26/9/11

La Generalidad impuso 233 multas por no utilizar el catalán, en 2010

"Estas sanciones son contrarias a la ley, tal y como dictó el Tribunal Constitucional, en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía: ‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas’. (...)

La Generalidad sigue aplicando las multas lingüísticas a los ciudadanos de Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) dictó, en la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de 2006, que las sanciones por motivos lingüísticos (el uso de una u otra lengua oficial de Cataluña) no son legales.

Según el último informe de Política Lingüística, la autonómica Agencia Catalana de Consumo aplicó 233 expedientes sancionadores a empresas, durante 2010, por utilizar no utilizar el catalán en sus comunicaciones privadas. (...)

Por lo que, si los 233 expedientes son recurridos ante el Alto Tribunal la Generalidad deberá devolver el dinero, más intereses, a los empresarios y pagar los costes del proceso judicial, por no aplicar las normas acorde a la ley. El Alto Tribunal, además, dejó abierta la puerta a que se recurrieran las leyes autonómicas que se derivan de la incorrecta aplicación del Estatuto en materia de multas o sanciones lingüísticas.

Así ha ocurrido con el Código de Consumo de la Generalidad y la Ley de Cine, que establecen sanciones para los empresarios que no utilicen el catalán, y sí lo hagan en español, por ejemplo. (...)

La Agencia de Consumo de la Generalidad ha recaudado, solo en 2010, 218.825 euros gracias a las multas lingüísticas. En 2009, las sanciones fueron 151 (recaudando 147.350 euros); en 2008, 209 multas (208.200 euros de recaudación); y en 2007 se pusieron 733 multas lingüísticas que dejaron en las arcas de la Administración autonómicas 2,9 millones de euros.

Todo indica que las multas lingüísticas serán anuladas por los tribunales en cuanto se pronuncien. La decisión de aplicar este tipo de multas, que sanciona el uso solo de uno de los dos idiomas de Cataluña (el español), pero no el uso solo del otro idioma (el catalán), fue tan polémica que incluso el propio PSC, que las ha aplicado durante los siete años de gobierno, anunció en la campaña de las pasadas autonómicas que reconsiderarían la medida puesta en práctica, gracias a una ley aprobada durante el pujolismo." (lavozdebarcelona.com, 23/09/2011)

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