"Este martes, Barroso ha respondido reiterando que no se pronunciará
oficialmente salvo que el Gobierno le detalle una ‘situación concreta’.
El presidente europeo ha indicado que ‘no le corresponde a la Comisión
manifestar una posición sobre cuestiones de organización interna relacionadas con las disposiciones constitucionales de los estados miembros‘, por lo que sitúa la legalidad en las normas democráticas aprobadas en España.
Barroso, además, ha advertido de que ‘ciertas hipótesis, como la
separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo
Estado, no tendrían carácter neutro en relación con los Tratados de la UE’, haciendo referencia así a las normas de la Unión Europea, que dejan claramente establecidos los procesos de acceso a la UE.
En esta línea, en la respuesta de la Comisión se ha indicado que si el Gobierno de España, u otro, pidiera al detalle la posición de la UE y las consecuencias legales de una posible secesión se haría siempre ‘con arreglo a la legislación de la UE’.
Y, por lo tanto, ‘en lo relativo a la cuestión general de la adhesión
de los estados a la Unión Europea’, la Comisión ha recordado ‘que este
proceso debe ajustarse plenamente a las normas y
procedimientos previstos en los Tratados de la UE’. Un proceso recordado
en otras ocasiones por miembros de la Comisión Europea.
Los eurodiputados nacionalistas habían pedido a la Comisión que esta
se pronunciase sobre si consideraba que son los ciudadanos y no los
estados ‘los titulares de los derechos de identidad o ciudadanía’,
así como que explicara cómo podía ser que una expulsión de un país
supusiera la pérdida de la condición de ciudadano de la UE para ‘una
nueva entidad estatal’ que mostrase su voluntad de ser miembro de la UE.
En este sentido, los cuatro eurodiputados españoles han preguntado a
Barroso: ‘¿Cómo piensa afrontar la Comisión posibles procesos de este
tipo si, junto a la secesión, la ciudadanía implicada apuesta
expresamente por continuar en la UE?’.
El 21 de septiembre, Tremosa y
Romeva han entrado otra pregunta -aún no respondida- a la Comisión Europea concretando el tema de la hipotética autodeterminación de Cataluña.
La Unión Europea ha cerrado, una vez más, cualquier pretensión de los
partidos nacionalistas a que les apoyen en sus reivindicaciones
secesionistas. Hace solo dos días, Viviane Reding
ha recordado que “Cataluña no sería automáticamente un nuevo Estado de
la Unión Europea porque sería un nuevo Estado”, en caso de
independencia.
La vicepresidenta y comisaria de Justicia de la Comisión Europea, ha
reiterado que “el Tratado [de la UE] es, en este sentido, relativamente
claro: en caso de que Cataluña decida separarse [del resto] de España y
construir un Estado independiente debería presentar una solicitud de acceso a la Unión“. Una posición, clara y diáfana, que ya manifestó por carta al Gobierno de España hace solo unas semanas.
De todas formas, no es algo nuevo. En junio pasado,
ante una propuesta de Iniciativa Ciudadana promovida por Reagrupament y
Òmnium Cultural para ‘garantizar la continuidad de la ciudadanía
europea para los ciudadanos de un nuevo Estado surgido por un proceso de secesión de una región de un Estado miembro de la UE’ -que
fue rechazada-, esta ya advirtió de que, en caso de secesión, el nuevo
Estado tendría que negociar su acceso a la Unión como cualquier otro
país aspirante.
Y, anteriormente, tal y como recordó recientemente Josep Borrell, la Comisión en el año 2004 dejó
claramente y “con mucho sentido común” que un nuevo “ente político no
es miembro automáticamente de la UE” y este tendría que “pedir la
entrada”. Así, el nuevo Estado tendría que “pasar por el procedimiento
de pedir la adhesión, que, como ustedes saben, necesita la unanimidad de todos los miembros del club”. (lavozdebarcelona.com, 13/11/2012)
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