Desde el Departamento de Salud de la Generalidad han reconocido los hechos, pero han señalado que la decisión “no responde a medidas de ajuste económico” (cada comunidad se hace cargo de las recetas emitidas y canjeadas en ella), sino a un deseo de “minimizar el riesgo para este tipo de pacientes”, ya que “el hecho de recetar sin tener acceso al historial médico del paciente es un riesgo que debe evitarse”.
El gerente de la región sanitaria del Campo de Tarragona, Joaquim Pallejà, ha confesado que desde hacía meses los médicos de su zona se quejaban porque en la época de verano la demanda de recetas en los ambulatorios aumentaba de manera vertiginosa, consumiendo “una tercera parte de su tiempo”, lo que “impedía que los profesionales pudieran atender otras urgencias como la atención a patologías agudas o a enfermos descompensados”. (lavozdebarcelona.com, 15/10/2010)
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