"Nuestro artículo ¿Dónde están los 16.000 millones?
(EL PAÍS, 20 de enero) ha recibido muchas preguntas y comentarios.
Aunque nadie lo ha replicado desde las páginas de este periódico,
agradecemos la oportunidad de contestarlos. (...)
Muchas reacciones confirman que la reclamación de independencia está
en buena parte basada en el convencimiento de que Cataluña dispondría
“de forma inmutable” (Artur Mas dixit ) de 16.000 millones
anuales adicionales “contantes y sonantes”. En nuestro artículo
explicábamos por qué no es así y consideramos que ninguna de las
críticas recibidas invalida nuestra tesis.
No negamos, como se nos acusa, la existencia de un déficit fiscal de
Cataluña con el Estado. Es lógico que Cataluña aporte a la Hacienda
central más recursos que servicios recibe, porque la renta per capita
catalana es superior a la española y nuestro sistema fiscal es
progresivo. Lo importante es el método para calcularlo, el significado
del resultado y su variación en el tiempo influenciado por el ciclo
económico. (...)
Muchos se han sorprendido de que los 16.409 millones calculados por
la Generalitat para 2009 solo incluyan como gasto estatal que beneficia a
Cataluña el que se realiza en su territorio (método monetario). Ese
método subvalora lo que le costaría a la Generalitat independiente
suministrar los mismos bienes públicos que hoy presta la Administración
central según la actual estructura competencial del Estado.
En efecto, no tiene sentido argumentar que los catalanes no se
benefician de los consulados porque en Cataluña no hay ninguno, o que
los ordenadores de la Agencia Tributaria solo sirven a los madrileños
porque están en Madrid, o que el VOR de Calamocha que guía los aviones
del puente aéreo solo hay que imputarlo a los aragoneses.
O repartir el
gasto en defensa y en justicia según donde estén las instalaciones
militares y los tribunales. Regular las telecomunicaciones no solo
beneficia a los catalanes cuando la CNMT está en Barcelona, ni la de los
mercados financieros solo favorece a los madrileños porque la CNMV esté
en Madrid.
Una Cataluña independiente debería financiar todos los servicios que
ahora recibe del Estado, se produzcan o no desde el territorio catalán.
¿O es que no iba a tener su red de embajadas y consulados, su propia
defensa y sus propios sistemas de gestión tributaria? ¿Es que alguien se
las suministraría gratis?
Lo razonable es que el gasto en los bienes públicos de carácter
general se reparta proporcionalmente a la población (método beneficio).
Según la Fundació CatDem, por ejemplo, “la estimación que puede reflejar
mejor el coste que supondría el servicio de defensa en Cataluña, es la
que se deriva del criterio del flujo del beneficio”.
Si así se hiciera,
el déficit observado de 792 millones de 2009 se convierte en un
superávit a favor del Estado de 4.105 millones. Y para 2010 el déficit
observado de 5.835 se convertiría en un déficit de 774. Esta
subestimación de los costes reales es una de las dos razones
fundamentales por las cuales los 16.000 millones no estarían
disponibles.
La otra razón es que los 16.000 millones (16.409 en 2009 y 16.543 en
2010) resultan de añadir a los impuestos efectivamente pagados por los
catalanes en cada año los impuestos que tendrán que satisfacer en el
futuro para pagar “su” parte del déficit público estatal (15.618 en 2009
y 10.708 en 2010).
Es lo que se llama “neutralizar” el déficit. Y,
¿cuál es “su” parte? Ya explicamos que la Generalitat la calcula
proporcionalmente a los ingresos que aporta Cataluña. Hay otras formas
de hacerlo, pero no vamos a entrar en ello ahora.
En nuestro artículo no decíamos, como se nos atribuye, que
neutralizar el déficit es un “puro artificio contable creado por los
nacionalistas”. Tampoco negábamos el interés de hacerlo, ya que da una
idea estructural de la posición fiscal de Cataluña. Lo que decíamos es
que el saldo observado y el neutralizado son conceptos de distinta
naturaleza.
La Generalitat difunde solo la cifra de los 16.409 (método
monetario neutralizado) y se presenta en el discurso político dando a
entender que ese dinero estaría disponible inmediata y automáticamente
con la independencia.
Pero nosotros decíamos y nos reafirmamos en que el déficit fiscal
calculado neutralizando el déficit público no es equivalente a recursos
adicionales disponibles gracias a la independencia. Porque esos
impuestos que se tendrían que pagar en el futuro, por definición,
todavía no se han pagado y por ello no estarían disponibles en el
presente. (...)
Resumiendo nuestro razonamiento: si en 2009 Cataluña hubiera sido
independiente, la Generalitat se hubiera quedado con los 46.195 millones
de impuestos pagados al Estado y habría gastado 45.403 millones en los
servicios que el Estado prestaba en Cataluña. El resultado de la
independencia sería, pues, disponer de 792 millones “contantes y
sonantes” de más.
Los 16.409 millones no aparecen por ninguna parte. Ciertamente no aparecen “en efectivo, encima de la mesa del conseller”
como afirma una crítica publicada en Ara, un periódico de ideología
independentista. Lamentamos que no se haya publicado en EL PAÍS, lo que
hubiera dado más difusión y agilidad al debate.
En Ara se fabula
diciendo que esos millones los habría sacado el Estado de la Visa de los
catalanes, pero que con la independencia “estarían disponibles sobre la
mesa del conseller”. Pero si Cataluña fuera independiente, el
Estado no podría usar su Visa. Y si es Cataluña la que usa su Visa es el
equivalente de endeudarse.
Sin hacerlo, lo único que habría sobre la
mesa del conseller es el saldo observado de 792 millones. Y
además tendría que financiar la producción de los servicios públicos
generales que el Estado suministraba desde fuera de Cataluña.
Los autores de esa crítica “encuentran” los 16.000 millones en los
recursos futuros que el ejercicio de la neutralización añade a los
presentes. Nosotros, como la CatDem, pensamos que este ejercicio “no
tiene sentido” cuando se trata de medir la capacidad de autofinanciación
de Cataluña como estado.
Así, la Fundació CatDem estima “la ganancia que obtendríamos como
Estado independiente en 2009 hubiera sido de 922 millones de euros”, una
cifra muy inferior a los 16.000 que gran parte de la opinión pública
catalana parece estar convencida de que sería el beneficio inmediato e
“inmutable” que produciría la independencia.
Este es un tema importantísimo y el Gobierno español debiera
propiciar su debate. Nosotros hemos querido contribuir a ello a través
del reducido espacio de estos artículos cuya publicación agradecemos
mucho." (
Josep Borrell /
Joan Llorach
, El País, 31 ENE 2014)
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