24/11/17

En España existe una fracción considerable de la población (alrededor de un 15% del censo), que es “jacobina“: gente que se identifica con la tradición de izquierdas, pero que es hostil al nacionalismo

"¿Se puede ser hostil al nacionalismo y, sin embargo, de izquierdas? ¿Son impostores los progresistas que se ponen la etiqueta de jacobinos? ¿Son la mayoría de los andaluces o extremeños nacionalistas españoles encubiertos? ¿Y los habitantes de Cornellá?

En España, se planteado históricamente el problema administrativo de la descentralización como uno vinculado al reconocimiento del pluralismo y las distintas identidades. Según esta visión, existen varias naciones, varias identidades, y es deseable que estas se acomoden y se respeten con niveles de descentralización cada vez más altos que, además, llevarían a una eficiencia cada vez mayor. 

Desde este ángulo, el conflicto tiene que ver, sobre todo, con la tolerancia y el pluralismo y, simétricamente, el conflicto con la intolerancia y el autoritarismo encubierto.

 ¿Qué podría llevar, si no, a alguien progresista a rechazar una idea que acomoda la tolerancia y la gestión eficiente del dinero público? Por eso a las personas que se han mostrado escépticas respecto a este problema se las ha etiquetado como conservadores, o con el “nacionalismo español“.  

(...) podemos pensar en el “nacionalismo español” como una adhesión light al mito del pacto político del 78, a los valores que representa, y cierta lealtad al estado central. Pero entonces, estamos hablando de una forma bastante moderna, y mucho más democrática e inclusiva de “nacionalismo”, que ha demostrado ser compatible con niveles muy altos de autogobierno y autonomía. (...)

Como ha explicado Alvarez Junco (un libro muy interesante), en España esta idea de nacionalismo queda más o menos hundida con la experiencia de la dictadura franquista. Y los intentos de construir una visión “liberal” del mito nacional, como el que existe en Francia por ejemplo, han tendido a encallar. Especialmente desde unas coordenadas ideológicas progresistas.

 ¿Qué hay de la situación actual? (...)

 Desde siempre, han existido visiones en la tradición marxista con diversas visiones plurales sobre la cuestión nacional. Desde la hostilidad de Rosa Luxemburgo, el instrumentalismo de Lenin, el jacobinismo de Leon Blum o Jean Jaurés, o el compatibilismo de Otto Bauer, hasta el revisionismo de varios  historiadores filomarxistas (I, y II), hay muchas posturas para elegir. Y diría que la mayoría no son entusiastas respecto a la narrativa nacionalista.

En España hay, además, muchas figuras de la izquierda -Josep Borrel, Paco Frutos, Alfonso Guerra, Ramón Jauregui, Alberto Garzón  ; casi cualquier político de izquierdas o derechas andaluz o extremeño- que se han desmarcado con más o menos fuerza del derecho a la autodeterminación. 

Exagerando un poco, esta asociación del eje “nacional” y el eje “izquierda-derecha” llevaría, analíticamente, a situar a Núria Gispert  como alguien relativamente progresista, y a los políticos antes mencionados como alguien relativamente conservadores- algo que se me antoja paradójico. 

Como explicaba Jorge Galindo hace poco, en España existe en efecto una fracción considerable de la la población (alrededor de un 15% del censo), que es “jacobina“: gente que se identifica con una tradición de izquierdas, pero que al mismo tiempo es hostil a la descentralización y al nacionalismo infraestatal.

Entiendo que existan incentivos políticas para presentar la hostilidad al nacionalismo regional como algo asociado a ideologías reaccionarias, pero creo que tomárselo en serio es algo que le hace un flaco favor a la realidad, la historia y, mucho peor, a la estadística. Si vamos a repensar el problema “nacional”, creo que la salud democrática sugeriría que todas las posiciones que tienen arraigo en la sociedad española estén representadas en el debate.

 Y para que el entendimiento sea posible, es importante partir de cierto reconocimiento de lo que motiva a las distintas partes, y no estigmatizarlas. El lector habrá probablemente detectado que yo, personalmente, soy simpatizante de esta posición llamada “jacobina

Como no solo no pienso en ella como una forma de nacionalismo “cultural”, sino que creo que mucha gente se encuentra en una situación similar, tengo interés en que esté representada y articulada en el debate público."               (Luis Abenza, Politikon, 22/11/17)

La nueva 'Ley de Cupo' pone al País Vasco como el principal receptor del Estado y le deja al margen de la “solidaridad territorial”

 "(...) La contribución a la solidaridad interterritorial de esta comunidad foral durante los próximos cinco años se va al limitar, hechas las sumas y las restas, a la irrisoria cifra de 27 millones anuales, según ha desvelado uno de los máximos expertos en financiación autonómica, Alain Cuenca, que denuncia los trucos y las trampas de un cálculo que es político y que luego se viste técnicamente.

 "La cifra del cupo es magia", ha rematado Ángel de la Fuente, director de la importante Fundación FEDEA y eminencia en balanzas fiscales. La nueva ley profundiza una situación de privilegio, antiprogresista, y contraria a los principios del federalismo que el PSOE propugna.

En el 2013, el entonces primer secretario del PSC, Pere Navarro, ya alzó su voz contra el cupo por insolidario. Lo acusaron de "crear líos donde no los hay", "inoportuno" y casi de "loco", pero fue de los primeros en atreverse a cuestionar un auténtico tabú del que se han servido los dos grandes partidos españoles para sacar adelante leyes y presupuestos a cambio de los votos del PNV.

 En Euskadi, solo el diputado Gorka Maneiro, antiguo militante socialista y parlamentario en Vitoria por UPyD, se atrevió a votar en contra del concierto económico por atentar contra los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.(...)

 Justamente es la fragilidad de la situación política lo que permite ahondar en este despropósito. El PP está en minoría y dispuesto a cualquier cambalache para ir tirando adelante la legislatura. El PSOE es socio de gobierno del PNV en Euskadi y no puede oponerse sin que lo echen. Desde una lógica de Estado, es verdad que la crisis en Catalunya hace insensato abrir otro frente territorial con los nacionalistas. Aun así no debemos callar lo que pensamos."             (Joaquín Coll, El Periódico, 23/11/17)


"La nueva 'Ley de Cupo' pone al País Vasco como el principal receptor del Estado y le deja al margen de la tan famosa frase que hemos escuchado estos últimos años de la “solidaridad territorial”.


El último año liquidado, correspondiente al año 2015, se ingresó en las arcas públicas en concepto de cupo (aportación del País Vasco por competencias del Estado como serían política exterior o la defensa) 1.139,4 millones de euros.


Pero durante el 2015 el Gobierno del PP efectuó un ingreso a favor de la Hacienda Vasca por valor de 1.421 millones de euros en concepto de devolución de IVA, por lo que el saldo fue a favor del País Vasco alrededor de 281,6 millones de euros.


Nos podemos preguntar: ¿Por qué el Gobierno del PP quiere continuar con las diferencias recaudatorias dentro de la nueva 'Ley de Cupo' en el País Vasco?

El País Vasco recibe más dinero del que aporta


El País Vasco está recibiendo más dinero de lo que está aportando pese a ser la segunda comunidad autónoma con mayor renta per cápita de España. Esta situación no solo se va a mantener, sino que va aumentar con la nueva 'Ley de Cupo' para 2017-2021.


La nueva ley remitida al Gobierno del PP, se establece que la aportación bruta del País Vasco al Estado tendrá que ser de 1.304 millones euros, muy por debajo de los últimos años. Aunque es fácil identificar a cuánto asciende la diferencia para la Administración central.  (...)

Existen expertos como Angel de la Fuente, representa al Gobierno en el comité de sabios para reformar la financiación, y Alain Cuenca, el ex director general de Hacienda con el gobierno socialista, que coinciden que esta nueva ley favorece aún más a las arcas del País Vasco.


El Cupo Vasco es un privilegio y es una anomalía dentro del sistema de financiación de la comunidades autónomas de España. La nueva ley, acordada con el Gobierno del PP y los vascos antes de verano, está ignorando por completo las recomendaciones que han hecho dentro del comité de expertos creado por el Gobierno para reformar la financiación.


Este comité pidió antes de verano a Hacienda, y en concreto al señor Cristobal Montoro, que se recalcura el Cupo par reducir las fuertes desiguales existentes entre comunidades autónomas y las comunidades forales deben comenzar a contribuir a la igual territorial como están realizando otras comunidades como Madrid y Cataluña.


Francisco de la Torre de Ciudadanos ya ha afirmado que van a presentar una enmienda a la totalidad, ya que es la única arma de que disponen, pues la 'Mesa del Congreso' decidió tramitarlo en lectura única sin poder realizar modificaciones por vía de enmiendas. PP, PSOE y Podemos apoyó este método obteniendo la mayoría de la mesa.  (...)

Los ajustes del IVA es la causa que el País Vasco reciba más de lo que aporta

Ciudadanos ataca al acuerdo entre Cristobal Montoro y el consejero vasco por el que País Vasco se queda con la recaudación de IVA dentro de su territorio. Además, estas comunidades reciben un porcentaje de lo que las empresas vascas venden en el resto de comunidades autónomas.


El País Vasco si no tuviera el Cupo debería aportar más a las arcas del Estado que a la inversa, al ser más grande el mercado del que se benefician las empresas del País Vasco que el consumo que se hace en su territorio de los productos de las empresas del resto de comunidades autónomas.


El acuerdo de la nueva 'Ley de Cupo' sigue estos ajustes a favor del País Vasco. El IVA nunca ha estado dentro del régimen fiscal foral establecido en la Constitución, porque se introdujo en España cuando entró como miembro en la Comunidad Europea.

El ajuste que se está dando en el IVA tendría que ser al revés.(...)"              (Raúl Jaime Maestre, El blog salmón, 22/11/17)


 "(...) Varias comunidades gobernadas por los socialistas —al menos Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias— han expresado su malestar por el acuerdo que saldrá adelante también con los votos del PSOE. 

El grupo parlamentario socialista lo apoyará “sin complejos”, dijo ayer la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, toda vez que el Concierto económico vasco es un “hecho diferencial constitucional reconocido”, razonó Robles.

No cuestionan el Concierto vasco los Gobiernos autonómicos socialistas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias, que alzaron ayer en público la voz, pero sí este acuerdo del Gobierno del PP con el PNV. 

“Convendría que en lugar de aprobar ahora la ley de cupo para cinco años se apruebe dentro de unos meses, cuando se esté negociando también el sistema de financiación autonómico, y de esa manera veríamos la fórmula de que desde el cupo se transfirieran, porque Euskadi está muy sobrefinanciada, recursos a las comunidades autónomas del sistema de financiación de servicios públicos esenciales”, argumentó ayer el presidente de Asturias, Javier Fernández. En términos similares se expresaron el Gobierno andaluz y el presidente valenciano, Ximo Puig.





El pacto del Gobierno del PP con el PNV en torno al cupo ha levantado suspicacias no solo en el PSOE sino también en Ciudadanos y Podemos, aunque solo el partido de Albert Rivera votará el jueves en contra. (...)"                   (Anabel Díez, Elsa García de Blas, El País, 22/11/17)


"Por qué el sistema foral permite al País Vasco gastar el doble por habitante que la media.

 (...) Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan que existen diferencias abismales entre las comunidades autónomas. El País Vasco accedió en 2013 a una financiación equivalente a 4.170 euros por habitante, una cifra que duplica los 2.030 euros que registraron las autonomías del régimen común (...)

Navarra figura como la segunda región con mayor financiación con 3.266 euros per cápita. Así, las dos comunidades forales cuentan con muchos más recursos para ofrecer servicios públicos. El funcionamiento del modelo foral explica esta asimetría. (...)

El director de Fedea y miembro de la Comisión de expertos para la reforma de la financiación, Ángel de la Fuente, llegó a asegurar que la fórmula para determinar el cupo es “marciana”y que el País Vasco debería aportar más de 4.000 millones si el sistema fuera equitativo. (...)

Un informe de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización (Rifde) publicado en febrero reclamaba revisar los mecanismos de solidaridad para que País Vasco y Navarra también contribuyeran a la nivelación interterritorial. En el estudio participaron cuatro expertos que forman parte de la comisión que evalúa la reforma del modelo: Santiago Lago (Galicia), Alain Cuenca (Aragón), Carlos Monasterio (Asturias) y Francisco Pérez García (Valencia).

A las comunidades forales les resulta beneficioso no participar en los mecanismos de nivelación porque, teniendo en cuenta su nivel de riqueza, serían aportadoras netas. Es lo que sucede en Cataluña o Madrid, donde buena parte de lo que se recauda en ambos territorios sirve para financiar a las regiones con menos recursos y más necesidades.


Ser una comunidad con mayor renta y recaudar todos los impuestos permite al País Vasco mantener tipos efectivos menores y, al mismo tiempo, ingresar más.


Los mayores recursos tienen su reflejo en la calidad de los servicios públicos. Un estudio del catedrático Ignacio Zubiri publicado por Funcas señala que el gasto por estudiante en el País Vasco alcanza los 7.229 euros frente a los 4.995 euros de media. También lidera el ranking en los indicadores de calidad educativa. En Sanidad y servicios sociales, Euskadi ocupa el primer lugar con diferencia. 

Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) calculó que las comunidades necesitarían 48.962 millones adicionales cada año para ofrecer servicios similares a los de los territorios forales. El acuerdo presupuestario cerrado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV supondrá rebajar el cupo vasco casi un 40% hasta los 956 millones. Además, el Estado abonará 1.400 millones por las discrepancias de ejercicios anteriores."    (Cinco Días, 05/05/17)

"El reciente acuerdo sobre el cupo, calificado de "excelente" por el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha supuesto un duro mazazo en el camino hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que sea más claro, mejore la solidaridad entre territorios y la responsabilidad fiscal de los gobiernos.

 El pacto entre PP y PNV desborda el legítimo acuerdo puntual para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado porque se propone consagrar, mediante una nueva ley quinquenal del cupo, un incremento de la sobrefinanciación de Euskadi.

 Aunque las comunidades forales disponen de un sistema de recaudación de impuestos con plena autonomía amparándose en los "derechos históricos" recogidos en la Constitución, una reliquia del Antiguo Régimen que logró sobrevivir a las guerras carlistas y al franquismo, en ningún caso eso puede dar lugar a privilegios económicos.

 La realidad, sin embargo, es que la financiación per cápita en el País Vasco y Navarra para políticas educativas, sociales y sanitarias es el doble o más que en el resto. Tanto el cupo vasco como el convenio navarro (cuya cuantía financia los servicios que presta el Estado a los ciudadanos de esas comunidades) se calculan desde hace muchos años con criterios obsoletos y opacos.

 El modelo no solo representa una clara excepción en el marco de los modelos federales comparados, sino que genera un agravio comparativo que envenena el debate territorial en España.

El acuerdo entre PP y PNV para aprobar los presupuestos del 2017 no solo incluye inversiones en la 'Y' vasca de la alta velocidad, sino también la aprobación este año de una nueva ley quinquenal del cupo que va a tomar como referencia un cálculo aún más ventajoso. Sería incomprensible que cuando dicha propuesta llegue a las Cortes toda la oposición no la rechace por entender que agrava la asimetría entre el modelo de financiación común y el foral.

La imposibilidad de integrar a Euskadi y Navarra, que se sitúan a la cabeza en renta per cápita tras Madrid, en los mecanismos de solidaridad va a dificultar enormemente la reforma de la financiación del resto de las autonomías que ya va con dos años de retraso. (...)"         (Joaquín Coll, El periódico, 28/05/17)


"El pufo vasco. Pufo. m. fam. Estafa, engaño, petardo.

(...) Desde su reformulación en 1981, el régimen de concierto económico, en virtud del cual las Administraciones vascas contribuyen al sostenimiento financiero del Estado mediante el pago de un cupo, se ha convertido en un sistema de privilegio que pone en manos de aquéllas cuantiosos recursos que pueden considerarse como una transferencia hacia el País Vasco desde el resto de España. 

El mecanismo que conduce a ese resultado es sencillo: el Cupo se fija mediante unas reglas pactadas políticamente entre los Gobiernos del Estado y la comunidad autónoma que conducen a una sistemática subvaloración del coste de las competencias estatales no asumidas por ésta. 

El diseño general de tales reglas fue definido en la Ley 12/1981, aunque su especificación para cada uno de los períodos quinquenales a los que se refieren las diferentes leyes del Cupo se ha negociado separadamente, con resultados netamente favorables para el Gobierno vasco. 

Tal negociación ha respondido, por lo común, a un esquema en el que este último ha buscado permutar el apoyo político al Gobierno nacional de turno por el sostenimiento de una situación financiera ventajosa.


Como resultado de todo ello, el Cupo Vasco se ha convertido en un auténtico pufo, en una estafa o engaño al conjunto de los ciudadanos españoles, que han contemplado, confusos, cómo los legisladores han sido capaces de plasmar en los textos aprobados por las Cortes Generales conceptos de imposible justificación desde el punto de vista económico.


En el caso aquí estudiado, que corresponde a la última Ley del Cupo, referida al quinquenio 2007-2011, la determinación del cupo provisional en el año base –es decir, 2007– recoge una subvaloración de la cantidad pagadera por la Administración vasca que supera los 2.000 millones de euros. 

Dos son los elementos principales que conducen a este resultado: por una parte, la atribución al Estado de un déficit presupuestario inexistente, del que se desprende una deducción de 2.550 millones de euros del coste atribuido a las competencias estatales no asumidas por el Gobierno Vasco, y, por otra, el empleo de un índice de imputación del 6,24% en la estimación de este coste, que supera al que razonablemente debería utilizarse si tal índice reflejara la verdadera dimensión relativa de la economía vasca dentro de España, es decir, el 5,61%.


El pufo vasco alcanza así una cifra de 2.060 millones de euros, que equivale al 3,4% del PIB regional. En términos per cápita, las Administraciones vascas disponen de 964 euros por cada habitante, lo que les concede una notable holgura financiera para dedicar recursos a las políticas nacionalistas o para ocultar las ineficiencias en que incurren, con creciente intensidad, los servicios públicos de ellas dependientes."          .  (Mikel Buesa, Libertad Digital, 07/05/17)

Principio de ordinalidad: me cuesta encajar la idea de que los catalanes tengan menos obligaciones de contribuir a la garantía de los ingresos de los andaluces que el resto de andaluces.

"(...)  es de agradecer la propuesta de salida del conflicto que propone el líder del PSC, Miquel Iceta, que apareció ayer en el NYT, y que me gustaría comentar para avanzas en este (muy necesario) debate.

El principio de ordinalidad en la financiación económica

Un punto interesante del artículo de Iceta es el de la financiación autonómica. Iceta sugiere que para garantizar el autogobierno, es importante que existan recursos adecuados; hasta ahí nada que objetar. Pero va un paso más allá y propone la aplicación del principio de ordinalidad.

El principio de ordinalidad es una forma de organizar las relaciones entre el estado central y las regiones que plantea que el ranking en las balanzas fiscales (entre lo que recibe un territorio, y lo que contribuye), no puede verse alterado por las transferencias.

 En palabras de Iceta: para que los que más aportan no terminen recibiendo menos recursos per cápita para la prestación de servicios públicos. Este principio no excluye todo tipo de redistribución entre territorios, pero sí que supone una restricción a la redistribución.

Supongamos que tenemos dos regiones nada más: Cataluña y Andalucía. Supongamos que, dado el sistema de recaudación (el IVA, el IRPF, etc), Cataluña aporta a las arcas del Estado 100, y Andalucía 50.

 El principio de ordinalidad implicaría que la cantidad máxima de recursos que puede recibir Andalucía es de 75 (la mitad), y la cantidad mínima que puede recibir Cataluña también de 75: el ranking de las dos comunidades no puede verse alterado después de la redistribución.

La dimensión económica del nacionalismo

Como explicaba ayer mi opinión es que la lógica de las reivindicaciones nacionalistas no puede entenderse sin su dimensión redistributiva. Lo que observamos es la reivindicación de un grupo de personas que desean imponer un límite a la redistribución y pagar menos impuestos.

 Esta lógica no es necesariamente algo unido al nacionalismo (Alemania, con su sistema federal, tiene este principio reconocido), pero me cuesta imaginar una forma de justificarlo que no apele a algún tipo de lógica liberal de defensa de la propiedad privada, en este caso la propiedad privada de los recursos por parte de una (supuesta) nación– algo que está más o menos explícitamente acoplado en el razonamiento.

La lotería geográfica tras el velo de la ignorancia

La forma en la que suelo pensar en esto es echando mano del velo de la ignorancia, que es una forma intuitiva de pensar en la igualdad (hablé de esto aquí, hablando sobre las teorías del feminismo).

Un filósofo igualitarista se preguntaría: si distintas personas no hubieran nacido aún, ¿en qué tipo de sociedad estarían dispuestos a acordarse en vivir? El argumento es que todos preferiríamos maximizar el control que tenemos sobre nuestras vidas, y por tanto, contratar un sistema redistributivo que minimice el impacto que tenga sobre nuestra trayectoria vital las cosas que no elegimos: la familia en la que nacemos, el sitio en el que nacemos, el sexo que nos es asignado al nacer.

Esto no  elimina todo tipo de desigualdad: aquellas desigualdades que sean el resultado de elecciones personales (dedicar más horas a trabajar o a ir de vacaciones son legítimas), las que no lo son son aquellas que nos vienen de serie. En otras palabras: es una racionalización de la idea intuitivamente atractiva de la igualdad de oportunidades. [1]

Si pensamos desde esta óptica igualitarista, es importante darse cuenta de que una de las cosas más arbitrarias (menos elegidas) es el lugar en el que nacemos. Imaginemos dos personas, que saben que cada una va a nacer en Andalucía y la otra en Cataluña.

 Antes de nacer, estas dos personas tienen que ponerse de acuerdo en la cuantía del seguro de desempleo que van a financiar colectivamente.

Estas dos personas podrían ponerse de acuerdo en que, si uno llega a estar en paro mientras el otro tiene trabajo, éste último tendrá que darle una parte de su sueldo al primero. Las dos personas nacerán, y dado que la tasa de paro en Andalucía es del 25% y en Cataluña del 13%, en media, el andaluz estará en paro la mitad del tiempo que el Catalán.

 Sin embargo, si los dos se ciñen al acuerdo que tenían, esto significará que en el ranking de lo que dan y reciben se verá alterado siempre que los dos no estén en la misma situación (empleados o desempleados). El efecto de tener un principio de ordinalidad en las transferencias es por tanto hacer imposible el arreglo redistributivo entre estas dos personas.

La vida real es mucho más compleja que este ejemplo, pero la esencia es la misma:  el principio de ordinalidad es un límite a la redistribución basado en algo tan arbitrario como el territorio en el que uno nace. Y en la medida que el nacimiento en un territorio (u otro) es arbitrario, es un obstáculo al logro de la igualdad de oportunidades.

El por qué de las transferencias territoriales: la redistribución

Una constante del pleito de Cataluña es la idea de que esta es tratada de forma injusta. ¿Existe algún tipo de discriminación hacia Cataluña, por el hecho de ser catalanes? ¿Se trata de una comunidad maltratada políticamente?

Mi impresión es que, incluso después de todo el presunto expolio fiscal, nacer en Cataluña es (en media) una posición privilegiada: la tasa de personas en riesgo de pobreza en Cataluña es del 13%, mientras que en Extremadura, Castilla la Mancha o Andalucía está entre el 30% y el 35%. Esta relación se mantiene si miramos cualquier otro indicador de condiciones de vida (renta, desempleo, etc). Intuitivamente, no parece descabellado que el Estado concentre sus esfuerzos de gasto en regiones en las que las condiciones materiales son peores.

Esto es lo que muestran de forma bastante convincente MADH y JDL es que la redistribución territorial es un efecto natural de la redistribución a secas.

La izquierda y la redistribución

El tipo de ideas que defiende Miquel Iceta son hoy moneda común entre mucha gente de izquierdas. Se dirá, con razón, que la situación del País Vasco es de por sí mucho más injusta; que de todas formas las instituciones del resto de España redistribuyen poco, y que finalmente el efecto de este principio tendrá un impacto que no cambiará mucho las cosas. Es posible que no quede otra, para reconducir la situación. Es posible.

Pero al margen de lo anterior, hay una dimensión simbólica importante en la capacidad que tiene la izquierda en abogar por esquemas radicales de redistribución. Entiendo que decirlo así puede parece incómodo, pero si estamos acomodando las preferencias de un grupo económico que no quiere pagar impuestos, ya sea por egoismo individual o colectivo, por la percepción de que los parados o los andaluces son perezosos, sean estos amnistiados fiscales o manifestantes con banderas, entonces es posible que no quede otra, por la relación de fuerzas que hacerlo.

 Pero lo que es crucial entender que NO es una expresión de valores igualitarios o socialdemocrátas: es una concesión.

A algunos nos gustaría que en el futuro se abra, más o menos en serio, el debate sobre las políticas de lucha contra la pobreza y de ingresos mínimo. Es un debate, este sí, realmente importante, que afecta a la vida material de mucha gente, y lo hará cada vez más.

Y a mí personalmente me gustaría que este pacto de solidaridad tenga una dimensión lo más amplia posible, porque me cuesta encajar la idea de que los catalanes tengan menos obligaciones de contribuir a la garantía de los ingresos de los andaluces que el resto de andaluces.

[1] Como un apunte al margen, me gustaría señalar que yo no soy liberal y que creo que esta forma de pensar en la igualdad es innecesariamente restrictiva de la redistribución. Pero es una idea que intuitivamente funciona para pensar sistemáticamente en la redistribución."                ( - Politikon, 19/10/17)

La clase trabajadora no es independentista en Catalunya. Ello explica porque el independentismo nunca ha sido mayoritario y continuará sin serlo, pues la independencia en sí no motiva a la mayoría de la población

"(...) Otro gran error del independentismo fue la falta de atractivo del independentismo entre la clase trabajadora de Catalunya. La evidencia de ello, aunque constantemente negada por los partidos independentistas, es conocida. La clase trabajadora no es independentista en Catalunya, por varias razones. 

Una es que el movimiento independentista está liderado por una coalición dirigida por el partido del Sr. Mas, es decir, por la derecha catalana, cuyas políticas neoliberales son percibidas, con razón, por la clase trabajadora como dañinas a sus intereses. La proximidad del Presidente Puigdemont con Mas es conocida, y Mas nunca fue popular entre las clases trabajadoras catalanas. 

Y la otra causa de la falta de apoyo al independentismo por parte de las clases populares es que la mayoría son de procedencia de partes de España y emotivamente se consideran españoles y se oponen a la secesión. La mayoría de la clase trabajadora en Catalunya es de habla castellana. 

La evidencia en este fenómeno es clara, como por ejemplo muestran los datos provenientes de la Encuesta del CEO (CIS de la Generalitat) de Junio de 2017, donde se puede ver que a más ingresos por hogar más apoyo a la independencia, y a la inversa, mientras menos ingresos haya por hogar menos apoyo a la independencia. 

Además en Catalunya las personas que se autoconsideran de clase popular (clases de renta media-baja y renta baja) claramente no apoyan la independencia: el 56,15% de las clases populares no apoyan la independencia mientras que solo un 33% sí la apoyan.

Ello explica porque el independentismo nunca ha sido mayoritario y continuará sin serlo, pues la independencia en sí no motiva a la mayoría de la población. Solo en caso de que este proyecto independentista tuviera un contenido fuertemente social, existiría tal posibilidad. Pero tal tema social estaba ausente en el proyecto independentista. 

Solo vagas generalizaciones, con escasa credibilidad, marcaron el discurso social del independentismo con promesas un tanto hiperbólicas, carentes de credibilidad. Un caso claro era la afirmación hecha por dirigentes de Junts Pel Sí y economistas afines, incluyendo el gurú económico de TV3 (la televisión pública de la Generalitat de Catalunya), el Sr. Xala i Marti, que las pensiones no sufrirían con la Transición a la independencia, lo cual es una obvia falsedad pues en el período de Transitoriedad Jurídica es necesaria la colaboración del Estado español, y de su Seguridad Social, que de no obtenerse se crearía un enorme problema para los pensionistas catalanes. 

 En agosto de 2017, Catalunya tenía 1.704.692 pensionistas con una prestación media de 957 euros, financiada en parte por 3.294.418 afiliados. Estas contribuciones no son suficientes creándose un déficit de 4.700 millones de euros (una cifra superior de la citada por los secesionistas). 

Tal dinero tendría que venir de la propia Generalitat, año tras año, acumulándose una deuda considerable, pues el Estado español, podría no pagar a los pensionistas catalanes. Los problemas de la transición que afectarían a tales pensionistas serían enormes y de varios años (y no solo seis meses, como algunos portavoces del independentismo han profetizado).

En este aspecto, tales partidos rozaron la irresponsabilidad, pues hicieron promesas claramente irrealizables, como que no habría sacrificios en la transición, el mantenimiento de las pensiones y otras transferencias y servicios públicos. Ahora bien, de todas las exageraciones, las más grandes eran las que asumían que se conseguiría la independencia en seis meses. Es difícil creerse que los que hacían tales declaraciones creyeran lo que decían.

La realidad es que en su campaña a favor de la independencia, Junts Pel Sí ha minimizado los costes de la independencia exprés, llegando a niveles de exageración e hipérbole, que pasaron como verdades en un contexto mediático carente de capacidad crítica.

 Constantemente enfatizaron el mensaje de que todo –desde las pensiones hasta la sanidad- sería mucho mejor en la Catalunya independiente, y todo ello en contra de la evidencia que señala un periodo largo de escasez que a la ciudadanía no se le ha indicado que ocurriría (y que la huida de las empresas refleja la génesis de la crisis económica que se avecina). La evidencia de tales falsedades es enorme. (...)"            (Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 13 de octubre de 2017,  en www.vnavarro.org, 16/10/17)

La gran traición a la II República cuando en el verano de 1937 unos 30.000 soldados vascos se negaron a combatir fuera del País Vasco y se rindieron a los italianos en Santoña

"(...) el PNV hizo caso omiso del espíritu de conciliación reinante en España durante los años de la transición a la democracia. 

Y, así, mientras las antiguas asociaciones de ex combatientes franquistas pasaban prácticamente a mejor vida y las organizaciones de izquierda renunciaban a resucitar las suyas a fin de no reabrir las viejas heridas, los nacionalistas reorganizaron sus propias milicias y comenzaron a rememorar año tras año -y lo acaban de hacer el pasado sábado en el monte Bizkargi- las escasas hazañas bélicas que protagonizó su ejército de gudaris durante la Guerra Civil.

 Quizá quieran ocultar así su gran traición a la II República cuando en el verano de 1937 unos 30.000 soldados vascos se negaron a combatir fuera del País Vasco y se rindieron a los italianos en Santoña. Este insólito hecho facilitó el derrumbamiento del frente de Santander y Asturias y produjo un golpe mortal a la causa republicana.

Es cierto que, durante el franquismo, los dirigentes nacionalistas mantuvieron vivo el recuerdo de la contienda. Sin embargo, no pudieron evitar que un grupo de jóvenes militantes del partido (“esos chicos descarriados”, los solía llamar el histórico Manuel de Irujo) decidiera en los años 60 pasar a la acción violenta ante la pasividad de sus mayores. Así surgió ETA, que ha escrito una de las páginas más negras de nuestra historia contemporánea.

Tras la aprobación del Estatuto de 1979, transferidas las competencias educativas al Gobierno vasco, vendría el adoctrinamiento de las nuevas generaciones, a las que se enseña desde entonces que en julio de 1936 España invadió Euskadi y acabó con las libertades vascas e, incluso, que separó a Navarra de Euskal Herria.

 Una cantinela constantemente repetida, aunque las cosas no fueran así. Hubo más vascos y navarros en las tropas nacionales que en las republicanas. Muchos de los que militan hoy en las filas abertzales son hijos o nietos de requetés. Lo cierto es que la guerra en el País Vasco como en el resto de España fue una trágica contienda fratricida.  (...)"                (Juan Ignacio del Burgo, El Mundo, 22/04/17)

23/11/17

Director de e-notícies: Parece mentira como Catalunya ha aceptado el 155. Yo, la verdad, me esperaba un poco de resistencia. Que alguien se atrincherara en el despacho o se encadenara a la silla... El secretario general del Diplocat, Albert Royo, se fue diciendo que "ahora quiero un poco de tranquilidad y luego ya veremos". ¡Después de haber estado dando la tabarra durante cuatro años! Como al día siguiente de 1714, los catalanes hemos vuelto a abrir el puesto...

"Parece mentira como Catalunya ha aceptado el 155. Si no hubiera sido por la decisión de la juez Lamela de encarcelar a ocho consejeros y los Jordis todo hubiera sido como una balsa de aceite. La decisión judicial torpedeó la estrategia de Mariano Rajoy. 

Estoy seguro de que, en la Moncloa, no querían que las diligencias judiciales acabaran en prisión preventiva. Incluso en España, la política va por un lado y la justicia por otro.

¡Porque se había llegado a especular con un Maidan a la catalana!. El espíritu de Dencàs recorría los pasillos del Parlament: ¡Catalanes, en pie! Al final, todo quedó en nada. Una vez más hay que recordar, a modo de homenaje, las palabras proféticas de Sisa: “con la primera hostia, todo el mundo a casa".

Los Mossos, en efecto, se han apresurado a descolgar el retrato oficial del expresidente Puigdemont. Ha sido como aquel rito medieval: A rey muerto, rey puesto. Y eso que eran el gran dolor de cabeza del Ministerio del Interior porque, quieras o no, son 17.000 agentes con pistola al cinto.

Algunos altos cargos se han ido en silencio tras su cese. El expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer. El exdirector del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis y antes de El Born, Quim Torra. El exdelegado de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj. Y eso que ahora está el expresidente en la capital belga.

Ya habrá tiempo de contarlo. Ellos también nos han llevado hasta aquí. Tenía que ser pan comido. El mencionado Quim Torra -amigo mío o ex amigo a estas alturas: tanto me da visto como han dejado el país- publicó un libro el año pasado que llevaba el explícito título de "Los últimos cien metros" (Angle Editorial). Ahora se debe vender a precio de saldo.

Yo, la verdad, me esperaba un poco de resistencia. Que alguien se atrincherara en el despacho o se encadenara a la silla. Después de todo han ejercido de verdaderos ideólogos del proceso. Sobre todo mientras cobraban sueldo público. Ahora han enmudecido. Han acatado el 155 como unos alumnos pillados en plena travesura.

En algunos casos tampoco se entiende. El director general de la Policía, Pere Soler, se ha ido como si no hubiera pasado nado. Mientras que su superior, el ex conseller Quim Forn, está en la cárcel. Y su inferior, el mayor Trapero, tiene que hacer frente a responsabilidades judiciales en la Audiencia Nacional.

El secretario general del Diplocat, Albert Royo, se fue diciendo que "ahora quiero un poco de tranquilidad y luego ya veremos". ¡Después de haber estado dando la tabarra al frente de este organismo durante cuatro años! A mí, hace unos días, todavía me acusaba de babear. ¡Un alto cargo de la Generalitat! Sin duda, muy dotado para la diplomacia no estaba.

 El problema es que hemos puesto hiperventilados en lugares clave. El Diplocat, en teoría, nos tenía que abrir las puertas de la Unión Europa. Nada, agua de borrajas. Como recordaba un verdadero experto en relaciones internacionales, Jesús Maestro: ¡a la hora de la verdad no nos ha reconocido ni Sudán del Sur!. (...)

Mientras que el resto continúa aferrado al cargo. No ha dimitido nadie. Y eso que ahora tienen que obedecer las órdenes del Estado opresor. Pere Aragonés sigue al frente de la Secretaría de Economía. Todavía recuerdo cuando era un joven líder de las JERC y denunciaba que España nos roba.
Tampoco Jordi Puigneró, el director del CTTI, una de las piezas básicas del referéndum. Hasta hace poco iba sacando pecho en twitter. O el secretario general de Territori, Ferran Falcó. Y eso que ha visitado el exconseller Rull en prisión en señal de amistad y de solidaridad. Pero tampoco ha dimitido.

Puestos a pedir dimisiones quizás pedir también la de Vicent Sanchis, Saül Gordillo, Mònica Terribas, Ramon Pellicer, Lídia Heredia, Xavier Graset, Ricard Ustrell, Kilian Sebrià y todos los demás. También todos y cada uno de los presentadores del Telenotícies o del 324 o del 30 Minuts. Han puesto su imagen pública al servicio del proceso. En cierto modo han ayudado a engrasar la maquinaria.

Los más de 200.000 funcionarios de la Generalitat, por otro lado, han obedecido sin rechistar. Y no dudo de que muchos de ellos participaron en el referéndum o en la manifestación por los Jordis. Al fin y al cabo la mayoría entraron en la Administración durante los gobiernos de CiU. Después más de 55.000 con el tripartito.

Pero una cosa es manifestarse y la otra es que te toquen la nómina. El mismo delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, agradeció "de forma expresa" su buen comportamiento. "Todos los departamentos están funcionando con total normalidad", añadió durante una comparecencia el pasado 31 de octubre. Buenos muchachos.

De hecho, no se movilizaron en masa ni el día de la huelga general. Tuvo más de un 30% de incidencia en la Enseñanza -a ver si será verdad aquello del adoctrinamiento escolar-, pero en el resto de consejerías osciló enre el 15 y el 35%. En el Departamento de Salud, con el exconseller todavía en Bruselas, fue sólo del 15%.

En mi entorno personal y familiar -formado básicamente por catalanistas o incluso abiertamente independentistas- ha habido una sensación de alivio tras la aplicación del 155. Como cuando apruebas el examen de conducir o la Selectividad: te sacas un peso de encima.

La pregunta más habitual ha sido: ¿ya está? Y una amiga, de Esquerra, soltó una frase que me llegó al alma: "casi me alegro de que nos lo hayan aplicado". Como al día siguiente de 1714, los catalanes hemos vuelto a abrir el puesto."                (Xavier Rius, director de e-notícies, e-notícies, 16/11/17)

¿Hay una espiral de silencio en Cataluña? Sí...

"A menudo se dice que en Cataluña las personas contrarias a la independencia son reacias a opinar del tema. Se dice que hablan menos de política y que no intervienen en charlas informales con amigos o en el trabajo. A esto se le llama espiral del silencio.

 ¿Pero ocurre en Cataluña? Los datos a continuación sugieren que sí. No constituyen una prueba definitiva, pero son cuatro indicios del fenómeno extraídos de 10.000 entrevistas y de tres fuentes distintas.

 

1. Los no independentistas dicen sentirse incómodos


Los catalanes no independentistas se sienten más incómodos al expresar sus ideas sobre la independencia. Así lo dicen cuándo se les pregunta. Según un sondeo de Gesop, que publicó El Periódico en octubre, el 49% de los no independentistas afirmaron «no sentirse cómodos» hablando del tema. La incomodidad es mucho menos frecuente entre los independentistas y solo afecta al 18% de ellos.

 

2. Los no independentistas hablan menos de política


Lo atestiguan los datos de CIS de 2015. Un catalán no independentista tenía el triple de probabilidades de decir que no habló de las elecciones en su casa o con sus amigos. La probabilidad de no haber hablado «nunca o casi nunca» en casa es del 6% para los independentistas y del 21% para quienes preferían un Estado con Comunidades Autónomas como ahora o más centralizado.

La brecha que muestra el gráfico es robusta. Se mantiene después de controlar diferencias por edad, sexo, provincia, estudios e ingresos familiares. Imaginad dos personas iguales en todo eso, una partidaria de la independencia y otra que quiere que las CCAA sigan como ahora. La segunda persona tiene el triple de probabilidades de no haber hablado de las elecciones con sus amigos.

En realidad hay dos niveles de espiral de silencio. El primer nivel ocurre simplemente si los no independentistas hablan menos de política. Por la razón que sea. Quizás les interesa menos o son más reservados en general. Esto significa que el debate público estará sesgado porque las voces independentistas se escucharán más. Habrá más corrillos alrededor de sus ideas y participarán más cuando sale el tema tomando café. 

Es posible discutir la magnitud o la importancia de este fenómeno, pero es difícil negar que ocurre en Cataluña. A los datos que acabamos de ver podemos añadir otros, como que los independentistas están más interesados por la política, o que los unionistas son mayores y tienen menos estudios, dos cosas que seguramente les hacen más reservados.

Pero la espiral de silencio alcanza un nivel más grave cuando es inducida. Es decir, si es precisamente el hecho de no ser independentista lo que hace que algunas personas se vuelvan reservadas. Los datos del CIS que acabamos de ver refuerzan esa idea, aun sin demostrarla de forma definitiva, porque son una señal de causalidad más fuerte que una correlación.

 

3. En las encuestas faltan votantes no independentistas


En Cataluña hace tiempo que faltan respuesta unionistas en los sondeos. Lo podemos ver con los datos del CEO, el equivalente al CIS de la Generalitat. Solo un 5% de los encuestados recuerda haber votado por Ciudadanos en 2015, aunque al partido le votó el 14% de los catalanes. Ocurre lo mismo con el PP: le votó el 6,5% y lo recuerda el 2,6%. 

Con otros partidos esto no pasa. El caso más llamativo es el de ERC en las últimas generales: le votó el 12% del censo, pero el 19% de las personas en la muestra del CEO recuerda haberles votado.

Estas disparidades ocurren por sesgos en la muestra. Las personas que no contestan las encuestas —porque no quieren o porque no son preguntadas—, son distintas de las que sí contestan. Entre quienes no contestan hay más votantes de Ciudadanos y el PP, mientras que entre los que sí contestan abundan los votantes de ERC, Podemos o Junts pel Sí.

Este sesgo podría causarlo una espiral de silencio. Quizás faltan votantes unionistas porque declinan contestar la encuesta cuando les llaman los entrevistadores.

No es la única explicación, pero las alternativas parecen más enrevesadas. Podría ser que falten unionistas en las encuestas porque los encuestadores no dan con ellos. Por ejemplo, en el pasado las encuestadoras tenían dificultades para encontrar jóvenes que cogieran el teléfono. Con los catalanes no independentistas podría pasar algo parecido.

 

4. Los entrevistadores ven reticentes a los no independentistas


Hasta aquí hemos confiado en lo que dicen los encuestados. Pero el último indicio de la espiral de silencio lo aporta un observador externo: los entrevistadores. Las personas que hacen las encuestas del CEO rellenan una casilla diciendo si la persona entrevistada "se mostraba reticente a responder". 

Podemos usar esos datos para salir de dudas: ¿se muestran más reticentes los catalanes no independentistas? La respuesta es que sí. El 42% de los no independentistas fueron percibidos como reticentes, frente al 28% de los independentistas.

Además la diferencia no parece circunstancial. Alguien podría argumentar que la reticencia se debe a la edad, por ejemplo. Y es verdad que las personas mayores se muestran más reticentes al contestar al CEO. 

Pero como se observa en el gráfico siguiente, las diferencias entre independentistas y no independentistas se mantienen entre personas de la misma edad. Lo mismo vemos con los estudios: las personas con doctorado o máster son las menos reticentes, pero incluso en ese grupo tan homogéneo vemos diferencias entre independentistas y unionistas.

 La reticencia de los no independentista parece firme. Para confirmarlo he incluido controles para diferencias por edad, sexo, provincia, ingresos familiares, origen, estudios y lengua. La diferencia se mantiene en 10 puntos y es estadísticamente significativa. Los resultados se ven en el último gráfico: dadas dos personas iguales en todas esas características, la que no es independentista tiene más de probabilidades de mostrarse reticente al contestar.

La diferencia es pequeña, pero importante. No estamos hablando ahora de los unionistas que faltan en las muestras. Estamos comparando personas que sí contestan las encuestas. Y lo que vemos es que incluso dentro de ese grupo, las personas contrarias a la independencia se muestran más incómodas al expresar sus ideas. Lo dicen ellos, como vimos al principio, pero además su reticencia la perciben los entrevistadores.

Fuentes y metodología. Los datos de «incomodidad» provienen de una encuesta de Gesop en El Periódico. Los datos de recuerdo de voto son del CEO. He combinado las tres oleadas de 2017 para tener una muestra mayor (4.500 entrevistas).

Los datos del CIS los he tomado de la encuesta postelectoral de 2015 (1.500 entrevistas). Las probabilidades de contestar «nunca o casi nunca…» están estimadas con un modelo de regresión logit, e incluyen controles por edad, sexo, provincia, estudios e ingresos familiares. En el gráfico se representan las predicciones del modelo "en la media" (dejando el resto de predicciones en valores promediados). Los intervalos de confianza son del 95%.

Los datos del CEO sobre reticencia los he tomado de los cuatro barómetros entre julio de 2016 y 2017 (6.000 entrevistas). He excluido el barómetro de octubre porque me interesaba medir el fenómeno antes de esos acontecimientos.

 Las probabilidades están calculadas con un modelo logit, e incluyen controles por edad, sexo, provincia, ingresos familiares, origen, estudios. También incluyo una interacción entre lengua habitual y lengua de la entrevista. Quería evitar interferencias si una persona hace la entrevista en catalán, por ejemplo, siendo el castellano su lengua habitual."                   ( , El País, 19/11/17) 

“¡He encontrado dos Sánchez y un Martínez!”... entre los apellidos de la lista de Junts per Catalunya por Barcelona, ¡entre 170! Es un ejemplo de la patrimonialización de Cataluña con espíritu de casta

"Ver la lista de Junts per Catalunya por Barcelona, legendaria ciudad abierta, ofrece una vista interesante sobre el paisaje moral de Cataluña. La realidad es conocida: los apellidos más frecuentes allí son, como en toda España, García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Férnández, Pérez, González, Gómez, y suma y sigue hasta más de veinte.

 La Lista de JuntsxCat, desde Puigdemont i Casamajó, es una sucesión de apellidos catalanes: Ponsatí i Obiols, Turull i Negre, Borrás i Castanyer, Rull i Andreu… todos con su i entre los apellidos, una práctica identitaria como tantas impostada ya que irónicamente fue adoptada del Registro Civil español en el XIX contra la tradición catalana de pérdida del apellido materno.

–“¡He encontrado dos Sánchez y un Martínez!” exclamaba irónicamente el sociólogo Pau Marí-Klose en su Twitter por ese hallazgo ¡entre 170 apellidos! Y en efecto con motivo al compararlo con un partido bien catalán como el PSC, con 6 López, 5 Martínez, 4 Pérez, 3 García o 2 Moreno.
Naturalmente no es casualidad

El nacionalismo indepe atrae sobre todo a quienes tienen antepasados catalanes –el gráfico de apoyo al independentismo según se tengan abuelos catalanes es significativo– de modo que resulta lógico ese predominio. En cambio, lo que no parece lógico es la ausencia casi total de apellidos no catalanes en la nomenclatura no sólo del partido sino del ‘aparato’. 

Es un ejemplo de la patología de la burbuja. La patrimonialización de Cataluña con espíritu de casta –Cataluña somos nosotros– como aquellos WASP con la ‘tierra prometida’ del Mayflower. Esa es la lógica que dos millones de catalanes, o algo más si se incluyen los niños a los que hacen participar en las movilizaciones, pretenden imponer a todos.

Hasta ahora han actuado como si tomar Cataluña como suya bastara para imponer el proyecto, y arrastrar al resto. El choque con la realidad ha comenzado a resultarles algo más que irritante. Y durante un tiempo todo esto resultaba ridículo, cómicamente ridículo. 

Como reflejaba la película de Los ocho apellidos..., la bobada de la pureza de sangre en el vasco era agreste, pero en el catalán más bien petulancia snob. Sin embargo, más allá de los tópicos, la pureza de sangre siempre acaba por ser una mala noticia para una sociedad moderna. Actuar como cristianos viejos delata ese supremacismo carlistón que sólo puede derivar en una decadencia moral.

Y cada vez es más inocultable, como cuando esta semana Nuria de Gispert, ex presidenta del Parlament, le decía a Arrimadas que por qué no se va a Cádiz. La señora Gispert nunca tuvo una inteligencia apreciable –aunque claro, es Gispert i Català– pero aflorar ese sentimiento tan embrutecido, que además germina con facilidad en entornos cerrados con una espiral autoalimentada, es revelador. 

Eso hierve con facilidad en la red, como el artículo de un tal Jordi Galves en Elnacional.cat considerando Cornellá no catalana sino colonia española donde se vive “como Chiquito de la Calzada en Tokio”. El supremacismo, en fin, es una de las expresiones más características del veneno del nacionalismo que menciona Juncker. En la posmodernidad líquida, se puede disfrazar de ‘queremos votar poder irnos para ser libres’, pero no engañan a nadie sobre el mensaje real: ‘queremos votar poder irnos porque somos mejores’.

Sí, son más ricos y mejor formados. Los datos de relación entre nivel de formación y apoyo al independentismo son rotundos. Tienen más fuerza, más riqueza, más poder, y quieren no compartirlo. Así han pasado de presumir de su sociedad plural e integradora a un proyecto racista y xenófobo, muy a lo WASP, por cierto patente ya en Heribert Barrera, padre de ERC. 

Al final esto siempre acaba por aparecer en el nacionalismo, esa caja de Pandora que en el siglo XX hizo salir a sus peores demonios. La deriva en Cataluña es inquietante, y no sólo porque amenaza la estabilidad del gran continente del bienestar, sino que les está convirtiendo en una sociedad enferma. 

La ceguera obsesiva del proyecto parece impedirles ver, incluso a la élite intelectual desalentadoramente, la espiral degradante con la que están empobreciendo una sociedad con gran tradición plural y potencia modernizadora."               ( , El País, 20/11/17

Adecco: En caso de independencia, el paro en Cataluña superaría el 30%

"(...) P. ¿La situación de Cataluña puede entorpecer la recuperación laboral?

R. Una situación de cierta imprevisibilidad como la actual, afecta a la economía y al empleo.

P. ¿Lo están notando ya?

R. Un poco. En el trabajo temporal anticipamos los ciclos. No es que la economía catalana esté cambiando de ciclo, sino que se ha abierto un tiempo de incertidumbre. Las multinacionales preguntan, también todos los que quieren invertir. Y eso se congelará en tanto no haya estabilidad.

P. Adecco hace previsiones de contratación. ¿Las ha revisado?

R. Cataluña puede tener un diferencial en la evolución del empleo con el resto de España de hasta un 10% en 2018. Nosotros crecemos en dos dígitos en los últimos años. Si la inestabilidad se mantiene, el gap entre el crecimiento de Adecco en Cataluña y en el resto de España puede ser de hasta 10%. 

En el hipotético caso de que Cataluña fuera un país independiente, sí que somos muy negativos. Pensamos que estaría en juego el 20% del PIB de ese país y una pérdida potencial de 500.000 puestos de trabajo en Cataluña, lo que podría hacer que el desempleo se fuera por encima del 30%. (...)"                   (Entrevista a Enrique Sánchez, presidente de ADECCO, El País, 20/11/17)

Si se le concede el concierto vasco a Cataluña, España dejará de ser un Estado y la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones serán insostenibles

"El PNV, para apoyar los presupuestos de 2017, exigió renovar su modelo fiscal y que Rajoy renunciase a los 1.500 millones de euros que los técnicos de Hacienda reclamaban al País Vasco por las liquidaciones del acuerdo de años anteriores. 

Rajoy aceptó confirmando que el PP sólo tiene ideología cuando tiene mayoría absoluta. Esta semana el PNV ha exigido de nuevo al Gobierno tramitar por vía de urgencia las leyes que plasman el acuerdo para apoyar los Presupuestos de 2018. (...)

 Desde el resto de comunidades autónomas se pide a Rajoy mejorar su financiación para mejorar la educación, la sanidad y la dependencia. Todo esto con una deuda pública del 100%, la mayor desde 1909, un déficit público estructural que hay que revertir si queremos reducir la deuda pública. 

El déficit se concentra en el sistema público de pensiones del que se benefician siete millones de españoles y PP y Ciudadanos, a los que las encuestan dan una mayoría holgada para seguir gobernando la próxima legislatura, proponen bajar impuestos.

Todo lo descrito en el párrafo anterior no puede producirse a la vez, y se entiende que Urkullu quiera cerrar lo suyo antes de las elecciones catalanas. Cuesta entender que Pedro Sánchez, tras el 155, vuelva a apoyar a Rajoy en esta ley que permitiría aprobar los Presupuestos y alargar la legislatura hasta finales de 2019. Cuesta entender que Rivera critique esta ley, pero luego vote junto con el PNV los Presupuestos. Y cuesta mucho más entender que Pablo Iglesias apoye a Rajoy en esta ley y prolongue la legislatura.

El Estado del bienestar que hemos construido en los últimos 40 años se basa en cuatro pilares: una economía competitiva que ha mejorado su productividad y sus salarios; un impuesto sobre la renta progresivo; el sistema público de pensiones; y el sistema de financiación autonómica que garantiza igualdad de servicios públicos básicos de los ciudadanos independientemente de dónde residan.

Los vascos pagan los mismos impuestos que el resto. Pero no contribuyen al modelo redistributivo de la financiación autonómica, y por eso disfrutan de un generoso superávit en su balanza fiscal. El modelo vasco es similar al cheque británico que Margaret Thatcher exigió a Europa o al de Ángela Merkel, que pone palos en las ruedas para avanzar hacia una Europa federal.

El País Vasco es el 5% del PIB español. Cataluña es el 20% del PIB y, si se les concede el mismo modelo, España dejará de ser un Estado y la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones serán insostenibles. Un modelo federal eficiente debe combinar descentralización y un centro fuerte, debe avanzar en el proyecto europeo y debe mejorar la gobernanza global para resolver retos como el cambio climático. (...)"               (José Carlos Díez, El País, 17/11/17)

22/11/17

Barcelona ya no tiene poder

"(...) ¿Cómo va a sorprendernos que la Unión Europea no confíe en nosotros para acoger la Agencia Europea del Medicamento? La estabilidad política no es un capricho de los conservadores, no es un lujo inventado para impedir el acceso al poder de los supuestos revolucionarios ni un argumento para combatir a los partidarios de socavar el equilibrio social para alcanzar sus proyectos.

 La estabilidad política es la garantía de un conjunto de intangibles que en el caso de Barcelona proyectaban una marca casi invencible.

 Esa marca se ha volatilizado. Lo sospechábamos y la Unión Europea nos ha mandado recado para que tomemos conciencia. Técnicamente no había dudas, hay un potencial científico, una industria farmacéutica indiscutible, unas buenas comunicaciones y una calidad de vida envidiable. 

El fracaso de la EMA no es el resultado de un solo factor. No habría que olvidar que España acoge tantas agencias europeas como todos los países del Este juntos; sin embargo, los méritos de la derrota son propios y plurales. (...)

El Gobierno cesado de la Generalitat y su presidente afiliado al antieuropeísmo militante desde la propia Bruselas, fugado después de haber provocado la mayor crisis política que se recuerda en mucho tiempo; la violencia innecesaria desatada por el Gobierno de Madrid para frenar un contencioso político, el funambulismo del ayuntamiento en materias altamente sensibles... Todos han colaborado para que la pregunta más habitual de los inversores y visitantes antes de viajar a Barcelona sea : «¿Cómo está la cosa por ahí?».

Algo impensable hace unos pocos años, pero muy comprensible dado que los primeros en no creer en la ciudad y el país son los empresarios de casa que huyen a buscar cobijo legal en otras partes. Esta pérdida de peso, de proyección y de poder de atracción va a durar algún tiempo. Hay que hacerse a la idea. El prestigio y la reputación se ganan durante décadas y se pierden en un instante. (...)"            (Jordi Mercader, El Periódico, 20/11/17)

Rosa María Sardà devuelve la Cruz de San Jordi: —¿En qué puedo ayudarla, señora Sardà? —Es por la Cruz de Sant Jordi. —Creo que ha habido un error. Me ha dicho mi colega que quiere devolverla. —No, no es un error. La quiero devolver, exactamente, aquí la tiene.

"El 24 de julio de este año, Rosa María salió de su casa y miró al cielo. Eran las once de la mañana de un día de una claridad inusual en Barcelona. El día anterior una lluvia intempestiva había limpiado el aire, pero no había rebajado la temperatura ni un solo grado. 

Pensó, como solía hacer desde hacía un tiempo, que el clima sí era un tema por el que merecía la pena luchar y desgañitarse: un tema relevante que afectaba a la vida humana y al planeta y que se veía desplazado a una mera anécdota por la marejada política que inundaba el país en el que le había tocado vivir.

Lo que iba a hacer, en el fondo era un grito de auxilio, un puñetazo en la mesa, un basta ya, un no puedo más. Llevaba tiempo meditándolo y aquella mañana, ante el café con leche, mientras echaba de menos una vez más los cigarrillos, decidió que ya era el momento.

No se lo dijo a nadie porque sabía que intentarían disuadirla y en aquellos momentos, tras una larga enfermedad de la que estaba saliendo, no se sentía con energía suficiente para discutir y defender su decisión. Tan solo quería ejecutarla. Torció por la calle Pau Claris de Barcelona y empezó a descender por ella. 

No tenía prisa y se detuvo en el escaparate de una librería. Lectora empedernida, pensó en comprarse un par de novedades que ansiaba leer, pero decidió hacerlo a su vuelta, ya liberada de la misión que hoy la había sacado de casa.

Ya en Via Laietana, se desvió hasta llegar a la Plaça de Sant Jaume, miró al Ayuntamiento y no pudo evitar una sonrisa: recordó a su amado amigo Terenci Moix y recordó su capilla ardiente años atrás en la que sonaba la banda sonora de Blancanieves ‘I go I go, it`s after work we go’. Terenci la habría entendido. Terenci la habría acompañado. Y luego se habrían reído, hablando de lo divino y lo humano ante un par de gintonics. Terenci…

Entró en el Palau de la Generalitat y preguntó a la funcionaria de turno que al principio no la reconoció y no entendió la pregunta. Una vez entendida —y finalmente reconociéndola— la funcionaria le rogó que esperara e hizo una llamada.

Había una corriente de aire bastante molesta en la entrada del Palau y se guareció como pudo, contra una pared. Tras unos minutos, apareció un funcionario que, amablemente, tras estrecharle la mano con fuerza, la condujo a un pequeño despacho.


—¿En qué puedo ayudarla, señora Sardà?

—Es por la Cruz de Sant Jordi.

—Creo que ha habido un error. Me ha dicho mi colega que quiere devolverla.

—No, no es un error. La quiero devolver, exactamente, aquí la tiene.

Rosa María sacó una carpeta con la condecoración y una nota. En la nota de su puño y letra, decía que dadas las circunstancias, ella no se consideraba merecedora de la Creu de Sant Jordi otorgada por el Gobierno catalán y que, como la condecoración traía consigo que en el momento del fallecimiento, la Generalitat ofrecía una esquela en los periódicos, que por favor tuvieran a bien ahorrársela.

El funcionario cogió la carpeta con gesto nervioso, no sabiendo muy bien qué hacer con ella. Rosa María le pidió un recibo.

—¿Un recibo?

—Sí, un recibo, conforme la he devuelto.

—Sí, claro... Un momento. El funcionario abandonó el despacho y ella aprovechó para mirar el teléfono. Volvió a los pocos minutos con un albarán y se lo entregó. Se dieron la mano. Antes de irse, 
Rosa María le dijo:

—¿Lo de la esquela está claro, verdad?

—Sí, sí…

Al salir a la calle de nuevo, se sintió triste y libre, lo cual no era ninguna novedad para ella: es el precio a pagar por tener una implacable brújula moral que te marca en cada momento las acciones que debes hacer para ser coherente, pese a quien le pese y pase lo que pase. Aunque te cueste amistades, repudio, odio, insultos, incomprensión.

Volvió a subir, esta vez mas despacio, Pau Claris arriba, hacia la librería.

Rosa María Sardà no me contó los libros que compró ese día, pero, conociéndola, sé que los habrá leído, amado y entendido como nadie."                     ( es directora de cine, El País, 19/11/17)

El nacionalismo catalán de estos últimos cinco años exige una renuncia contundente y pública a sentirse español si uno quiere ser reconocido como un catalán verdadero. El nacionalismo en su versión irredenta ha vuelto, y da miedo

"La primera muerta del conflicto catalán fue la imaginación. Nunca se pensaron soluciones imaginativas. Por ejemplo: catalanizar España, y eso hubiera sido posible desde el catalanismo, porque éste permitía sentirse catalán y español a la vez. 

Sin embargo, el nacionalismo catalán de estos últimos cinco años exige una renuncia contundente y pública a sentirse español si uno quiere ser reconocido como un catalán verdadero. El nacionalismo en su versión irredenta ha vuelto, y da miedo. 

El miedo a la desgracia política es un sentimiento que nadie debería de experimentar cuando se vive en una democracia avanzada, cuando se vive en un país europeo. Y sin embargo reconozco que tuve miedo cuando se acercaba la intervención de Puigdemont la tarde del martes 9 de octubre, en donde debía proclamar la República Catalana.

Y yo mismo me increpé censurándome mi miedo. ¿Por qué el miedo a estas alturas de mi vida? Y aún peor, ¿por qué la vida de cualquier ciudadano se tiene que ver ocupada por la presencia de personajes inanes y mediocres? Tal vez eso sí que da más miedo: el acceso a la fama de políticos de una holgada banalidad en todo el arco ideológico de la política española y catalana. 

La mayoría de la gente desconoce el nombre de los escritores, de los artistas, de los científicos españoles y sin embargo reconoce hasta la saciedad los rostros de Rajoy, de Puigdemont o de Junqueras. Hace ya unas semanas vi a Ada Colau y a Carmena en una conversación televisada en donde ambas exhibieron en su discurso los tópicos políticos más gastados. Pensé: la fama política es pura frivolidad. A nadie se le exige tan poco como a un político. Eso da miedo.  (...)

Cuando oigo decir a Anna Gabriel que quiere “una independencia sin fronteras”, o a Casado que “Puigdemont puede acabar como Companys” me vuelve el miedo. Es el miedo a la chabacanería como una forma de pensamiento. 

 (...) el 12 de junio de 1985 España entró a formar parte de la Unión Europea, entonces se llamaba la Comunidad Económica. Ese fue un hecho trascendental que Puigdemont y Junqueras acallan, porque el secesionismo lleva tiempo construyendo una imagen de una España deprimente que nunca comprobó si se ajustaba a la realidad.

 Descubren ahora que España no es Francoland, en palabras de Antonio Muñoz Molina, quien precisamente ya advertía de que la España exótica y pintoresca se fue desvaneciendo a lo largo de estos últimos cuarenta años de democracia. Por eso, da la sensación de que Puigdemont se acaba de dar cuenta hace cinco minutos de que si Cataluña se va de España se va también de Europa, porque España es Europa

 ¿Cómo es posible arriesgar la identidad europea de Cataluña? Eso da miedo, mucho miedo. La España de la que habla el secesionismo no existe. Toda España cambió, pero el nacionalismo catalán no lo quiso ver. Y como la historia es cínica e irónica, quien ha venido a despertar a los muertos vivientes del museo de los horrores del fascismo español ha sido el nacionalismo de Puigdemont, por lo que debemos estarle muy agradecidos. (...)

Muchos catalanes que padecieron la crisis económica del 2008 y asistieron impávidos a los mil casos de corrupción de los políticos del PP optaron por la secesión como legítima forma de protesta y de exploración de un futuro diferente.

 Nadie les explicó que esa crisis era global y que la corrupción de los políticos del PP también la padecían el resto de españoles. El problema que tiene el secesionismo no es tanto España como el mundo globalizado, un mundo occidental que tiene una sola economía. 

El secesionismo como protesta política podría haber sido compartido por muchos españoles si no se hubiera mostrado bajo la toxicidad del nacionalismo supremacista. Porque el nacionalismo lo único que produce es miedo. Por eso se van las empresas, porque hasta el dinero tiene miedo."            (Manuel Vilas, El País, 14/11/17)

La identidad española, en sus diversos grados y motivaciones, no significa la presencia mayoritaria de un nacionalismo excluyente y autoritario. Hay una identidad fuerte, heterogénea, difusa de gente que se considera española. Lo hace de un modo laico, no excluyente y sabiéndose parte de una pluralidad de seres humanos

"(...) Hay una identidad fuerte, heterogénea, difusa de gente que se considera española. Lo hace de un modo laico, no excluyente y sabiéndose parte de una pluralidad de seres humanos. Lo que quiero decir es que el nacionalismo español es minoritario. Tanto es así, que para buscar la hegemonía tiene que camuflarse en el nacional-constitucionalismo e incorporar irremediablemente al PSOE. 

Es cierto que puede haber muchos ciudadanos españoles que sean nacionalistas sin saberlo; pero, en todo caso, minoritarios. Lo digo de una manera directa para evitar equívocos: la identidad española, en sus diversos grados y motivaciones, no significa la presencia mayoritaria de un nacionalismo excluyente y autoritario.

Algunos lo dijimos desde el comienzo con desigual suerte, es verdad. El paso del nacionalismo catalán al independentismo iba a generar, tarde o temprano, la presencia de una minoría de grandes dimensiones española y hasta españolista. La pluralidad de culturas existente en Catalunya ha coexistido en un marco autonómico porque nadie iba a ser sometido a elegir entre Catalunya y España. 

Este era un salto con consecuencias porque catalanes que se sienten españoles con toda normalidad y naturalidad ven en peligro, no solo su identidad sino que empiezan a vivir dramáticamente una “condición post española” que los convierte en extraños en su propia tierra que, dicho sea de paso, muchos la han construido con sus propias manos en condiciones de sobre explotación y, paradojas de la vida, defendiendo los derechos nacionales de Catalunya.

La realidad ha evidenciado más cosas que convendría no olvidar ahora que estamos ya en plena campaña electoral. Las últimas elecciones autonómicas catalanas el movimiento independentista las planteó como un plebiscito. No ganaron, mejor dicho, tuvieron mayoría parlamentaria pero no consiguieron la mayoría del electorado.

 Los partidos mayoritarios tenían varias posibilidades y escogieron una especialmente arriesgada: romper con la legalidad estatutaria e iniciar un proceso de secesión. Hay que decir que han conseguido movilizar a una parte significativa de Catalunya y que esta movilización ha sido sostenida en el tiempo en una dialéctica muy pensada de acción/reacción que ha situado al gobierno español en un escenario con muchas dificultades.

El cálculo estratégico se ha hecho explícito con el tiempo. El punto de partida era, en principio, potente: control de las instituciones del Estado en Catalunya, específicamente, de los funcionarios y de los Mossos a lo que había que añadir una influencia determinante en los medios de comunicación públicos. 

El régimen pujolista creó una “trama” entre poderes políticos, económicos y comunicacionales que, solo en la fase final, ha entrado en crisis. Todo esto –es bueno insistir sobre ello- con una movilización muy importante (centenares de miles de personas) que han encontrado en la independencia de Catalunya su “utopía concreta” transversal y liberadora.

No creo que sea aventurado decir que en los cálculos estratégicos del núcleo dirigente independentista estaba, en primer lugar, la idea de que la Unión Europea (confundir la Unión Europea con Europa es arriesgado siempre) sería neutral o que incluso podría apoyar el proceso independentista. Imagino que algo sabrían y que deberían de tener alguna información que el resto de los mortales no conocíamos.

 Un segundo elemento llevaría a pensar que el movimiento independentista vislumbró, pensó que el Estado español no tendría fuerza suficiente para bloquear o impedir el proceso. Habría un tercer elemento que no sabemos a estas alturas si se tuvo en cuenta cuando se inició el proceso.

 Me refiero a la capacidad del gobierno de construir una amplia mayoría parlamentaria articulada en torno a unos medios de comunicación casi unánimes y con el apoyo, más o menos explícito, de una parte significativa de la población española.

La estrategia de Mariano Rajoy ha sido, en muchos sentidos, inteligente. A la “guerra de maniobras” emprendida por el gobierno de la Generalitat ha respondido con una “estrategia de desgaste” que no solo le ha dejado la iniciativa al adversario, sino que le ha permitido ganar tiempo, acumular fuerzas y hacer evidentes las contradicciones del contrario.

Rajoy jugó fuerte desde el principio. Lo primero fue ganarse el apoyo del amigo americano, hoy especialmente complicado por la figura de Donald Trump. Luego, tejer acuerdos con la Unión Europea, sus gobiernos e instituciones y, más allá, intentar neutralizar una campaña internacional del gobierno catalán especialmente eficaz.

Rajoy dejaba hacer, les permitía avanzar favoreciendo que el gobierno independentista fuese cada vez más audaz rompiendo amarras con una parte de la población catalana, haciendo emerger todas sus contradicciones. La hipótesis de una dirección plebeya del proceso que confirmaría la autonomía del movimiento en Catalunya, al final no ha dado mucho de sí. 

Cuando el presidente Puigdemont, en el último minuto, intentó pactar una salida que impidiera la aplicación del 155, ya era demasiado tarde. Rajoy se dio cuenta de que había ganado la partida y estaba en condiciones de ceder o no y dejarle al presidente de la Generalitat la decisión definitiva. La proclamación de la supuesta independencia habría que calificarla de proclamación/fiasco. 

La desbandada fue general y entramos ya de lleno en una campaña electoral que, a mi juicio, puede producir sorpresas significativas. El ingreso en prisión de una parte del gobierno de Catalunya y la orden internacional de búsqueda del resto, ha sido el inicio de una represión que se está aplicando con una calculada gradualidad. Se habla, incluso, de que no habrá presos el día de las elecciones

Creo que se puede decir que la lucha contra la represión ha impulsado de nuevo un movimiento que había perdido el norte y que carecía de una sólida dirección política. Ahora estamos en el “sálvese quien pueda” electoral y, a partir de ahí, reorganizar fuerzas y reformular una estrategia que ha demostrado enormes carencias. (...)

La llamada crisis catalana es  también la de España como país y como Estado. Se puede eludir y hasta ignorar, pero la crisis del Régimen del 78 sigue abierta; se podría matizar diciendo que la restauración ha avanzado y que las fuerzas de la ruptura democrática han perdido influencia, se han dividido y tienen dificultades para definir un proyecto de sociedad, de gobierno y de Estado diferentes. (...)"      ( , eldiario.es, 17/11/2017)