"El acoso que denuncia la familia de Canet de Mar (Barcelona) por reclamar más horas lectivas en castellano tiene precedentes. En 2015 se produjo un caso idéntico en Balaguer (Lleida) y, en aquella ocasión, la familia acabó renunciando a la aplicación de la sentencia, cerrando un negocio y enviando a sus hijos a estudiar a 30 kilómetros tras sufrir la presión vecinal e institucional. Han pasado seis años desde entonces, los menores siguen estudiando lejos de su casa y los padres han renunciado a pedir más enseñanza en castellano para ellos.
Ana Belén Moreno fue la madre que llevó la educación de sus hijos ante los tribunales. “En el parvulario vi que todo era en catalán. Me dijeron que tenía que esperarme a primero y ya vería cómo adquirían el nivel. Me habían tomado el pelo. El libro de castellano era ridículo. Siempre digo lo mismo: era como quien va el primer día de clase a estudiar chino. Busqué alternativas pero no había, y por eso acabé recurriendo a la justicia”, recuerda Moreno.
A principios de septiembre de 2015 se conoció la noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenaba que el aula de P5 (infantil) y la de segundo de primaria —en las que estudiaban los hijos de Moreno— del colegio Gaspar de Portolà de Balaguer impartieran el 25% de clases en castellano. “Faltaba una semana para que empezaran las clases y ya me llegaban mensajes de que había amiguitos de mis hijos a los que sus familias les habían prohibido jugar con mis niños. Yo tenía un bar con un chiquiparc, el Petit Mon se llamaba. Empezaron a anularme cumpleaños contratados semanas antes”, prosigue Moreno. Rememora aquellos días como una caída hacia el ostracismo: “Era el año 2015, con todo aquel caldo de cultivo independentista, y vi que mis hijos se quedaban solos y sin amigos”.
Se convocaron manifestaciones en la puerta de la escuela. “Nos señalaron. El delegado de educación de la Generalitat en Lleida estuvo presionándome cinco horas en mi negocio, contándome las virtudes de la inmersión lingüística catalana. Llegué a temer por la integridad de mis hijos y decidí renunciar a la aplicación de la sentencia y enviarles a Lleida a estudiar en otro colegio”, recuerda la mujer.
Al final, ella tuvo que cerrar el negocio, al que ya no iba nadie. “Hoy sé que es una utopía estudiar castellano en Cataluña. Puedo estudiar en el Liceo francés pero no en castellano. La familia de Canet se enfrenta a una lucha contra gigantes, a presiones y a pasarlo mal solo por reivindicar el derecho de sus hijos”, concluye." (Alfonso L. Congostrina, El País, 11/12/21)
"La familia de Balaguer que pidió clases en castellano cambia de centro. La madre asegura que el nuevo colegio proporcionará atención psicológica a los menores que están afectados por la presión social.
La familia del Balaguer (Lleida) a la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) otorgó un 25% de clases en castellano para sus dos hijos ha anunciado esta mañana que cambian de centro escolar.
El pasado jueves, la familia renunció a la aplicación de la sentencia debido “a las presiones" que recibieron de los vecinos del municipio, aseguró entonces la madre. Ayer, los dos niños no empezaron el curso junto con el resto de sus compañeros de la escuela Gaspar de Portolà. Su progenitora se excusó asegurando que no quiere exponerlos a la presión social ni de los medios de comunicación que había en las puertas del centro. Al final se desconvocaron las protestas programadas delante del colegio y no se repitieron las imágenes del pasado 7 de septiembre cuando medio millar de personas se manifestaron defendiendo el modelo de escuela en catalán.
La madre de los menores ha confirmado esta mañana que ha cambiado de centro aunque no ha querido dar pistas de dónde irán los menores. La familia intenta así preservar la identidad de sus hijos. “No quiero que estén en el Gaspar de Portolà, creo que el colegio ha revelado los datos de mi familia y ha vulnerado los derechos de mis hijos”, denuncia.
La madre ha asegurado que el nuevo centro – del que no ha querido decir si será público, concertado o privado- proporcionará soporte psicológico a sus dos hijos, que comenzarán P5 y segundo de primaria, durante el periodo de adaptación. Un soporte que considera indispensable después de la “presión a la que se han visto expuestos estas semanas”.
Se trata de la segunda familia que abandona la escuela después de haber conseguido una sentencia del TSJC que obliga a los centros a ampliar el número de horas lectivas en castellano. El alto tribunal catalán también obligaba a la Escola Pia Santa Anna de Mataró (Maresme) a dar un 25% de clases en castellano pero ayer anunciaron que los dos hermanos de la familia demandante, al igual que la familia de Balaguer, ha cambiado de centro." (Alfonso L. Congostrina, El País, 15/09/21)
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