"Como en años anteriores, el informe del Departamento de Estado sobre la
situación de los Derechos Humanos en el mundo vuelve a incidir en las
prácticas lingüísticas discriminatorias aplicadas por el Gobierno
autonómico de Cataluña.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha recogido en su informe anual sobre los Derechos Humanos relativo a 2011 que, a final de año, la Generalidad todavía ‘no había cumplido’ las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a reintroducir el castellano como lengua vehicular en las escuelas públicas de Cataluña junto al catalán.
El informe, que se ha dado a conocer este jueves, ha alertado de esta
situación en el apartado titulado ‘otra violencia o discriminación
social’, y ha destacado la negativa del presidente de la Generalidad,
Artur Mas (CiU), a acatar las sentencias que reiteran la ilegalidad de la inmersión obligatoria, calificándola como una “línea roja” que no se puede cruzar.
También ha indicado que ‘los defensores del modelo de inmersión
catalán’ aseguran que eso no afecta al nivel de conocimiento de español
de los alumnos, pese a no ser cierto.
En concreto, el Departamento de Estado ha señalado en el informe dedicado a España:
‘El 2 de septiembre, el Tribunal Superior [de Justicia] de Cataluña ordenó al Gobierno regional cumplir, en el plazo de dos meses, una sentencia del Tribunal Supremo español que falló que el español debe ser lengua vehicular en las escuelas públicas de Cataluña. A finales de año, el Gobierno [autonómico] catalán no había cumplido la sentencia. El presidente [autonómico] catalán Artur Mas defendió firmemente el modelo educativo actual y declaró que la política lingüística de Cataluña es una “línea roja” que no se puede cruzar. Los defensores del modelo de inmersión catalán citaron estudios que muestran que los estudiantes de las escuelas públicas catalanas realizaron tan bien como sus homólogos en otras partes de España las pruebas de competencia lingüística en español’.
En los últimos años, la memoria del Gobierno estadounidense sobre la
situación de los Derechos Humanos en España siempre ha advertido de los
perjuicios causados por la política lingüística del Gobierno autonómico.
En 2011, el informe
(relativo a 2010) se hizo eco de las sentencias del Tribunal Supremo
que obligan a restablecer el bilingüismo escolar en Cataluña, y recogió
la defensa que el Gobierno autonómico hizo del modelo ilegal de
inmersión obligatoria en catalán. También destacó las quejas de
ciudadanos catalanes por no poder recibir ‘educación en la lengua mayoritaria del país, el castellano’; así como las protestas de catalanohablantes que consideran que su lengua ‘no estaba igualmente favorecida’.
Además, apuntó que la exigencia del nivel C de catalán a los nuevos
profesores universitarios en Cataluña, aprobada por el Parlamento
autonómico, levantó las criticas de algunos profesores por considerarlo ‘discriminatorio, especialmente si la lengua de enseñanza no es el catalán’.
En el informe de 2010 (relativo a 2009), el Departamento de Estado estadounidense alertaba de que continuaba habiendo quejas ante la imposibilidad de estudiar en español en Cataluña,
y se daban casos similares en el País Vasco y Baleares. En esa ocasión,
el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
(PSOE), mostró su descontento con el documento y rechazó que hubiese problemas de discriminación lingüística en las CCAA con dos lenguas oficiales." (lavozdebarcelona.com, 24/05/2012)
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