"(...) Es más que sorprendente, que el gobierno
de Junt Pel Sí así como la CUP (y los movimientos sociales
independentistas que ellos influencian, como la ANC y Ómnium Cultural)
no conocieran ni predijeran que su estrategia de confrontación con el
Estado español conduciría a una situación en la que el Estado Central
destituiría a todo el Gobierno Junt Pel Sí, y que la Generalitat de
Catalunya pasaría a ser gobernada desde Madrid por el gobierno del
Partido Popular, un partido que obtiene un apoyo electoral muy
minoritario en Catalunya (solo un 8% del electorado).
Tal estrategia
podría incluso conducir a la detención del President Puigdemont y otros
dirigentes de su gobierno, en caso de que se declare la independencia
unilateral en el Parlament de Catalunya. Cada uno de estos pasos que
serán enormemente negativos para Catalunya (y para España) podrían
haberse predicho fácilmente.
Se me dirá -como ya se me ha dicho-, que
gran parte de los dirigentes del movimiento independentista sí que eran
conscientes de que todos estos hechos podrían ocurrir, lo cual
aceptaron pues creían que la predecible represión por parte del Estado
Central crearía olas de simpatía hacia su causa y peticiones al gobierno
Rajoy por parte de gobiernos extranjeros estimulándole a que se sentara
y dialogara con el Gobierno Puigdemont.
¿Era posible que tal estrategia fuera exitosa? La credibilidad limitada del argumentario independentista
Hay varios datos, que sin embargo
cuestionan la sabiduría de esta estrategia. El primero es que en contra
de lo que anunciaba el Sr. Puigdemont, en su carta al Presidente Rajoy,
él no tenía un mandato del pueblo de Catalunya, expresado en el
referéndum del 1º de octubre, de declarar la independencia.
Además de
que tal referéndum no ofrecía las garantías democráticas necesarias para
que se pudiera aceptar como válido (y no me estoy refiriendo solo a si
era o no legal, sino a otras garantías que no fueron respetadas), el
hecho es que la mayoría del pueblo catalán no participó en el referéndum
(votaron solo el 43% de un censo poco fiable).
No había pues un mandato
popular para declarar la independencia. Es más, el Sr. Puigdemont
añadió en su carta al Presidente Rajoy un par de datos para subrayar que
este 43% del electorado que había votado en el referéndum del 1 de
Octubre (1-O) era un porcentaje de participación válido y suficiente,
para atribuirse un mandato popular, pues tal porcentaje era superior al
que había tenido el referéndum en la Gran Bretaña que condujo al Brexit,
lo cual no era cierto.
La tasa de participación fue en aquel referéndum
un 72,2% (un porcentaje mucho mayor que el 43% del 1-O) Y el otro dato
que Puigdemont presentó, también en la carta al Presidente Rajoy,
creyendo erróneamente (intentando justificar que el 43% que se había
obtenido el 1-O era suficiente) que el número de participantes en el 1-O
era superior al que aprobó el Estatuto de Autonomía del 2006, lo cual
tampoco es cierto, pues el número de votos fue de 2.286.217 en el 1-O
del 2017 (un 43%) un número menor al conseguido en 2006, 2.594.167 votos
(un 48,85%).
En realidad, según una encuesta reciente, la mayoría de
catalanes (60%) no creen que el referéndum del 1-O reuniera las
garantías necesarias para considerar vinculante su resultado y el 55% no
cree tampoco que con los resultados del referéndum del 1-O el
Parlamento está legitimado para declarar la independencia (El Periódico,
21.10.17). Por tanto, nunca hubo el mandato para declarar tal
independencia. Y la población lo sabe.
La mayoría del pueblo catalán nunca ha
votado ni por la independencia ni por los partidos independentistas. Su
mayoría en el Parlament no corresponde con la mayoría de votos, y ello
como consecuencia del sesgo de la Ley electoral que favorece las zonas
rurales y conservadoras a costa de las áreas urbanas y progresistas,
situación que ocurre también en el resto de España.
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