La última batalla del proceso... Pere Aragonès pide una “alianza de país” para el traspaso de Rodalies (ferrocarriles catalanes)... cuando fueron traspasados en 2010 ¡Estando ERC en el Govern! Se están agarrando a Rodalies como a un clavo ardiendo, aunque realmente el servicio es mejorable, para poder vender algo a su electorado de cara a las municipales. Ahora ya no es la independencia. Es Rodalies. Como ha acabado Esquerra... dieciséis años después hemos vuelto a la línea de salida

 "¿Cómo construir una mentira? Pues a base de repetirla.

Aprovechando el caos de la última semana, en efecto, Esquerra ha vuelto a la carga con Rodalies. Es, en cierta manera, la última batalla del proceso.

Como la independencia es imposible ahora están mareando la perdiz con el Acuerdo de Claridad, Rodalies y el traspaso de Jefatura. Sucedáneos. Premios de consolación.

Rodalies es probablemente el más grave porque el proceso empezó precisamente con la reivindicación de un buen servicio.

Aquella gran manifestación del 2007 con el lema “Som una nació i diem prou!”.

O sea que, ya ven, dieciséis años después hemos vuelto a la línea de salida. Para este viaje no se necesitaban alforjas.

Desde luego yo, que soy usuario de Rodalies, no voy a salir en defensa de Renfe. A los trenes que terminan en Martorell nos dejan ahora siempre en Castellbisbal. No me quejo porque hay obras para mejorar el servicio. Pero al menos podrían cambiar el cartelito que llevan los convoyes y poner eso: “Castellbisblal” en vez de "Martorell". Un día hasta se me ocurrió sugerirlo a los del gabinete de prensa de Renfe en Catalunya. Me dijeron que era cosa de Adif. Ya ni se me pasó por la cabeza insistir o llamar a Adif. Llevamos meses así.

Pero no deja de ser curioso que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pida ahora una “alianza de país” para el traspaso.

En el Ara, diario oficioso de Esquerra, han publicado este domingo un artículo suyo al respecto. Y, para que quedara bien claro, han hecho también un resumen a cinco columnas en las páginas de información. Parecía La Humanitat. Pero es un ejemplo clásico de cómo construir una posverdad, es decir, una mentira.

Porque el traspaso ya se efectuó en el 2010 ¡Estando ERC en el Govern!

Aragonès no puede alegar desconocimiento porque entró de diputado en el Parlament el 2006. A mí ya me sorprendió que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en su rueda de prensa del pasado 14 de marzo, dijera que "no se ha hecho efectivo".

No era cierto.

El gobierno central lo aprobó el 5 de enero del 2010.

"El Govern ha aprobado hoy el acuerdo firmado por la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat que da luz verde al traspaso del servicio de Cercanías de Renfe a la Generalitat”, rezaba entonces el comunicado oficial.

"La Generalitat gestionará el servicio, decidirá las frecuencias de paso, tarifas y horarios, marcará los niveles objetivos de calidad, e inspeccionará el servicio", añadía.

Es cierto que la oposición siempre dijo que era un mal traspaso. Recuerdo al convergente Josep Rull, que llevaba el tema en CiU, diciendo que había sido “sin estaciones, sin vías y sin trenes”. ¿Pero si efetivamente era tan malo porque ficharon como consejero de Universidades al mismo consejero que entonces lo hizo?

Me refiero al entonces socialista Quim Nadal, ahora titular de Recerca i Universitats.

Por eso, se están agarrando a Rodalies como a un clavo ardiendo -aunque realmente el servicio es mejorable- para poder vender algo a su electorado de cara a las municipales.

Ahora ya no es la independencia. Es Rodalies. Como ha acabado Esquerra."           (Xavier rius, director de e-notícies, 07/05/23)

El Plan Molins... dijo Rajoy: “No se dan las condiciones necesarias de confianza”... y tenía razón...

"El Plan Molins fue una gran ocasión perdida para reenderezar la cuestión catalana, muy poco antes del desastroso otoño levantisco de 2017.

Lo esbozó en primavera un grupo de trabajo sobre un esquema de Joaquim Molins, el exdiputado roquista, melómano y centrado, que moriría poco después, en julio. Lo organizó el conseller de Cultura, Santi Vila, quien lo presentó detalladamente en La Moncloa a la vice, Soraya Sáenz de Santamaría.

Era un esquema sencillo, pero hábil, porque partía del mandato básico de todo negociador: no pisotear jamás las líneas rojas de la otra parte contratante, bucear en el resto y darse tiempo y periodos de ejecución. Para el Gobierno, la raya infranqueable era la soberanía nacional, residente en el pueblo español. No se violó. Para el Govern, que la solución al embrollo debía pasar por un voto de la ciudadanía catalana. También se respetó.

Así que el programa incluía la puesta en marcha de unos “ajustes” constitucionales y estatutarios, plausiblemente sobre la base de la fórmula Herrero de Miñón. Este padre de la Constitución viene propugnando para Cataluña una sencilla enmienda constitucional a la vasca, por la vía rápida, para colgar de ella blindajes competenciales y una ampliación del autogobierno sin romper ninguna baraja legal.

Esos ajustes se completarían con un estricto cumplimiento del espíritu del Estatut de 2006, particularmente en el aspecto financiero (compromiso de inversiones referenciado al peso de la economía catalana en el PIB global), siempre violado.

Al cabo de cinco años de la firma, los ciudadanos catalanes serían llamados a votar, no sobre la soberanía en general, ni siquiera sobre un autogobierno genérico, sino sobre si creían que esos acuerdos habían sido efectivamente llevados a la práctica. Claro que el voto podría albergar metalecturas, aunque siempre encajaría en el estricto marco constitucional de 1978.

Pero el Gobierno Rajoy dilapidó la ocasión. A las pocas semanas respondía que: “No se dan las condiciones necesarias de confianza” para emprenderlo.

Fue una pena. No estaríamos donde estamos. Al poco surgió otro plan, el del lendakariIñigo Urkullu, que en octubre propondría el binomio elecciones autonómicas-descarte del 155. La brutal tensión conspiró en contra. Y esta vez quien se apeó —incluso de lo ya acordado— fue el president, Carles Puigdemont, para darse a la fuga. La última ocasión perdida. De momento."             (Xavier Vidal-Folch, El País, 04/03/19)

Con tanto dinero lo van a ganar todo las selecciones catalanas

“Rivera ha criticado que la Consejería de la Vicepresidencia de la Generalidad, cuyo máximo responsable es Josep Lluís Carod-Rovira, haya aportado 4 millones de euros en un año a esta asociación privada, entidad, por cierto, que "utiliza los mismos lemas que ERC" y la "mentira de los 300 años de ocupación". Además, según el líder de Ciutadans, el apoyo a la Plataforma política, maquillada como deportiva, es un "despilfarro" de dinero que se otorga "indiscriminadamente" en detrimento de otros servicios públicos necesarios, como son la sanidad o la educación.” (Criterio, 19-12-07)

Tráfico marítimo para Galicia, porque hace bonito

“En los campos de refugiados de Tinduf, en pleno y sórdido desierto del sur de Argelia, el Frente Polisario creó la República Arabe Saharaui Democrática… Mientras tanto, improvisan y simulan un Estado real. (…)

Razones bastante más que simbólicas dan absoluta coherencia a las reivindicaciones que desde la Xunta se hacen al Gobierno central para que se transfieran las competencias de tráfico y también de seguridad marítima. Es una cuestión de democracia y de eficacia. Esos dos parámetros políticos están vinculados directamente al criterio de proximidad y cercanía en la gestión más conveniente de lo público….

me refiero a la transferencia de las competencias marítimas, porque en el problema del Prestige, la primera causa del desastre fue la incapacidad de gestión por parte de unos políticos que no sólo estaban de caza esos días, sino que además estaban en Madrid….

Se puede argüir que el hecho de que esas competencias estén transferidas no certifica su eficacia en la gestión, pero es que, en este caso, no cabe duda de que resultaría imposible hacerlo peor….

Además, en la lógica del autogobierno sería perverso introducir ese tipo de valoraciones. Los gallegos seguimos enfermando aunque esté transferida la salud pública y los estudiantes siguen suspendiendo a pesar de la transferencia de la educación. Sin embargo, nadie en su sano juicio político discute la conveniencia de que eso sea así porque está fuera de cuestión el derecho que tenemos los gallegos y gallegas para ser responsables y gestores de nuestros asuntos ¿Dónde está el límite de esas transferencias? ¿Quién lo pone? ¿No habíamos quedado que excepto la defensa y la política exterior del Estado todo es transferible? Resulta absurdo que la mala política y la conspiración de salón secuestren la coherencia de estas transferencias bajo el camuflaje de discusiones falsamente identitarias, aritméticas para las reformas estatutarias o españas que se rompen.

Me gustaría pensar todo esto en términos de gestión, de eficacia y de proximidad de derechos porque no somos refugiados en nuestro propio territorio y aspiramos, individual y colectivamente, a no tener que acudir a representaciones simbólicas de cómo administrar la tierra que pisamos y el mar que construye nuestro horizonte de ciudadanos libres. (ANTÓN REIXA: Autogobierno de tierra y mar; El País, ed. Galicia, Galicia, 20/11/2007, pp. 4)

Primero, una comparación miserable (y Reixa es un gran tipo, pero el victimismo nacionalista le hace caer en estas bajezas), la de asimilar la terrible situación de los saharahuis con la gallega, siguiendo la estela de la miseria moral vasca, que se comparan con los kurdos. Hay que tener muchas anteojeras para no ver el despropósito de la comparación, la miseria moral de la misma.

El límite de las transferencias lo pone la tecnología y el buen servicio al ciudadano (y el sentido común). En la época de los satélites y los ordenadores, la centralización de los servicios puede ser muy eficaz, y la descentralización, señal de retardo burocrático. La centralización de la información por parte de cuerpos nacionales, o internacionales, es una ventaja. Cuánto menos información se maneje, menos eficacia. Cuanto más dividida se encuentre la información, mayores errores (casos del 11-M o del 11-S). Es el motivo de que las policías autonómicas den tan mal resultado, aparte de la manipulación política de sus mandos.

Democracia, eficacia y proximidad de la gestión no siempre son sinónimo; a veces, sí; a veces, no. Depende de cómo se utilice la tecnología que hace posible el servicio prestado al ciudadano.

Un ejemplo: la policía vasca es el clásico ejemplo de policía política; la catalana tiene fama de ineficaz y brutal. La mejor, con mucho, es la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuerpos centralizados a nivel nacional ¿Para qué cambiar? ¿Para que, pues, una policía gallega a la vista de estos antecedentes? En Galicia está el poder de corrupción a gran escala de los “narcos”, así que la proximidad de servicio (una policía gallega) supone mayor riesgo de corrupción ¿Para qué correr el riesgo de caer al nivel policial mejicano? Cuando se habla de policía nunca se habla del narco gallego ¡Que curioso! Será porque la conclusión sería evidente, y los políticos nacionalistas se quedarían sin poder ordenar poner multas a sus enemigos. Esto es peligroso.

Otro ejemplo: la sanidad “gallega” solo se puede mantener si la Seguridad Social es española (45 millones de personas), y mejor si fuera europea. El derecho de los gallegos es tener el mismo tratamiento contra el cáncer que el resto de los españoles, el mejor; y si para eso se necesita una Seguridad Social nacional, y una gestión nacional, pues gestión nacional. Solo seremos “refugiados” cuando la privatización de la Sanidad, o una mala transferencia sanitaria (como la gallega) impida que los enfermos gallegos reciban los tratamientos adecuados.

Los actos administrativos, las transferencias, son para mejorar, no para empeorar. Nadie tiene "derecho" a empeorar los servicios, como ha sucedido con la educación catalana, ya en el furgón de cola español. Es peligroso.

Y para eso, lo mejor (en la época de los ordenadores) es que la autonomía sea de los hospitales y de las escuelas. No es un político el que debe indicar como se organicen los hospitales o las escuelas. Son sus trabajadores y sus usuarios quienes lo deben hacer, según criterios profesionales de eficacia. No hay criterios sanitarios gallegos. No hay ciencia, ni técnica, ni educación, ni sanidad gallega o catalana. La hay igual para todos, atendiendo a gallegos y catalanes con los mismos parámetros de calidad. Y eso se consigue mejor con sistemas centralizados e informatizados (con una única central de compras de medicamentos a nivel nacional, por ejemplo). Es mejor para todos recibir el mismo trato.

Otro ejemplo: el desastre del Prestige fue dirigido por políticos elegidos por los gallegos mayoritariamente. De modo que los futuros directores gallegos del tráfico marítimo sí pueden hacerlo igual de mal, o peor, aunque parezca imposible. Y es los gallegos pueden volver a elegir a los mismos, inútiles, chicos del PP para dirigir ese tráfico, otra vez desastrosamente, pero desde Galicia. El desastre sería puramente gallego, y el argumento, absurdo.

El tráfico marítimo gallego, para los gallegos ¿Y el asturiano? ¿Y el andaluz?. Sería muy peligrosa la descoordinación entre burocracias autonómicas. Mejor una centralización.