"Ahora, después de la resaca del 11S, aunque parezca una
contradicción, quien tiene un problema, por si tenía pocos, es Artur Mas
y CiU, por extensión, ya que se han visto desbordados
por la fuerza del independentismo. No obstante, es el presidente
autonómico y su coalición gubernamental los mejor colocados para recoger
los frutos de esa fuerza popular.
Para empezar, los nacionalistas catalanes deberán cambiar de pareja
en el Parlamento autonómico. Hasta ahora como escribe el periodista
Enric Company, el sostén parlamentario de este Gobierno autonómico son
los diputados del PP que presume de su nacionalismo españolista y eso da
a la política catalana un punto de surrealismo muy celtibérico.
Por su parte, Alicia Sánchez-Camacho ya ha anunciado que retiraría el
soporte a CiU de persistir en su deriva soberanista. Por tanto, Mas
deberá buscar otras compañías y éstas, por razones aritméticas y de
proyecto, no pueden ser otras que ERC.
Y los republicanos, si no se
arrugan, pedirán a cambio de sus votos cuatro cosas nada fáciles
de cumplir para CiU, que son: creación de la hacienda propia, no más
recortes, recuperación del Impuesto de Sucesiones en le tramo más alto y
transparencia democrática.
Pero eso será tan sólo una pequeña degustación -y no la más amarga-
del largo trago que deberán metabolizar los nacionalistas catalanes si
quieren iniciar su camino a Ítaca.
Después vendrá la
materialización del rescate que el consejero de Economía y Conocimiento,
Andreu Mas Colell (CiU), ha pedido a España (más de 5.000 millones de
euros) y eso significa, se quiera o no, pérdida de soberanía." (...)
De manera prácticamente simultánea, Mas deberá ir a Madrid para
presentar a Mariano Rajoy su propuesta de pacto fiscal y no parece que
éste esté por aceptar un pacto en el que no cree y para el que no hay dinero,
pero es que además el sistema de financiación de las CCAA se ha de
revisar en 2014.
En consecuencia, es razonable pensar que el presidente
del Gobierno le dé largas. A la vuelta del viaje a la capital del reino
se deberá enfrentar a las resoluciones que los partidos independentistas
presentarán –como ya han anunciado- en el debate sobre la situación
política que se celebrará a fínales de septiembre y que, como es lógico,
serán netamente pro secesionistas.
Con este paisaje de fondo y la capacidad de movimiento cada vez más
limitada, es muy plausible pensar que el presidente autonómico convoque
elecciones en primavera, convirtiendo la cita en un plebiscito.
Entonces será el momento para explicar que si Cataluña declara su
independencia quedará fuera de la Unión Europea. En ese caso habría que
solicitar la adhesión y seguir las pautas establecidas en los tratados,
lo que supone esperar entre 5 y 10 años y luego el acuerdo unánime
de los socios para lograr el ingreso.
Mientras tanto, aquí no
recibiríamos ni un euro de los fondos de cohesión y los productos
catalanes serían grabados con aranceles por los otros países. Total, un
panorama tremendamente halagüeño y prometedor.
Llegados a este punto, las palabras del profesor José Luís Álvarez adquieren más sentido que nunca, cuando dice:
"... en Cataluña los que mandan son unos cuatrocientos, que se encuentran en
los mismos sitios, que son como una familia, parientes o no. La independencia consolidaría definitivamente la hegemonía de esta élite tradicional.
No sólo de ella. También la de las clases medias afiliadas a la misma, a
las que pertenecen los miles de cargos y políticos de la Generalidad
catalanista, y los miles de consultores, proveedores y empresarios que
viven directa o indirectamente de la Administración autonómica.
Lo que
se juega con la petición de pacto fiscal-y-si-no independencia es,
además de una de las posibles soluciones a los problemas económicos de
Cataluña, el grado de monopolio que, en la globalización, éstas clases
tendrán sobre la captura de ese valor añadido”. (lavozdebarcelona.com, 13/09/2012, Bernardo Fernández Martínez)
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