"El privilegio navarro es algo así como el pufo vasco, solo que en versión españolista. Nos lo acaba de decir Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, la semana pasada en un memorable artículopublicado por El Mundo.(...)
Digo que el privilegio navarro es la versión españolista del pufo vasco por tres motivos.
Uno, porque el sistema del Convenio Económico es, en lo esencial, el mismo que el del Concierto Económico de
los vascos; y su cierre –es decir, la contrapartida a la capacidad de
navarros y vascos para recaudar los impuestos convenidos o concertados–
es idéntico, aunque en un caso se llame Aportación y en el otro Cupo.
Dos, porque, coherentemente con lo anterior, durante la etapa
democrática reciente los navarros han ido negociando lo suyo al rebufo
de lo de los vascos, exigiendo en todo momento lo mismo que habían
conseguido los representantes nacionalistas de estos últimos.
Y tres,
porque así lo sostienen los foralistas y así lo expresa su actual
presidenta en el artículo de marras: los navarros, “frente a los
continuos alardes y provocaciones de los nacionalistas –se refiere a los
herederos vascos del aranismo– (…) optaron tradicionalmente por
defender sus derechos y ser solidarios con el resto de la nación, y
fueron articulando esta estrecha relación a través del pacto o convenio
en las distintas épocas y regímenes que ha atravesado el viejo Reyno de
Navarra en España”.
Olvida, por cierto, doña Barcina que el Reino de
Navarra desapareció el mismo día y a través de la misma norma jurídica
que reguló la primera “contribución de Navarra a los gastos de la
Hacienda Real”, pues en efecto fue la Ley del 16 de agosto de 1841 la
que convirtió ese reino en provincia de España. (...)
Aclaremos a los lectores qué es eso del Convenio Económico de Navarra.
Se trata de una ley aprobada en Cortes por la que el Estado transfiere a
la región la capacidad recaudatoria de los impuestos convenidos –que no
son todos los existentes–, así como una limitada capacidad normativa
sobre ellos, bajo dos restricciones generales: una, que la denominación,
estructura y características de los impuestos convenidos sean las
mismas que las reguladas por el Estado; y dos, que la presión fiscal en
Navarra sea la misma que en el resto de España.
A cambio de esa
capacidad de gestión fiscal, el Gobierno de Navarra debe pagar al Estado
una Aportación anual con la que cubrir el coste de las competencias que
éste ejerce y que no han sido transferidas a la Comunidad Foral –por
ejemplo, las de relaciones exteriores, defensa, supervisión monetaria,
vigilancia de fronteras, orden público, etcétera–.
Y aclaremos también
que es en este cierre del sistema foral donde radica la trampa del
Convenio, pues la Aportación –que se aprueba por ley estatal cada cinco
años– está calculada de manera engañosa, de modo que su cuantía
infravalora sistemáticamente lo que realmente Navarra debería pagar al Estado.
La presidenta Barcina dice en su artículo que su región “aporta al
resto de España la parte que [le] corresponde de los gastos generales
del Estado”; y menciona la cifra de 551 millones para este año. Esta
cifra es, en efecto, casi la misma que aparece en la ley de 2007 que
determinó la última metodología aprobada para el cálculo de la
Aportación –553 millones, en concreto–.
Pero, como mostré en mi libro
sobre La crisis de la España fragmentada,
esta cifra es, al menos, 700 millones de euros inferior a la que, de
haberse utilizado los datos reales y no los inventados por los políticos
acerca del déficit público, tendría constar en esa ley.
Y añádase a
ello el problema que se ha suscitado con las desgravaciones del IVA al
grupo Volkswagen por los vehículos que, fabricados en Navarra, se
exportan a otros países desde Cataluña; unas desgravaciones que suman la
bonita cifra de 400 millones anuales.
O sea, que si nos ponemos
estrictos y no nos inventamos historias, la Aportación de Navarra
tendría que ser –entérese bien, doña Barcina– del orden de 1.600
millones al año y no sólo un tercio de esta cifra. Claro que si, como
ella dice, lo que ahora pagan –o sea, los 551 millones– supone “el 18%
de nuestro presupuesto de ingresos fiscales”, me temo que, para hacer
frente de verdad a la solidaridad debida por los navarros al resto de
los españoles, la señora presidenta tendría que utilizar algo más de la
mitad de los recursos que recauda la Hacienda foral.
¿Qué ocurriría con la financiación autonómica de Navarra si este último supuesto tuviera lugar? Pues es muy sencillo: que Navarra se parecería a las demás comunidades autónomas y
dejaría de situarse en una posición de privilegio. Las cifras son
bastante claras: actualmente el Gobierno de Navarra dispone para sus
gastos de 4.908 euros por habitante; y si su Aportación fuera la que
debe ser, entonces sólo le quedarían 2.263 euros por habitante. O sea,
en este último caso la financiación per cápita de Navarra sería casi
igual a la media de las regiones de régimen común.
¿Y qué nos dice Yolanda Barcina sobre todo esto en su artículo? Pues
que Navarra es solidaria con el resto de España porque, en las balanzas
fiscales de las comunidades autónomas que publicó Zapatero en 2008, “el
resultado siempre es que Navarra es una contribuyente neta al conjunto
de España”.
O sea, que se sale por la tangente y, de paso, enmaraña los
conceptos confundiendo el saldo fiscal con la Aportación y, de paso, con
la solidaridad. Comprendo que, habiendo estudiado Farmacia, la señora
Barcina no sea ducha en los asuntos referidos a las balanzas fiscales,
pero ello no le autoriza a hacer la pirueta conceptual con la que
pretende vender la idea de la solidaridad de Navarra.
Mire usted, doña Yolanda, aceptemos por un momento que el saldo
fiscal es la expresión genuina de este último concepto. En tal caso, lo
que nos dice la balanza fiscal es que, en Navarra, con un saldo de 364,5
millones de euros en el caso más favorable para sus intereses –los
datos son de 2005–, cada habitante de Navarra habría contribuido con
el 2,4 por ciento de su renta.
Pero es que el mismo ejercicio contable
señala que cada catalán lo habría hecho con el 6,7 por ciento de la suya
y cada madrileño con el 9 por ciento de la que le corresponde. Como el
PIB per cápita de Navarra es algo mayor que el de Cataluña y algo menor
que el de Madrid, podríamos pensar que si los navarros hubiesen sido tan
solidarios como los catalanes y madrileños, entonces su contribución
debería haberse situado entre las de ambos.
Pongamos, en términos
proporcionales, el 8,1 por ciento. Entonces, el saldo fiscal de Navarra
habría sido de 1.230,5 millones; o sea, más de tres veces más del que realmente se contabilizó.
¿Se da usted cuenta, doña Yolanda, de que esta es casi la misma
proporción que la que, como he destacado unos párrafos más atrás,
guardan la Aportación que aparece en el cheque que usted le firma al
Estado todos los años y la que, si todo en este asunto no fuera un
engaño, debería haber pagado realmente?
Pues vaya tomando nota, porque
con esa apelación que hace usted a las balanzas fiscales no va a lograr
engañar a nadie. Así que déjese de artificios contables y afronte la
única verdad que hay en el régimen foral, y que no es otra que el hecho
de que su configuración implica un privilegio heredado del Antiguo Régimen que los españoles cada vez estamos menos dispuestos a aceptar." (MIKEL BUESA, LIBERTAD DIGITAL 25/06/13, en Fundación para la Libertad)
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