"(...) el secesionismo es per se reaccionario y antidemocrático, en
tanto que defiende la insumisión fiscal de las clases propietarias
autóctonas.
Esto era evidente hasta hace poco, pero desde que se propagó
la ideología neoliberal defensora del propio interés, el nacionalismo
se ha contagiado por doquier, como revelan el Brexit o el America First
de Trump. Un neoliberalismo político que se resume en el supuesto
derecho a decidir, versión a escala colectiva de la libre elección
personal.
Como eslogan, “el derecho a decidir resulta imbatible”, se lamentaba
Rubalcaba, y muchos lo tomaron como si fuera un artículo de fe. Tanto
que hasta el prudente Urkullu ha osado incluirlo en su propuesta de
reforma del estatuto vasco.
Pero el derecho a decidir in abstracto, como a priori
democrático, no resiste ningún análisis crítico, pues no se tiene
derecho a decidir nada que afecte a los intereses y los derechos de los
demás.
Esta es la posición que nos dejó escrita John Stuart Mill en su
libro Sobre la libertad: “El poder debe actuar sobre un miembro de una comunidad para evitar que perjudique a los demás”
El derecho a decidir no se puede aplicar si hacerlo implica perjudicar a
otros. Y pretender extenderlo sin límites a cualquier decisión
colectiva, como ocurre con el derecho de autodeterminación, es
antidemocrático.
Sin embargo, el derecho a decidir goza del apoyo de cierta izquierda
iconoclasta que se deja seducir por su aureola de insumisión
antisistema. Esto es explicable en ERC, de supuesto izquierdismo con
base pequeñoburguesa, pero no lo es en la izquierda que insiste en
sostener la autodeterminación de los pueblos.
Hace poco, un diario digital progresista organizó un debate planteando el
dilema de si el secesionismo es compatible con la solidaridad de clase
defendida por la izquierda. Objetivamente, la separación de España
implicaría quebrar el compromiso de las clases asalariadas catalanas con
las españolas.
Y frente a esa evidencia, la única justificación que se
opuso fue que si los asalariados españoles no se solidarizan con los
marroquíes, ¿por qué habrían de hacerlo los catalanes con ellos? Pero
esta argucia encierra una falacia, pues españoles y marroquíes no
comparten un mismo Estado de bienestar que les proteja en común.
Mientras que los catalanes sí lo comparten con el resto de españoles, y
separarse de España significaría su quiebra.
Para justificar el derecho a decidir se lo compara con el divorcio, una
falacia porque la secesión no implica romper una relación bilateral sino
multilateral, planteando un problema de acción colectiva. Por eso es
mejor compararlo con las comunidades de propietarios que comparten un
mismo edificio común, como sucede con el Estado de bienestar.
Pues bien,
la Ley de Propiedad Horizontal, que regula las relaciones entre
copropietarios, también prohíbe el derecho a decidir en su artículo 7
(equivalente al principio antes citado de Stuart Mill): “El propietario
de cada piso sólo podrá modificar los elementos arquitectónicos de aquel
cuando no altere la estructura del edificio”.
De ahí que para reformar
una vivienda se necesite el permiso de la comunidad, igual que la
eventual secesión de una parte de España precisaría de su aprobación a
escala estatal. Y por lo mismo, los catalanes solo tienen derecho a
decidir mientras no perjudiquen la estructura del Estado de bienestar
que comparten con el resto de españoles.
Por lo tanto, reconocerles su
derecho unilateral a la secesión no sólo es antidemocrático sino
contrario al compromiso solidario de la izquierda." (Enrique Gil Calvo, El País, 15/04/18)
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