"(...) Quienes
vivimos en tierras que vieron partir, por miles, a los jóvenes
trabajadores que no tenían posibilidad de trabajar en sus lugares de
nacimiento, sabemos que si de Extremadura, Andalucía, Castilla, Galicia…
salían autobuses repletos de emigrantes no era por divertimento, sino
por necesidad; los más pobres huían de los territorios más
desprotegidos, abandonados y mancillados por una política que, desde la
Restauración (por no remontarnos a los siglos XVII y XVIII) y pasando
por la dictadura de Primo de Rivera y de Francisco Franco, premió a unos
y castigó a otros.
Algunos, como la burguesía catalana, resultaron
privilegiados por las leyes proteccionistas del nacionalismo español. El
Arancel de 1849 promulgado por Narváez ya había supuesto la prohibición
absoluta de importar las labores más comunes de hilados y tejidos de
algodón.
La Ley de relaciones Comerciales con las Antillas, conocida
como Leyes Antillanas, y el régimen arancelario de las colonias
eliminaron la competencia textil. La dictadura de Primo de Rivera hizo
suyas las ideas proteccionistas de la burguesía industrial catalana y
con la «ley de protección industrial» (1926) convirtió a España en un
espacio económico cerrado en el que la industria del país podía trabajar
sin temor a la competencia exterior.
Tras el fin de la guerra civil se
estableció la exigencia de una autorización del Ministerio de Industria y
Comercio para crear cualquier tipo de empresa industrial o para ampliar
o transformar las existentes. (Rumbo al Sur: Francia y la España del
Desarrollo. 1958-1969. Esther M. Sánchez. CSIC. 2006).
El presidente del
Gremio de Fabricantes de Sabadell, durante la visita de Franco a la
ciudad con motivo del tercer aniversario de la «liberación», llamaba a
los industriales a «mostrar toda nuestra gratitud imperecedera al
salvador de España». (Los industriales catalanes durante el franquismo.
Carmen Molinero. Universidad de Barcelona).
Otros territorios, en
cambio, fueron los paganos de esas políticas proteccionistas. Para la
gran mayoría de los españoles resulta insultante que esa burguesía
catalana, que está usando de fuerza de choque a los jóvenes
descendientes de quienes fueron obligados a salir de sus pueblos por la
desidia y abandono centralista, reclame la independencia y pretenda
desligarse de un Estado en el que ha gozado y goza de privilegios y
hegemonía económica como no lo hace ningún otro territorio.
Al grito de «España nos roba» han conseguido llenar de fantasmas la mente de jóvenes de segunda y tercera generación de zonas de España a los que se les robó lo mejor que tenían, las personas. Seguro que cuando repiten el eslogan no están creyendo que los territorios ricos roban a los pobres. Piensan lo contrario, que los pobres roban a los ricos.
¿Cómo de
ricos serán para que, robándoles durante tantos años, ellos sigan
siendo ricos y los que roban sigan siendo pobres? ¿Desde cuándo creen
que se les roba? ¿Desde Felipe V? ¿Desde Cánovas? ¿Con Primo de Rivera,
que hizo su pronunciamiento dictatorial desde la Cámara de Comercio de
Barcelona?
¿Con Franco, que impuso el coeficiente de inversión
obligatorio en las cajas de ahorro españolas para que, con los
emigrantes, emigrara obligatoriamente el poco ahorro que quedaba en esas
instituciones financieras? A lo largo del período franquista Cataluña
–con una población previa de 2,9 millones de habitantes– acogió a más de
un millón y medio de inmigrantes originarios de Andalucía, de
Extremadura, de La Mancha...
Esa historia desacredita a quienes pretenden el desenganche de quienes han tenido y tienen en el mercado español el soporte de su estructura industrial. Saben los que transcurren por esa vía que la plena separación e independencia sólo podrían obtenerla por la violencia, de ahí que la adopción del artículo 155 de la Constitución española sea la herramienta de la que dispone el Gobierno para parar los pies a quienes no disponen más que de la mentira para ahormar a sus huestes. (...)" (Juan Carlos Rodriguez Ibarra, ABC, 26/10/17)
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