Claves para una mesa de diálogo... resulta notable la confluencia estratégica en el eje nacional entre la derecha independentista neoliberal y la izquierda independentista anticapitalista.

 "La inhabilitación del president Quim Torra y la ajustada victoria de ERC en las pasadas elecciones al Parlament de Catalunya, cuya apuesta estratégica fue la constitución de una mesa de diálogo para solucionar el denominado “conflicto político” –reconocido como tal por el gobierno español– apuntaban a la inauguración de una nueva fase del conflicto, ciertamente en medio de grandes escollos y contradicciones. 

La concesión de los indultos a los presos independentistas despejó el gran obstáculo para que el ejecutivo catalán, presidido por ERC, pudiese sentarse en la mesa diálogo con unas mínimas garantías de no ser descalificado acusado de traición por los sectores más hiperventilados del movimiento secesionista.

La apertura de la mesa de diálogo ha estado precedida por una serie de  movimientos del gobierno español que mostraban la voluntad de proyectar una imagen “amable” respecto a la ciudadanía catalana en un tema tan sensible como el déficit de inversiones en infraestructuras, una reivindicación que va más allá de las fronteras del independentismo. Por un lado, el levantamiento de los peajes en las autopistas de titularidad estatal que muchos catalanes sentían como un agravio comparativo respecto a otros territorios de España.

 Por otro, las inversiones para la ampliación del aeropuerto del Prat de Llobregat. Sin embargo, en esta cuestión se evidenciaron los profundas diferencias entre Junts y ERC, pero también, aunque no de modo tan ruidoso, entre PSOE y Podemos, que han dado al traste con el proyecto. En cualquier caso, quedó de manifiesto la voluntad del gobierno español de realizar una apuesta estratégica por este aeropuerto. De modo que, para amplios sectores de la opinión pública, han sido las diferencias entre los socios del ejecutivo catalán las que han imposibilitado la materialización de un proyecto polémico, si nos atenemos a sus repercusiones ecológicas y de modelo económico de país, temas en los que ahora no podemos entrar.

Apenas una semana antes del inicio de la mesa de diálogo se celebró la Diada Nacional de Catalunya rodeada por cierta expectación derivada de las especulaciones sobre la capacidad de movilización de la ANC, la entidad convocante. No obstante, a pesar de alcanzarse una cifra sensiblemente inferior a las de otros 11 de septiembres, el movimiento independentista superó la prueba con una notable participación de 108.000 manifestantes según la Guardia Urbana barcelonesa.

 Sin embargo, en el curso de la manifestación pudo apreciarse como ésta reunió a los sectores más hiperventilados del secesionismo, como revelaron los abucheos a Oriol Junqueras y Pere Aragonés, así como la insólita petición de Elisenda Paluzie, la presidenta de la ANC, al president de la Generalitat para “hacer la independencia” de modo unilateral, sin explicar cómo había de realizarse y cuando esta vía ya se ha ensayado con un rotundo fracaso. Una prueba adicional del alineamiento de esta entidad con las tesis de Junts y la CUP que rechazan la vía del diálogo con el gobierno español y apuestan por continuar con la confrontación hasta conseguir la independencia, pero sin una hoja de ruta definida para alcanzarla.

El desafío de Junts  

Ahora bien, la bomba política estaba aún por estallar. Ante la inminencia de la mesa de diálogo, la presencia o ausencia de Pedro Sánchez se convirtió en una suerte de arma arrojadiza para los contrarios a la vía negociadora. La confirmación de su asistencia precipitó el movimiento de Junts de designar a tres miembros de su delegación que no forman parte del ejecutivo catalán, dos ellos, Jordi Sánchez y Jordi Turull, presos indultados pero aún inhabilitados. Se trataba, sin duda, de una jugada concebida desde Waterloo para reventar la mesa de diálogo, pues obviamente era inaceptable para el gobierno español, pero que también ponía en entredicho la autoridad política de Aragonès. Al president de la Generalitat, sobre quien pesaban los precedentes de la descoordinación en el tema del aeropuerto y los abucheos en los actos de la Diada, no le quedaba otro remedio que dar un golpe de autoridad si no quería ver comprometido su rango político e institucional. De este modo rechazó la delegación de Junts y los apartó de la mesa de diálogo mientras no designasen a consellers de la Generalitat. Tampoco la formación postconvergente podía ceder, pues hacerlo significaba reconocer su derrota en el pulso con ERC, y acusó con escaso fundamento a su socio de gobierno de plegarse a las presiones de La Moncloa.

 En condiciones de cierta normalidad, la dimensión del órdago de Junts, en la cuestión más importante del programa político de ERC, hubiera debido provocar su expulsión del gobierno de coalición. No obstante Esquerra no puede permitírselo, al menos de momento, pues sería acusada no solo de romper la unidad del independentismo, sino que en las actuales condiciones precipitaría la convocatoria de elecciones y por tanto la evaporación de la mesa de diálogo, precisamente el objetivo de Junts. Sin embargo, sobre el escenario político catalán planea una mayoría alternativa, como han explicitado los Comunes, que consistiría en un gobierno bipartito Esquerra y Comunes con el apoyo exterior del PSC, quien por otro lado ya se ha ofrecido para aprobar los Presupuestos y liberar a ERC de las servidumbres con la CUP. Aunque esta combinación no está madura, su mera posibilidad opera como un factor de disuasión sobre Junts.

Presiones y centralidad

Si ERC está sometido a la presión política de Junts y la CUP cuya voluntad es hacer descarrilar la mesa de diálogo, el PSOE debe arrostrar la feroz oposición de PP, Cs y Vox. En este sentido, llama poderosamente la atención cómo ambos extremos, los del independentismo y del nacionalismo español, tachen de traidores a la patria a las formaciones que impulsan la mesa de diálogo, en una enésima demostración de cómo los nacionalismos identitarios se retroalimentan.

Como han observado atinadamente diversos analistas, PSOE y ERC necesitan tiempo y la mesa de diálogo resulta una manera de obtenerlo. Tanto es así que quizás el único acuerdo tangible de la primera sesión de la misma fue su coincidencia en la negativa a verse compelidos por los plazos temporales, lo cual –dicho sea de paso– cuestiona la condición pactada con Junts y la CUP en la investidura de Aragonès de otorgar un término de dos años para evaluar los resultados de la negociación y someterse a una cuestión de confianza. Los socialistas españoles necesitan tiempo para que la ciudadanía perciba resultados positivos de la prometida recuperación económica postpandemia, vía los fondos europeos, y revertir la tendencia de las encuestas electorales que detectan un crecimiento de la intención de voto a PP y Vox que podría desalojarlos del poder. Por su parte, Esquerra también necesita tiempo para aposentar su presidencia de la Generalitat y aumentar sensiblemente su actualmente mínima ventaja respecto a Junts.

 En cualquier caso, PSOE-Unidas Podemos y ERC ocuparán una posición central respecto a los extremos ocupados por las tres formaciones de la derecha españolista, por un lado y Junts y CUP por otro. En este último caso, también resulta notable la confluencia estratégica en el eje nacional entre la derecha independentista neoliberal y la izquierda independentista anticapitalista. Ello viene a corroborar cómo en los llamados nacionalismos de izquierda la bandera siempre se impone a la clase social. En este sentido, el tiempo juega a favor de los impulsores de la mesa de diálogo pues para amplios sectores de la opinión pública española y catalana resultará convincente apostar por resolver el conflicto de forma dialogada y negociada en vez de perpetuar un escenario de confrontación permanente. Ello tras el fracaso de la vía unilateral del secesionismo, pero también la del inmovilismo político del gobierno de Mariano Rajoy para abordar la crisis catalana.

Ciertamente, como reconocieron los protagonistas de la mesa de diálogo, las posiciones de ambas partes están sumamente alejadas. ERC parte de la reclamación de la amnistía y del referéndum de autodeterminación que el gobierno español no puede conceder sin vulnerar el ordenamiento constitucional y arriesgarse a un previsible hundimiento electoral. Tampoco la oferta de la parte del gobierno español, en torno a los 44 puntos de la llamada “agenda del reencuentro”, aporta soluciones políticas al contencioso. En este punto asiste la razón a la parte independentista pues estas cuestiones deben dirimirse en las mesas bilaterales entre ambos ejecutivos, y no asumen el núcleo político del conflicto. De hecho, a nuestro juicio, el gobierno español solo puede ofrecer una mejora de la financiación autonómica cuyo tope sería la concesión de un concierto económico como en el País Vasco y Navarra y una reforma del Estatut d’Autonomia. En Catalunya se da la anomalía democrática e institucional de que está en vigor un Estatut que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, no fue el refrendado por la ciudadanía. Aquí existe una vía para enmendar esta anomalía con la elaboración de un nuevo marco estatuario que sería votado en referéndum. Sin embargo, esta propuesta debería superar la enorme dificultad, acaso insalvable, que supone que para la inmensa mayoría de la militancia independentista el Estatut es una pantalla pasada, sin ningún atractivo, cuando a lo que se aspira es a la independencia o al menos a una vía para materializarla.

Así, pues, en principio parece muy difícil, por no decir imposible, que la mesa de diálogo pueda llegar a buen puerto. Aunque, dado lo mucho que se juegan en el envite PSOE y ERC, no debe descartarse que encuentren lo que se han denominado “soluciones imaginativas” o más precisamente de compromiso. En cualquier caso, Sánchez y Aragonès, en la rueda de prensa posterior a su encuentro, se esforzaron en resaltar los aspectos positivos de la reunión y en darse un margen de tiempo para generar los márgenes de confianza necesarios a fin de explorar una solución política aceptable para ambas partes.

Finalmente, como hemos apuntado en diversas ocasiones, el conflicto catalán se juega en tres tableros: el catalán, el español y el europeo o si se prefiere en Barcelona, Madrid y Bruselas. La mesa de diálogo refuerza sin duda la credibilidad del ejecutivo español cara la Unión Europea. Por otro lado, las revelaciones de The New York Times sobre las supuestas conexiones entre el entorno de Carles Puigdemont y los servicios de inteligencia rusos debilitan enormemente la imagen del movimiento independentista catalán, al punto que el Parlamento Europeo ha abierto una investigación sobre el tema."                 (Antonio Santamaría , El Viejo Topo,  22/09/21)