de inmediatez con una lengua y de gusto por su acervo, sólo lo puede dar la vehicularidad. 

El padre quiere que su hijo domine el idioma, y ese deseo es completamente razonable, y ya vemos que aquí, en Canadá, es un derecho constitucional reconocido y respetado.

 Insisto, lo que pasa en Cataluña no se da en ningún otro sitio que yo conozca. Y lo absurdo del sistema lo revelan sus paradojas: ¿Cómo explicar que sea más sencillo estudiar en castellano en Alberta, Canadá, donde hay veintidós colegios bilingües inglés-español, que en Barcelona, hasta no hace mucho la capital cultural del mundo hispanoamericano?

 ¿Cómo explicar la mayor facilidad que se tendría para estudiar en español en una Cataluña independiente que en una Cataluña española? Porque el nuevo estado no negaría al Estado español, con el que se quiere tener una vecindad amistosa, las mismas facilidades que tienen el gobierno francés, italiano, alemán o japonés, para la apertura de colegios de su red pública en territorio catalán.

 Bueno, este conjunto de inconsistencias se explica, asumiendo que la finalidad del modelo vigente, basado en una inmersión obligatoria y total, no es pedagógica, sino política. 

 B.S. ¿No era pedagógica al menos en el principio? 

J.C.R. No niego que en el pasado la finalidad sí fuera pedagógica. El catalán era una lengua minoritaria y minorizada, era necesario rehabilitarla y se optó por ese modelo. Pero ese objetivo ya está conseguido. 

No hay ningún catalán de mi generación que no sepa hablar catalán. Los que denuncian la inmersión, como Albert Rivera, lo hacen en catalán. 

He escuchado con atención todas las razones que se aducen en defensa del modelo actual, y con toda la honestidad intelectual de la que soy capaz, creo que no se sostienen: se dice, por ejemplo, que el sistema se aplica con éxito y sin conflicto desde hace 35. No es verdad. El sistema no ha sido el mismo en los últimos 35 años, ha ido de más flexible a más intransigente. 

El conflicto existe, porque hay catalanes que quieren para sus hijos una educación en las dos lenguas y pelean por ello en los tribunales. Y no es un sistema de éxito porque los resultados académicos son mediocres. Se dice también que introducir el castellano segregaría al alumnado: tampoco es cierto: segrega las materias, tantas en una lengua, tantas en otra.

 El TC ha dicho mil veces que es legítimo que el catalán sea el centro de gravedad, pero no al precio de reducir el castellano a la extranjería. Tampoco es cierto que el sistema garantice el dominio de los dos idiomas; el conocimiento tal vez, el domino no. No hay pruebas homologables en todo el Estado que permitan verificar este punto. Y por supuesto el sistema no tiene aval internacional alguno.

Aquí es muy recomendable el libro de Mercé Vilarrubias, “Sumar y no restar” una profesora de Sabadell de lengua materna catalana que refuta el oficialismo con contundencia. El estrambote es que el establishment catalán pague para sus hijos la educación bilingüe o trilingüe que niega al conjunto de la sociedad.

 Pues miren, mi hija es catalana, en mi casa se hablan catalán y castellano, y quiero esa educación bilingüe para mi hija; no voy a aceptar que nadie me llame anticatalán o maltratador de niños (Muriel Casals dixit) por eso.

B.S. Pero los catalanes viven con naturalidad el bilingüismo en su vida diaria. 

J.C.R. Claro. Es otra de las paradojas. La sociedad catalana es, por regla general, muy considerada, y por deferencia se cambia al castellano en presencia de alguien que no maneja bien el catalán. Eso es muy estimable y de agradecer, porque no tendrían obligación.

 Es esta cortesía la que hace que muchos despistados de Madrid vengan y digan “¡pero si aquí no pasa nada!” Claro que pasa algo: hay legítimas aspiraciones insatisfechas y hay estigmatización institucionalizada. 

El gobierno catalán se sirve de la amabilidad de los catalanes para tapar una política intransigente y poco amable. Es curiosa la manera que a veces tenemos los ciudadanos de delegar lo peor de nosotros en nuestros representantes.

B.S.¿Cuál podría ser la fórmula para equilibrar el aprendizaje del castellano y de las lenguas propias en España? ¿Qué opina de la reciente resolución del TSJC de fijar un 25% de clases en castellano en algunos colegios catalanes?

J.C.R. Bastaría que algunas asignaturas troncales se dieran en castellano, aunque no llegaran al 50%. Estoy convencido de que con esa medida, tan sencilla y factible, todas las discusiones se sosegarían.

 No consigo que nadie me explique qué tremendo perjuicio traería eso al catalán. Los tribunales, que en ausencia de ley se ven obligados a arbitrar soluciones en equidad, hasta ahora dejaban a la Generalitat fijar el porcentaje de clases en español. 

Ahora, hartos del ninguneo, se atreven a fijar ellos mismos el porcentaje. Una ley como la que propongo lo resolvería. Un 25% es razonable y negarse a eso es fanatismo. No aconsejo a los nacionalistas catalanes ir a la ONU o a Bruselas y decir “los malvados españoles quieren acabar con el catalán imponiendo en nuestros colegios un 25% de las clases en español”. 

Mejor que no lo hagan, porque cualquier tercero imparcial y sereno, que a lo mejor viene de un país verdaderamente oprimido, pensaría que está en presencia de un frívolo o un histrión.(...)

B.S. Muchas gracias por esta entrevista.

J.C.R. ¿Puedo terminar con una cita?

B.S. Por supuesto.

J.C.R."Creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia ... Cambiar de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano a estudiar en catalán".

 ¿Sabe quién dijo eso? Ramón Trías Fargas, dirigente histórico de CIU, en 1978, durante la Comisión Constitucional que debatía el Art. 3 de la Constitución. Viene citado por José María Ruiz Soroa, un hombre riguroso con sus fuentes, en “Tres ensayos liberales”. Los nacionalistas catalanes deberían andarse con cuidado antes de hablar de deslealtades."                   (Entrevista a Juan Claudio de Ramón, Esquerra sense fronteres,  19/02/2014)