R. En la práctica totalidad de los casos conocidos las víctimas han aparecido en momentos posteriores a la resolución final del conflicto. Ha sido muy habitual en este país establecer comparaciones con el caso irlandés. Pues bien, cualquier observador atento de la realidad norirlandesa sabe que el acuerdo de Viernes Santo reparó en la existencia de las víctimas a última hora y de una manera casi anecdótica.
Una frase perdida en mitad del documento. Aquí sabemos desde hace tiempo que las víctimas deben ocupar un espacio moral y simbólico. Ello permitirá, sin duda, que el proceso de final de violencia las visibilice y cuente con su opinión.
P. ¿Cómo han de ser tenidas en cuenta las víctimas?
R. Las víctimas deben ser los notarios que velen por la autenticidad de un final que aspire a terminar bien. Son los fedatarios de la deslegitimación social, moral y política del terrorismo. Las que levantan el acta de que nunca hubo, hay ni habrá justificación para el asesinato de nadie.
Pero para que den su visto bueno a cualquier proceso deben concurrir circunstancias, unas condiciones de comodidad. Memoria, justicia y reconocimiento del daño causado. Si falta cualquiera de ellas, el fantasma del precio político asomará indolente y las víctimas se convertirán en damnificadas de una paz que no sienten suya.
P. ¿Qué le parece que algunas asociaciones de víctimas exijan por escrito el rechazo a cualquier diálogo con ETA?
R. No me parece razonable porque no creo que el preámbulo de una ley sea el sitio adecuado para incorporar reivindicaciones de esa naturaleza. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, porque olvida algo esencial en una democracia: la política antiterrorista es responsabilidad exclusiva de los poderes públicos, en este caso del Gobierno, que han de ejercerla con el límite de la ley, como es propio en un Estado de derecho.
Son los poderes públicos los encargados de velar por el interés general y esto es válido también para la política antiterrorista. A mayor abundamiento, hoy por hoy el acuerdo sobre esta materia entre los principales partidos proporciona un grado de confianza a la ciudadanía que es preciso proteger y cuestiona seriamente la pretensión planteada.
No es sensato en un tema tan delicado y tan trascendente para el bien común promover la desconfianza hacia los poderes públicos.
P. ¿Qué le parece la expresión de Mayor Oreja de que las víctimas siempre tienen razón?
R. Es una ocurrencia tan desafortunada como aquella otra de que ETA siempre dice la verdad. Felizmente, nos podemos equivocar. Las víctimas no siempre tienen la razón, pero también es verdad que tienen razones que hay que considerar y valorar.
P. ¿Cree que las víctimas deben condicionar la actividad del Ejecutivo y presionar a la justicia para que sus verdugos cumplan las penas en su integridad?
R. Es comprensible que algunas víctimas sientan preocupación por la suerte de sus verdugos. Pero hay otro tipo de desconfianza que tiene que ver con cierta atmósfera que se pretende crear deliberadamente para condicionar la política penitenciaria del Gobierno.
O la acción de la justicia. Y a esto digo que no. Las decisiones que se toman en este ámbito son adoptadas en el ejercicio de una responsabilidad intransferible, que, no tengo duda, están alentadas por la consecución del bien común y que tienen como único límite infranqueable el respeto a la legalidad vigente.
P. ¿Cree posible la reinserción de los etarras?
R. Creo posible la reinserción de cualquier condenado por delitos graves, no solamente de terroristas. Y lo creo porque estoy convencida de que incluso el asesino de mi marido debe contar con una segunda oportunidad, una vez haga los deberes que se le impongan y muestre una ruptura clara con la violencia y con lo que supone.
La política penitenciaria que no se afane en ofrecer la reinserción a los condenados se convierte en pura venganza." (MAIXABEL LASA: "Las víctimas no deben condicionar la política antiterrorista del Gobierno". El País, 09/11/2010,p. 14)
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