Lo que quieren las comunidades más ricas (básicamente Cataluña y Madrid): limitar la solidaridad

"El melón de la financiación autonómica ya amarga y el Gobierno ni siquiera lo ha abierto.(...)

El sistema tiende hacia un modelo menos solidario y en el que las comunidades tendrán más responsabilidad efectiva sobre los impuestos, según la media docena de expertos consultados para elaborar esta información.

 “Es conveniente limitar la solidaridad, porque si no los incentivos se invierten y se preferiría un Gobierno pobre que obtenga más recursos. Pero nadie tiene una solución óptima”, argumenta Alain Cuenca, investigador de Funcas. (...)

Eso es, precisamente, lo que quieren las comunidades más ricas (básicamente Cataluña y Madrid): limitar la solidaridad hasta garantizar los servicios esenciales y evitar que las comunidades más pobres tengan más dinero por persona que ellas tras el reparto del fondo común. Y eso es lo que asumen los expertos que ocurrirá tarde o temprano. (...)

“La ordinalidad [el principio que evita que las comunidades más ricas, tras aportar al fondo común, bajen puestos en financiación per cápita] no implica menos solidaridad”, apunta De la Fuente, investigador en el Instituto de Análisis Económico (CSIC), que insiste en que “no hay que entender que se pierde solidaridad al llevar a Extremadura desde un índice de financiación de 110 hasta la media de 100 para poder hacer lo mismo con Valencia subiéndola de 93 a 100”.

 Y añade: “Lo que hay que hacer es igualarlas. No hay mayor solidaridad que asegurar que todas las comunidades puedan prestar servicios similares con el mismo esfuerzo fiscal”, añade este experto. 

“Desde el punto de vista de los principios, el de ordinalidad es irreprochable”, abunda Carlos Monasterio, catedrático de la Universidad de Oviedo. “Uno de los obstáculos para aplicarlo es el concierto económico del País Vasco y Navarra, que produce un beneficio de esas regiones sobre el resto”, añade.

En el fondo, el debate no es más que la vieja discusión económica sobre la redistribución de recursos escasos. ¿Hasta dónde se limita la solidaridad? “El problema es el grado, y eso es una decisión política. Hay que limitar la solidaridad, pero hasta dónde. La redistribución debe producir que las personas tengan acceso a los mismos servicios”, apunta Cuenca, de Funcas.

 “Las comunidades tienen que tener financiación para las competencias que se les han traspasado, no para aquellos gastos que decida como las televisiones autonómicas o el sector público empresarial...”, remarca Monasterio. (...)

“El límite a la solidaridad debe ser lo que el Estado central defina como servicios públicos fundamentales”, señala Julio López Laborda, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Una vez definidos —serían la sanidad, la educación y los servicios sociales—, se observa que representan cerca del 75% del gasto de las comunidades.

 Entonces, el Estado “no podría poner en marcha un sistema de nivelación inferior al 75%”. La nivelación es un concepto por el que se trata de igualar los desequilibrios en la distribución de renta entre los habitantes de un Estado. El sistema español tiene una nivelación plena a través de varios fondos (el de garantía, suficiencia, competitividad, convergencia y cooperación). 

El fondo de garantía nivela para que las autonomías tengan la misma financiación para atender los servicios básicos. El resto de fondos completan el sistema para pagar otros servicios públicos (justicia, ordenación del territorio, medio ambiente) y eliminar los desequilibrios de las regiones más pobres.

Pero su funcionamiento es complejo, opaco y termina provocando distorsiones, según todos los expertos consultados. “Se está nivelando todo pero por la puerta de atrás”, admite López Laborda, quien concluye: “Vamos a un sistema menos solidario”.

 La clave entonces sería definir unos servicios esenciales básicos y garantizar que todas las comunidades reciben los recursos necesarios para financiarlos. Pero, ¿cómo se establece el criterio de reparto? “Por la población ajustada”, coinciden De la Fuente y López Laborda. Así se tendría en cuenta el número de habitantes, el envejecimiento de la población, el número de escolares... Definir este parámetro es uno de los puntos de conflicto. (...)

Los expertos creen que habría que destacar la visibilidad fiscal de las autonomías. Todo el mundo sabe quién cobra el IBI, pero con los impuestos regionales no es así, dice Cuenca. Todos coinciden en que hay que aumentar la responsabilidad fiscal efectiva y no se oponen a que, por ejemplo, se establezca un tramo autonómico del IVA cuyo tipo se decida de forma colegiada. (...)"             ( Jesús Sérvulo González , El País, 15 OCT 2013)