"(...) El debate sobre la viabilidad de un Estado catalán suele derivar de la diferencia entre los ingresos fiscales extra
que obtendría y los gastos que debería asumir por la pérdida de
economías de escala y, en especial, por los llamados costes de
transición. (...)
Y si bien todos los economistas asumen esos costes, la principal
discrepancia está en cuánto ascenderían y en el tiempo en el que se
prolongarían. Ahí el economista Miquel Puig consideró que el grueso de
estos costes se producirá hasta que se llegue a un acuerdo con el
Gobierno central, mientras que el exministro Josep Borrell
extendió ese desgaste hasta que la Unión Europea acepte a Cataluña como
Estado miembro. “Lo dijo [la vicepresidenta de la Comisión] Viviane
Reding, que nos va a llevar una generación”, avisó.
Ante un auditorio abarrotado, Puig resumió los costes en el boicot a
los productos catalanes por parte del resto de España, en el “efecto
frontera” y en “la salida de la Unión Europea y el euro”.
El economista
consideró que ambos tienen un “impacto muy modesto” y si bien admitió
que la independencia supondría la “salida automática de la UE” una vez
Cataluña fuera reconocida por España, se “impondrían dos cosas” para
evitar una situación de inestabilidad en el continente: “el euro y
superávit fiscal. Que pague y que pague en euros”.
“El problema es el proceso de transición para llegar al estado
estacionario”, advirtió Borrell. El exministro insistió en que el
problema no sería una eventual salida, sino la entrada. Porque, recordó,
Cataluña no está en el listado de estados miembros que recoge el
artículo 52.1 del Tratado de la Unión Europea. Y a su juicio, Cataluña
no saldría de la UE porque nunca ha entrado. (...)
“La modificación de los tratados es adoptada por unanimidad. Mientras
tanto estaremos fuera. Algunos dicen que no pasará nada, que no habrá
problemas comerciales, que seguiremos en el euro y que los bancos
tendrán acceso a la liquidez del Banco Central Europeo. Wishful
thinking”, alertó.
Las discrepancias también se trasladan a la cuestión de cómo debería
repartirse la deuda entre la Administración central del Estado y la
Generalitat. La decana de la facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Barcelona, Elisenda Paluzie, advirtió de que en caso de
“una separación no amistosa” Cataluña solo debería asumir la deuda de la
Administración catalana y los ayuntamientos.
“Solo deberá quedarse con
una deuda equivalente al 30% del PIB. No se asumirá ninguna deuda si hay
veto para pertenecer a la UE. La principal interesada en llegar a una
solución acordada es España”, aseguró.
A su lado, el exdirector de la Bolsa de Barcelona José Luis Oller
consideró todo lo contrario. Oller señaló que para que “una economía
moderna funcione con eficiencia debe tener estabilidad monetaria,
política y jurídica y solvencia del Estado”.
Y en este último apartado,
dijo que a la deuda catalana, de 60.000 millones, deben sumarse 180.000
millones correspondientes al peso de la economía catalana en España y el
valor de los activos que tiene el Estado en Cataluña, de 50.000
millones. En total, 290.000 millones, el 145% del PIB”, avisó.
El tercer gran asunto fue el ahorro o el coste extra. Paluzie se
valió de los informes de Núria Bosch y Marta Espasa para apuntar que un
Estado catalán tendría unos ingresos extra de entre 12.000 y 20.000
millones.
Borrell juzgó que esos cálculos se quedan cortos e indicó que
si se tienen en cuenta todos los costes que el Estado presta y que
debería asumir Cataluña ahora “estaríamos pagando uno o 1,5 puntos más
de lo que nos tocaría si pagáramos por renta y recibiéramos por
población. ¿Vale la pena?”, se preguntó.
Al final del acto, Marina Geli preguntó por el impacto en el España
de la independencia de Cataluña. “Para España sería una catástrofe”,
dijo Borrell. Miquel Puig coincidió. “Muy desgraciadamente, los costes
serían negligibles para Cataluña, pero no para España”, dijo. Paluzie
sostuvo, en cambio, que a largo plazo saldría ganando porque evitaría
las “tensiones políticas ” que hoy se dan." (
Lluís Pellicer
Barcelona
, El País, 1 ABR 2014)
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