"(...) He leído, no recuerdo en qué diario, la siguiente consideración: “El
presidente del Gobierno ha pagado un precio muy alto para conseguir el
apoyo del PNV en los presupuestos”. Lo cierto es que el precio no lo
paga Rajoy, sino los ciudadanos de las demás Comunidades Autónomas.
El
dinero que mediante el acuerdo firmado se destina al País Vasco va en
detrimento de otras aplicaciones de carácter general, que redundarían en
beneficio de todos los españoles, con independencia de la Autonomía de
pertenencia.
El País Vasco, al igual que Navarra, goza de una situación
privilegiada que de forma un tanto inexplicable le fue concedida en la
Constitución. Se trata de un régimen fiscal propio de la Edad Media en
la que la justicia no se distribuía por igual para todos los ciudadanos y
los derechos se consideraban privilegios (fueros) y debían ser
arrancados a la corona por cada ciudad, región o territorio.
El concierto económico crea una situación anómala en un Estado
moderno, ya que no son los ciudadanos vascos los que tributan
directamente a la Hacienda Pública central sino las Haciendas forales
(cupo) y tan solo como participación en los servicios que presta
directamente el Estado. Es un “do ut des” en el que está ausente toda
redistribución territorial.
Eso explica que el País Vasco, a pesar de
ser la Autonomía más rica -esto es, con mayor renta per cápita de
España- mantenga un saldo fiscal positivo, es decir, reciba del Estado
más de lo que aporta. El cupo, además, ha estado siempre sometido a una
especie de chalaneo, en particular cuando como en esta ocasión el
Gobierno central ha necesitado de los votos del PNV; invariablemente se
ha calculado a la baja, no cubriendo siquiera el coste proporcional de
las competencias no transferidas.
La intervención en el Parlamento nacional de partidos nacionalistas y
regionalistas que tan solo contemplan los intereses de sus respectivos
territorios crea en la política nacional importantes distorsiones y
asimetrías, dejando en condición de inferioridad a aquellas Comunidades
que carecen de ellos.
La negociación entre los partidos nacionales y los
nacionalistas no se realiza en términos de igualdad, en tanto que unos
se ven constreñidos a defender los derechos de todos los españoles y los
otros se cuidan exclusivamente de su provincia o región. No tiene nada
de extraño que en aquellas Comunidades en las que han arraigado estas
últimas formaciones políticas los partidos nacionales obtengan cada vez
menor representación en un momento en el que prima más la
territorialidad que la ideología.
Algún día quizás haya que plantearse
si no se debería exigir a los partidos políticos que para conseguir
escaños en la Cortes Generales tengan que tener representación en varias
Comunidades Autónomas. (...)" (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 11/05/17)
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