Manifiesto: 'Por una alianza popular contra la autonomía diferenciada de la ultraderecha y los "falsos amigos" del centroizquierda"... El proyecto de "autonomía diferenciada" permite evaluar los riesgos a los que nos enfrentamos: se produciría una fragmentación cuyo efecto más peligroso residiría sobre todo en el empuje hacia una competencia a la baja, cuyos gastos correrían a cargo de las clases trabajadoras, tanto en el sur como en el norte del país. Hombres y mujeres trabajadores armados unos contra otros. En interés exclusivo de las clases dominantes... ¿Qué significa más autonomía regional? Ya lo hemos visto en la sanidad... ¿Hemos visto mejorar la protección de la salud o 20 centros de poder y enormes clientelas políticas regionales con 20 sistemas sanitarios distintos con servicios y prestaciones sanitarias profundamente diferentes? Por no hablar de los ahora extendidos seguros complementarios que permiten mejores servicios a quienes trabajan en determinadas empresas, especialmente en ciertos territorios económicamente más ricos... Queremos que deje de haber ciudadanos de primera y de segunda en función de las regiones de pertenencia (Contropiano)

 "El proyecto de "autonomía diferenciada" lleva tiempo en marcha. La Liga, primero la de Bossi y luego la de Salvini, lo ha convertido en su bandera. Pero no ha estado ni mucho menos sola. Y si hoy hemos llegado a la aprobación de la ley Calderoli, es sólo gracias a una cadena de complicidades que se remonta a lo largo de los años y llega hasta nuestros días y que implica a casi todo el arco parlamentario, desde el PD -el 'renziano' de ayer y el 'schleiniano-bonacciniano' de hoy- hasta Forza Italia, pasando por los 'nacionalistas' de Fratelli d'Italia. Esos que se llaman a sí mismos "patriotas" y que no pierden ocasión de demostrar que la única patria que conocen es la que puede llenarles la cartera.

Cuatro regiones - Piamonte, Lombardía, Véneto y Liguria, todas ellas gobernadas por la derecha - ya han solicitado oficialmente la autonomía sobre las materias para las que no está prevista la determinación de los LEP (Niveles Esenciales de Rendimiento), prevista en el artículo 117 de la Constitución.

Materias que son todo menos secundarias, empezando por el comercio exterior y terminando por las funciones relacionadas con el bienestar complementario.

Esta petición improvisada permite evaluar los riesgos a los que nos enfrentamos: se produciría una fragmentación cuyo efecto más peligroso residiría sobre todo en el empuje hacia una competencia a la baja, cuyos gastos correrían a cargo de las clases trabajadoras, tanto en el sur como en el norte del país.

Hombres y mujeres trabajadores armados unos contra otros. En interés exclusivo de las clases dominantes.

Oponerse a la autonomía diferenciada es, por tanto, estratégico para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras.

¿Qué significa más autonomía regional? Exactamente lo que ya hemos visto cuando una materia como la sanidad con la reforma del Título V se convirtió en legislación concurrente entre estado y regiones.

¿Hemos visto mejorar la protección de la salud o 20 centros de poder y enormes clientelas políticas regionales con 20 sistemas sanitarios distintos con servicios y prestaciones sanitarias profundamente diferentes?

Por no hablar de los ahora extendidos seguros complementarios que permiten mejores servicios a quienes trabajan en determinadas empresas, especialmente en ciertos territorios económicamente más ricos, con una buena tranquilidad para los principios universalistas de igualdad de acceso a la asistencia y a los servicios.

Queremos que deje de haber ciudadanos de primera y de segunda en función de las regiones de pertenencia y de la renta personal.

Esto abre una ventana en la que el actor decisivo será la movilización popular. Creemos que este es el camino en el que debemos comprometernos colectivamente.

Pero, al mismo tiempo, no creemos que la alternativa pueda ser ese "campo amplio" -o incluso "muy amplio"- que se está construyendo en torno a la recogida de firmas para un Referéndum contra la Autonomía Diferenciada (lo decimos en preámbulo: apoyaremos el referéndum abrogativo total en caso de que se celebre y para el que sea posible firmar a través de una plataforma digital). De hecho, en este bando hay muchos, demasiados sujetos responsables de este estropicio (de iure, con la Reforma del Título V, y de facto, envileciendo la Carta Constitucional y sus conquistas sociales).

Si se necesita el quórum del 50% + 1 de los habilitados para votar para ganar el eventual referéndum, es porque se trataría de un referéndum ordinario y no constitucional. Responsabilidad de quienes promovieron la reforma del Título V de la Constitución. ¿Quiénes? El centro-izquierda de D'Alema y compañía.

Podría decirse que han pasado 25 años, que agua pasada, y que siempre es bueno cuando se admite un error y se pasa página.

Claro que Bonaccini -ahora eurodiputado y presidente del PD- fue, con Zaia y Fontana, uno de los tres presidentes regionales que pidieron al entonces primer ministro Conte que "se llegara por fin a la firma de los correspondientes entendimientos", es decir, a la aplicación de la autonomía diferenciada. Corría el año 2018. Ayer, políticamente hablando.

Existe la posibilidad de electrocutarse en el camino de Damasco. Pero resulta que los problemas residen en el presente y no sólo en el pasado más o menos reciente.

De hecho, los consejos regionales de cinco regiones administradas por el centro-izquierda han aprobado no una, sino dos preguntas de referéndum. La primera reclama la derogación total de la Ley Calderoli. El diablo, sin embargo, está en la segunda pregunta, con la que el centro-izquierda se limita a exigir una derogación absolutamente parcial.

La propia presentación de esta segunda pregunta debilita indirectamente la primera ante el juicio de admisibilidad del Tribunal Constitucional. Además -y sobre todo- revela la voluntad de fuerzas sustanciales del "campo amplio" de llegar a un acuerdo con la mayoría gubernamental (o partes de ella) sobre la cuestión de la autonomía diferenciada. Recortando los rasgos deteriorantes, pero salvaguardando la sustancia.

Por último, derogar la ley Calderoli sería un paso importante, pero no decisivo. Esta norma, de hecho, no es más que la forma específica ideada por la ultraderecha en el gobierno para declinar la autonomía indebidamente inscrita en la Constitución por un gobierno de centro-izquierda.

Para ser claros: una vez derogada la ley Calderoli, la autonomía diferenciada seguiría sobre la mesa. La petición en 2018 de Lombardía, Véneto y Emilia Romaña de llegar a acuerdos sobre el tema es prueba de ello.

Si queremos relegar al pasado los proyectos de Autonomía Diferenciada, debemos decir la verdad y tener el coraje de movilizarnos para cambiar el Título V de la Constitución.

Creemos que es importante iniciar un razonamiento que no acepte la falsa simplificación entre el gobierno "malo" y un centro-izquierda que de repente ha vuelto a ser "bueno".

Se trata, en realidad, de dos caras de la misma moneda. Las políticas belicistas, apoyadas por ambos polos políticos, las reformas antiobreras, promovidas indistintamente por la derecha y el centro-izquierda, la absoluta subalternidad respecto a EEUU y la OTAN, verdadero freno para cualquier fuerza política que quiera aspirar hoy a gobernar el país, están ahí para demostrarlo.

Es en este marco donde encaja la Autonomía Diferenciada, así como las reformas institucionales en ciernes.

Sobre estas cuestiones, creemos que es fundamental construir un momento de confrontación nacional en septiembre.

La manifestación del 1 de junio en Roma contra el gobierno Meloni demostró que existe un espacio político y social que puede representar una alternativa al bipolarismo liberal que se está reconfigurando en Italia. Es a partir de la capacidad de organizarnos en torno a las necesidades y proyectos que esa plaza expresó, que expresan los muchos momentos y espacios de conflicto que afortunadamente existen en este país, que podemos sentar las bases de una alternativa tanto al gobierno más derechista de la historia de la república, como a la oposición del "campo ancho". Es decir, a las dos caras de una misma moneda.

Primeros adherentes:

Comité Promotor del Primero de Junio, Potere al Popolo!, Partido Comunista Italiano, Resistencia Popular, Movimiento por el Derecho a la Vivienda, Oposición Estudiantil Alternativa, Cambiare Rotta, Unión de Sindicatos de Base, Movimiento de Migrantes y Refugiados, Ex OPG Je So' Pazzo, Spazio Catai Padova, Colectivo Universitario Autorganizado, Estudiantes Autorganizados de Campania."               (Contropiano, diario comunista, 07/08/24, traducción DEEPL)

La izquierda institucional debe someter a juicio crítico su seducción por un autonomismo diferencial y competitivo que la derecha nacionalista y neoliberal usa contra la igualdad entre españoles... La izquierda debería atender a las razones por las que Isabel Díaz Ayuso defiende con uñas y dientes la autonomía fiscal de Madrid o por qué tiene la capacidad de bajar el 0,5 % del IRPF autonómico, en todos los tramos y en plena pandemia: no solo es ideología, es también un diseño territorial que favorece esas políticas. No es casual que economistas como Daniel Lacalle siempre hayan defendido que el cupo vasco (y el sistema de concierto) sea la solución a la financiación autonómica y deba extrapolarse a todas las CCAA

 "Las palabras izquierda y derecha llevan largo tiempo maltratadas por «los hunos y los hotros», por decirlo con Don Miguel de Unamuno. No lo celebro. Creo que el conflicto político y las divergencias ideológicas son ineludibles en cualquier sociedad democrática. Para que se puedan dar con un mínimo rigor es imprescindible que la trampa y la hipocresía no sean norma, como es costumbre consolidada. A vueltas con la fiscalidad, parece que se empieza a reparar en algunas de las incoherencias que han hecho fama en nuestro debate público.

El ministro Escrivá pidió la centralización de competencias en materia de fiscalidad ante la decisión legislativa del gobierno del PP en Andalucía de bonificar el Impuesto de Patrimonio. Al ministro no le faltaba razón al criticar el zoco de rebajas fiscales en que se ha convertido España. Ahora bien, si queremos mantener siquiera un átomo de coherencia en la argumentación, convendría recordar que quien sugiere semejante necesidad forma parte de un gobierno conformado por dos partidos, PSOE y Unidas Podemos, que llevan años estigmatizando cualquier propuesta de centralización legislativa. Ya saben, semejante planteamiento estaría reservado a los reaccionarios de la derecha. En su versión actualizada, a Vox, un partido nacionalista español que reivindica una patria esencialista y socialmente vacía. La defensa de la ley común e igual para todos ha devenido en causa reaccionaria, según cierta oficialidad falsamente progresista. Quizás sea éste el principal delirio político en España, y no es fácil por cuanto se trata de una competición concurrida.

El ministro Escrivá debería, en primer lugar, pedir explicaciones al propio PSOE. Hace algunas semanas, en una tertulia televisiva, Salvador Illa, preguntado por quien suscribe, volvió a confirmar el compromiso del PSC y del PSOE con el Estado de las Autonomías. No hay rectificación alguna sobre el principio de ordinalidad o sobre el federalismo asimétrico. El primero, si recuerdan, fue introducido por el PSOE en el debate territorial para incentivar a las regiones más ricas a poder mantener su posición preferente a la hora de gastar: una presunta combinación entre los incentivos a la competencia y la solidaridad interterritorial que, lejos de conjugar nada, venía a enterrar definitivamente cualquier atisbo de redistribución. El federalismo asimétrico, sintagma tramposo que escondía una vindicación de corte abiertamente confederal, era y es, simplemente, la institucionalización de la desigualdad, acompañada de una centrifugación exhaustiva de casi todas las competencias constitucionales reservadas para el Estado central, como la que ha experimentado España bajo los diferentes gobiernos sometidos al vasallaje nacionalista. Entonces, ¿cómo entender la apelación del ministro Escrivá a favor de la centralización fiscal?

 Solo puede explicarse desde la asunción de la hipocresía generalizada en la política española. La misma que embarga a Unidas Podemos cuando piden armonizar fiscalmente dentro del régimen común, pero aplauden con furor los regímenes fiscales especiales del concierto económico vasco y el convenio navarro; los mismos que, sin discusión, suponen privilegios fiscales de sendas regiones especialmente ricas de España, como son País Vasco y Navarra. La justificación de los dos partidos de la izquierda oficial es dar por buena la matraca de los derechos históricos o de la singularidad foral. Apelar a criterios étnicos y prepolíticos que trituran la igualdad entre españoles, quebrando la redistribución dentro de la comunidad política democrática: la Historia como fuente de derechos para unos ciudadanos en detrimento y agravio de los demás. La desigualdad por bandera. Una enmienda a la totalidad a uno de los versos más radicalmente democráticos y emancipadores de La Internacional (sustituida de facto por la plurinacional): «Que la igualdad ley ha de ser». Pues ya no.

En una imposible cuadratura del círculo, el propio Salvador Illa trataba de deslindar el Estado de las Autonomías de las lógicas confederales entre regiones que están fracturando desde hace mucho tiempo la redistribución y la propia sostenibilidad de los maltrechos derechos sociales. Apelaba a una suerte de responsabilidad de las comunidades autónomas para escapar de la tentación competitiva, pero sin tocar una descentralización que se defiende ya sin atisbo de racionalidad, como puro dogma de fe. Eludió contestar por qué su partido ha auspiciado durante años políticas tan neoliberales e insolidarias como un pacto fiscal para Cataluña o la conveniencia, Montilla dixit, de que «el dinero de los catalanes se quede en Cataluña» si se quiere evitar la secesión. Días después, su compañero Ximo Puig anunciaba unirse a la carrera de las taifas competitivas.

 En verdad, el debate sobre descentralización y competencia fiscal es ideológicamente revelador e indicativo de todo lo que falla en España, con un tablero político, social y territorial roto por las desigualdades. No es de extrañar que los fundamentalistas de mercado, aquellos que arremeten cada día contra un sistema fiscal cuya progresividad lleva degradándose sin parar durante décadas, vean en cada impuesto un robo por parte del Estado o utilicen el manido y falso argumento de la doble imposición, exhibiendo su dogmatismo o, aún más grave, su clamorosa incapacidad para distinguir hechos imponibles o sujetos pasivos de cualquier tributo. El IRPF es hoy mucho más regresivo que el que se instauró en 1978 bajo un gobierno de la UCD. El Impuesto de Patrimonio, que fue acorralado por el propio PSOE en los tiempos en los que Rodríguez Zapatero repetía a los cuatro vientos que «bajar impuestos es de izquierdas», y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones han ido desapareciendo en buena parte del territorio político una vez que fue transferida su capacidad normativa a las CCAA. En El síndrome catalán, Thomas Piketty, con el que se deja ver Yolanda Díaz sin al parecer prestarle demasiada atención, dejaba claro que la transferencia de una parte del IRPF a las CCAA abocaba necesariamente a esa competencia a la baja; como vemos que ocurre entre Estados en la UE, ante la inexistencia de unión fiscal y de armonización, por ejemplo, en el Impuesto de Sociedades. Lo ratificaba también Gabriel Zucman, otro economista solvente: «Cuanto más descentralizado esté el sistema fiscal más difícil será tener un sistema impositivo progresivo». La reforma fiscal con la que amaga el gobierno, tímida y timorata a pesar de contar con elementos acertados, corre el riesgo cierto de estrellarse ante una realidad objetiva: en el confederalismo imperante, la progresividad fiscal encuentra escollos insalvables y el neoliberalismo, apenas ninguno.

 Las izquierdas hegemónicas deben replantearse si quieren que sus ejes programáticos sean los de un curso de coaching o los de una agenda social transformadora. En caso de optar por la segunda vía, convendría atender a las razones por las que Isabel Díaz Ayuso defiende con uñas y dientes la autonomía fiscal de Madrid o por qué tiene la capacidad de bajar el 0,5 % del IRPF autonómico, en todos los tramos y en plena pandemia: no solo es ideología, es también un diseño territorial que favorece esas políticas. No es casual que economistas como Daniel Lacalle siempre hayan defendido que el cupo vasco (y el sistema de concierto) sea la solución a la financiación autonómica y deba extrapolarse a todas las CCAA. Tampoco lo es que otros defensores del Estado mínimo como Juan Ramón Rallo hayan loado las bondades del modelo de competencia fiscal entre autonomías, buscando maximizar la descentralización al extremo, conscientes de que, con ello, la redistribución y la capacidad política para enfrentar las crecientes desigualdades se limitan fuertemente. Si algún día quiere escapar de su cárcel de complejos, hipocresías y contradicciones, la izquierda institucional debería empezar por someter a juicio crítico su seducción por un autonomismo diferencial y competitivo que las derechas nacionalistas y neoliberales usan contra la igualdad socioeconómica y territorial entre españoles. Y hacerlo con coherencia, no con principios de usar y tirar según quien tenga enfrente. La alternativa jacobina no es un capricho, sino la única vía creíble de articular un proyecto de izquierdas para España."           

 (Guillermo del Valle , Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña, 01/11/22; fuente El Mundo, 25.10.2022)

El Informe de las autonomías pide abordar la "desigual" financiación entre Navarra y Euskadi y el resto de autonomías

 "El Informe de las comunidades autónomas elaborado por el Observatorio de Derecho Público de Barcelona, en el que se analiza la gestión de los gobiernos regionales durante el año 2020, pide, entre otras cosas, abordar las "desigualdades" en financiación entre las regiones de régimen especial o foral —País Vasco y Navarra— y el resto de autonomías, las de régimen general, según recoge Europa Press.

Así consta en el informe que ha sido presentado este jueves en una rueda de prensa desde el Senado, que ha servido como antesala al XX Foro de las Autonomías que se celebra en la Cámara Alta. En concreto, el texto llama a corregir estas desigualdades en materia de financiación a través de unos mecanismos de convergencia progresiva, como el refuerzo de ciertos fondos y la mejora del modelo de nivelación. 

 Precisamente, el sistema de financiación autonómica es uno de los puntos sobre los que versa este informe, que reconoce la dificultad de remodelar este modelo dado el contexto de "fuerte crisis económica". Así, consideran que este nuevo retraso en la actualización del sistema de financiación se puede justificar en la necesidad de tomar en cuenta las consecuencias de esta crisis en deuda, destrucción de empleo y tejido productivo.

En todo caso, vuelven a destacar las "importantes deficiencias" del modelo anterior respecto a la Comunidad Valenciana y Murcia, a las que consideran que habría que sumar otras del corredor mediterráneo y Andalucía. Por ello, reclaman que el nuevo modelo contemple la necesidad de revisar los desequilibrios entre CCAA y el Gobierno. (...)"                 (InfoLibre, 21/10/21)

Urkullu, el del concierto, se queja de que Madrid se lleva a los vascos más acaudalados. ¡Y pide al Gobierno central que intervenga! ¡Y pide que se limite la autonomía de Madrid! Urkullu y Aragnés piden a Hacienda que elabore ya una reforma fiscal que marque las nuevas reglas del juego, totalmente desbordados por Madrid, la autonomía --¡vaya paradoja!-- que más y mejor se ha beneficiado de la descentralización... El Estado de las autonomías, tal y como se ha conocido hasta ahora, vive sus últimos días. Claro que esos días podrían ser eternos... cousas veredes, pues fueron los nacionalistas vascos y catalanes los que con sus peticiones crearon el sistema autonómico

 "El Estado de las autonomías, tal y como se ha conocido hasta ahora, vive sus últimos días. Claro que esos días podrían ser eternos. Pero la reforma es cada vez más urgente. Hay muchas propuestas y los académicos han llegado a consensuar tanto el diagnóstico como las posibles recetas. Las decisiones, sin embargo, las toman los dirigentes políticos y no es el mejor momento para abordar, por ejemplo, una reforma constitucional. En todo caso, tampoco es estrictamente necesaria para solucionar algunas graves disfunciones como la financiación de las comunidades autónomas o los agujeros que presenta el sistema fiscal.

La gran paradoja es que los dos presidentes de las dos comunidades históricas por las que se organizó, de hecho, el Estado de las autonomías, el lehendakari Urkullu y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, piden a gritos que el Estado actúe. Para proteger sus propios intereses necesitan que el Gobierno central se implique y tome decisiones atrevidas en beneficio del conjunto. ¿Por qué? Pues, y la paradoja aumenta en intensidad, porque una comunidad, Madrid, ha decidido tomarse en serio el federalismo fiscal y como en su momento el ministro de Economía, Pedro Solbes, no quiso saber nada acerca de posibles armonizaciones fiscales, ha tomado una vía directa para captar inversiones y personas físicas con patrimonio.

La importancia de esa política ha alcanzado tal dimensión que Urkullu ha pedido que se limite la propia autonomía de Madrid. Resulta que en el País Vasco son las diputaciones forales las que recaudan impuestos y las que compiten, incluso entre ellas, para bajar tasas y porcentajes. El hecho diferencial con el resto de españoles lo marca el Concierto Económico, un sistema perverso, no por su propia naturaleza --aunque también para muchos expertos-- sino por el sistema de cupo: lo que se paga a la Administración General del Estado es mucho menor de lo que correspondería y se trata de un precio “político”. Pues bien, Urkullu, a pesar de esas circunstancias favorables, se queja de que Madrid se lleva a los vascos y vascas más acaudalados. ¡Y pide al Gobierno central que intervenga!

En el caso de Aragonès la petición no es tan directa. Es más compleja. El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la rebaja del IRPF en las rentas más bajas, una medida que la Generalitat aprobó en 2020. El argumento del Constitucional, como ha ocurrido con otras decisiones del Govern, es que el Ejecutivo catalán invade competencias que no le corresponden. 

Si esa interpretación jurídica se mantiene, al Govern de Aragonès no le quedará más remedio que hacer como Urkullu y reclamar que se repartan de nuevo las cartas: fijar un mínimo y un máximo en determinados impuestos, y que cada autonomía juegue con un cierto margen en impuestos como Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, aunque también podría decidir la supresión directa de ese último impuesto.

 Las comunidades se están organizando y cooperan, por primera vez, en función de sus intereses: las más pobladas o las que tienen una mayor dispersión de habitantes se unen para buscar estrategias conjuntas de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación. El presidente valenciano, Ximo Puig, y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de partidos distintos, se apoyan mutuamente. Y el presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, está al lado de Castilla-León, con problemas similares: población envejecida y dispersa en el territorio.

Urkullu no tiene nada que ver en esa negociación, porque ya tiene el Concierto Vasco, y Pere Aragonès ha decidido que no estará presente en ninguna batalla múltiple. Pero los dos se pueden ver claramente afectados y piden --no se atreven a expresarlo de forma tan clara y directa-- que los expertos que ha convocado el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, elaboren ya y cuanto antes una reforma fiscal que marque las nuevas reglas del juego, totalmente desbordados por Madrid, la autonomía --¡vaya paradoja!-- que más y mejor se ha beneficiado de la descentralización que supuso el Estado de las autonomías. Así que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y otras y otros dirigentes del PP que gobernaron la Comunidad de Madrid, deberían dar las gracias a los viejos dirigentes nacionalistas vascos y catalanes que, con sus peticiones en la Transición, provocaron el actual Estado de las autonomías. ¡Que cosas!"               (Manel Manchón, Crónica Global, 09/11/21)

La OCDE apuesta por una armonización fiscal entre autonomías... para evitar el paraíso fiscal vasco o madrileño

 "Los partidos soberanistas que ahora le meten el dedo en el ojo a Madrid con acusaciones de "dumping fiscal" esconden la insolidaridad de los cupos vasco y navarro. 

Las políticas de Ayuso no perjudican a los catalanes, sino que benefician a los madrileños ricos. 

En cambio, en Euskadi y Navarra se benefician de forma exagerada de una sobrefinanciación que les pagamos entre todos los españoles... utilizan el impuesto de Sociedades para atraer a empresas y que no aportan nada a la solidaridad territorial"      (Nacionalismo de andar por casa, 10/12/20)

"La OCDE expresó ayer su respaldo a la política fiscal del Gobierno. 

“Se requiere una mejor coordinación entre las regiones para evitar grandes diferencias en los impuestos sobre la herencia o patrimonio que podrían promover la migración [cambio de residencia fiscal]”.

Así se expresó Sarah Perrett, economista de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y principal autora de un estudio publicado ayer titulado Inheritance Taxation in OECD Countries , tras ser preguntada por este diario sobre el caso de la singularidad del régimen fiscal de la Comunidad de Madrid.

La institución con sede en París, tras examinar las peculiaridades tributarias de la capital, recomienda una armonización fiscal en España. Su informe recoge en la página 57 una investigación de finales del pasado mes de noviembre que ya adelantó este diario en exclusiva. En concreto, el organismo cita la investigación elaborada por los economistas David Agrawal (Universidad de Kentucky), Dirk Foremny (Universidad de Barcelona) y Clara Martínez-Toledano (Escuela de Negocios de Columbia) publicada por el IEB (Institut d’Economia de Barcelona).

 “En España, Agrawal, Foremny y Martínez-Toledano (2020) encuentran evidencia de personas adineradas que acudieron en masa a Madrid tras la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio neto en 2011, siendo Madrid un paraíso fiscal interno con un tipo impositivo del 0%.[Los autores] han encontrado que cinco años después de la reforma el stock de personas adineradas en la región de Madrid aumentó en un 10% en relación con otras regiones”, señala la OCDE al mencionar el trabajo.

 “Solo estamos citando un estudio que discute el tema o las diferencias regionales, y esto no refleja ninguna opinión por parte de la OCDE de que Madrid sea un paraíso fiscal”, precisa Sarah Perret. Para luego añadir: “El punto que se destaca es que cuando estos tipos de impuestos son regionales, los riesgos de que se produzca una migración motivada por los impuestos se vuelven mayores. Para ello, se requiere una mejor coordinación entre las regiones para evitar grandes diferencias en los impuestos sobre la herencia o el patrimonio que podrían promover la migración”.  (...)

En realidad, la OCDE, tal como explica Perrett, recoge el caso madrileño para explicar cómo el contribuyente es sensible a ciertas figuras tributarias, como por ejemplo el impuesto sobre la renta o de patrimonio, a la hora de decidir si traslada su residencia fiscal por motivos de conveniencia fiscal. De ahí que considere conveniente una homologación territorial.

En cambio, para esta institución, un impuesto de sucesiones no causaría este tipo de desplazamientos. Es una de las razones por las que aboga para intervenir con esta figura fiscal que considera no causaría distorsiones. El problema es que, a diferencia de otras autonomías como Catalunya o Andalucía, la Comunidad de Madrid tampoco la aplica al tener una bonificación del 100%. Al respecto, la organización recuerda que, en términos generales, “estas generosas exenciones fiscales benefician principalmente a los hogares más ricos, reduciendo la progresividad efectiva de los impuestos sobre sucesiones”.                (Piergiorgio M. Sandr, La Vanguardia, 12/05/21)

El economista Thomas Piketty dice que Cataluña tiene más poder fiscal que los estados de EE.UU. y Alemania

"¿La crisis en Cataluña se debe a la excesiva centralización y la intransigencia de las autoridades en Madrid? ¿O se debe a la competencia generalizada entre regiones y países que rivalizan entre sí, cada uno persiguiendo sus propios intereses, un proceso que ya ha ido demasiado lejos tanto en España como en Europa?

(...) no hay que olvidar que las nuevas reglas para la descentralización fiscal se validaron efectivamente en 2010, tanto para Cataluña como para el conjunto de las regiones españolas. Ahora estas reglas, que han estado vigentes desde 2011, ya hacen de España uno de los países más descentralizados del mundo en asuntos presupuestarios y fiscales, incluso cuando se compara con Estados federales de un tamaño mucho mayor.En particular, desde 2011, la base del impuesto a la renta se divide 50-50 entre el gobierno federal y los gobiernos regionales. En la práctica, en 2017 las tasas de la contribución del impuesto sobre la renta al presupuesto federal oscilaron entre el 9,5% (para los ingresos anuales imponibles por debajo de 12.450 euros) y el 22,5% (por encima de los 60.000 euros).

 Si una región decide aplicar estas mismas tasas para su parte de la base del impuesto a la renta, los contribuyentes de esta región pagarán tasas de impuesto a la renta totales que oscilarán entre el 19% y el 45% y los ingresos tributarios se repartirán por igual entre Madrid y el región. 

 Cada región también puede decidir establecer sus propias bandas de impuesto sobre la renta y sus propias tasas adicionales, más altas o más bajas que las tasas federales. En todos los casos, los ingresos correspondientes se acumulan para la región que ya no tiene que compartirlos con otras regiones (para la lista de tasas aplicada en 2017, ver aquí, p.505).

 Este tipo de sistema plantea numerosos problemas. Desafía la idea misma de solidaridad dentro del país y se reduce a jugar en contra de las regiones, lo cual es particularmente problemático cuando se trata de un impuesto sobre la renta, ya que se supone que permite reducir las desigualdades entre los más ricos y los más pobres, por encima de las identidades regionales o profesionales.  

Desde 2011, este sistema de competencia interna también ha conducido a estrategias de dumping y la domiciliación fiscal ficticia de los hogares y empresas más adinerados que a la larga pueden arriesgarse a socavar la progresión del conjunto (véase, por ejemplo, este artículo de D. Agrawal y D. Foremny).En comparación, en los Estados Unidos, un país con siete veces la población de España, y bien conocido por su apego a la descentralización y los derechos de los Estados individuales, el impuesto a la renta siempre ha sido un impuesto que era casi exclusivamente federal.

 En particular, desde su creación en 1913, es el impuesto federal a la renta lo que asegura la función de progresividad fiscal con tasas aplicables a los ingresos más altos que se establecieron en promedio en más del 80% entre 1930 y 1980 y se estabilizaron un poco por debajo del 40% desde los años 1980-1990.  

Los estados federales pueden votar tasas adicionales, pero en la práctica estas son tasas muy bajas, generalmente entre 5% y 10%. Sin duda, los contribuyentes en California (el estado con una población que es casi tan grande como España y seis veces más numerosa que Cataluña) hubieran estado muy felices de quedarse con la mitad de los ingresos del impuesto federal para ellos y sus hijos; pero el hecho es que nunca lo han logrado (si se dice la verdad, nunca lo han intentado realmente).En la República Federal de Alemania, un ejemplo más cercano a España, el impuesto a la renta es exclusivamente federal; los Lander no tienen derecho a votar impuestos adicionales. Tampoco tienen el derecho de quedarse con la menor parte de los ingresos por sí mismos, independientemente de lo que piensen los contribuyentes en Bavaria.

 Queremos dejar en claro que la justificación de las tasas impositivas adicionales a nivel regional o local no es necesariamente algo malo como tal (en Francia podría permitir la sustitución del impuesto local o taxe d'habitation) con la condición de que permanecer moderado. 

 Al elegir dividir el impuesto a las ganancias 50-50 entre los gobiernos estatales y regionales, España ha ido demasiado lejos y ahora se encuentra en una situación en la que a algunos catalanes les gustaría mantener el 100% de los ingresos del impuesto sobre la renta para independizarse.

 Europa también tiene una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión catastrófica de la crisis en la zona euro, en particular a expensas de España, durante décadas Europa ha estado promoviendo un modelo de civilización basado en la idea de que es posible tener todo al mismo tiempo: integración en un gran mercado europeo y mundial, sin ninguna obligación real de garantizar la solidaridad fiscal y la financiación del bien público.

 En estas circunstancias, ¿por qué no probar suerte haciendo de Cataluña un paraíso fiscal parecido a Luxemburgo? Sin duda, hay un presupuesto federal europeo, pero es muy pequeño. Sobre todo, debe basarse lógicamente en aquellos que se benefician más de la integración económica, con un impuesto europeo común sobre las ganancias corporativas y los ingresos más altos, como es el caso en los Estados Unidos (también se podría esforzar por mejorar, pero estamos lejos de esto). Solo asegurando que la solidaridad y la justicia fiscal son por fin centrales en sus prácticas, Europa abordará con éxito los separatismos."               (Thomas Piketty, blog, Le Monde, 14/11/17)

El curso escolar de 2012 empezó en Catalunya con 3.000 docentes menos para atender a 30.000 alumnos más. Fue tan solo un día después de la masiva manifestación del 11 de Septiembre que se cuenta como el despegue del proceso soberanista. El viraje hacia la independencia de buena parte de sociedad catalana coincidió con la época de drásticos recortes del gasto social... en cambio la deuda pública catalana se triplicó en esos años. Está claro, ¿no?...

"El curso escolar de 2012 empezó en Catalunya con 3.000 docentes menos para atender a 30.000 alumnos más. Fue tan solo un día después de la masiva manifestación del 11 de Septiembre que se cuenta como el despegue del proceso soberanista. 

El viraje hacia la independencia de buena parte de sociedad catalana coincidió con la época de drásticos recortes del gasto social; ahora, cinco años después, las partidas de Educación o Sanidad viven un repunte, aunque todavía no llegan a cifras previas a la crisis. Así lo muestran las cuentas de la Generalitat.  (...)

Desde entonces, las cuentas aprobadas por CiU con la ayuda del PP cercenaron el gasto social, que ha experimentado sin embargo una recuperación coincidiendo con la fase decisiva del procés y la victoria de Junts pel Sí en 2015.  (...)

Una revisión de los presupuestos de la Generalitat en el ámbito de Educación refleja cómo el gasto para escuelas y universidades es un 9,4% inferior al de 2010. De los 6.324 millones de euros invertidos ese año se ha pasado a 5.727 en el actual ejercicio. Con todo, la caída llegó a ser del 22,6% en 2014, cuando el presupuesto para el conjunto de la Educación se situó en  4.893 millones.

La evolución del gasto en Sanidad, la mayor partida de las cuentas públicas, ha sido parecida: pico histórico en 2010, una fuerte caída hasta 2014 (del 15,9%) y una recuperación progresiva en 2016 y 2017. Los 8.828 millones presupuestados para 2017 suponen todavía un 10,2% menos que en 2010.   (...)

 

Efectos sobre el profesorado y los ambulatorios

La semana pasada la Fundación Jaume Bofill constataba en su anuario Estado de la Educación 2016 que cerca del 47% de los recortes en educación tuvieron un efecto directo sobre el profesorado. Los maestros cargaron con las políticas de austeridad a sus espaldas con aumentos de horario lectivo, recortes salariales y ampliaciones de ratios en las clases.

 "Los recortes han tenido un efecto directo en las condiciones en que se ejerce la enseñanza, y aun teniendo el viento en contra, el profesorado ha respondido con resiliencia", asegura su autor, Francesc Pedró.  (...)

En Sanidad, para el sindicato Metges de Catalunya el principal efecto de esta reducción ha sido la "sobrecarga asistencial" en los centros de salud, en palabras de su portavoz Josep Maria Puig, que esgrime las cifras de pérdida de 877 dotaciones de personal en los Centros de Atención Primaria del Institut Català per la Salut (ICS). 

Otro dato que sirve para entender la evolución del gasto en Sanidad son las camas disponibles en la red pública de hospitales catalanes. Se estima que el número de camas se ha reducido en 1.006, según las memorias del Servei Català de la Salut, aunque la última cifra disponible es todavía del año 2016.   (...)

El pérdida de peso de lo destinado a Educación, Sanidad y Servicios Sociales  sobre el total del gasto tiene una explicación más allá de los recortes: cómo el pago de la deuda pública ha conquistado una parte importante del pastel presupuestario a medida que avanzaba la crisis, especialmente en Catalunya. 

De hecho, se ha duplicado. En las actuales cuentas, la partida destinada a sufragar deuda pública es de 5.993 millones de euros, una cifra superior a todo el presupuesto de Educación, cuando en 2010 esta misma fue de 2.913 millones. 

El incremento del pago de la deuda pública ha coincidido también con la fase de crecimiento del proceso soberanista. Su capítulo alcanzó los 7.874 millones en los presupuestos de 2014, las primeras cuentas que aprobó CiU con el apoyo de ERC, ya como socios de legislatura. Esa partida se mantuvo también por encima de los 7.000 millones en los de 2015 y los prorrogados de 2016.   (...)

(Pau Rodríguez / Raúl Sánchez  , eldiario.es, 19/12/2017)

Con el 'España nos roba', Cataluña, lamentablemente, está próxima a la postverdad que padecen los ciudadanos estadounidenses con Donald Trump

"El independentismo catalán apela a las emociones y al agravio comparativo con el resto de ciudadanos españoles. Antes de explicarte las diferentes tesis, te dejo el vídeo que publiqué en Facebook este pasado lunes analizando lo que sucedería si la Generalitat no daba parte de sus gastos al gobierno central.

1. Espanya ens roba y otras tesis del independentismo catalán

A continuación te analizo una a una.

1.1. Cataluña recibe menos de lo que aporta

Una de sus tesis es que Cataluña recibe menos de lo que aporta. Yo vengo de una familia muy humilde y gracias a sus sacrificios y a la solidaridad de todos los españoles pude estudiar en la universidad pública. 

Hoy tengo una renta superior a la media y también pago más de lo que recibo.

La diferencia es que yo lo asumo como un compromiso de solidaridad intergeneracional para que otros jóvenes de familias humildes puedan ir a la universidad y mejorar su nivel de vida en el futuro.

1.2. Los catalanes pagan más impuestos que el resto de España

Cataluña como territorio no paga impuestos. Los ciudadanos catalanes pagan más impuestos porque cobran mayores salarios que la media de otras comunidades autónomas.

Pero las leyes tributarias españoles son homologables a las leyes y tributos del resto de países europeos. Y lo más importante: no hay ningún artículo que suponga un agravio particular para los ciudadanos catalanes.

1.3. Cataluña recibe menos inversiones que la media

Otra tesis de agravio comparativo del independentismo catalán dice que Cataluña ha recibido menos inversiones que la media. Para contrastar esta tesis, he utilizado datos del Ministerio de Fomento, que están disponibles desde 1991. Los datos son de ejecución de obras en euros e incluyen las inversiones en ferrocarril de Adif y Feve, así como en aeropuertos de Aena y en Puertos del Estado.

En el gráfico de debajo se puede comprobar cómo Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más inversión pública ha recibido desde 1991. Algo más que Andalucía y el doble que la Comunidad Valenciana y Madrid.  (...)

Durante los años ochenta, los gobiernos de Felipe González concentraron mucha inversión en Cataluña, especialmente en Barcelona para desarrollar los Juegos Olímpicos. El ministro de Fomento desde 1991 hasta 1995 era un catalán, Josep Borrell, por lo que la hipótesis del independentismo catalán del agravio no parece que fuera la causa. 

El problema desde 1991 es que la crisis económica redujo los ingresos públicos, y la crisis financiera dificultó el acceso a los mercados financieros internacionales. Ambas variables explican los recortes de inversión durante aquel periodo.

Aznar sí dispuso de recursos y la tesis del agravio surgió durante su periodo (y no olvidemos que los primeros cuatro años gobernó con el apoyo de Pujol y Convergència). 

Durante los gobiernos de Zapatero, Cataluña fue la comunidad que más recibió inversión pública, principalmente el AVE y la ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona. También fue la que más compensó el agravió del periodo anterior. Pero el independentismo catalán continuó con la tesis.

2. Con Rajoy, el independentismo catalán cobra fuerza

Rajoy, forzado por el rescate y la recesión, ha recortado la inversión pública en Cataluña a la mitad desde 2011. Y de nuevo los catalanes vuelven a tener infrainversión. Rajoy implícitamente lo ha reconocido y ha anunciado el desarrollo del Arco Mediterráneo, una inversión muy necesaria para complementar el modelo radial. De ella, Cataluña sería la principal beneficiada, junto con la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Los economistas recomendamos que la solución a un conflicto sea cooperativa o, de lo contrario, todos los ciudadanos seremos los principales damnificados. Pero para resolver un conflicto de forma cooperativa es condición necesaria acabar con la posverdad. Y Cataluña, lamentablemente, está próxima a la que padecen los ciudadanos estadounidenses con Donald Trump. ¿Tú que opinas? ¿Crees que es acertado ese agravio comparativo del independentismo catalán?"                    (José Carlos Díez , Crónica Global, 22/09/17)

En el periodo 2006- 2015 Cataluña ha recibido 8.500 millones de euros, el 18% de toda la inversión del Ministerio de Fomento, una cantidad superior a la que reciben Madrid, Valencia y el País Vasco conjuntamente

"(...) El victimismo de la Generalitat no tiene ningún fundamento. Casi no merece la pena emplear tiempo en refutarlo. A simple vista nadie puede creerse que Cataluña esté discriminada negativamente con respecto a otras Autonomías. Solo hay que recorrer Extremadura, Galicia, Castilla o Andalucía para desmentirlo. 

Pero es que incluso las Comunidades que podrían considerarse más privilegiadas han sido peor tratadas que Cataluña. Recientemente se ha publicado un informe en el que se muestra que en el periodo 2006- 2015 Cataluña ha recibido 8.500 millones de euros, el 18% de toda la inversión del Ministerio de Fomento, una cantidad superior a la que reciben Madrid, Valencia y el País Vasco conjuntamente, y tres veces la que recibe la Comunidad de Madrid.

Se dice que la negociación y el diálogo son imprescindibles para solucionar el problema de Cataluña. El problema, de haberlo, no es de Cataluña sino del nacionalismo catalán, como ya apuntó Ortega y Gasset en su memorable intervención en las Cortes españolas a propósito de la aprobación del primer Estatuto, allá por la Segunda República.

 Pero es que, además, nadie ha dicho que el problema sea soluble. Tal como demuestra la Historia y defendió el filósofo español en aquella ocasión, el problema no puede resolverse sino que tan solo “se pueden conllevar”: “…y al decir esto, conste que significo con ello, no solo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles”. Y tal vez habría que añadir que unos catalanes se conlleven con los otros catalanes.

Pretender solucionar el problema del nacionalismo catalán a base de concesiones es de una gran ingenuidad. Bien lo experimentó el propio Azaña quien, después de ser un defensor acérrimo del Estatuto catalán, se quejaba amargamente en su obra “La velada en Benicarló” de su deslealtad; primero cuando Companys, aprovechando la revolución de Asturias, proclamó unilateralmente el Estado catalán, y más tarde por el comportamiento de la Generalitat en plena guerra civil.

El nacionalismo no tiene solución porque por su propia esencia es insaciable. Cada nueva concesión para lo único que sirve es para fortalecerlo y darle nuevas posibilidades de reclamar nuevas concesiones. En la Transición se elaboró la Constitución pensando en parte en el nacionalismo, creyendo ingenuamente que así se solucionaba el problema. Se estableció un régimen mucho más generoso que en la II República.

 Lo cierto es que no solo no se resolvió el problema sino que se crearon otros catorce o quince, uno por cada Comunidad. A lo largo de estos cuarenta años se ha visto que el proceso no tiene fin y que por mucha autonomía que se conceda las reclamaciones continúan. En la actualidad, el nacionalismo y el independentismo han adquirido una nueva dimensión en Cataluña: la insurrección, insurrección planteada desde las más altas instancias de la Generalitat, lo que la convierte en un golpe de Estado encubierto.

Es un espejismo creer que los golpistas van a ceder en sus intenciones a base de diálogo y negociación. Tampoco puede argüirse que las concesiones van encaminadas a convencer al resto de la población de Cataluña y no a los secesionistas, porque -quiérase o no- siempre se interpretará que si se concede a Cataluña un trato de favor es precisamente por la postura subversiva que adopta el Gobierno de la Generalitat. Es difícil no pensar que se está premiando la insurrección."            (Juan Francisco Martín Seco  , República.com, 06/04/17)

Los expertos coinciden en pedir la revisión del cupo vasco

"(...) El grupo de expertos se mostró partidario de revisar el cupo vasco y la aportación navarra, sin cuestionar el sistema foral y con un periodo de adaptación de hasta dos décadas. 

El catedrático de la Universidad de Zaragoza Julio López Laborda ha explicado que deberían resolverse “problemas técnicos” relacionados con el cupo y la aportación, por ejemplo, ha planteado que las “cargas no asumidas” están “infravaloradas”. 

Pero además, muchos asistentes a la jornada se mostraron partidarios de incorporar a las comunidades forales los mecanismos de nivelación, al considerar que la solidaridad entre regiones no acaba en el fondo interterritorial y que se trata de una carga no valorada actualmente.

 De hecho, López Laborda ha recordado que ahora el País Vasco y Navarra disponen de entre el 30% y el 65% de recursos per cápita más que el resto de comunidades teniendo en cuenta un conjunto similar de competencias. (...)"         (Lluis Pellicer, El País, 03/05/16)

Rebelión de los funcionarios de la Diputación de Barcelona ante la Agencia Tributaria Catalana para evitar el doble pago en sus impuestos

"El sindicato de empleados públicos CSIF está preparando un formulario para que los empleados públicos catalanes puedan dejar constancia por escrito de que desean que las retenciones de su IRPF sean entregadas a la Agencia Tributaria estatal y no a la catalana.

Así lo han avanzado hoy los responsables de este sindicato tras reunirse con la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, a quien le han trasladado la preocupación de algunos empleados públicos catalanes sobre esta posibilidad de cambios en el destino de sus retenciones.

En concreto, han sido los trabajadores de la Diputación de Barcelona los que más inquietud están demostrando por este motivo, después de que este organismo haya manifestado su intención de liquidar el IRPF de sus asalariados con la agencia catalana.

Según fuentes de CSIF, el diseño de este formulario permite no solo que el empleado público frene esta decisión de su empleador sino que "intentamos evitar que por una decisión política se les pueda exigir un doble pago de este impuesto".

Este documento podrá también ser utilizado por el personal encargado de ejecutar la orden de liquidar el IRPF con la agencia tributaria catalana. De esta forma , se pretende "velar por su seguridad jurídica y salvaguardar su responsabilidad ante posibles reclamaciones", explican desde CSIF.

El formulario se entregaría de manera simultánea al departamento de Recursos Humanos de la Administración y a la propia Agencia Tributaria estatal. De esta forma, quedará constancia de que el funcionario quiere actuar conforme a la legalidad.

Se trata de una medida preventiva más, que se incorpora al protocolo de actuación y a los modelos de reclamación que ya ha puesto en marcha CSIF, ante las situaciones que pudieran generarse ante posibles órdenes a un empleado público de un superior jerárquico, en el caso de que la Generalitat avance en sus planes independentistas."           (Cinco Días, 17/03/16)

La deuda de la Generalitat ya no es ni bono basura: es directamente “impago”. Moody's declara que una Cataluña sin el Estado estaría al nivel de Pakistán. Aunque sin armas nucleares...

 "(...) Ayer quedé contento con decir en la columna que la Generalitat era un Estado fallido. Contento, pero con una cierta insatisfacción fáctica, como siempre que me vence el phraseur.

Pero hoy me levanto decididamente feliz al leer que Moody's declara que una Cataluña sin el Estado estaría al nivel de Pakistán. Aunque sin armas nucleares."        (Arcadi Espada, El Mundo, 15/03/16)

" La deuda de la Generalitat ya no es ni bono basura: es directamente “impago”.

Con esta calificación ningú no ens vol prestar diners, y eso que somcollonuts y Romeva dice que Cataluña “ocupa la centralidad del debate mundial”. Pero los inversores no se enteran y ponen una condición: que avale el malvado “Estat”, porque si no no se fían.

¿Por qué pasa eso? Porque la Generalitat nos ha endeudado hasta 72,3€ milllones, un récord que es el doble del presupuesto anual de la Generalitat, y supone casi 10.000€ por catalanet. Y el 60% se lo debe a “Espanya”, que nos los ha prestado para rescatarnos de la incompetencia de la Generalitat.

 Però tot té explicació para el nacionalismo, y siempre es la misma: la subsidiada “Espanya” “secuestra cantidades inaceptables de los catalanes”, dice Puigdemont.

Qué cómodo es para los inútiles que todo sea culpadespanya. (...)"          (Dolça Catalunya, 17/03/16)

"Cataluña tendría el 'rating' de Bosnia o Pakistán si fuera independiente.

"Moody's asigna a Cataluña una evaluación crediticia base de B3, que evidencia el débil perfil crediticio de la región. La calificación final de Ba2 supone una mejora de cuatro escalones, lo que refleja el apoyo que hasta la fecha ha recibido a través del FLA". 

Mediante esta valoración, que Moody's incluyó en su nota del pasado viernes y en la que puso el rating de Cataluña en perspectiva negativa, la citada agencia de calificación pone de manifiesto que la capacidad financiera propia que tiene Cataluña es la misma que la de Pakistán. 

Así lo evidencia, al menos, el hecho de que ambos territorios cuenten con una calificación de B3, nota que está hundida seis escalones en el denominado bono basura, siete por debajo de la nota que esta misma agencia otorga a España y está encuadrada dentro de las "altamente especulativas". Otros países, además del asiático, que presentan este mismo rating son Honduras, Egipto, Bosnia-Herzegovina o Moldavia, lo que no hace más que evidenciar que la visión que Moody's tiene de Cataluña es muy negativa.

Asimismo, si la comunidad autónoma llegase a ser un país y, por lo tanto, no contase con el apoyo del Estado a través del citado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Cataluña sería una de las regiones con peor calificación de todo el continente europeo. Sólo Grecia, que ha tenido que ser rescatada en numerosas ocasiones e incurrió en un impago con el FMI, Ucrania, que sufre un grave conflicto interno, y Bielorrusia tendrían un rating inferior. 

Portugal y Rusia e incluso Albania estarían uno o más escalones por encima de la Generalitat, mientras que el resto de repúblicas de la antigua Yugoslavia, como Macedonia o Kosovo, todavía no están calificados por Moody's por lo que no se pueden incluir en la comparación.  (...)".      (El Mundo, 15/03/16)

"La agencia de medición de riesgos Moody’s ha decidido colocar en revisión para una posible rebaja la deuda a largo plazo de la Generalitat de Catalunya, que actualmente es de Ba2, equivalente a bono basura.

Esta decisión, explica Moody’s en un comunicado enviado anoche, refleja la creciente “incertidumbre” ante la capacidad del gobierno catalán de cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.

En octubre de 2015, recuerda la agencia de calificación estadounidense, Catalunya, una de las comunidades que recurren de forma asidua al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), pidió al Gobierno central autorización para convertir a largo plazo deuda bancaria con vencimiento a corto plazo, pero esta autorización “nunca se proporcionó”, acentuando las tensiones de liquidez de la comunidad catalana.

Moody’s destaca los riesgos que podrían afrontar los acreedores de Catalunya “si el Gobierno central no proporciona apoyo (financiero) de una manera oportuna”.

Por el momento, la firma coloca la nota de la deuda catalana en revisión a la baja, a la espera de analizar los fondos que recibe Cataluña a través del FLA y la petición al Gobierno de convertir la deuda a corto plazo.

Así, la calificación podría bajar si Moody’s concluye que el apoyo financiero del Ejecutivo central a Catalunya es insuficiente o si los riesgos de liquidez asociados al programa de deuda a corto plazo no están adecuadamente cubiertos por la nota b3 asignada actualmente.  (...)"               (La Vanguardia, 12/03/16)

La Generalidad de Cataluña está en quiebra. No tiene dinero para pagar los vencimientos de sus créditos, ni para las nóminas y proveedores y depende en su día a día del dinero que le presta el Estado

"La Generalidad de Cataluña está en quiebra. No puede hacer frente al vencimiento de sus créditos, carece de efectivo para pagar nóminas y a proveedores y depende en su día a día del dinero que le presta el Estado. 

Debe más de sesenta mil millones de euros y está conectada a la respiración asistida del Gobierno en funciones. De no existir el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la Generalidad no podría ni costear los botellines de agua y cafés que se reparten en su consejo ejecutivo.

Gracias al FLA, a la pastizara de todos los españoles administrada por Rajoy, Guindos y Montoro, la Generalidad tiene ministro de Asuntos Exteriores; a otro pavo, Junqueras, que está preparando una Hacienda catalana; a un president nombrado a dedo para proclamar la república independiente; una red de embajadas en las principales capitales del mundo para propalar que España es una dictadura, un sistema mediático que glosa las virtudes del “pacifista” Otegi, una sanidad colapsada, una enseñanza pública que ha erradicado el español porque España es mala y los españoles, fachas, cutres y analfabetos, así como un largo etcétera de organismos, altos cargos, chupatintas, asesores y consorcios cívicos, pacíficos y festivos dedicados a romper España con sueldos y presupuestos que sufraga el Estado.

Esto lo reconocen en público Oriol Junqueras, Artur Mas, Carles Puigdemont y hasta los más cerriles propagandistas del derecho a decidir. Junqueras pide auxilio financiero a De Guindos y Montoro y estos le compran la burra de que no es para convocar plazas de inspectores de la Hacienda propia sino para pagar a las farmacias; de que no es pasta para imprimir el “Espanya ens roba”, sino para atender las urgencias de la crisis. (...)"     (Pedro Planas, Libertad Digital, en Caffe Reggio, 10/03/16)

España, motor de la economía catalana... un millón de puestos de trabajo en Cataluña dependen de las ventas al resto de España, es decir, 1 de cada 4 empleos catalanes

"El resto de España, motor de la economía catalana” es un trabajo que evalúa el grado de dependencia de la economía de Cataluña con relación al resto de España. Asimismo se cuantifican la riqueza y los empleos generados en Cataluña por las compras del resto de españoles.

Como primera conclusión, se constata que casi un tercio de todo lo producido por las empresas catalanas (31%) está asociado a las compras del resto de España. Este porcentaje de dependencia económica se incrementa en sectores tan relevantes como el comercio (35%), la industria (41%) y la agricultura (45%).

En numerosas ramas de actividad de la economía catalana la mayor parte de su producción está asociada a las ventas al resto de España. Por ejemplo, más del 60% de toda la producción papelera de Cataluña va dirigida hacia el resto de España, el 57% de los productos alimenticios, el 56% de los farmacéuticos o el 55% de la edición de libros.

Uno de los resultados más destacados del estudio ha sido la cuantificación de la riqueza que generan en Cataluña las compras del resto de España.

Por una parte, como es obvio, cuando las empresas catalanas venden gran parte de su producción al resto de España no lo hacen a precio de coste sino con un margen y beneficio empresarial. Según los cálculos efectuados, las compras del resto de españoles generan 27.000 millones de euros anuales en beneficios empresariales para las compañías catalanas.

Y, por otro lado, las compras del resto de España sirven para crear empleo. En concreto, casi un millón de puestos de trabajo en Cataluña (973.000) dependen de las ventas al resto de España, es decir, 1 de cada 4 empleos catalanes. 

Más información puede descargarse aquí. "             (Conviviencia Cívica Catalana)

Standard & Poor's quita la razón a Cataluña: las infrafinanciadas son Valencia, Andalucía y Madrid

"Un informe de Standard & Poor’s da la razón al estudio de balanzas fiscales patrocinado por Hacienda y se la quita a la Generalitat de Cataluña. Sus conclusiones sostienen que Valencia, Andalucía y Madrid están infrafinanciadas en términos per capita y teniendo en cuenta que las competencias no son iguales en cada Comunidad. En cambio, de acuerdo con esta agencia de rating independiente, Cataluña no está peor financiada que la media (vea aquí la presentación del estudio).

Y a la luz de estos datos, S&P propone una reforma del sistema de financiación que sencillamente compense a las Autonomías que reciben menos recursos. Esto es, se ponen más fondos para que las que reciben menos que la media sean niveladas con el resto. Según las estimaciones de esta entidad, tal iniciativa precisaría la aportación adicional de 4.780 millones, a repartir entre Valencia (1.983 millones), Andalucía (1.362 millones), Madrid (1.041 millones), Murcia (307 millones), Baleares (69 millones) y Castilla La Mancha (18 millones).      

Además, la agencia de rating calcula otras dos reformas posibles implantando el principio de ordinalidad, una exigencia de Cataluña que consiste en que las regiones más ricas no pierdan posiciones en la financiación después de haber entregar fondos a las más pobres: una a coste cero de recursos adicionales y otra sin que pierda fondos ninguna Comunidad.  

Para que ninguna pierda recursos, según S&P se necesitaría una financiación adicional de 21.500 millones de euros, una cantidad imposible de costear en medio de un contexto de restricción presupuestaria.

En cambio, de aplicarse la reforma de la financiación a coste cero, bajo el principio de ordinalidad la primera más beneficiada sería Madrid con un 11 por ciento más de recursos, seguida de Valencia y Cataluña con un 7 por ciento más y Baleares con un 6. Extremadura perdería un 18 por ciento, La Rioja un 16, Cantabria un 13 y Galicia y Castilla y León un 8.

El estudio de la agencia de calificación estadounidense también incide en el hecho de que cuatro Comunidades presentan una deuda como porcentaje de los ingresos operativos consolidados del entorno del 270 por ciento, unos niveles insostenibles y que en el mercado se consideran bono basura. Entre ellas se incluye a Cataluña, Valencia, Baleares y Castilla La Mancha.

 En el caso de Cataluña llama la atención que está financiada dentro de la media pero en cambio es la que acumula con mucho la mayor deuda sobre ingresos al alcanzar el 297 por ciento, una prueba de la mala gestión de la Generalitat durante los últimos años.   

Por el contrario, Standard & Poor’s destaca que Valencia y Baleares cuentan con poco margen para ajustar sus presupuestos debido al explosivo cóctel de escasa financiación per cápita y alta carga financiera. (...)"          (Antonio Maqueda, Vox Populi, 29/07/2014)

La UE sanciona a España con 30 millones de euros por las vacaciones fiscales vascas ... inda por riba

"El Tribunal de Justicia europeo ha impuesto hoy a España una multa de 30 millones de euros por la tardanza en recuperar las ayudas de Estado concedidas en el marco de las llamadas vacaciones fiscales vascas. 

Se trata de la primera sanción por unas ayudas de estado concedidas a finales de los años 1990. Madrid intentará que la administración vasca asuma el pago de la sanción.

La multa pone fin a un procedimiento de más de 13 años, que se inició con un dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegal las ventajas fiscales (reducción de la base imponible y crédito fiscal del 45%) concedidas por las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa entre 1995 y 1999.

Las decenas de empresas han reembolsado las ayudas obtenidas. Pero los jueces europeos condenan a España por la lentitud del proceso (cinco años) y por la reincidencia en casos similares. “España”, señala el Tribunal, “ya ha sido objeto de varias sentencias (…) por no haber recuperado ayudas de manera inmediata y efectiva”.

Por esos motivos, los jueces imponen una multa a tanto alzado de 30 millones de euros. La Comisión Europea había reclamado inicialmente una sanción mucho mayor (64 millones).

 Los jueces han fijado la cantidad tomando en cuenta la capacidad de pago de todo el Estado español, a pesar de que, como reconoce la sentencia, el régimen declarado ilegal solo se aplicaba en una comunidad autónoma. (...)"         (Cinco Días, 13/05/2014)

¿Catalunya mal financiada? Tanto como Baviera o Baden-Württemberg

"Catalunya tiene problemas para financiarse. Tiene un gobierno autonómico, y competencias que debe atender para servir a sus ciudadanos. ¿Pero está mal financiada? La comunidad se sitúa en la media respecto al resto de autonomías, una situación similar a la que se produce en Alemania, en relación también a los länder más ricos.

 ¿Es sorprendente? Los datos los aporta el investigador del CSIC, Ángel de la Fuente, el responsable, junto con Ramón Barberán, de la Universidad de Zaragoza y Ezequiel Uriel, de la Universidad de Valencia, de calcular las balanzas fiscales tras el encargo del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro. Pero son similares a los que ha aportado el Departament d'Economia de la Generalitat en los últimos años.

La idea de De la Fuente, criticado por colegas académicos, al apostar siempre por el método de carga-beneficio, y no por el de flujo monetario, es que las autonomías, cuando se igualan con el modelo de financiación, deberían todas tender a 100, si 100 lo consideramos como una media. 

En un trabajo de enero de 2004 asegura que Catalunya “está básicamente en la media (99,6) que es donde deberíamos estar todos si nos tomásemos en serio el principio de igualdad que consagra la Constitución en lo que concierne al acceso a los servicios públicos de titularidad autonómica”.

¿Qué es lo que pasa? Que el resultado de ese modelo, modificado en varias ocasiones desde que se transfiriera por primera vez el 15% del IRPF a las autonomías, en 1993, es arbitrario, extraño, produce sorpresas curiosas. Pero Catalunya está en la media, aunque no estuvo siempre en esa posición, lo que se ha ido mejorando en los últimos años.

Ese 99,6 explica que Catalunya, respecto a la financiación media por habitante ajustado --se tiene en cuenta un baremo de factores en relación a tramos de edad, extensión del territorio o dispersión de la población-- está prácticamente en la media con todo el resto de autonomías. (...)

En general hay determinadas autonomías como Asturias, La Rioja, Aragón, Cantabria, Catalunya, Baleares y Madrid con una capacidad fiscal superior a la media, aunque especialmente Madrid, Catalunya y Baleares. El resto está por debajo, y se beneficia más del sistema, como debe ser en un Estado redistributivo, pero con distorsiones difíciles de entender.

 Bajo el principio de ordinalidad, que defiende Catalunya, esa situación no se podría producir. Quien parte de una posición determinada, no puede quedar por debajo de la que se beneficia de esa redistribución.

Caso aparte son las comunidades forales, País Vasco y Navarra. De la Fuente detalla el hecho:

“La forma en la que el sistema foral se ha implementado en la práctica permite que dos de las comunidades más ricas del país no sólo no contribuyan prácticamente nada a la nivelación interregional sino que ni siquiera paguen la parte que les toca de los servicios comunes que la Administración central nos presta a todos, lo que les deja con niveles de financiación homogeneizada por habitante ajustado que multiplican casi por dos la media del territorio de régimen común”.  (...)

Catalunya, por tanto, sufre un déficit fiscal, que, siguiendo el método carga-beneficio, es del 5% de su PIB. Ese porcentaje, con algunas décimas de variación, apareció en los estudios de la Generalitat, del Ministerio de Economía, y de estudios independientes en los que han colaborado Barberán y Uriel, financiados por la Fundación BBVA.  (...)

 “Tanto en términos de financiación como de saldo fiscal, Catalunya está básicamente donde le toca cuando la comparamos con otras regiones españolas y extranjeras con niveles de renta similares”.

Los alemanes, como España

Y ofrece la realidad de Alemania. No existe un límite a la solidaridad, ni un 4% ni un 5%, como el movimiento independentista asegura que ocurre desde hace años. Incluso circuló que el Tribunal Constitucional alemán lo había fijado en ese porcentaje. No hay nada de ello.

Con datos de 2008, los länder alemanes más similares a Catalunya son Baviera (BY), Baden-Württemberg (BW) y Hesse (HE). Sus índices de renta relativa son 111, 112 y 122 respectivamente. Debemos recordar que el de Catalunya es de 118.

 En cuanto a los índices de financiación de los tres länders son 96,2, 96,2 y 98,1 respectivamente, (Catalunya - 99,6). Es decir, pierden más posiciones que Catalunya, cuando se compara la capacidad fiscal con la financiación final por habitante. Baden Wüttemberg pierde 21 puntos, por los 19,9 que pierde Catalunya, por ejemplo.

Y en Alemania, a pesar de su seriedad, también pasan cosas extrañas (ver primer gráfico ). La Extremadura alemana es Mecklemburgo-Pomerania Occidental, (MV), que pasa de 55 de capacidad fiscal a 115, por encima de la media."            (Manel Manchón, Economía Digital, 30/01/2014)