ETA está percibiendo que pasaron los tiempos en que se leían sus comunicados buscando en sus líneas la clave de su estrategia. El comportamiento de la sociedad, de los medios y los partidos cambió radicalmente tras el atentado de la T-4, de diciembre de 2006, que enterró el último proceso de final dialogado del terrorismo. (...)
Lo que de verdad espera la sociedad de ETA y lo que suscitaría el cambio radical es que anuncie el cese definitivo de la violencia. Pero, hasta llegar a ese momento, todo lo que sean pasos relevantes en esa dirección, como es la desaparición de la extorsión, son bien acogidos. Y el fin de la extorsión lo es y mucho porque supone su renuncia a una fuente clave de financiación, que es lo mismo que apuntar hacia su final." (El País, 29/04/2011)"La noticia de que ETA ha querido trasladar a los empresarios su decisión de dar por «cancelada» la exigencia del llamado 'impuesto revolucionario', como efecto del alto el fuego permanente y de carácter general hecho público el pasado 10 de enero, supone un indudable alivio para muchas personas y familias que durante años se han visto extorsionadas a través de métodos retorcidos de acoso.
Al tiempo que, como ocurre con cada cese de la violencia, obliga a recordar a cuantos ciudadanos padecieron las consecuencias extremas de la codicia terrorista y fueron asesinados, secuestrados o perseguidos implacablemente; y a todos los que se significaron por su pública negativa a ceder al chantaje terrorista, o se resistieron a ella optando por la discreción. (...)
La extorsión ejercida por ETA constituye una de las muestras más elocuentes de su perversa naturaleza, porque ha pretendido doblegar la voluntad de miles de personas que pudieran responder a sus requerimientos económicos para convertirlas en conniventes con su proyecto totalitario. (...)
Por otra parte, resulta extraño que las organizaciones empresariales de Navarra y Euskadi den a conocer la existencia de la notificación de ETA pero no su contenido literal. No se trata de una cuestión privativa del estamento empresarial, y mucho menos de las personas asociadas a las patronales, sino de un asunto de interés general que exige la máxima transparencia posible.
Independientemente de los mecanismos que las organizaciones empresariales tienen para informar a sus afiliados, es necesario recordar que buena parte de la extorsión etarra se ha venido ejerciendo contra profesionales y emprendedores que no están encuadrados en las patronales." (Fundación para la Libertad, citando a Editorial en EL CORREO, 29/4/2011 )
"Las principales organizaciones de empresarios vascos (Confebask) y navarros (CEN) han recibido sendas cartas de ETA en la que se les anuncia que "la exigencia del pago del impuesto revolucionario [el chantaje al que les somete la organización terrorista] que ha solido realizar queda cancelada" como consecuencia del alto el fuego declarado el 10 de enero. (...)
En octubre pasado, el líder de la ilegalizada Batasuna, en una entrevista en EL PAÍS, fue preguntado sobre estas prácticas de extorsión de ETA:
-Pregunta: ¿Rechaza usted las extorsiones a empresarios, el denominado impuesto revolucionario?
- Respuesta: Son hechos que deben desaparecer. Toda amenaza y persecución por motivaciones políticas, toda vulneración de derechos tiene que desaparecer. Y en ese objetivo nadie puede ser indiferente ni sentirse interpelado. Yo tampoco." (El País, 28/04/2011)
"El secuestro también ha sido otro de los medios de financiación de ETA a lo largo de su historia.
En algunos casos la banda ha combinado ambas estrategias. Dos de los 49 secuestros de empresarios perpetrados por ETA acabaron en asesinato. Las víctimas, Angel Berazadi, en 1976 y Javier Ybarra, en 1977.
Precisamente Berazadi es el primer empresario que la banda asesinó. El director gerente de Sigma fue secuestrado el 18 de marzo de 1976 y encontrado muerto en la carretera de Elgoibar a Azkoitia (Guipuzcoa) el 7 de abril de ese mismo año.
El último fue Ignacio Uria, consejero de la empresa Altuna y Uria, una de las constructoras de la llamada "Y vasca" [la línea ferroviaria de alta velocidad que unirá las tres capitales del País Vasco], que fue asesinado el 3 de diciembre de 2008 en la localidad guipuzcoana de Azpeitia.
Entre la larga lista de empresarios víctimas de ETA figuran José Luis Legasa, que se negó a pagar la extorsión de la banda, asesinado en 1978, José Antonio Santamaría (1993), copropietario de una discoteca donostiarra y exjugador de la Real Sociedad.
En 1996 el empresario de la construcción Isidro Usabiaga recibió cinco tiros cuando volvía a su casa en Ordizia (Guipúzcoa). Usabiaga ya había sido chantajeado con el "impuesto revolucionario" y había pagado 10 millones, recuperados por la Ertzaintza.
En 1997 fue asesinado en Tolosa de un tiro en la cabeza Francisco Arratibel, al que los terroristas acusaban de quedarse con 60 millones del rescate pagado por la liberación del industrial Emiliano Revilla.
El último empresario secuestrado fue Cosme Delclaux, hijo del presidente de Vidrieras de Alava, que permaneció en poder de sus captores desde el 11 noviembre de 1996 hasta el 1 de julio de 1997.
José María Aldaya, propietario de dos empresas de transporte, vivió el secuestro más largo de los sufridos por empresarios, puesto que fue rehén de ETA durante casi un año, desde el 8 de mayo de 1995 al 14 de abril de 1996.
En noviembre de 1989 fue secuestrado Adolfo Villoslada, liberado en febrero de 1990, y en 1993, Julio Iglesias Zamora, que permaneció en poder de ETA desde julio a octubre de ese año." (El País, 28/04/2011)
Un reciente estudio realizado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense Mikel Buesa cifra en 115 millones de euros lo obtenido por ETA entre 1978 y 2008 mediante el chantaje a los empresarios.
La banda terrorista, tras constatar en sus primeros años de actividad armada que los robos de sucursales bancarias eran demasiado arriesgados y escasamente rentables, comenzó a extorsionar a empresarios reclamándoles una cantidad de dinero bajo la amenaza de atentar contra ellos, su familia o sus bienes.
Inicialmente la extorsión se centraba en los grandes banqueros y empresarios, pero con el paso de los años se amplió hasta alcanzar a otros colectivos, entre ellos pequeños industriales o profesionales liberales.
Las víctimas entregaban el dinero en el País Vasco francés, pero a medida que aumentaron las dificultades en Francia para los terroristas, cambiaron los procedimientos.
Las dos redes de extorsión desmanteladas en los años noventa utilizaban, según constataron las investigaciones, locales de organizaciones legales relacionadas con la izquierda abertzale para cobrar a sus víctimas.
También cambió el modo de pago del chantaje. Mientras que inicialmente el dinero iba directamente y en metálico a ETA, posteriormente se emplearon modalidades más sutiles, como la esponsorización de determinadas actividades o las inversiones publicitarias en algunos medios.
La primera operación que reveló la importancia de la extorsión en las finanzas de ETA fue la efectuada por la policía francesa en la cooperativa Sokoa de Hendaya en noviembre de 1986." (Fundación para la Libertad, citando a LA VANGUARDIA, 28/4/2011)
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