"El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a la
Generalitat a revisar el modelo de inmersión lingüística en la
enseñanza, en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, está
abriendo una indeseable guerra política. (...)
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo admite la demanda de una
familia a favor de la escolarización en castellano para sus hijos,
pero, por primera vez, vincula este derecho subjetivo a su dimensión
también como lengua vehicular, además del catalán.
A este reconocimiento
explícito se debe el revuelo creado por la sentencia del Supremo que el
Tribunal Superior de Cataluña ha ordenado ejecutar a la Generalitat en
el plazo de dos meses. (...)
Reforzar en alguna medida el castellano en la enseñanza no cuestiona el
modelo de inmersión lingüística vigente desde hace 30 años, como tampoco
lo hace el Supremo.
En determinadas zonas y sectores educativos
catalanes ya se hace mediante una aplicación inteligente de la ley. Es
lo que el Gobierno catalán debe hacer en cualquiera de los casos." (El País, editorial, 07/09/2011, p. 26)
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