"Hay un hombre que el pasado lunes se congratuló del intento de
ocupación del aeropuerto de El Prat. Paradójicamente, al mismo tiempo
defendió a los policías que reprimían a los manifestantes.
Este hombre,
en plena crisis de violencia en Cataluña, también participó en una
marcha que cortaba una autopista y animó a la población a que se sumara
al paro laboral del viernes. Esta persona no es uno de los miles de
activistas movilizados contra la sentencia del Tribunal Supremo que
condenó a los líderes independentistas: se trata de Quim Torra, el presidente de la Generalitat y oficialmente el máximo representante del Estado en Cataluña.
El miércoles, tras el bloqueo del aeropuerto
y después de la noche del martes —la primera jornada de violencia
urbana—, el Ejecutivo catalán mantuvo una tensa reunión de urgencia. Se
anunció una declaración ante la prensa del consejero del Interior,
Miquel Buch, pero las diferencias sobre cómo afrontar la situación entre
las dos fuerzas que componen el Govern, Junts per Catalunya y ERC,
provocaron la cancelación de la comparecencia. Torra y Buch recibían una
ola de críticas desde sus filas y desde ERC por la intervención de los
Mossos d’Esquadra en el intento de paralizar El Prat y en los altercados
nocturnos.
Altos cargos de los republicanos, como el presidente del
Parlamento autonómico, Roger Torrent, o el líder del partido en el
Congreso, Gabriel Rufián, han exigido dimisiones por las actuaciones de
la policía catalana.
Desconcierto
En medio de este desconcierto político e institucional, la reunión
del Ejecutivo finalizó sin comunicar resultado alguno. Torra se trasladó
a la marcha independentista que en aquellos momentos cortaba la
autopista AP-7.
Acompañado por el exlehendakari Juan José Ibarretxe
y por personas de su confianza, Torra ofreció unas breves palabras,
recogidas por la agencia Efe, en las que aseguró apoyar “todas las
manifestaciones que se están haciendo en Cataluña” y agradeció “a todos
los manifestantes, los miles de personas que están hoy en todas las
calles, autopistas y autovías de Cataluña, su espíritu cívico y
pacífico”.
La primera crítica, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
tardó poco en llegar: “Estamos viendo a un presidente que parece más
activista que presidente. No necesitamos a un presidente que se va a las
manifestaciones en lugar de explicar la situación y cómo cree que hay
que afrontarla”.
Mientras el vicepresidente, el republicano Pere Aragonès, y otros
referentes de ERC pidieron aislar la violencia callejera desde las
primeras horas del estallido, Torra continuó en silencio. En la
medianoche del miércoles al jueves, cuando la situación parecía
insostenible, el presidente reaccionó con una declaración institucional:
“No podemos permitir que grupos de infiltrados y de provocadores
estropeen la imagen de un movimiento de millones de catalanes que han
salido siempre a la calle de manera firme, pero serena”.
La mención de
que los violentos eran infiltrados, y no jóvenes independentistas,
caldeó más los ánimos. El jueves, en el Parlament, Torra insistió en
otra falsedad: “Hemos tenido que ver el despliegue de militares y
guardias civiles en Cataluña, ordenado por el Gobierno de Pedro
Sánchez”. (...)
La estrategia del presidente está supervisada por Puigdemont. La comunicación entre ambos es permanente, con encuentros como el del pasado agosto en Suiza.
En esta cita, Torra, Puigdemont y representantes de los partidos
nacionalistas y de las principales entidades sociales del
independentismo fueron informados del surgimiento de la organización anónima Tsunami Democràtic.
Los asistentes dieron su visto bueno y celebraron públicamente su
nacimiento. Tsunami Democràtic, que tiene más de 350.000 seguidores en
sus canales de comunicación, dirigió el bloqueo del aeropuerto de
Barcelona y está siendo investigado por la Audiencia Nacional.
Ante el descontrol político y violento crecen las voces que piden un
adelanto electoral en Cataluña. El veterano miembro de ERC Joan Tardà ha
exigido comicios “cuanto antes para generar un Gobierno que represente
mayorías más amplias”. Torra respondió que no veía motivos para romper
la coalición. Su futuro como gobernante puede depender del tribunal que
en los próximos meses le juzgará por presunta desobediencia a la Junta
Electoral Central al mantener lazos amarillos en la fachada del Palau de
la Generalitat en plena campaña de las elecciones generales. Si es
condenado, podría ser inhabilitado hasta dos años para ocupar un cargo
público." (Cristian Segura, El País, 20/10/19)
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