"La Diputación de Barcelona ya no es la única institución
afectada por la investigación del presunto fraude en subvenciones y
convenios a entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC).
El juez Joaquín Aguirre ha enfocado las pesquisas hacia la
Generalitat, en concreto a la secretaría del deporte, que depende de la
conselleria de Presidencia, y a la sociedad pública Equacat, que
gestiona el Canal Olímpic de Castelldefels (Barcelona).
Lo ha hecho tras
analizar los mensajes entre dos de los principales investigados, el secretario general del deporte del Govern, Gerard Figueras (PDeCAT),
y el exsecretario de relaciones internacionales de CDC, Víctor
Terradellas, sin ningún cargo institucional pero responsable de dos de
las fundaciones que recibieron fondos públicos bajo investigación, Igman
y Catmón.
Terradellas es uno de los investigados por
malversación desde el inicio del caso. Fue detenido y puesto en libertad
en una operación en mayo de 2018, en la que el juez ordenó el volcado
de su móvil. De ahí afloraron los mensajes que envió a Carles Puigdemont pero
también a Figueras y que fueron incorporados al sumario del caso, al
que ha tenido acceso eldiario.es.
En el intercambio de mensajes, entre
enero y marzo de 2018, Terradellas insiste a Figueras para desbloquear
el desembolso de fondos públicos para un proyecto de las fundaciones en
Bosnia.
"¿No habéis pagado, no?", pregunta Terradellas el 11 de
enero. Figueras pone como excusa para no abonar las subvenciones que hay
"un técnico" que no da su visto bueno al proyecto porque falta
documentación. "Es un hdp [siglas de hijo de puta, fdp en el original
catalán] y no me puedo saltar su firma", apostilla Figueras, que tilda
de "pesadilla" la situación pero asegura que solo falta "un cojones de
ficha técnica" para desbloquearla.
"Tengo el dinero desde diciembre, cualquier viernes puedo
hacer el pago", agrega Figueras, a lo que Terradellas insiste para que
sea el próximo viernes. "Ojalá pueda, estoy extorsionando a este cabrón
tanto como puedo", zanja Figueras en referencia al técnico, al que
posteriormente insulta: "Es un desgraciado, resentido, malnacido,
antipolíticos, anti hacer nada que le venga ordenado, pero tiene la
plaza en propiedad. Hay que cambiar al 100% la administración".
A
finales del mes de enero, parece que el proyecto con Bosnia se encauza.
En un mensaje del 31 de enero, Terradellas explica a Figueras que
finalmente no se otorgará una subvención sino que se firmará un
convenio. "Mucho mejor el convenio!!!!", responde Figueras.
La Guardia Civil, en un informe, vincula la conversación
entre Terradellas y Figueras con dos programas en Bosnia por los que en
2018 Catmón solicitó financiación por valor de 182.335 euros la Agencia
Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACDD) y 52.634 euros al Consejo
Catalán del Deporte, ente dependiente de la secretaría que ocupaba
Figueras. Con todo, los investigadores precisan que hasta que no avancen
las pesquisas "no se podrá determinar el destino concreto de las
subvenciones", y apuntan además que las grandes cantidades de dinero en
efectivo retiradas de las cuentas corrientes de Catmón e Igman complica
la trazabilidad de los fondos.
En un auto, el juez
Aguirre apunta a que "se aprecia un hilo conductor" en todas las
subvenciones y convenios firmados por Generalitat y Diputación con las
dos fundaciones afines a Convergència, que no es otro que "la carencia
de los requisitos formales necesarios para otorgar las subvenciones".
Esta falta de pulcritud con la legislación, agrega Aguirre, fue
advertida por el técnico, "a quien se presionó para que autorizara la
subvención". "Existe un trato de favor al subvencionado basado en el
conocimiento personal y la afinad" entre Figueras y Terradellas, agrega
el juez, que considera "difuso" y poco concreto el proyecto en Bosnia.
El
magistrado instructor, de hecho, va más allá y pone bajo sospecha todas
las subvenciones otorgadas a CatMón por Diputación y Generalitat en los
últimos años, que ascienden a dos millones de euros. Tras analizar la
documentación incautada en el registro de la sede de CatMón, Aguirre
sostiene que la actividad de la fundación "no revela una intensa
actividad cooperativa internacional" que justifique los dos millones en
subvenciones.
Y apunta como hipótesis que Terradellas haya destinado
parte del dinero a sus actividades personales en favor del proceso
soberanista o directamente como medio de sustento personal debido a que
"no se le ha llegado a conocer actividad laboral profesional". "Esto en
sí mismo ya constituye una presunta malversación", zanja el juez. El
Govern ha mantenido a Figueras en el cargo.
No fue el
único trabajador con el que Figueras tuvo problemas, según se desprende
de las conversaciones que forman parte del sumario. En una charla
telefónica con la exconcejal del PDeCAT y actual asesora de la
Diputación, Maite Fandos, Figueras lamenta que un antiguo trabajador del
canal olímpico quiera "amargar a todo el mundo" con su denuncia a la
Fiscalía de presuntas irregularidades en convenios del canal con las
fundaciones Catmón e Igman.
La investigación de la
Policía, incorporada ahora a la causa del juez Aguirre, concluyó que no
se justificaron debidamente pagos por valor de 38.470,54 y 44.500 euros a
Catmón, y que había "otros gastos susceptibles de malversación", como
la compra de un Iphone de 1.858 euros o una estancia en un hotel de
Milán por 1.190 euros. Los pinchazos telefónicos a Figueras –que tras
ser detenido este martes defendió su inocencia y anunció que
comparecería voluntariamente ante el juez para "aclarar" la situación–
también muestran que habló con varios cargos y les transmitió su
preocupación por la investigación que la Policía realizó sobre la
sociedad Equacat y el Consejo Catalán del Deporte.
"Es
un impresentable", agrega Fandos, también investigada en el caso, sobre
el trabajador despedido, en una charla en la que, como otras
incorporadas al sumario, la exedil se queja de que el partido no le
encuentra un cargo tras quedarse sin acta de concejal. Antes de ser
colocada en la Diputación, Figueras habló de un nuevo puesto para Fandos
con el exalcalde Xavier Trias y las exconselleres y ahora concejalas en
Barcelona Neus Munté y Elsa Artadi, conversaciones incorporadas al sumario.
Tanto
la investigación de las irregularidades en las subvenciones de la
Diputación de Barcelona como del Consell Català de l'Esport partieron de
denuncias internas de trabajadores de ambos organismos. En el caso de
la Diputación, cabe recordar que una investigación interna halló
indicios de 'mobbing' y presiones de los jefes de la oficina de
cooperación y del área de relaciones internacionales, Jonathan Jorba y
Jordi Castells, a los técnicos para aceptar "procedimientos incorrectos e
ilegales", vinculados con las subvenciones a las fundaciones afines a
CDC. Ambos cargos, vinculados a los convergentes, fueron recolocados en
el Govern y en el Instituto de Estadística catalán.
De Dalmases y subvenciones de 320.000 euros
Por otro lado, la Guardia Civil, en otro informe, vincula a otro de los investigados en la causa, el actual diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases,
con 320.000 euros en subvenciones supuestamente fraudulentas de la
Generalitat y de la Diputación para las fundaciones que administraba,
CatMón e Igman. Según el Instituto Armado, De Dalmases "solicitó y
percibió subvenciones tanto de la Diputación de Barcelona como de la
Generalitat para financiar la misma actividad (...), certificando que no
había recibido otras subvenciones para ello".
La
Guardia Civil desglosa las subvenciones presuntamente fraudulentas: en
el año 2014, Catmón recibió 120.000 euros por parte de la Diputación
para la elaboración y distribución de la revista "Catalan International
View" y otros 49.000 euros por el mismo concepto del departamento de
Presidencia de la Generalitat. Lo mismo ocurrió en el año 2015 con
cantidades parecidas, añade el informe. Las dudas que alberga la Guardia
Civil respecto a la legalidad de tales subvenciones aumentaron cuando detectaron que en las revistas se podían leer "artículos copiados de internet".
"Además, fue responsable de aportar facturas improcedentes y
duplicadas", concluye sobre el diputado el texto que la Guardia Civil ha
remitido al juez." (Oriol Solé, eldiario.es, 15/11/19)
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