"En febrero de 2010, el presidente de Catalunya Acció y ex candidato de Solidaritat a la Alcaldía de Barcelona, Santiago Espot, confesó durante una tertulia televisiva que su organización había presentado durante el año anterior cerca de 3.000 denuncias anónimas contra comercios que no rotulaban su establecimiento, al menos, en catalán.
Este domingo, El Mundo ha publicado una entrevista con Roger
Seuba López, un bibliotecario de 32 años nacido en Aviá pero residente
en Castellbell y Vilar (municipios barceloneses) que asegura haber
colaborado con Catalunya Acció realizando alrededor de 5.000 denuncias en los últimos cinco años contra empresas de toda Cataluña por el único motivo de haber elegido el español como lengua vehicular de sus negocios.
Una red de medio centenar de informadores
La nueva estrella de la delación lingüística en Cataluña ha recorrido
toda Cataluña libreta en mano anotando los datos de los
establecimientos cuyos rótulos no estuvieran escritos en catalán. Desde
la Costa Brava a la Costa Dorada, pasando Barcelona y por multitud de
municipios del área metropolitana y del interior, Seuba dice haber
efectuado caminatas de hasta diez horas diarias como si de un inspector de consumo se tratase.
Este gran inquisidor reconoce que cuenta con una red de medio centenar de colaboradores
que, además de informarle de los empresarios que osan utilizar el
castellano en sus tiendas, firman algunas de las denuncias que él mismo
rellena.
Hijo menor de un antiguo militar del Ejército franquista, Joan, y de una maestra de escuela de pasado falangista, María Rosa, Seuba explica que todo empezó en la época en que se instaló en Barcelona para estudiar:
“Rápidamente detecté el empeoramiento de la situación lingüística: cartas de restaurantes escritas sólo en inglés y en español, funcionarios sin ningún conocimiento del catalán, etiquetaje de productos en castellano, cuerpos de seguridad que exigían al ciudadano expresarse en español, ausencia de películas en catalán en los cines… Decepcionado ante el panorama, me propuse ayudar a poner remedio a esto, así que me planté en la sede de Plataforma per la Llengua y allí aprendí el proceso de las denuncias, las sugerencias y las quejas a Consumo”.
Dos de las poblaciones en las que más empeño ha puesto para llevar a cabo “la normalización del catalán”
han sido las turísticas Lloret de Mar y Salou. “Aquello era terrible.
Carteles en cualquier idioma menos en catalán. Era una situación a
corregir”, indica. (...)
Su últimas denuncias son de hace un año. La crisis le ha obligado a reducir el ritmo de sus inspecciones.
Ahora se apoya más en las nuevas tecnologías y comprueba los rótulos de
los comercios que le indican sus colaboradores a través de Google Earth
para evitar “hacer un desplazamiento en balde”. “Nadie me ha patrocinado ni ayudado económicamente. Sólo las fotocopias de mis denuncias, que las hice en Plataforma per la Llengua, entidad que las tramitaba”, asegura.
“Esta gente de la Generalidad no inspecciona bien”
Seuba presume de haber conseguido forzar a la multinacional Unilever
para “normalizar” unas 4.000 cartas de los helados de la marca Frigo.
“Es de lo que más orgulloso estoy. ¿Cómo lo hicimos? Atacando el mismo
objetivo desde Cataluña, Islas Baleares y Andorra”, asegura. Por el
contrario, no ha podido “del todo” con Cepsa. “En sus gasolineras han
incorporado el catalán, pero en pequeño, no sea que alguien vaya a
molestarse. Claro, qué van a hacer, son patrocinadores de La Roja“, concluye.
El delator asegura que la mayoría de tiendas denunciadas cambian
rápidamente los carteles tras ser denunciados. Solo los que denomina “anticatalanistas” y las multinacionales son más reacios a ceder a su chantaje.
Durante la entrevista, Seuba saca su teléfono móvil y se dirige al periodista de El Mundo,
en el que recibe avisos de “posibles infractores”: “Fíjate en esta foto
de un bar que he denunciado. El rótulo está bien, en catalán, pero las pizarras de la acera mantienen menús en castellano.
Esta gente de la Generalidad no inspecciona bien”. Seuba calcula que
“harían falta” unas 15.000 denuncias más. “Nos quedamos cortos”,
insiste. (...)
Entre 2004 y 2011,
la Agencia Catalana de Consumo -dirigida por Alfons Conesa, ex
directivo de Òmnium Cultural- ha impuesto algo más de un millar de
multas a empresas que decidieron elegir el español para
relacionarse con sus clientes, y ha recaudado más de un millón de euros
por este motivo.
2011, el primer año con Artur Mas al frente de la
Generalidad, ha sido el que más sanciones por este motivo ha registrado.
Esta semana,
el Tribunal Constitucional ha declarado nulo un precepto sancionador
del Estatuto del Consumidor de Cataluña de 1993, lo que abre la puerta a
recurrir las multas lingüísticas impuestas hasta el año 2010, en que se aprobó el nuevo Código de Consumo." (lavozdebarcelona.com, 21/10/2012)
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