"(...) En el caso de una DUI, la situación sería mucho peor por la falta de
reconocimiento internacional del nuevo Estado (al no encontrarse
Cataluña en una situación colonial o de graves deficiencias en el
respeto de los valores democráticos y los derechos humanos) y, por ende,
la imposibilidad de su ingreso en la UE.
Entonces, ya no hablaríamos
solamente de subidas de aranceles a las exportaciones catalanas (tanto
hacia la UE como hacia aquellos países con los que ésta tiene acuerdos
comerciales), pérdidas de subvenciones en las diferentes políticas
comunitarias (como, por ejemplo, en la agricultura), etc. sino que,
además, dichas exportaciones tendrían muchas dificultades de llevarse a
cabo, como ocurre en situaciones similares (como Abjasia, Osetia del Sur
y la República Turca del Norte de Chipre (RTNC) donde su 'comercio
internacional' se limita a los países que las reconocen,
fundamentalmente Rusia y Turquía).
Pero es que aún hay más, pues existen sectores particulares donde el
impacto económico podría suponer una verdadera debacle económica para
Cataluña, como sería el caso del transporte aéreo que al ser regido por
la Convención de Chicago, en base a acuerdos bilaterales entre Estados
reconocidos internacionalmente, todos los derechos de despegue y
aterrizaje del aeropuerto del Prat podrían quedar suspendidos.
¡Imagínense, la suspensión de prácticamente todos los vuelos comerciales
hacia y desde Barcelona! No habría economía que lo resistiera. Eso es
lo que pasa en Abjasia y en Osetia del Sur, ya que desde que declararon
su independencia de Georgia en 2008, sólo tienen vuelos con Rusia y poco
más; o en la RTNC cuyas conexiones aéreas deben pasar forzosamente por
Turquía (con algunas excepciones, como es el caso de Azerbaiján).
Adicionalmente, y dado que técnicamente es fácil "anular" la validez
de los dos documentos que acreditan la nacionalidad española (es decir,
el DNI y el pasaporte), una DUI podría suponer que los ciudadanos de
Cataluña no podríamos viajar al extranjero, y en el caso de la mayoría
de países de la UE y otros países europeos, a través del Acuerdo
Schengen, tampoco residir y trabajar libremente en ellos.
Bastaría con
que el Gobierno español lo comunicara a las autoridades responsables del
control de fronteras de países terceros a través de los mecanismos
previstos para ello (particularmente eficientes en el caso del Acuerdo
Schengen). Desde ese momento, por ejemplo, cualquier DNI que establezca
que la residencia del titular está dentro de Cataluña dejaría de ser
válido para cruzar una frontera.
Esta situación no cambiaría aunque las
autoridades del nuevo Estado emitieran nuevos documentos (en
substitución de los "españoles") ya que estos no serían aceptados por
las autoridades de países terceros en tanto no reconocieran al nuevo
Estado. Esto es lo que sucede actualmente con los ciudadanos de la RTNC
quienes no pueden viajar al extranjero con sus documentos
'turco-chipriotas' con la excepción de Turquía.
Pero algunos desde el nacionalismo ya han encontrado la solución para
el caso en que España pusiera las cosas difíciles: debido a su
situación geográfica, una parte importante del transporte de mercancías
desde España hacia el exterior pasa por Cataluña, por lo que España
debería ser la primera interesada tanto en reconocer al nuevo Estado
como en que no quedase fuera de la UE.
En el fondo lo que se insinúa es
que Cataluña podría impedir o dificultar (por ejemplo, a través de la
imposición de aranceles) la exportación de mercancías españolas hacia el
exterior, incluido hacia el resto de la propia UE.
Efectivamente, es
verdad que una Cataluña independiente podría prohibir el paso o imponer
trabas (aranceles, licencias, cuotas, etc.) a las exportaciones
españolas hacia el exterior, incluida la UE, que las hicieran más
onerosas. El problema son las más que probables consecuencias que se
derivarían de adoptar una política de tales características.
Aparte del reconocimiento internacional, el primer objetivo de orden
económico de una Cataluña independiente para 'normalizar' su situación
debería ser acceder a la OMC (Organización Mundial de Comercio) y,
accesoriamente, a la OMA (Organización Mundial de Aduanas) dada la
importancia de las exportaciones en la economía catalana.
Primero de
todo, para conseguir la cláusula MFN (Nación Más Favorecida) para sus
exportaciones a terceros países y evitar, así, la imposición de
aranceles prohibitivos a las mismas; y, segundo, como paso necesario
para poder negociar y firmar un Acuerdo de Asociación con la UE, con el
fin de poder tener acceso al Mercado Único Europeo y como antesala a su
ingreso en la UE.
El único problema es que uno de los pilares
fundamentales de la OMC es, precisamente, la "libertad de tránsito" de
mercancías en el marco del comercio internacional (por ejemplo, desde
Portugal a Francia, "en tránsito" por España) que proscribe la
imposición de cualquier tipo de impedimento a las mercancías en tránsito
salvo aquellos encaminados a evitar el tráfico ilegal de las mismas
(fraude, tráfico de armas, tráfico de drogas, etc.).
Pero aún hay más. Si una Cataluña independiente introdujera este tipo
de medidas, la UE podría introducir asimismo medidas de represalia a
las exportaciones catalanas hacia o en tránsito por la UE, tales como
aranceles (incluso prohibitivos), y en un caso extremo hasta sanciones
económicas, pues las mercancías españolas son mercancías de la propia
UE. Un muy mal augurio para el ingreso de Cataluña en la UE y un
desastre para la economía catalana debido a su dependencia de las
exportaciones.
En resumen, un mal sueño con todos los visos de transformarse en una pesadilla." (Víctor Andrés Maldonado, Crónica Global, 25 de enero de 2015)
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