Moreso, ex-rector de la Pompeu Fabra: "El soberanismo ha jugado a crear una realidad alternativa, como Matrix... Pero, ¿qué pasaría al día siguiente? ¿Las grandes empresas pagarían sus impuestos a la Generalitat? No lo harían"... creo que ahora tampoco se pueden entender las razones de un conflicto que ha llevado a tantas personas a un lado y a otro, a personas con las que hemos tenido relaciones estrechas... Es un problema, sí, existen dos comunidades. Para abrir una negociación si no hay diálogo, a partir de algo compartido, será imposible... Lo que se debería hacer es una clarificación de competencias, con impuestos federales

 "Josep Joan Moreso (Tortosa, 1959), fue rector de la Universidad Pompeu Fabra (2005-2013) y es catedrático de Filosofía del Derecho. Respetado por la comunidad académica y política, Moreso se ha involucrado en el problema político catalán, buscando un consenso que parece todavía lejano. Centrado en el estudio de los fundamentos filosóficos de la Constitución, es autor de Constitución, modelo para armar (Marcial Pons, 2009). Presidente de la agencia para la calidad de las universidades catalanas, AQU, y buen conocedor de la política italiana, Moreso considera que se necesita "mitezza", que no tiene una traducción exacta, pero que es una especie de mezcla entre “paciencia más templanza”, o “la capacidad de evitar la ira, y si llega, la capacidad de atemperarla”. Para un profesor centrado en la filosofía del derecho, lo que ha ocurrido es difícil de comprender, y señala que “el soberanismo ha jugado a crear una realidad alternativa, como en Matrix”. En una entrevista con Crónica Global, Josep Joan Moreso apuesta por una reforma constitucional, y por recomponer la situación, sin dejar de criticar a los “intelectuales orgánicos” que han sustentado el proceso, pero también a los que han confiado únicamente en la capacidad del derecho y han “olvidado” la fuerza de la política.

--En todos estos años en Cataluña se han constituido relatos propios que han servido para justificar las posteriores acciones. ¿Cómo se construyen los relatos, que son, además, antagónicos?

 --Soy filósofo del derecho y utilizamos el lenguaje, que es algo esencial. Y, ciertamente, se han creado relatos a medida que se iba avanzando en el conflicto político, y eso ha sido determinante. El Gobierno central, desde hace años, ha decidido afrontar el problema aplicándolo sin apostar por la política, y eso plantea muchas carencias, porque existe un problema político. Hay, también, un incumplimiento constitucional de un principio democrático en contra de todas las voces, en un Estado que es claramente protofederal. Se veía venir desde 2012, pero se acelera con las decisiones en el Parlament en los días 6 y 7 de septiembre. Entonces se decide lo contrario: hacer política marginando el derecho. Yo digo que el derecho sin la política está vacío, pero la política sin él es ciega, y sobre eso estamos. Obviamente, el relato del proceso soberanista ha mostrado mucha resiliencia ante la realidad, porque las cosas que prometía y que eran centrales no se han cumplido. No ha habido reconocimiento internacional, por ejemplo. Muchos decíamos que sin eso no se podía hacer nada, pero parece que no es suficiente para que cambie ese relato.

--El movimiento soberanista ha ido reivindicando la existencia de una doble legitimidad, basada en una nueva legalidad. ¿Cómo se crea una legalidad?

 --Es verdad que la legalidad se soporta sobre la aceptación social, sobre hechos que están más allá de la cuestión jurídica. En la transición, el acuerdo es aceptado por la población, y eso da legitimidad, al margen de la calidad política que existía. Pero aquí se ha jugado con eso. El filósofo Herbert Hart, un intelectual de primera, explicó en su libro El concepto del derecho (1961) que para que un derecho exista en una sociedad es necesario una regla compartida para saber las que rigen el sistema. En España es la Constitución y lo que emana de esa Constitución. Por eso digo y he comentado de forma reiterada que no hay dos legalidades, porque todas las asociaciones de jueces y fiscales, todos, dijeron que la única regla era esa, la Carta Magna. En ningún momento hubo dos legalidades.

--¿Cómo se puede superar esa legalidad, entonces?

--Una legalidad se puede superar a través de una ruptura revolucionaria, cambiando a los jueces. No veo otra forma. Pero, ¿qué pasaría al día siguiente? ¿Las grandes empresas pagarían sus impuestos a la Generalitat? No lo harían. El soberanismo ha jugado a crear una realidad alternativa, como en Matrix. Cuando la CUP dice que se debería aplicar la república, yo pregunto, ¿se dan las condiciones? No se daban, ni se dan, pero eso parece que no cambia la voluntad política.

--Pero el movimiento independentista reclama que se le ofrezca una vía posible cuando tenga una mayoría suficiente. ¿Cambiarían las condiciones con mayorías más sólidas?

--Yo creo que sí, que eso puede ser determinante. Si un día el independentismo tiene el 60% de apoyo, por poner un porcentaje importante, eso creo que provocaría un cambio de otros elementos y facilitaría una opción negociada, como no puede ser de otra manera dentro de la Unión Europea, forzando al Gobierno español a negociar, que podría pasar, incluso, por un referéndum pactado o por otra fórmula. Yo soy muy partidario de la opinión consultiva del Tribunal Supremo de Canadá, de 1998, un documento extenso, serio, bien fundamentado. Responde a tres preguntas del Gobierno del Quebec, sobre si tiene derecho a la autodeterminación según la Constitución del Canadá, o de acuerdo a la legalidad internacional, y, en caso de respuestas diferentes a las anteriores preguntas, ¿cómo resolver el conflicto? La respuesta es no, en los dos casos, y entonces la tercera no se plantea. Pero ofrece una salida: si se reitera en el tiempo esa petición, el Gobierno de Canadá debería abordar la cuestión, y plantear un referéndum con una pregunta clara. Pero se insiste en que no sería vinculante y que se debería negociar, junto con el resto de provincias del Canadá. Las lecciones canadienses lo que nos dicen es que aquí no se ha hecho bien, que se ha apostado por una vía unilateral, pero también nos dicen que el Gobierno central no ha aceptado el problema político, que existe.

--Es decir, que el Gobierno español no se ha tomado en serio lo que ha ocurrido en los últimos años en Cataluña.

--Eso es. Porque hay que analizar el por qué hemos llegado hasta aquí, cuando históricamente el secesionismo nunca ha superado el 20%, y ahora se ha llegado el 48%. Hay muchos factores en juego que no se han tenido en cuenta. La sentencia del Estatut de 2010 es uno de ellos. Pero también una cuestión que resultó muy negativa, y que se ha dejado de lado: las condiciones en las que el PSOE llega al poder en 2004, tras los atentados terroristas. El PP nunca aceptó esa victoria como normal, y negó su legitimidad. En ese momento, se centró en dos frentes, en que los atentados se podían relacionar con ETA, algo indefendible, y en Cataluña, que se dibujaba en el horizonte. En el PP se estableció un debate, mientras el PP catalán quiso participar, con enmiendas a la propuesta del Estatut en comisión, desde Madrid se consideró que era mejor abandonar. El PP catalán argumentó que en ese caso perdería la centralidad, pero en Madrid el PP determinó que, en cambio, lograría la centralidad en el conjunto de España.

--¿Y el PSOE qué responsabilidad tiene?

--El PSOE llega un momento que abandona, que no puede resistir, y decide que el trabajo lo haga el Tribunal Constitucional, que frene el Estatut, y eso tuvo consecuencias importantes. Pero todo se incendia con la crisis económica. Hay que decir, además, que en el relato independentista se ha ido abandonando el discurso economicista. Pero no ha habido autocrítica sobre aquellos mensajes tan duros, que nos hacía a los catalanes muy poco estimables en Europa, donde el independentismo sólo ha conseguido el apoyo de los partidos xenófobos, de ultraderecha. Pero no ha habido autocrítica.

 

--¿Se puede vislumbrar una salida ahora?

--Se ha creado un clima preocupante. Releí en verano El mundo de ayer, de Stefan Zweig, y me provocó una reflexión profunda. Zweig no podía entender que se creara un ambiente prebélico, que provocaría la I Guerra Mundial. No veía las razones por las que se matarían los jóvenes europeos. Y creo que ahora tampoco se pueden entender las razones de un conflicto que ha llevado a tantas personas a un lado y a otro, a personas con las que hemos tenido relaciones estrechas.

--Las decisiones judiciales, ¿lo complican todo más, imposibilitan una solución?

--Hay un uso excesivo de la prisión provisional. Es necesario un gobierno, pero todo está condicionado por los jueces, que impiden cuestiones básicas a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras que les concede la Constitución y que el juez no ha tenido en cuenta. La representación política es el núcleo de la democracia. Creo que los delitos que se imputan no se sostienen. Se intenta construir un relato, porque eso es una instrucción, y se basa en anotaciones en la libreta de un alto cargo, y en el documento Enfocats y distintas reuniones, y creo que eso es frágil.

--Para encontrar soluciones, es necesario antes compartir un diagnóstico, ¿es posible?

--Es un problema, sí, existen dos comunidades. Para abrir una negociación si no hay diálogo, a partir de algo compartido, será imposible.

 --¿Se debería recurrir, aunque parezca algo superado, a aquellas conversaciones entre intelectuales de Madrid y Barcelona de los años cincuenta?

--Tal vez. Particularmente me gusta releer aquellas conversaciones que se produjeron entre un Dionisio Ridruejo y Carles Riba, por ejemplo. En mi etapa de rector de la Pompeu Fabra lo intenté, con la colaboración de cuatro universidades, la Autónoma de Madrid, la Carlos III, la Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Por ejemplo, se puso en marcha un grado compartido de filosofía política y economía para 60 estudiantes. Y fue realmente sorprendente y muy positivo. He sido profesor en este grado, en un seminario he planteado directamente el problema de la secesión. El conocimiento que los estudiantes tienen entre ellos ha hecho, sin duda, que los catalanes comprendan mejor la opinión de los no catalanes y viceversa. También lo intentó el exconsejero Antoni Castells, reuniendo gente como Josep Maria Colomer con Daniel Innerarity o Álvarez Junco y Emilio Lamo de Espinosa.

 --¿Se debe implicar, por tanto, mucho más la sociedad civil?

--Yo creo que sí. Personalmente me he sentido interpelado por esa responsabilidad. La academia, a veces, se ha distanciado, pero en mi etapa de rector fui muy consciente de llevar nuestras reflexiones al foro público. La filosofía política es un refinamiento del debate político, pero está conectada, debe estarlo. Si no somos capaces de establecer esa conexión, no tendremos una sociedad vigorosa. En la Pompeu Fabra, en mi etapa de rector, en 2013, se hizo con debates en los que estuvieron presentes todos los posicionamientos: Ángel de la Fuente y Jordi Galí, con Ferran Requejo y Félix Ovejero, por ejemplo. 

--La llamada clerecy, intelectuales, profesores, altos cargos de la administración, ¿qué papel cree que ha jugado?

--Hay una clerecy que ha jugado a favor del proceso, es una evidencia. Pero mi impresión es que en Cataluña hay una sociedad plural, con voces diferentes, algo que se ha negado desde el soberanismo. Y ese mismo soberanismo, ciertamente, ha impulsado una serie de intelectuales orgánicos que sólo aplauden y ponen la letra a la música que suena. Pero no es la única. Desde el soberanismo se insiste en que España es plural, como si Cataluña fuera monolítica, y desde el constitucionalismo se insiste en que Cataluña es plural, como si España fuera monolítica. Afortunadamente la pluralidad está en los dos lados, y esa idea se debe recuperar y potenciar.

 --¿Y por parte de la izquierda española? ¿Se ha impuesto un "contra Rajoy vale todo" que comporta abrazar la causa independentista?

--La izquierda española ha vuelto a reflejar sus contradicciones, con un alma jacobina y una federalista. Es la historia de la España contemporánea. Pero además se ha sumado la idea de que contra el PP todo vale, y es cierto, también, que el cansancio contra el PP es muy grande. Recuerdo a una persona que me dijo que estaba muy contenta de haber votado a la CUP, porque consiguió echar a Artur Mas. Ahora todo vale para echar a Rajoy, pero se ha llegado a un punto en el que el PP no sabe cómo gestionar la corrupción, con un horizonte de gran incertidumbre por la irrupción de Ciudadanos, que ha entrado de nuevo en el debate de la lengua, cuando parecía que lo había superado.

--¿Se puede confiar en una reforma de la Constitución con esa situación?

--Creo que sí, que se deberá resolver con una reforma constitucional. Muchas cuestiones no se podían decir en 1978, cuando no se sabía cuáles serían las autonomías, cuando sólo se tenía en cuenta la provincia. A partir de ahí, se podría entrar en una reforma del Senado y del título VIII de la Constitución en clave federal. Lo que se debería hacer es una clarificación de competencias, con impuestos federales. Un Estado federal, en definitiva. (...)"           (Manel Manchón, Crónica Global, 04/03/2018)

La Corte Suprema de Canadá fijaba condiciones draconianas para celebrar el referéndum... ERC no se ha leído el acuerdo de claridad... La verdad sobre el Acuerdo de Claridad

 "El acuerdo de claridad que propuso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el debate de política general se inspira, como él mismo dijo, en el Acuerdo de Claridad de Canadá, que se creó como respuesta a los dos referéndum de independencia de Quebec y que una de las consecuencias que ha tenido es que desde hace más de veintisiete años no se ha celebrado ningún otro.

Esta norma tiene su origen en el referéndum de 1995 y se basa en la respuesta que la Corte Suprema de Canadá, que también actúa como Tribunal Constitucional, dio a las preguntas planteadas al respecto por el gobierno federal del primer ministro canadiense Jean Chrétien el 1998 y en los debates posteriores.

En el 2000, con el independentismo en contra, el Parlamento canadiense aprobó la ley que sienta las bases para que el Ejecutivo pueda negociar la secesión de una de sus provincias tras un referéndum. El acuerdo deja claro que es necesaria "una pregunta clara y que constituya una mayoría clara" y da todo el control del referéndum en la Cámara de los Comunes de Canadá.

El texto da a la Cámara de los Comunes de Canadá -su equivalente en el Estado español sería el Congreso de los Diputados- la potestad de decidir si la pregunta es "clara". En caso de que considere que el enunciado puede dar pie a confusiones, éste debe reformularse.

También permite decidir cuál es el porcentaje en caso de que ganara el sí. Con este punto, se da a entender que es necesaria una mayoría reforzada, es decir, que un proceso de independencia necesitaría un apoyo bastante más amplio que un 50%.

En definitiva, no dice explícitamente qué mayoría es necesaria y el Parlamento canadiense se reserva, a posteriori, decidir si la mayoría ha sido suficientemente "clara", o bien decir si la pregunta lo ha sido suficiente. Además, tiene el poder de anular una decisión si considera que se han violado algunos de los principios del Acuerdo de Claridad.

Finalmente, y en caso de que una provincia de Canadá como Quebec se posicione a favor de la secesión, el Acuerdo de Claridad de Canadá también establece que es necesario modificar la Constitución y que esto, a su vez, necesita unas negociaciones en las que participen todos los gobiernos provinciales y el propio gobierno de Canadá."                (e-notícies, 27/12/22)

"(...) hay que destacar las alusiones al Acuerdo de Claridad para arreglar el “conflicto político”.

No en vano cita, en un discurso de dos páginas y media, hasta cuatro veces la palabra “conflicto”. En buena parte es un “conflicto” que crearon ellos. Luego lo alimentaron. Ahora piden que Sánchez les saque las castañas del fuego con un referéndum pactado.

¿No decían que el bueno era el del 2017? El "mandato democrático" y toda la pesca. En realidad, el propio Aragonès y presentó una propuesta en el último debate de política general y obtuvo un gran éxito. Sólo lo votó a favor, una vez más, los Comunes. Pese a que La Vanguardia lo vendió a bombo y platillo.

Hablan del Acuerdo de Claridad de Canadá como si fuera una sesión de yoga o de taichi. En cuanto pudiésemos saldríamos más relajados.

Han insistido tanto en lo de “volem votar” que ahora tienen que votar algo.

Lo que no dicen es que, con la Clarity Act, la pelota está en el tejado de la Cámara de los Comunes, el equivalente en España sería el Congreso de los Diputados.

Que la propia ley establece que “proceder unilateralmente” a la secesión -como hicieron- o al “desmembramiento de un Estado democrático” es una cuestión de “extema gravedad”.

Es cierto que admite el derecho a decidir del Quebec pero bajo unas condiciones draconianas que imposibilitan, de hecho, cualquier referéndum.

La prueba es que no lo han vuelto a plantear y que el propio Partido Quebequés se opuso a la ley.

Entre otras cosas porque exige una “mayoría reforzada” para empezar a negociar la secesión. No basta el 51%. También … ¡la reforma de la Constitución!

Y, en caso de secesión, participarían todas las provincias de Canada en las mencionadas negociaciones.

Pero lo más importante -que aquí tampoco dicen- es que la citada “mayoría reforzada” significa que “todos los partidos políticos” con representación parlamentaria en la provincia secesionista tiene que aprobar resoluciones o declaraciones oficiales a favor de la independencia.

La verdad: no imagino al PSC, Vox, Ciudadanos, PP haciendo lo mismo. Ni siquiera los Comunes de Ada Colau.

Fin del debate."                    (Xavier Rius, director de e-notícies, 26/12/22)

El Acuerdo de Claridad permite Tabarnia... El Gobierno de Canadá puede negociar "cualquier modificación de las fronteras de la provincia"... pues se tendrán en cuenta "los derechos, intereses y reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas de Canadá, así como la protección de los derechos de las minorías"

 "El Acuerdo de Claridad de Canadá, que se creó como respuesta a los dos referéndum de independencia de Quebec y que una de las consecuencias que ha tenido es que desde hace más de veintisiete años no se ha celebrado ningún otro, establece que el Gobierno de Canadá podrá en modificar las fronteras de la provincia durante el proceso de negociación para la independencia de la misma.

 El último punto del Acuerdo de Claridad canadiense, que inspiró al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para hacer su propuesta al Parlament durante el debate de política general se inspira; permitiría Tabarnia, la escisión de Barcelona y Tarragona de una supuesta Catalunya independiente y su reingreso en España como autonomía.

La ley de claridad del Supremo canadiense no dice concretamente que todos los territorios o zonas de Quebec con unas características específicas y en desacuerdo con la independencia quebequense, tendrían también derecho a un referéndum para su eventual separación de la provincia francófona, en caso de que consiguiese la independencia de Canadá.

Sin embargo, sí abre la puerta a esta posibilidad, cuando afirma que, si triunfa un referéndum independentista en Quebec, las negociaciones posteriores deberían incluir "las condiciones de separación aplicables a las circunstancias, incluido tanto el reparto de activos y pasivos como cualquier modificación de las fronteras de la provincia". 

Este último punto también pide que se tengan en cuenta "los derechos, intereses y reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas de Canadá, así como la protección de los derechos de las minorías".   (e-notícies, 28/12/22)

El Acuerdo de Claridad canadiense permite Tabarnia... "Introduce un principio tan claro como que si Canadá es divisible, también lo es Quebec"

 "El diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco ha reprochado a Esquerra que ponga los ejemplos de Escocia, Quebec, Montenegro para establecer las bases del acuerdo de claridad que propuso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y que el Parlament tumbó. En este sentido, ha recordado que el Acuerdo de Claridad canadiense permitiría la secesión de una parte de Catalunya en caso de independencia.

Blanco ha denunciado en el debate de las enmiendas a la totalidad a los Pressupuestos que "seguir poniendo como ejemplo de la aplicación del derecho a la autodeterminación los casos de Canadá y del Reino Unido, los casos de Quebec i de Escocia, es de una falta de sentido histórico".

Sobre Canadá, el portavoz naranja ha recordado que los referéndums del 80 y el 85 en el Quebec se "llevaron a cabo sin un marco legal que los habilitase" y ha añadido que "en el año 98, el Tribunal Supremo canadiense emitió un dictamen en el que decía claramente que Quebec no tiene derecho a autodeterminación ni de acuerdo con el derecho interno canadiense ni de acuerdo con el derecho internacional".

"Por tanto, ese principio debe ser aplicado lógicamente a cualquier región de cualquier estado democrático del mundo. También a Cataluña. Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación", ha remachado Nacho Martín Blanco, que también ha hecho referencia al acuerdo de claridad canadiense y ha indicado que "introduce un principio tan claro como que si Canadá es divisible, también lo es Quebec".

Además ha señalado que Stéphane Dion, el padre intelectual de la ley de claridad, dice que "si los canadienses tuvieron que hacer una ley de claridad fue, precisamente, porque no tienen un artículo 2 como el que nosotros tenemos en la Constitución" que se fundamenta "en la indisoluble unidad de la nación española" y garantiza "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran".

Por otro lado, ha expuesto que poner de ejemplo a Montenegro "les deja todavía en peor lugar" porque "cuando la antigua Yugoslavia, después de una guerra cruenta, se escindió en diversos territorios, Serbia y Montenegro sucedió como estado a Yugoslavia, con cláusulas claramente determinadas en las constituciones de las respectivas partes integrantes de esa nueva federación entre Serbia y Montenegro de que la secesión era una posibilidad".

"Y, efectivamente, se acabó produciendo la secesión de Montenegro a través de lo que dijo la Comisión de Venecia. Pero insisto, después de una situación cruenta, de guerra que yo, sinceramente, Dios nos guarde a los ciudadanos de Cataluña de tener nunca algo así. Y estoy convencido de que entre todos seremos capaces de no alcanzar semejantes extremos", ha concluido."                (e-notícies, 15/02/23)

El Tribunal Supremo del Reino Unido emitió la esperada sentencia sobre la cuestión planteada por el gobierno escocés sobre la competencia del parlamento regional para convocar unilateralmente un referéndum vinculante sobre la independencia de Escocia... falló por unanimidad que este tema es competencia exclusiva del Parlamento británico y que, por tanto, el legislativo regional carece de esta facultad... En Catalunya, la noticia sentó como un tiro en los medios independentistas que habían alimentado muchas ilusiones sobre una sentencia positiva que habría favorecido su causa y comprometida la posición del gobierno español... así que si no sirve ni Escocia, ni Quebec, nos valdrá Montenegro

 "(...) Condiciones para la autodeterminación

Pere Aragonès, en el debate de Política General del pasado setiembre, indicó cuáles eran las condiciones para desarrollar la negociación sobre la segunda A (Autodeterminación) en la mesa de diálogo. Sin entrar en excesivas concreciones, planteó una propuesta, que denominó Acuerdo de Claridad, evocadora de la fórmula canadiense, la cual no era la primera vez que aparecía en la política catalana. La Ley de la Claridad canadiense establece las estrictas condiciones a cumplir por el gobierno quebequés para convocar un referéndum vinculante sobre la independencia de la provincia.

Esta fórmula fue defendida por los Comunes en el debate de Política General del 2018, bajo la presidencia de Quim Torra; entonces desde ERC les replicaron que era una “pantalla pasada”, pues en el 1 de octubre de 2017 Catalunya ya se había autodeterminado. No obstante, en junio de 2019, Roger Torrent, entonces presidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, se mostró proclive a estudiar esta opción para resolver el “conflicto político”.

Por otro lado, el 23 de noviembre de 2022 el Tribunal Supremo del Reino Unido emitió la esperada sentencia sobre la cuestión planteada por el gobierno escocés sobre la competencia del parlamento regional para convocar unilateralmente un referéndum vinculante sobre la independencia de Escocia. La pregunta se formuló antes de convocar la consulta prevista por el ejecutivo escocés para el 19 de octubre de 2023. El alto tribunal falló por unanimidad que este tema es competencia exclusiva del Parlamento británico y que, por tanto, el legislativo regional carece de esta facultad. Nicola Sturgeon, líder del Scottish National Party (SNP), manifestó que “aunque estoy decepcionada, acato la decisión del Tribunal Supremo” y sugirió que las próximas elecciones generales podrían plantearse como un referéndum de facto sobre la independencia del país, lo cual recuerda vagamente las autonómicas catalanas “plebiscitarias” del 2015. En Catalunya, la noticia sentó como un tiro en los medios independentistas que habían alimentado muchas ilusiones sobre una sentencia positiva que habría favorecido su causa y comprometida la posición del gobierno español.

Aunque podría decirse que llovía sobre mojado. En octubre de 2020, la Comisión de Venecia, órgano consultivo de la Unión Europea, fundado en 1990 para cuestiones de derecho constitucional, renovó su Guía para la celebración de referéndums donde insistía en su doctrina anterior, según la cual “no se pueden celebrar referendos si la Constitución o una ley Conforme a la constitución no los prevé, por ejemplo, cuando el texto sometido a referendo es de competencia exclusiva del Parlamento.” En 2017, Puigdemont intentó sin éxito recabar el apoyo de la Comisión para el referéndum del 1-O,  que alegó estas mismas razones.

 En cualquier caso, superada la primera fase de la mesa del diálogo, el 12 de diciembre, ERC concretó las condiciones del referéndum de autodeterminación pactado con el Estado, recogidas en la ponencia La vía democrática al referéndum que será sometida a debate y votación en el congreso del partido del mes de enero. Unas condiciones inspiradas en el precedente de Montenegro: censo de todos los mayores de 16 años residentes en Catalunya para responder una pregunta clara. Si la participación fuera superior al 50% y el voto a favor a la secesión superase el 55%, se iniciarían, con la mediación de la Unión Europea, las negociaciones entre los gobiernos español y catalán para materializar la separación. En el tradicional mensaje navideño Aragonès se reafirmó en esta línea y pronosticó que el nuevo año habría de dar forma al acuerdo de claridad para así volver a abrir el camino hacia la autodeterminación de Catalunya.

La reacción de Pedro Sánchez y sus ministros no se hizo esperar. Una cosa es “desinflamar” el grave conflicto institucional permanente entre las instituciones del Estado y las autonómicas y tender puentes en la fracturada sociedad catalana; otra bien distinta es desbordar el marco constitucional reconociendo un derecho que no figura en ninguna constitución democrática del mundo. Con las premuras del ciclo electoral en ciernes y aun caliente el desgaste por la sedición y la malversación, Sánchez tuvo que señalar enfáticamente la línea roja y asegurar que ese referéndum nunca se celebrará. También se canceló la reunión de la mesa de diálogo, que había de celebrarse en Barcelona antes de acabar el año, para evitar una foto desagradable. Además, afirmó que el proceso independentista está acabado, en gran parte gracias a las medidas de gracia de su gobierno, como demostraban las encuestas que indican la caída de los partidarios de la secesión.

Por su parte, Aragonés replicó que si el problema era la Constitución ya se buscaría la manera de cambiarla y que el proceso soberanista no finalizaría hasta que Catalunya no ejerciera su legítimo derecho a la autodeterminación. Ciertamente, ERC no tiene prisa en su estrategia de ampliar la base del independentismo hasta conseguir una amplia mayoría social que le permita plantear en su día un segundo intento para lograr la secesión.

El misterio de la transustanciación

La experiencia de la primera fase de la mesa de diálogo, donde amnistía se transmutó en desjudicialización, nos conduce a preguntarnos cómo se transubstanciará la demanda de autodeterminación. Aquí, la posición del PSC puede proporcionarnos algunos indicios. Los socialistas catalanes siempre han asegurado que rechazan el referéndum de autodeterminación en los términos reclamados por ERC, pero que no excluyen una consulta a la ciudadanía sobre los acuerdos políticos entre los gobiernos del Estado y la Generalitat, siempre dentro del marco constitucional.

Catalunya es la única comunidad autónoma española cuyo Estatuto de Autonomía en vigor no es el aprobado por la ciudadanía en referéndum, sino el enmendado por el Tribunal Constitucional. Una sentencia donde el alto tribunal indicaba los cambios legales que deberían emprenderse para dar su aprobación a los artículos derogados o modificados del Estatut de 2006. Un fallo judicial considerado por el nacionalismo conservador convergente como la ruptura del pacto constitucional de 1978 que dejaba el camino expedito a la autodeterminación de Catalunya y justificaba el tránsito del autonomismo al independentismo.

La segunda de las recurrentes reclamaciones del catalanismo, más allá de las fronteras del independentismo, radica en la reforma del sistema de financiación autonómica, percibido como injusto por amplios sectores de la ciudadanía. Tanto es así que, cuando arreciaba la campaña del “Espanya ens roba” y antes de adentrarse en la ruta secesionista, Artur Mas reclamó sin éxito a Mariano Rajoy un Pacto Fiscal semejante al Concierto Económico vasco.

El gobierno de España, sin traspasar las fronteras del orden constitucional, puede ofrecer, por un lado, un nuevo Estatut con las pertinentes reformas de leyes orgánicas si fuera preciso a fin de remediar la anomalía institucional mencionada; por otro, una solución a la cuestión de la financiación autonómica. En caso de alcanzar un acuerdo, éste sería sometido a referéndum como es preceptivo para los estatutos de autonomía.

Ahora resulta difícil imaginar un punto intermedio entre la reclamación del referéndum de autodeterminación de ERC y las reformas estatutarias y legislativas que puede ofrecer PSOE que ampliarían considerablemente el techo del autogobierno. En cualquier caso, el apretado calendario electoral no permitirá grandes avances en esta delicada cuestión."                        (Antonio Santamaría , El Viejo Topo,  11/01/23)

Xavier Rius: El President nos enreda con el Acuerdo de Claridad... Clarity Act impide, de facto, la celebración de un nuevo referédum con garantías de éxito La prueba es que el Partido Quebequés se opuso. Nunca la ha aceptado. Debate cerrado... El proceso ha terminado suprimiendo la sedición y rebajando la malversación para salvar el culo a una treintena de altos cargos de Esquerra... Pero no era eso, compañeros

 "El presidente nos enreda con el Acuerdo de Claridad.  

No habrá referéndum en el 2023. Ni más adelante. No se han leído Clarity Act. Esquerra debe vender algo a su electorado.  

De entrada deja claro que Quebec no tiene derecho a “proceder unilateralmente” a la secesión. Que "el desmembramiento de un Estado democrático" -nos guste o no España lo es- es "una cuestión de extrema gravedad".  

Sí admite el derecho a decidir de Quebec. Pero, no se engañemos, el Acuerdo de Claridad lo hizo el Tribunal Supremo canadiense. Es evidente que nunca pondrá las cosas fáciles. De hacerse un tercer referéndum -y con las comdiciones fijadas- no era la independencia automática sino que se abriría un proceso para “negociar la secesión”. 

 Ahora bien, para que sea “legal”, es necesaria también “una modificación de la Constitución de Canadá”. Y una eventual negociación, en caso de que ganara el sí, participarían "el conjunto de las provincias de Canadá". Aquí, las comunidades autónomas. 

 La Cámara de los Comunes -el Congreso de los Diputados en el caso español- tiene "un rol importante que jugar" para determinar "la mayoría suficientemente clara" a favor de la independencia. Es necesaria “una mayoría reforzada”. El 51% no sería suficiente.  

Por otra parte, tendría en cuenta "todos los partidos políticos" parlamentarios de "la provincia que quiere la secesión. Aquí, PSC, Vox, Ciudadanos y PP. Incluso los Comunes. ¿Los Comunes están a favor de la indepedencia? Yo creo que ni Jaume Asens. 

 Clarity Act impide, de facto, la celebración de un nuevo referédum con garantías de éxito La prueba es que el Partido Quebequés se opuso. Nunca la ha aceptado. Debate cerrado.  

Pero ya entiendo que Esquerra debe vender algo a su electorado. Insistieron tanto con el “queremos votar” que algo deben ofrecer. El propio Pedro Sánchez ha dejado claro, en su comparecencia que "en la Constitución no se reconoce el derecho a la independencia de ningún territorio". Sí, ya sé que Pere Aragonès, en su mensaje de Navidad, sacó pecho. "Se dijo que era imposible derogar la sedición" y se derogó "Se dijo que era imposible modificar el delito de malversación" y se modificó. Pero un referendo es una línea roja.  

Ciertamente, no cabe en la Constitución. Y Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno. Además nacido en Madrid. Como sus antcesores eran nacidos en Santiago de Compostela (Rajoy), León (Zapatero) o Madrid (Aznar). Es evidente que no estarán a favor de la independencia de Catalunya ni de los Països Catalans. Además, siempre dijeron que el referendo bueno era el del 2017.  

¿Entonces? La zanahoria. Presionada por Junts y la CUP, Esquerra necesita aferrarse a una esperanza. Antes, ellos eran los indepes en serio y los convergentes eran el partido de los tenderos. Ahora se han invertido los papeles. Pero los de Junts tampoco hicieron nada. Puigdemont suspendió la independencia porque existían “iniciativas de negociación”. Incluso dijo que había "internacionales". No era verdad. A lo sumo el PNV. El lendakari Urkullu como quedó patente en el juicio del Supremo.  

Todavía ni siquiera esto era una “negociación” era una muestra de buena voluntad. No negocian si dos no quieren y Rajoy también dejó claro. Nunca un presidente del Gobierno español, del color que sea, negociaría con una 'comunidad autónoma' a través de otra comunidad autónoma.  

Recuerdo que cuando Trump se entrevistó con Kim Jong-il, el líder norcoreano, lo hizo sin intermediarios y eran enemigos enconados. Mientras que los de la CUP siempre dan lecciones, pero no tuvieron a nadie en prisión. Incluso a Anna Gabriel -la que iba con camisetas de “Sin miedo” por el Parlament ha agachado la cabeza. Y se marchó porque quiso: el delito de desobediencia de lo que la acusaban no está penado en penas de prisión, sino de inhabilitación. 

 El problema de fondo es que la independencia era imposible. No porque España no quisiera, que también, sino porque más de la mitad de los catalanes no la querían. En un censo electoral de 5,5 millones aproximadamente siempre salían dos millones más o menos: el 9-N, el 2015, el 2017, el 2021. En las últimas elecciones subió al 51%, pero perdieron 600.000 votos por el camino: 1,4 millones. Y así resulta muy difícil declarar la independencia de un territorio cuando la mitad de la gente no quiere.  

¿Qué hacemos con éstos? ¿Los ignoramos? ¿Los escondemos bajo la alfombra? ¿Los expulsamos? ¿Los encarcelamos? Por eso se han dado casos de supremacismo, de mirar por encima del hombro. Éstos no eran buenos catalanes. Pero, con la ley en la mano, un votante de Vox es tan catalán como uno de la CUP. 

 De hecho, como sabéis, en las últimas elecciones Vox sacó más votos y escaños que la CUP, que siempre ha ido de conciencia nacional del proceso.  

Pero dejadme decir otra cosa: lo sabía todo el mundo. Todo el mundo sabía que esto saldría mal. No sólo porque el deseo de independencia no era unánimo o casi.

 También porque la Unión Europea no quiere dolores de cabeza. La UE la han realizado los estados, no las naciones sin estado o las regiones. Y la hicieron, al terminar la II Guerra Mundial, para evitar otro conflicto en Europa. La UE ya tenía suficientes problemas entre la crisis económica, los refugiados, Putin o su propio futuro como para hacer caso a la reivindicación de los catalanes o parte de los catalanes.  

Me ahorro otros comentarios, pero los festejos con Rusia -yo creo que fue hacer volar palomas- tampoco ayudaron. En efecto, lo sabía todo el mundo Al menos los de arriba, las tres o cuatro mil familias -Gobierno, consejeros, dirigentes de Esquerra, de Junts, de la CUP-, altos cargos de la Generalitat y lo que podríamos llamar 'cooperadores necesarios' para inflar el globo.  

Desde Pilar Rahola a Carlos Viver Pi-Sunyer pasando por Franesc-Marc Álvaro o Vicent Sanchis. ¿Creéis que gente de su nivel, de su background, de sus contactos no lo sabían? Claro que lo sabían Pero es más fácil apuntarse al carro que nadar contracorriente.  

En fin, han dejado todos juntos a un país malparado. Sería demasiado largo realizar un balance de los daños políticos, económicos, sociales, culturales e incluso deportivos.  

Hemos estado -han estado- mareando la perdiz durante 10 años. Veinte si se añade el debate del Estatut.

Lo pagarán nuestros hijos porque, en plena revolución tecnología, el resto de países no esperarán a que los catalanes se pongan las pilas.  

Basta con ver el bloqueo político. Un gobierno en minoría que no puede aprobar ni los Presupuestos. O el hecho de que, en los últimos años, nunca se hayan presentado a la vez. Sin olvidar las elecciones anticipadas. Más que en Grecia. Maragall, unas. Mas, dos. Luego, Puigdemont. Esto tampoco es bueno.

Hemos convertido a Cataluña en un país inestable políticamente. Como aquellos países que tienen la desgracia de vivir en territorios sismológicamente peligrosos. 

 De hecho, después de la aplicación del 155 retrocedimos 40 años. Volvimos a los inicios de la Transición cuando se pedía "libertad, amnistía y Estatuto de Autononomía".  

Terminaré con dos preguntas: 

 - ¿Vamos bien? No, por supuesto 

 - ¿Estamos mejor o estamos peor? Peor, también es evidente.  

Ahora insisten en solucionar el "conflicto político". En buena parte lo crearon ellos o le alimentaron. El proceso ha terminado suprimiendo la sedición y rebajando la malversación para salvar el culo a una treintena de altos cargos de Esquerra. 

Pero no era eso, compañeros."           (Xavier Rius, director de e-notícies, 27/12/22; traducción google)

Antonio Santamaría: Se cierra el ciclo del ‘procés’... La ruptura de la coalición de ERC y Junts pone fin a las convulsiones políticas que siguieron al fracaso de la vía unilateral para la independencia de Cataluña...

 "La rápida recomposición del Go- bierno de la Generalitat des- pués de la salida de los ‘con sellers’ de Junts cierra la larga crisis entre los socios y apunta a un giro en el eje de dominancia de la política catalana, centrado monotemáticamente desde hace doce años en la independencia, si contamos desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut (julio 2010). 

La inclusión como independientes, en el Ejecutivo monocolor de ERC, de Joaquim Nadal, líder histórico del sector catalanista del PSC, y Gemma Ubasart, primera dirigente de Podemos en Cataluña, muestra una orientación hacia la izquierda tripartita. También, con Carles Campuzano, un guiño a los sectores de la vieja Convergència que se han resistido a romper la coalición gubernamental y abandonar sus parcelas de poder. 

Con el apoyo de solo 33 diputados de 135, se ciernen dudas razonables sobre la duración de este Gabinete, que puede contar con el apoyo de los Comunes y la benevolente ayuda de los socialistas, como se apresuró a manifestar Pedro Sánchez. 

Las municipales de mayo de 2023 podrían señalar su fecha de caducidad. Tras las autonómicas de febrero de 2021, en plena pandemia y con una baja participación, se produjo el sorpaso de ERC por la mínima diferencia de un escaño respecto a Junts. Según los pactos suscritos desde las plebiscitarias de 2015, la presidencia de la Generalitat corresponde al partido independentista más votado, y la vicepresidencia y la presidencia del Parlament, al segundo. 

Esquerra cumplió sin rechistar estos acuerdos invistiendo a Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra. Cuando a Junts le ha tocado asumir estos pactos, se han multiplicado los problemas. Jordi Sánchez, entonces secretario general de la formación, expresidente de Omnium Cultural, condenado a nueve años de prisión e indultado, hubo de emplearse a fondo para vencer las resistencias de Waterloo, que a la postre le costaron su dimisión.

Pere Aragonès, que previamente había cerrado un acuerdo con la CUP –ahora roto–, hubo de someterse a tres sesiones de investidura hasta conseguir los votos de Junts. Desde entonces se sucedieron los choques entre los socios. El primero de envergadura se produjo con la pretensión provocadora de Junts de incluir en la mesa de diálogo con el Gobierno español –la apuesta estratégica de ERC– a miembros del partido que no formaban parte del Ejecutivo catalán. 

Aragonès tuvo que dar un golpe de autoridad y excluirlos de la mesa. Los desencuentros continuaron con temas de gran calado como, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Las tensiones llegaron al paroxismo con la suspensión, en aplicación del reglamento del Parlament, de Laura Borràs, presidenta de Junts, de su condición de diputada y presidenta de la Cámara, imputada por diversos presuntos delitos de corrupción. 

Junts resulta una formación de aluvión, formada por elementos de muy diversas procedencias y restos de la vieja Convergència, cuya argamasa es el liderazgo carismático de Puigdemont y un discurso nacional-populista con numerosos puntos de contacto con movimientos europeos del mismo signo. 

La consulta de Junts a sus militantes también sirvió para dirimir la correlación de fuerzas en su seno: mientras las bases siguieron la consigna de Puigdemont y Borràs de romper con ERC, la mayoría de los cargos públicos votaron por permanecer en el Ejecutivo. En los años del ‘procés’, el debate de política general de finales de septiembre servía de caja de resonancia de las masivas diadas independentistas y para señalar la hoja de ruta para alcanzar la independencia.

 En esta ocasión, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) organizó una Diada contra Esquerra con durísimas críticas a la mesa de diálogo, considerada una trampa del Gobierno español para anestesiar al independentismo y devolverlo al redil autonomista. Quizás, en vísperas del quinto aniversario del 1 de octubre, la dirección de Junts calculó que Aragonès acabaría cediendo al clamor de los sectores más movilizados del secesionismo. 

La ruptura de la coalición señala el punto de inflexión de las turbulencias y convulsiones políticas que han seguido al fracaso de la vía unilateral ensayada en septiembre y octubre de 2017. Un divorcio que responde a divergencias de carácter estratégico entre ambas formaciones. Desde Junts se insiste, contra todas las evidencias, en la validez de la vía unilateral, basada en la legitimidad del 1 de octubre. 

La nación catalana se autodeterminó entonces, y ahora solo resta implementar la independencia. La propuesta quebequesa de ERC presupone declarar amortizada esa supuesta legitimidad y obliga a recorrer el largo camino de ampliar la base social hasta conseguir una amplia mayoría –ahora inexistente– de la sociedad y negociar con el Gobierno central las condiciones para convocar un referéndum de autodeterminación vinculante y reconocido internacionalmente. De modo que, implícitamente, se entierra el ciclo del ‘procés’ inaugurado hace doce años."           (Antonio Santamaría, El Correo, 11/10/22)

Tabarnia existe: solo el 37% de barceloneses y el 38% de tarraconenses quiere la secesión

"La encuesta (...) el CEO

% contrarios a la secesión (aumentando):

• Barcelona: 52,5%

• Tarragona: 48,7%

• Lérida: 34,9%

• Gerona: 33,8%

% favorables a la secesión (cayendo):

• Barcelona: 37,5%

• Tarragona: 37,8%

• Lérida: 53,5%

• Gerona: 56,8%

2 conclusions (i amb dades de la Gene!):

1. En ninguna de las provincias catalanas el secesionismo rebasa el 60%. Con eso no se hace ninguna reichpubliqueta.

1. Tabarnia (Tarragona + Barcelona) existe y su ciudadanía tiene una mentalidad notablemente diferente a la de Tractoria.

1. El dretadecidir debería aplicarse también a Tabarnia, según reconoce el mismo Motxo:

¿Algún partido tiene pensado reconocer el hecho diferencial tabarnés y satisfacer las necesidades de los habitantes de Tabarnia, o tendremos que seguir dependiendo del fanatismo (menguante y débil) tractoriano?

Dolça i diferent Tabàrnia…"                  (Dolça Catalunya, 17/11/19)

Antes de seguir apostando por consultas plebiscitarias para resolver disputas territoriales en sociedades divididas habría que tomarse en serio el caso del intento de creación de la nueva comarca del Lluçanès

"(...) El caso de la —por ahora fallida— comarca del Lluçanès merece un análisis detenido por las lecciones que pueden extraerse de él para otros procesos de separación y sobre todo en un momento en el que, una vez difuminado el “mandato” del 1-O, la reivindicación de un referéndum —preferiblemente pactado— vuelve a cobrar fuerza en Cataluña.

Respondiendo a la demanda de los ayuntamientos del Lluçanès, en 2015 la Generalitat autorizó una consulta popular en la que los ciudadanos de la zona pudiesen responder a la pregunta “Vols que el teu municipi formi part de la comarca del Lluçanès?”. 

 El 17 de julio, tras reunirse con los alcaldes de la zona, el Departament de Governació de la Generalitat publicó una nota de prensa para dar a conocer las pautas del proceso participativo; entre otras cosas, según la nota, el documento acordado con los alcaldes preveía que “qualsevol municipi on el resultat del procés sigui negatiu continuarà adscrit a la seva comarca actual”.

La consulta se celebró el 26 de julio de 2015. Con una participación del 55% del censo, muy superior al umbral pactado con los alcaldes (el 35%), el sí arrasó con un 70% de los votos. El resultado parecía inapelable. El problema es que en cinco de los 13 municipios llamados a las urnas triunfó el no. Los ciudadanos de Santa Maria de Merlès vinieron a decir que preferían quedarse en el Berguedà; los de Sant Feliu Sasserra, en el Bages; y los de Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau y Sant Boi de Lluçanès, en Osona.

Con estos datos en la mano, el proceso siguió adelante y se constituyó en el Parlament una ponencia para elaborar la ley de creación de la comarca del Lluçanès. Para sorpresa de muchos, la ponencia se descolgó con un texto que prevé la creación de una comarca integrada por 13 municipios en lugar de 8. 

Contra lo que había prometido la Generalitat antes de la consulta, el único consuelo para los municipios del no era una disposición transitoria que permitía a los ayuntamientos de esos municipios adoptar un acuerdo para manifestar si quieren “seguir formando parte de la comarca del Lluçanès o bien reintegrarse a la comarca a la cual estaban adscritos anteriormente” (algo tan rocambolesco como volver a una comarca de la cual nunca habían querido salir). 

No es extraño que ante tamaña desvirtuación de los acuerdos previos en el debate de totalidad tres grupos parlamentarios no dieran su apoyo al texto, que de todas maneras habría seguido el trámite parlamentario si la legislatura no se hubiese interrumpido traumáticamente en octubre de 2017.

Un reconocimiento implícito del fracaso de este proceso es que ninguno de los partidos que sí que dio su apoyo a la proposición de ley llevara la creación de la comarca del Lluçanès en su programa para las elecciones del 21 de diciembre de 2017. 

Tampoco parece que Quim Torra, en su visita a Prats de Lluçanès en diciembre de 2018, prometiera nada al respecto, a pesar de las presiones que sin duda recibió del alcalde de la localidad, Isaac Peraire, uno de los máximos líderes del independentismo lluçanense. Sea como fuere, antes de seguir apostando por consultas plebiscitarias —incluso pactadas— para resolver disputas territoriales en sociedades divididas habría que tomarse el Lluçanès en serio."                     (Albert Branchadell, El País, 23/09/19)

El contexto en el que se producen todos los nuevos escarceos terminológicos, retóricos y políticos es el del post-procés

"(...) El contexto, el post- procés

El contexto en el que se producen todos los nuevos escarceos terminológicos, retóricos y políticos es el del post-procés. La actual movida política, acelerada por la nueva convocatoria electoral, significa, en realidad, que el “procés” ha muerto y es hora de resituarse en el post procés. Savater focaliza bien lo que se dirime. Es en ese contexto en el que se emplean términos como conciliación y diálogo, cargados de significados “políticamente correctos”.

La Vanguardia publicaba este mismo domingo 22 un sondeo en que el objetivo era destacar la relevancia de los sectores sociales que abogan por un diálogo y una conciliación como salida dela crisis catalana. Y como decía el despedido Gregorio Morán (despedido de La Vanguardia) en “Memoria personal de Cataluña”, cuando La Vanguardia adopta una determinada posición, es que por ahí van los mensajes y rumbo de los que mandan, pues de ese olfato y del poder ha dependido y depende la supervivencia de ese grupo medio.

También lo afirmaba Iceta, en respuesta a los CDR desmantelados por la Guardia Civil que tenían, al parecer, la intención de celebrar las efemérides del 1-O y la sentencia del TS con un “tsunami” de petardos y explosivos. Frente a la violencia de los CDR, Iceta defendía el “diálogo” y la superación de la fractura (la conciliación). Parece que este interés por el “diálogo” (y la conciliación)sin aclarar entre quiénes y sobre qué forma parte “normalizada” del tejido de los recientes movimientos políticos. (...)

No entienden que cualquier nuevo escenario político ha de significar una ruptura con lo que fue no solo el procés sino también el régimen político implantado por Pujol y asimismo con la nostalgia del “consens” y el “oasis catalán” que posibilitron varias décadas de pujolismo. No hay conciliación posible con ese pasado.

El verdadero obstáculo para las pretensiones de esa interpretación de conciliación y/o reconciliación que pretende el catalanismo desenganchado del procés y aquellos otros especialmente desencantados e indignados con los dirigentes del procés, más los nacionalistas que dirigen organizaciones e izquierda, es lo la reacción de los ninguneados durante décadas, que advirtió el periodista gerundense Albert Soler en octubre de 2017: “Ya nada podrá ser como antes”. Detallaba muy bien todo cuanto tendría que cambiar para llegar a un nuevo pacto de convivencia democrática en Cataluña, entrando en asuntos que afectan a cambios en los equilibrios entre la clases sociales.

Ante ese obstáculo, algunos abogan por políticas que dicen fundamentarse en el pragmatismo y que se asientan en la “equidistancia” y las “terceras vías”, que resurgen como el Ave Fénix cada vez que ven la oportunidad de puentear la realidad. Descalifican a los fundamentalistas de uno y otro bando (el español y nacional-catalanista) y proponen relatores, mediadores, negociaciones, que nos lleven a un nuevo modelo de organización territorial, en el que no aparecen por ningún lado los sujetos sociales y políticos indignados con las respectivas hegemonías nacionalistas en sus territorios. Es una buena manera de puentear la conflictiva y diversa realidad social del nuevo escenario del que hablaba Albert Soler.

La propuesta de Victoria Camps y Antonio Sitges

Victoria Camps y Antonio Sitges Serra ofrecen una ilustrativa muestra de ello con su propuesta de mediador y del modelo canadienses o quebequés, no suficientemente aclarado (no precisan lo que es la Ley de Claridad).

“Lo que debe subrayarse –dicen- es la feliz estrategia del Gobierno canadiense al designar a alguien con capacidad y cualidades para llevar a cabo un difícil cometido. Dion no se dedicó tanto a poner de relieve los riesgos de la secesión como a enfatizar las ventajas de un Estado federal abierto a la diversidad, como lo ha sido históricamente Canadá.

Con estos mimbres, alumbró la Ley de la Claridad, que consiguió apaciguar las aspiraciones de ambos contendientes: no se excluía de entrada la celebración legal de otro referéndum, pero se la sujetaba a unas condiciones —democráticas y justas para una decisión de tanta envergadura como la secesión— que lo ponían difícil. De hecho, no ha habido desde entonces ningún otro referéndum en Quebec…

Antes de proponer las medidas que se plasmaron en la Ley de la Claridad, el objetivo de Dion fue más modesto: dedicar tiempo y esfuerzo a la empresa en principio imposible de eliminar el victimismo de los francófonos de Quebec y convencerlos de las bondades del federalismo. Como quebequés no ignoraba la fuerza de la identidad quebequesa y el valor que tenía para muchos compatriotas. Como dejó escrito en My Praxis of Federalism (1998): “Los quebequeses quieren garantías de que su lengua y cultura sean vistas por el resto de canadienses como un valor y no como un inconveniente. Quieren garantías de que puedan ser a la vez quebequeses y canadienses, de que no tengan que escoger entre Canadá y Quebec”.

Aunque, de entrada, la gestión del nuevo ministro fue fuertemente contestada tanto por el Partido Conservador de Canadá como por el fundamentalismo quebequés, el caso es que acabó reduciendo a la mitad el voto secesionista a la vez que proporcionaba un nuevo marco de relaciones institucionales entre el Gobierno federal y la provincia de Quebec dejando atrás las heridas de la división social. 

La figura de Dion y su actuación son un modelo para un Ministerio de Organización Territorial encabezado por una persona cabal, dialogante, paciente y conciliadora que revierta las maneras que llevaron a escribir las páginas más desafortunadas del conflicto catalán: el nihilismo de Rajoy, la ley Wert, la aplicación del 155, la declaración unilateral de independencia o la apropiación de los espacios públicos por parte del secesionismo. Una persona sensible a las reivindicaciones de las nacionalidades históricas que ponga un punto y aparte (no borrón y cuenta nueva) en los discursos irredentos para avanzar hacia soluciones pragmáticas”. (...)

La posición de Victoria Camps propugna un Ministerio Técnico de Administraciones Territoriales, que perfile un modelo de federalismo diferencial o asimétrico. Pero, ambas posiciones siguen contando con un factor muy improbable: la mayoría social, esta vez, no querrá permanecer callada y en situación desigual dentro de su “territorio” ni habrá “territorios” dispuestos a sufrir las secuelas de tratos “asimétricos”. Al fin y al cabo, son los ciudadanos, en igualdad de condiciones, estén donde estén, los que tengan que decidir. (...)" (Rafael Núñez, Crónica Popular, 30/09/19)

Ahora descubren (inconprensiblemente) la “ley de claridad” de Canadá... que dice: No se puede convocar un referéndum de secesión de forma unilateral. La pregunta ha de ser clara y la convocatoria ha de tener un mínimo de participación. Las partes del territorio que voten por permanecer en el país no formarán parte del nuevo Estado independiente... ¿de verdad la han leido los independentistas? Es una ley para imposibilitar la secesión...

"Ahora acaban de tener el último encuentro con algo “nuevo”, muy “original” para ellos. Algo que les permite seguir dando la matraca con la pertinencia del ignorante, con el rollo secesionista, procesionista, soberanista, o lo que sea, hasta el hundimiento final, todavía lejano. Defienden la Ley de Claridad canadiense, aprobada hace bastantes años después de dos referéndums perdidos por los independentistas de Quebec, a pesar de que el último, celebrado en 1995, ni siquiera planteaba la secesión directa, sino que entraba en una negociación con el Estado canadiense.

Stéphane Dion, nacido en Quebec, profesor de Ciencias Políticas, fue ministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá desde 1996 hasta 2006, aprobándose en este período la célebre Ley de Claridad, citada y desconocida  por los separatistas. El proceso que condujo a la ley, y el contenido de esta, Stéphane Dion nos lo vino a explicar ampliamente en España hace unos años. Estuvo, que yo recuerde, en Madrid, donde además de un acto que le organizamos, nos entrevistamos durante largas horas, y en Barcelona.

Miremos los puntos principales de esta ley, impulsada por Dion y otros dirigentes, redactada por el Tribunal Supremo de Canadá y aprobada en las instituciones canadienses:

1. No se puede convocar un referéndum de secesión de forma unilateral.
2. La pregunta ha de ser clara y la convocatoria ha de tener un mínimo de participación.
3. Las partes del territorio que voten por permanecer en el país no formarán parte del nuevo Estado independiente.

Y todo ello iba acompañado de un debate previo que se había producido en el conjunto de Canadá sobre las obligaciones económicas y de todo tipo que derivarían de una secesión, entendiendo que Canadá era un proyecto político y constitucional histórico, con grandes dependencias mutuas en todos los aspectos. 

El espectáculo grotesco montado el 1 de octubre de 2017 en Catalunya y las propuestas que hacían los separatistas no tenía nada que ver ni con la Ley de Claridad, ni con los contenidos elementales de una propuesta democrática. Eran, simplemente, la imposición de las medidas dictatoriales contenidas en las leyes de “Transitoriedad” y “Fundacional”, aprobadas en el Parlament de Catalunya los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017.

Y después de todo esto y del circo autoritario montado por La Generalitat y sus secuaces civiles en el montaje de la “republiqueta” feudal, los separatistas solo reaccionaron un poco ante la salida a la calle de centenares de miles de ciudadanos de Catalunya los días 8 y 29 de octubre, comprendiendo que no solo ellos salían masivamente a la calle, y con la aprobación posterior del artículo 155 de la Constitución.

Luego, algunos se largaron o se aprestaron a preparar nuevas aventuras. Ya lo afirmaban en el juicio los jefes: “No hem fet rés però ho tornarem a fer” (No hemos hecho nada pero volveremos a hacerlo). 

(Sábado, 6 de julio de 2019). (...)"                

 (Francisco Frutos. Ex Secretario General del PCE, Crónica Popular, 13/07/19)

Esquerra ha abierto un boquete en el independentismo. Reclama ahora alguna suerte de Ley de Claridad, que pueda esclarecer cómo se podría realizar un referéndum de autodeterminación... Pero los más consecuentes no quieren saber nada de ello. Ni la ANC, ni el mundo de Carles Puigdemont ni la CUP...

"Esquerra ha abierto un boquete en el independentismo. Reclama ahora alguna suerte de Ley de Claridad, que pueda esclarecer cómo se podría realizar un referéndum de autodeterminación. Es lo que piden los Comuns e, incluso, lo que sostuvo al inicio del procés el PSC. 

Pero los más consecuentes no quieren saber nada de ello. Ni la ANC, que preside Elisenda Paluzie, ni el mundo de Carles Puigdemont ni la CUP. Y tampoco lo ven una buena idea los expertos consultados por Crónica Global, aunque con matices y algunas propuestas sugerentes, que defienden una idea central: todo lo que se pide ya lo recoge la Constitución española.

La Ley de Claridad nace tras el referéndum en Quebec en 1995 que, por muy poco, perdió el independentismo quebequés: a favor el 49,4%, y en contra el 50,5%, con una participación espectacular, el 93,5%. Pero, previamente, pasó otra cosa.

 El Gobierno de Canadá pidió al Tribunal Supremo que emitiera una opinión sobre si el Parlamento o el Gobierno del Quebec tenían, según la Constitución y el derecho internacional, el derecho a promover de forma unilateral la secesión de Quebec de Canadá. Esa opinión tuvo dos partes. 

En la primera se constataba que no había ningún derecho internacional que pudiera amparar esa secesión, y que la Constitución de Canadá tampoco la posibilitaba. Pero añadió que, con una pregunta clara, bajo determinadas condiciones, se podía abrir la puerta a un proceso de independencia dentro de la ley, siempre que, a partir de una negociación, se atendiera la reforma de la Constitución.

Reforma previa de la Constitución

Tras esa posición del Tribunal Supremo, el Gobierno federal aprobó la Ley de la Claridad, el 29 de junio de 2000, que no gustó nada al independentismo quebequés. La ley instaba a una negociación política entre la provincia quebequesa y el gobierno federal, y señalaba que no existe un derecho unilateral a la secesión, y que siempre se deberá atender, previamente, una modificación de la Constitución en la que deberán participar el conjunto de las provincias de Canadá.

El ensayista y diplomático Juan Claudio de Ramón, que trabajó profesionalmente en Canadá, señala lo que eso supuso, y aborda el problema en España: “La Ley de claridad fue una buena idea para Canadá, pero es una idea nefasta para España. Fue buena para Canadá porque no había nada en su ordenamiento jurídico que impidiera a los nacionalistas quebequeses convocar referendos cada poco tiempo. La situación era altamente inestable, y por eso se idea un mecanismo restrictivo de este ejercicio. Esto es fundamental, la Ley de claridad no nace para facilitar referendos, sino para dificultarlos. Por eso el soberanismo quebequés no la ha aceptado, por cierto”.

Bueno para Canadá, pero...

El profesor de Economía Aplicada en la UAB, Francesc Trillas, un federalista convencido, autor de Missió Federal, abunda en ese terreno: “La Ley de Claridad es un mecanismo que encaja con la realidad institucional e histórica del Canadá. Fue la fórmula, rechazada por el secesionismo quebequés, que encontró el federalismo canadiense para evitar que volvieran a producirse referéndums confusos y divisivos como los de 1980 y 1995. Desde que existe la Ley de Claridad, no ha habido más plebiscitos. Responde a la necesidad de claridad normativa necesaria para luchar contra la capacidad del secesionismo para sembrar la confusión”.

¿Es diferente en España? Eso es lo que el independentismo catalán no admite. La defensa de esa ley de Claridad, por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, en un foro en Madrid esta semana, no tuvo en cuenta la realidad española.

Grandes acuerdos

Trillas lo apunta: “En España ya existe un marco legal perfectamente claro que impide los referéndums de secesión. La Constitución los impide, y para que algún día se pudieran celebrar habría que reformar la Constitución por el procedimiento agravado, lo que requiere una mayoría de 2/3 en dos parlamentos consecutivos, y la ratificación final en referéndum.

Una Ley de Claridad parecida a la del Canadá requeriría en España una reforma de la Constitución fruto de un gran acuerdo. Esta es la legislación de claridad vigente en España: la Constitución, aprobada por una gran mayoría de españoles y catalanes. No es un marco normativo de ‘facilidad’, pero sí de claridad, muy parecido en este sentido al de las grandes democracias europeas”.

De Ramón remacha la idea: “¿Qué hace la Ley Claridad? Establecer el largo y prolijo recorrido de la ruptura pactada, concebida ésta como una mera posibilidad, ni siquiera como un derecho. Pero es que eso ya lo tenemos los españoles. Nuestra ley de claridad es la Constitución, que también establece sus mecanismos de reforma sin hacer de la unidad territorial un límite, como sí hace por ejemplo la francesa”.

Una oportunidad "interna"

Esquerra considera, sin embargo, que esa ley de Claridad supondría un cambio político de envergadura. Lo que pretende la dirección de los republicanos es superar la etapa de bloqueo, pero necesita un gesto político del Gobierno, algo que explicite que existe un problema político y que se necesitará alguna salida si el independentismo obtiene mayorías amplias en los próximos años. En eso difiere el partido de Oriol Junqueras con el mundo de Puigdemont, y de Quim Torra, que sigue jugando con una posible apuesta unilateral. Pero la respuesta del Gobierno, a través del ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha sido tajante: “No sabemos cómo decir que la Constitución no lo permite”, señaló.

Sobre esa circunstancia se expresa Ignacio Molina, analista del Real Instituto Elcano. “Que el Parlament apruebe una resolución, quizás con el voto a favor de ERC, Comunes y PSC y con la abstención de todos los demás, que dijera que, en tanto no se supere el mismo umbral necesario para una reforma del Estatut, --dos tercios--, ese Parlament se abstiene de promover cambios fundamentales de alcance constitucional”. 

Sería una especie de Ley de Claridad interna, que los socialistas defienden, aunque sin decirlo así, con un latiguillo: no se puede aprobar nada tan importante si no se alcanza la misma mayoría --dos tercios-- que se exige para reformar el Estatut.

Cualquier otra cosa, según Molina, no tiene ninguna posibilidad, al entender que el Congreso de Diputados no aceptará una secesión del Estado, ni un camino que lo facilite.

Los independentistas y su fiabilidad

Porque, ¿qué busca el independentismo ahora? ¿Una pista de aterrizaje a la espera de lo que ocurra con la sentencia del Tribunal Supremo? La interpretación la aporta el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Manuel Arias Maldonado: “La Ley de Claridad sería dar la victoria al independentismo porque supone otorgar a Cataluña de entrada la condición de sujeto soberano con ‘derecho a decidir’ si quiere o no autodeterminarse, cosa que no es compatible con la Constitución, ni parece políticamente recomendable. 

Es a fin de cuentas el camino hacia el referéndum, por muy matizado que esté. Es más, a la vista de un independentismo que se ha mostrado capaz de actuar unilateralmente y de saltarse las leyes, incluso las suyas, dudo que pudiera contarse con que las provisiones cualificadas que pudiera incluir una Ley de Claridad (en función de núcleos de mayoría no independentista) fuesen a ser respetadas por el nacionalismo”. Eso lleva a Maldonado a considerar que la Ley de Claridad no tendría un efecto disuasorio.

Entonces, ¿qué salida hay? Los expertos consultados entienden que el independentismo debe aplazar su programa de máximos.

Nunca un referéndum

De Ramón y Trillas recogen el reto. El ensayista, autor del libro Canadiana, un libro sobre sus experiencias en Canadá, se muestra convencido: “Es de una gran ingenuidad pensar que la Ley de Claridad sería un mecanismo disuasorio. Justo al revés, sería un acicate y un estímulo adicional para no sacar el tema de la agenda”.

Y añade: “Por lo demás, celebrar esa votación, incluso de manera pactada, sería un gravísimo error. Por razones de principio: no se somete la ciudadanía democrática a votación, no se puede preguntar a la gente a qué parte de la población quiere conservar como conciudadanos y cuáles quiere convertir en extranjeros. Si se vota algo que puede servir para que alguien pierda derechos, en este caso de ciudadanía, entonces la votación es antidemocrática. 

Pero también por razones prácticas: en un referéndum se ensalzan los sentimientos, y sería sin duda un trance muy desagradable que ahondaría todavía más en la discordia. Además, es probable que no solucionase nada. En suma, un trauma por el que ninguna sociedad debería pasar y una pésima idea que hay que sacar de circulación”.

Constitución y federalismo, nada más

Francesc Trillas, con su defensa de un proyecto federal de España, recuerda el Brexit: “Con la experiencia del Brexit, todas las prevenciones teóricas anteriores sobre los referéndums de secesión, que algunos sosteníamos, se han confirmado: no sirven para resolver este tipo de problemas Yo creo que la solución del caso catalán pasa por los grandes acuerdos, respetando las reglas, para introducir reformas federalizantes en España y Europa por grandes mayorías. Los independentistas deberían relegar su programa máximo al largo plazo, como la izquierda ha hecho con la sociedad sin clases, abandonando hace ya bastantes décadas la vía revolucionaria”.

El ejemplo de Canadá, entonces, ¿sirve o no es para tanto? Trillas concluye: “En Canadá la Ley de Claridad ha sido disuasoria. En España, lo que necesitamos es mejorar nuestra ya existente legislación de claridad para que facilite los grandes acuerdos federalizantes en un contexto de una Europa más fuerte a la que ya hemos cedido soberanía y le queremos ceder más. 

España está en el espacio Schengen y en la zona euro, en el núcleo más avanzado de la integración europea. No tiene nada que ver con Canadá. Lo que hay que aprender de Canadá son los principios de buena organización federal y multilingüismo, y de los autores de la Ley de Claridad lo que hay que aprender es la firmeza elegante con la que hicieron frente exitosamente al secesionismo”.           (Manel Manchón, Crónica global, 07/07/19)