Algunos nacionalistas defienden el principio nacionalista
de secesión (en adelante PSN), que consiste en afirmar que cualquier
"nación" tiene derecho a poseer un Estado propio si la mayoría de su
población lo desea.
Pero el PNS acarrearía numerosos problemas en la política
internacional. El mundo podría dirigirse hacia una fragmentación, hacia la
creación de microestados que debilitarían los Estados ya existentes.
Esto
dificultaría la movilidad al crearse barreras y fronteras donde ahora no las
hay; supondría, además, un obstáculo para las relaciones cultura-les y
económicas, y se multiplicarían los actores políticos, lo que generaría, sin
duda, una profunda inestabilidad.
En una época caracterizada por la eliminación de fronteras
económicas, la globalización, la integración regional y el desarrollo de
grandes estructuras institucionales destinadas a unir distintos Estados en la
defensa de sus intereses comunes, no parece que el PNS tenga cabida.
La
aplicación de este principio iría en contra del respeto a la integridad
territorial de los Estados. Si cualquier grupo que se considere una
"nación", y viva en un territorio concreto, puede, en cualquier
momento y de manera unilateral, proclamar su independencia de ese Estado sin
que éste tenga nada que decir, se generaría una inseguridad terrible para los
Estados porque podrían perder una parte sustancial de su territorio en
cualquier momento.
El PNS otorgaría, además, un poder inmenso de presión a los
grupos nacionalistas que están integrados dentro de un Estado mayor, que
podrían someter a un chantaje continuo a ese Estado bajo la amenaza de exigir
la independencia. Ese colectivo podría conseguir, por tanto, privilegios
políticos y económicos al disponer de un instrumento jurídico que le permitiría
separarse de ese Estado en el momento en que ya no le interesara formar parte
del mismo.
El PNS iría también en contra de la redistribución de la
riqueza, una de las funciones básicas de cualquier Estado, porque fomentaría
que las regiones más ricas de los Estados actualmente existentes se
independizaran para no tener que contribuir al desarrollo de las zonas más
pobres.
Para protegerse del PNS, los Estados deberían evitar que cualquier
grupo capaz de exigir el cumplimiento de ese principio se estableciera en un
territorio del que pueda adueñarse, impulsando restricciones al movimiento de
personas.
De igual forma, dos Estados en conflicto podrían utilizar el PNS para
desestabilizar a un rival y apropiarse de parte de su territorio fomentando la
emigración de sus ciudadanos al país rival para, posteriormente, animarles a
que exijan la independencia y la integración posterior en el Estado del que son
originarios.
Los nacionalistas incurren, en su defensa del PNS, en una
grave contradicción. Los mismos que se apoyan en esta idea para legitimar sus
ansias separatistas deberían aceptar, si quieren ser coherentes, que, después
de lograr la independencia de su "nación", cualquier parte
políticamente relevante de la misma (por ejemplo, un ayuntamiento) pueda ser
independiente si así lo desea o seguir formando parte del Estado del que se han
separado.
Una vez con-seguida la independencia, ¿no debería aceptarse, en
aplicación del PNS, que cualquier parte de su territorio dotada de suficiente
entidad política pudiera independizarse del resto?
Con toda seguridad, los
mismos que ahora defienden este principio lo atacarían o, simplemente, lo
ignorarían si puede poner en peligro la unidad de lo que consideran sus
"naciones". ¿Por qué en un caso es legítimo defender la unidad
"nacional" y en otro no? Debemos concluir, por tanto, que el PNS es
teóricamente insostenible e inaplicable en la práctica.
Respecto al derecho a la secesión, hay que hacer una
distinción clave entre Estados democráticos y los que no lo son. Una parte de
un Estado-nación democrático tiene derecho a la secesión si, y sólo si, dentro
del marco jurídico-político vigente en ese Estado se reconoce ese derecho.
Lo que
es inadmisible es que una parte pretenda negarle al todo la posibilidad de
decidir qué quiere ser, ya que la secesión de una parte no importa solamente a
los que viven en ese territorio concreto sino al conjunto de los habitantes de
ese Estado.
Si las leyes o la Constitución vigente en un país no reconocen el
derecho a la secesión de una parte del mismo, es absurdo reclamar el ejercicio
unilateral e ilegal de ese derecho.
Lo único que se puede pedir es que se
cambien las leyes utilizando los procedimientos legalmente establecidos para
ello, y que de esa forma el Estado reconozca el derecho a la autodeterminación
de una de sus partes. Si esto sucede así, nada puede objetarse en contra desde
un punto de vista jurídico ni democrático.
Que una parte del Estado se separe del resto es algo que
afecta a todos cuantos viven en ese Estado, no sólo a los que residen en la
región que pasa a ser independiente. La influencia geoestratégica de un país
que ha perdido una parte de su territorio y de sus habitantes siempre será
menor que la que tendría si no se produjera esa partición.
De la misma forma,
las posibilidades laborales, los lazos familiares y de amistad entre quienes
viven en ese nuevo Estado y los que siguen formando parte del Estado original,
las relaciones económicas y empresariales, las competiciones deportivas y los
nexos culturales, científicos y sociales entre esos territorios que antes
estaban unidos pueden verse seriamente afectados, o rotos, si una parte de ese
Estado se separa del resto.
Pretender que la secesión afecta únicamente a los
que viven en ese territorio es, simplemente, negar algo evidente.
Quienes defienden la autodeterminación, entendida como el
derecho a la secesión unilateral, lo hacen normalmente apelando a cierta
interpretación de la democracia. Sin embargo, no debemos olvidar que ninguna
democracia es posible sin el respeto a la ley.
En un Estado democrático, las
leyes son las máximas garantes de la libertad, del Estado de derecho, de la
justicia y de la igualdad entre todos los ciudadanos. Su cumplimiento no admite
excepciones, es nuestro único camino para impedir la arbitrariedad o el
totalitarismo.
Es una completa contradicción apelar a la democracia defendiendo
la vulneración de las leyes, porque esto solo conduce a la liquidación de la
esencia misma de la democracia. Sin el imperio de la ley, no hay democracia
posible.
Antes hemos distinguido entre Estados democráticos y Estados
que no lo son. En el segundo caso puede ser admitido, de forma excepcional, el
derecho a la secesión, incluso aunque pueda implicar una vulneración del marco
legal vigente.
Si en un Estado se produce una transgresión de los derechos
fundamentales de una minoría; si ésta es perseguida por sus creencias, su
origen étnico, su raza o por cualquier otra circunstancia que atente contra su
dignidad personal, entonces la secesión puede ser la única vía de escape
posible para impedir daños irreparables.
Si, además, ese Estado ha sido
anexionado por la fuerza a otro Estado invasor, también puede justificarse la
secesión unilateral para reparar una anexión forzosa (como sucedió en la
extinta URSS). En estas circunstancias, podría aceptarse un ejercicio del
derecho a la autodeterminación similar al que defienden algunos nacionalistas,
pero como un mal menor para evitar males mayores.”
(Cita de: Roberto augusto: El nacionalismo ¡vaya timo!, Editorial Laetoli, 2012, pág. 77/81)
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