"(...) El caso de la —por ahora fallida— comarca del Lluçanès merece un
análisis detenido por las lecciones que pueden extraerse de él para
otros procesos de separación y sobre todo en un momento en el que, una
vez difuminado el “mandato” del 1-O, la reivindicación de un referéndum
—preferiblemente pactado— vuelve a cobrar fuerza en Cataluña.
Respondiendo a la demanda de los ayuntamientos del Lluçanès, en 2015
la Generalitat autorizó una consulta popular en la que los ciudadanos de
la zona pudiesen responder a la pregunta “Vols que el teu municipi formi part de la comarca del Lluçanès?”.
El 17 de julio, tras reunirse con los alcaldes de la zona, el
Departament de Governació de la Generalitat publicó una nota de prensa
para dar a conocer las pautas del proceso participativo; entre otras
cosas, según la nota, el documento acordado con los alcaldes preveía que
“qualsevol municipi on el resultat del procés sigui negatiu continuarà adscrit a la seva comarca actual”.
La consulta se celebró el 26 de julio de 2015. Con una participación
del 55% del censo, muy superior al umbral pactado con los alcaldes (el
35%), el sí arrasó con un 70% de los votos. El resultado
parecía inapelable. El problema es que en cinco de los 13 municipios
llamados a las urnas triunfó el no. Los ciudadanos de Santa
Maria de Merlès vinieron a decir que preferían quedarse en el Berguedà;
los de Sant Feliu Sasserra, en el Bages; y los de Sant Agustí de
Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau y Sant Boi de Lluçanès, en Osona.
Con estos datos en la mano, el proceso siguió adelante y se
constituyó en el Parlament una ponencia para elaborar la ley de creación
de la comarca del Lluçanès. Para sorpresa de muchos, la ponencia se
descolgó con un texto que prevé la creación de una comarca integrada por
13 municipios en lugar de 8.
Contra lo que había prometido la
Generalitat antes de la consulta, el único consuelo para los municipios
del no era una disposición transitoria que permitía a los
ayuntamientos de esos municipios adoptar un acuerdo para manifestar si
quieren “seguir formando parte de la comarca del Lluçanès o bien
reintegrarse a la comarca a la cual estaban adscritos anteriormente”
(algo tan rocambolesco como volver a una comarca de la cual nunca habían
querido salir).
No es extraño que ante tamaña desvirtuación de los
acuerdos previos en el debate de totalidad tres grupos parlamentarios no
dieran su apoyo al texto, que de todas maneras habría seguido el
trámite parlamentario si la legislatura no se hubiese interrumpido
traumáticamente en octubre de 2017.
Un reconocimiento implícito del fracaso de este proceso es que
ninguno de los partidos que sí que dio su apoyo a la proposición de ley
llevara la creación de la comarca del Lluçanès en su programa para las
elecciones del 21 de diciembre de 2017.
Tampoco parece que Quim Torra,
en su visita a Prats de Lluçanès en diciembre de 2018, prometiera nada
al respecto, a pesar de las presiones que sin duda recibió del alcalde
de la localidad, Isaac Peraire, uno de los máximos líderes del
independentismo lluçanense. Sea como fuere, antes de seguir apostando
por consultas plebiscitarias —incluso pactadas— para resolver disputas
territoriales en sociedades divididas habría que tomarse el Lluçanès en
serio." (Albert Branchadell, El País, 23/09/19)
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