El independentismo dio un golpe de Estado en septiembre de 2017... proclamando una constitución que imponía un estado iliberal, una democracia más cercana al presidencialismo autoritario, sin separación de poderes, porque el poder judicial quedaba sometido al Ejecutivo, a Jordi Pujol

 "Lluís Rabell era el jefe del grupo parlamentario de Catalunya sí que es Pot (ahora los comunes) durante los hechos de octubre de 2017. Este año se cumplen cinco años de los momentos culminantes del 'procés'. El 6 y 7 de septiembre se aprobaron las leyes de la desconexión: la del referéndum y la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

-¿Por qué cree que no hay tanto interés por parte del independentismo de conmemorar el 6 y 7 de septiembre?

 -Prefieren correr un tupido velo. Porque ahí es donde, más allá del envoltorio sentimental, se puso sobre la mesa un proyecto político de Constitución del Estado independiente que se concebía. Y, claro, la imagen de esa República cuando lees la proposición de ley, lo que diseña es de hecho un estado iliberal, una democracia iliberal, una democracia más cercana al presidencialismo autoritario. Fue el intento de imponer un proyecto de una mitad de un país sobre la otra mitad. Dieron una imagen poco edificante desde el punto de vista democrático. Llevó a una situación catastrófica y de malas consecuencias para el autogobierno, para la economía y para la convivencia.

-Por qué mantiene que el 6 y 7 de septiembre fue el momento culminante del procés, aún más que el 1-O o el 27-O?

-Porque una cosa es alimentar un movimiento o una agitación social y otra cosa es definirse y presentar una Constitución. En la que además no había separación de poderes, porque el poder judicial estaba sometido al Ejecutivo. Y también porque a ese estado independiente querían llegar por métodos no democráticos, saltándose el marco jurídico establecido. Rompieron unilateralmente la baraja y se precipitó, porque tuvimos los primeros indicios de un enfrentamiento civil.

-¿Cree que hubo ese riesgo de enfrentamiento civil?

-Se jugó con fuego. Se les escapó de las manos. ERC contaba, y ahí se equivocó, con que CDC a la hora de la verdad echaría el freno de mano. La radicalización de las bases y la dinámica de los acontecimientos les sobrepasó y al final nadie supo frenar a tiempo. Sabían que iba a acabar mal. Fue una autoinmolación. Una especie de aprendices de brujo, que desatan una dinámica que les acaba sobrepasando. A veces, creemos que lo que nos pasa aquí nos pasa solo a nosotros. Asistimos a unas polarizaciones y radicalizaciones de las fuerzas conservadoras que no acaban de corresponder con su cultura y tradicionales conservadores. 

-¿Compara el 'procés' con el 'trumpismo'?

-Sí, corresponde a una misma oleada de fondo. De la crisis de las soberanías nacionales por la globalización y de agitación de unas clases medias que temen su decadencia y que acaban pensando que un cierto repliegue nacional las protegerá mejor.

-¿Está de acuerdo en que el 6 y el 7 de septiembre el Parlament fue prácticamente independiente durante 24 horas porque aprobó todo lo que quiso sin que el Gobierno ni los tribunales actuaran?

-Siempre he evitado emplear el término de golpe de Estado, porque en el imaginario colectivo lo asociamos a asonada militar y a intervención sangrienta. Pero en términos estrictamente jurídicos, lo que ocurrió el 6 y 7 de septiembre fue propiamente un golpe de estado. Una subversión del ordenamiento jurídico vigente por métodos ilegítimos. Se abolió la Constitución y el Estatuto. Si en algún momento había que aplicar el 155, ese era el momento.

-El PP y Ciudadanos aplaudieron el discurso de su compañero Coscubiela. ¿Qué significado cree que tuvo aquel gesto?

-Llevábamos dos días prácticamente de bronca. Hubo una intervención de Marta Rovira que se burló en términos realmente insultantes del Consell de Garanties Estatutaries. Fue indigno respecto a las instituciones del autogobierno. A Coscubiela le salió del alma. En realidad, su discurso fue profundamente de izquierdas: no hay nada más progresista que defender los marcos jurídicos que protegen a los más desamparados.Nos jugábamos el honor de una cierta tradición de izquierdas.

-¿Ya veía que el procés acabaría con un referéndum y con la declaración de independencia?

-Estaba por ver. Pero era evidente que aprobando la ley de referéndum iban a mantener esa convocatoria. Pensábamos que Puigdemont frenaría antes del precipicio. Le imploramos.

-Puigdemont era partidario de ir a elecciones.

-Al final, ha acabado siendo prisionero del personaje. Actualmente es en parte lamentable. Waterloo parece una corte carlina, una cosa fantasmagórica. Apela a un sentimentalismo y a una ensoñación que todavía late en una parte de la sociedad catalana, pero que ya no corresponde en absoluto con la realidad. Es un fantasma del pasado y que tarde o temprano va a ser un problema.

-¿Cómo se soluciona?

-Es complicado. Hay una vía de solución, la reforma del Código Penal, a la cual pudiera acogerse y evitarse la situación más conflictiva, aunque tarde o temprano deberá ponerse a disposición de la justicia española. No es fácil para un Gobierno como el central con una situación parlamentaria tan frágil. En determinadas circunstancias, puede agravarse, puede acabar convirtiéndose en un problema explosivo."           (Cristian Reino, El Diario Vasco, 04/09/22)

Alfons López Tena: “Nunca apoyaré el procés porque sería colaborar con un régimen autoritario”... un régimen en el que el presidente lo controlará todo y lo nombrará todo. Ni siquiera se podrán recurrir judicialmente los decretos que dicte el presidente... Yo sería de los primeros a los que Torra llevaría a un campo de concentración. No tengo la menor duda...

"Con 158.000 seguidores en Twitter, el jurista y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)  Alfons López Tena es hoy una de las personas que con más sentido critica el procés independentista catalán. 

No en balde, y desde el partido Solidaritat Catalana, conoció desde dentro los mimbres con los que se tejía “el cuento de hadas” en el que, en su opinión, quieren creer los partidarios de la independencia. Un cuento, sin embargo, cargado de peligros pues, según su hipótesis, el objetivo de la cúpula del procés no es otro que el de convertir Cataluña en “una autonomía autoritaria”.  (...)

¿Cómo se pasa de una situación en la que el único partido que defendía claramente la independencia no tiene ningún éxito a otra en la que una mentira tiene todo este apoyo?

En Cataluña hay dos tipos de catalanes. Unos son los que están en contra de la independencia y otros son los que la desean pero no la quieren. Hay que recordar que en 2010, después de haber fracasado rotundamente el Estatut, ellos decían que tenían un plan B. Y ese plan consistió en votar de nuevo el preámbulo del Estatut. Paralelamente, habían ocurrido todas las movilizaciones de las consultas. 

Con Solidaritat entramos por la mínima en el Parlament. Nuestra labor a partir de entonces fue decir que, si se quería la independencia, se tenía que hacer de una manera determinada. Pero la gente no quería eso. Querían un cuento de hadas. Como me preguntó en cierta ocasión un senador de EEUU: “¿Usted cree que su pueblo quiere la independencia o lo que quiere es manifestarse por la independencia?”. (...)

¿Hasta dónde cree que pueden llegar las cosas ahora?

La independencia, en un Estado democrático liberal, solo se consigue en el caso de que sea inclusiva, que no genere una situación de guerra civil y que el paradigma internacional sea el de democracia liberal. Eso se dio entre 2010 y 2014. Ahora no es el caso. El paradigma internacional actual son los populismos autoritarios. Y ese es un enorme obstáculo. También sería necesario que los que están en contra de la independencia no tengan el miedo de, en caso de que sucediera, ser excluidos, marginados. Y no es el caso tampoco.

Con alguien como Quim Torra al frente eso sería difícil.

Claro. Yo sería de los primeros a los que Torra llevaría a un campo de concentración. No tengo la menor duda. Mi hipótesis es que ellos quieren una autonomía autoritaria. Quieren tener un régimen en Cataluña en el que ellos manden para siempre. De ahí lo de “els carrers seran sempre nostres” o, como dijo también Ernest Maragall, “el país serà sempre nostre”. Y hay otra cuestión importante.

 David Madí, en un momento determinado, dijo que, si controlaban a los jueces, no haría falta la independencia. Y, relacionado con esto, están las leyes del 6 y el 7 de septiembre de 2017. Se hizo mucho énfasis en cómo se hicieron pero no sobre su contenido, que es de una dictadura electiva. Esas leyes establecían para Cataluña un régimen en el que el presidente lo controlaba todo y lo nombraba todo. Ni siquiera se podrían recurrir judicialmente los decretos que dictara el presidente.

Salvando las distancias, recuerda un poco a lo que hizo Adolf Hitler cuando, democráticamente, llegó al poder en Alemania.

Aquí es más radical. Hitler tenía todo el poder porque era un Estado y esto es una autonomía. Hitler, Mussolini, Erdogan o el mismo Trump lo que hacen es tomar el control del poder judicial por vías indirectas. Ni siquiera Hitler hizo una ley diciendo que los decretos que él dictara no podían recurrirse ante los tribunales. Esto aquí se ha hecho. Y no contra la maléfica Justicia española. Sino para cuando controlaran la Justicia catalana.  (...)

La verdad es que entre ellos tampoco se ponen de acuerdo y, cuando Quim Torra habla de infiltrados, la CUP le responde con que son sus hijos, sus sobrinos y sus primos los que protagonizan los actos violentos.

Sí, pero hay otro elemento a tener en cuenta. Y son los 40 años de una sociedad catalana en la que priman la cooptación, las redes clientelares, la fidelidad y la sumisión y no se tienen en cuenta para nada ni el mérito ni la capacidad. Esto sucede aquí en todos los ámbitos.

Es una sociedad perfecta para una dictadura.

Sí, claro. Y para una autonomía autoritaria también. ¿Qué efectos genera todo esto? La selección negativa. Al personal no se le nombra por su valor sino como consecuencia de su no valor. Cuanto más inútil, mejor. Porque, cuanto más inútil sea alguien, más obediente y fiel será.

¿Eso no pasa en otras partes de España?

No. Además, es que ellos viven en una burbuja. Le cuento una anécdota. Cuando yo estaba en Convergencia, en su dirección real, llega un día Quico Homs y nos anuncia que va a lanzar una intoxicación. Al cabo de unos días, presumía de que eso había salido en La Vanguardia y en TV3. En realidad, lo que había lanzado era una intoxicación. Pero, claro, ya salía en La Vanguardia y en TV3 y hasta él mismo se lo creía. Estamos hablando de una gente que se droga con la misma droga con la que trafica.

Pero, entonces, ¿hacia dónde va todo esto?

 ¡A nada! Vamos a una sociedad en descomposición, marginal, provinciana y que se va hundiendo con rapidez

¿Y el panorama político catalán?

La cuestión fundamental para los tres jugadores (JxCat, ERC y CUP) es mantener una situación en la que tengan la hegemonía. Y, por lo tanto, la capacidad con los presupuestos públicos de la Generalitat y los ayuntamientos de generar redes clientelares y mantenerlas. Es decir, el país será siempre nuestro. Y el sistema electoral catalán hace que no parezca que eso lo vayan a perder porque los suyos, hagan lo que hagan, les van a votar. Pero, insisto, no para lograr la independencia, sino para poder decir qué malos son los otros.  (...)

En el caso de que lo lograran, la única vía para mantenerse en el poder sería la autoritaria.

Ellos quieren una autonomía autoritaria. Luego, dentro de ese bloque, lo importante es ver quién tiene la mayoría. Enfrente están los otros, que no consiguen la mayoría porque entre ellos hay diferentes posiciones ideológicas en todos los sentidos. Por eso ellos piensan lo de que “el país será siempre nuestro”. Pero ahí está la guerra entre Convergencia y ERC.

Hay una contradicción porque un partido de izquierdas como ERC se muestra partidario del diálogo con el Estado y de una vía lenta hacia la independencia, frente a un partido de derechas como JxCat que, en cierto modo, apoya la violencia y vuelve a hablar de DUI.

¡Pero si es todo mentira! Este cambio de posiciones va según las semanas o la temporada. Es un puro juego táctico para lograr vencer al otro. Por eso ves ahora a la candidata de Convergencia, o como se llame el partido esta tarde a las 5, haciendo discursos propios de la CUP. Es la pinza con respecto a ERC. Luego hay que tener en cuenta que, cuando se presentan por separado, gana ERC.

 Pero si el candidato de JxCat es Puigdemont, pierden. Y eso es porque la veneración que tiene la presidencia de la Generalitat para ese electorado no la tiene la vicepresidencia. Por eso Junqueras necesita ser presidente de la Generalitat, aunque solo sea por dos horas. Así tendrá el aura mística de la presidencia.

Si Junqueras llegara a presidir la Generalitat, ¿estaríamos ante otro Jordi Pujol?

Junqueras es más cínico que Pujol pero bastante menos hábil y competente. Sobre todo porque Pujol era consciente de sus limitaciones y Junqueras no.

Una última pregunta. Me llama la atención que, en su cuenta de Twitter, usted era un defensor acérrimo de la independencia, con enfrentamientos con otros tuiteros que, muchas veces, se saldaban con palabras fuertes y bloqueos. Ahora tuitea en diferentes idiomas y sobre temas que nada tienen que ver con Cataluña. Sobre todo escribe sobre política internacional y arte. ¿A qué se debe este cambio?

 Como ya he dicho, yo he dejado del todo la vida pública catalana. Pero Cataluña a mí me ha dado los elementos conceptuales para poder entender la ola de populismos autoritarios que venía. Y para poder percibir por dónde iban a ir las cosas. Cataluña, para mí, está en el mismo paquete que el Brexit, que Trump, que Erdogan…"                     (Entrevista a Alfons López Tena, Gisela Revelles, Vox Populi, 02/11/19)

La república catalana sería una república bananera a la fuerza

"(...) Me hablaba de la mejor calidad democrática de las monarquías. Hay una excepción: la república catalana, donde todo será mejor que en cualquier otro lugar. (...)

(Ríe) Pero ya sabemos que la república no existe. Y que se lo han inventado la forma que han querido. Hay mucha más libertad y democracia en la monarquía de Felipe VI que en la república imaginaria de los Torra, Puigdemont y Madrenas.

Había preparada una Constitución muy bonita.

Es evidente que la república catalana sería una república bananera a la fuerza.

El discurso de Felipe VI el 3-O ha sido muy criticado en Cataluña.

Sólo los independentistas, porque consideran Felipe VI el gran enemigo. Se han pensado que Felipe VI es débil y si pueden con él, lo demolerán todo. Se equivocan.

En qué?

Felipe VI es más fuerte de lo que ellos piensan, al igual que el 1-O del Estado era más fuerte de lo que pensaban. La intervención de Felipe VI el 3-O es impecable. Según la Constitución, debe garantizar el buen funcionamiento de las instituciones, y en septiembre de 2017 se había vulnerado este funcionamiento.

¿Fue un discurso amenazador?

No lo creo. Fue un discurso impecable y además, oportuno, porque el gobierno de Rajoy había optado por esperar y no hacer nada, esa actitud tan marianista. El discurso fue como un puñetazo en la mesa. Y algo más: aquel discurso tranquilizó la mitad de los catalanes.

 Quién escribió el discurso?

Pienso que el equipo de la Casa Real. Rajoy le dio el visto bueno, pero con muchas reticencias, porque era un discurso contrario a lo que estaba haciendo Rajoy, de dejar pudrir la situación. (...)"            

(Entrevista Jordi Canal, historiador, profesor en la EHESS de París, Albert Soler, Diari de Girona, 14/05/19) 

Torra ha defendido el derecho a la autodeterminación de Catalunya en Portugal, un país que prohíbe los partidos políticos regionalistas...

"El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido el derecho a la autodeterminación de Catalunya en un país que prohíbe los partidos políticos regionalistas.

Torra, que se ha reunido con diputados de la Asamblea de Portugal durante su visita al país, ha agradecido a los diputados su "solidaridad con Catalunya" y su "respeto por el derecho a la determinación" pero ha obviado que Portugal prohíbe la existencia de partidos regionalistas.

La Constitución portuguesa de 1976 recoge, en su artículo 311.2, la prohibición de constituirse partidos que, "por su designación o objetivos programáticos, tengan índole o ámbito regional". Este hecho no ha impedido a Torra ofrecer una conferencia sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya esta tarde en Lisboa."             (e-notícies, 29/03/19)

Desde el constitucionalismo existe como un cierto aburrimiento en luchar para desmentir las constantes mentiras y tergiversaciones del separatismo... como ésta de la constitución portuguesa

"(...) Yo también estoy aburrido hasta no poder decir más, porque el nivel de degeneración intelectual siempre se supera.

Esto enlaza con algunos de los últimos comentarios de la anterior entrada, relativos al “intelectual brutal” y su apelación a la Constitución de Portugal. Juanmari aportaba esta noticia de Vilaweb, donde se contiene lo siguiente: “Des de Lisboa (Portugal), en un contacte amb la premsa, Torra ha preguntat a Iglesias si està disposat a acceptar el dret a l’autodeterminació de Catalunya tal com reconeix l’article 7 de la Constitució portuguesa.“

Modestia aparte, me permito recuperar la entrada publicada en este blog el día 23 de diciembre de 2013 titulada “La supuesta inclusión del derecho de autodeterminación en las Constituciones, según el independentismo“.

Os reproduzco el apartado 23 de esa entrada, relativo a la Constitución de Portugal.

23. PORTUGAL. Art.7.3

“3. Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e independência e ao desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão.“

Esta cláusula, o muy parecida, ya la hemos visto también en varias ocasiones: se reconoce el derecho de los pueblos, pero terceros pueblos, a la autodeterminación e independencia, pero no dentro del Estado portugués.

Portugal es un Estado en el que podemos reconocer una cultura con valores similares y un Estado netamente democrático. Por lo tanto, resulta interesante aproximarnos un poco a su regulación de algunos aspectos, como la soberanía y la legalidad, reguladas en el artículo 3 de la siguiente manera:

“Artigo 3.º. Soberania e legalidade

1. A soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na Constituição.

2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática.

3. A validade das leis e dos demais actos do Estado, das regiões autónomas, do poder local e de quaisquer outras entidades públicas depende da sua conformidade com a Constituição.”

Por su enorme interés, reproduzco el artículo traducido:

“Artículo 3. Soberanía y legalidad

1. La soberanía, una e indivisible, reside en el pueblo, que la ejerce con arreglo a las modalidades previstas en la Constitución.

2.El Estado está sometido a la Constitución y se funda en la legalidad democrática.

3.La validez de las leyes y demás actos del Estado, de las regiones autónomas, del gobierno local y de cualesquiera otros entes públicos depende de su conformidad con la Constitución.“

Aunque esto sería objeto de otro estudio, vemos que una Constitución poco sospechosa de injerencias en contra del independentismo proclama la indivisibilidad de la soberanía. Que el Estado está sometido a la Constitución y que se fundamenta en la legalidad democrática.

En relación a la legalidad democrática y la supremacía constitucional, excede el ámbito de estudio de este análisis. Pero precisamente, desde el independentismo se viene sosteniendo que la legalidad cede ante la “ voluntad popular “, que además se quiere dividir. Esta tesis resultaría incompatible con el articulado portugués.

Por otra parte, también se establece que el Estado es indivisible, como fija el artículo 5.3: “3. O Estado não aliena qualquer parte do território português ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo da rectificação de fronteiras.“

Por último, es unitario, conforme al artículo 6: “1. O Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública.“

En resumen: un Estado con características similares a las de España tiene una regulación con grandes afinidades, proclamando la indivisibilidad de la soberanía y del territorio, la supremacía constitucional y no reconoce el derecho a la autodeterminación en el seno de su derecho interno.

Por cierto, Portugal también fue citado por Mónica Terribas como país que reconoce el derecho a la autodeterminación. Ya nos explicará dónde lo vio, porque la regulación es comparable a la de España.

Resultado: FALSO. Recuento: 1-22

Enlace a la Constituiçao de República Portuguesa“CONCLUSIÓN. ¿Cómo no voy/vamos a estar aburrido/s si cada cierto tiempo repiten, incansable y deliberadamente, las mismas mentiras de siempre? ¿Cómo no voy a estar HARTO de que “intelectuales brutales” mientan con todo el descaro y la prensa subvencionada les ría las gracias?

 ¿Cómo no se va a decir luego que se trata de una sociedad ensimismada (esto no es mío, es de Manuel Cruz)? Y, aparte de ensimismada, liderada -es un decir- por un “intelectual brutal” que tendrá mucho de lo segundo, pero nada de lo primero."                 (Cita Falsa, 29/03/19)

La república que planeaba Puigdemont: los planes proponían la creación en la policía de esta república de una "unidad especializada en españolismo violento" que pudiera ejercer "presión policial" sobre los desafectos más enconados...

"El Govern de Carles Puigdemont planeó para los primeros momentos de una Catalunya independiente captar 4.200 millones de euros en cotizaciones sociales a las empresas, gastar 499 millones de euros en activar un fisco propio y confiscar bienes inmuebles al Estado español por valor de 19.134 millones de euros.

Tales cifras se desprenden del conjunto de informes y otras aportaciones de la Guardia Civil a la investigación del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por delitos conectados con la preparación de la independencia. Entre los elementos de prueba presentados, un borrador de constitución catalana que preveía importantes limitaciones de derechos políticos para los partidos y los funcionarios que no compartiesen el independentismo.

Por ejemplo, y para restar legitimidad a posibles recursos o protestas desde dentro, el proyecto de constitución catalana incautado a Vidal preveía la limitación de derechos a quienes implícitamente considera enemigos interiores: "No podrán obtener, ni conservar, la ciudadanía catalana aquellas personas que, no siendo catalanes de origen, hayan sido militares profesionales y/o fuerzas de orden público militar o civil del reino de España y/o hayan formado parte de un gobierno extranjero".

Además, la norma básica de la nueva república impondría, según los papeles incautados, a todos los funcionarios la obligación de elegir una sola nacionalidad, y les daría seis meses para decidir si ejercer en Catalunya como ciudadanos catalanes o no serlo, pero tampoco ejercer.

En la república que manejaba el independentismo no todas las ideas podrían ser defendidas. En el boceto de Santi Vidal figura un artículo que preveía permitir "la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Catalunya como Estado ni contra esta Constitución". 

En materia de seguridad interna, los planes proponían la creación en la policía de esta república de una "unidad especializada en españolismo violento" que pudiera ejercer "presión policial" sobre los desafectos más enconados.

Al letrado del juzgado que intervino en el registro, tanto como a los guardias que lo llevaron a cabo y que analizaron la documentación, les llamó la atención el chocante detalle de que, para los apuntes de la constitución catalana, Vidal utilizó cientos de folios de la Administración de Justicia de España, papel oficial, con el escudo del Estado, proveniente del juzgado en el que ejercía.

 

La seguridad social, clave

Las pesquisas han puesto de manifiesto la participación de importantes firmas de asesoría, tecnología e informática para preparar las bases de gestión de datos necesarias para crear una seguridad social catalana. No han trascendido hasta el momento pagos realizados a esas empresas, entre ellas Deloitte, IT-Sistems e IBM, pero sí presupuestos de técnicos de la Generalitat.

Con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) como pivote, bajo la dirección política de la consellera de Trabajo Dolors Bassa y su secretario general Josep Ginesta, y con técnicos del centro expertos en redes informáticas, el Govern diseñó un sistema de captación de recursos sociales para los inicios de una Catalunya separada de España.

Los planes, intervenidos por la Guardia Civil en sus registros llevados del 20 de septiembre de 2017 -Operación Anubis- por orden del Juzgado 13, incluyen preparativos tecnológicos que ya estaban muy avanzados antes de que el Parlament promulgara las leyes de desconexión que luego suspendió el Tribunal Constitucional.

Para la Guardia Civil, era "clave en la desconexión asumir el sistema de la seguridad social", dice en un informe. Los planes apuntaban la necesidad de contar con la adhesión -o el acatamiento- de al menos 100 empresas principales de Catalunya. Con las cotizaciones a la Seguridad Social de esas empresas, más las de 233 entidades del sector público controlado por la Generalitat, los diseñadores del plan preveían reunir una masa crítica de ingresos de 4.200 millones de euros.

Pero eso era en una primera fase. El objetivo en materia de Seguridad Social era recaudar y gestionar las cotizaciones de 3,2 millones de contribuyentes y controlar a 690.000 empresas, incluidos los autónomos, y las pensiones de un millón de jubilados.

Entre la documentación incautada por la Guardia Civil en la sede del Departamento de Trabajo en la tensa jornada del 20 de septiembre, figuran apuntes del técnico David Palanques que prevén que la Generalitat se erige en "la autoridad que exige en Cataluña todos los tributos y todas las cuotas y obligaciones de cualquier tipo del sistema de seguridad social y clases pasivas".

El organismo que los administraría sería una Agencia Catalana de Protección Social. Para el diseño técnico de esa agencia la Generalitat pidió bocetos a la firma Deloitte, según apuntes intervenidos al técnico de Trabajo David Franco. Su participación estaba presupuestada en 197.508 euros, aunque en los apuntes se preveía también un precio "sense IVA": 163.230. En esos apuntes hay también alusiones a la participación en los trabajos de HP; IBM, Itteria y el Cesicat.

Se las necesitaba para implementar un Centro de Procesamiento de Datos (CPD) que iba a tener un presupuesto de 1.471.247 euros en 2017 y de 2.537.561 en 2018. El CPD tendría que ser capaz de gestionar los datos de los mencionados 3,2 millones de contribuyentes y 300.000 afiliaciones al año.

 

Hacienda catalana

Más allá de la famosa Moleskine de Josep Lluís Salvadó, secretario del Departamento de Economia y Hacienda, la Guardia Civil ha analizado también un pendrive de Salvadó con un solo documento, “Activitats i mesures adreçades a la creació de l’Estat Catalá”, que contiene una cuantificación de los recursos necesarios para el despliegue del fisco de una Catalunya independiente en el mismo día 1 de la ruptura.

Según los cálculos que hizo Salvadó, eso supondría gastar 499.860.737 de euros, e incrementar la plantilla de la Agencia Tributaria catalana en 7.000 personas. Todo ello, aclara la Guardia Civil sin contar con "el importe necesario para el despliegue de las aduanas o de la agencia de la propiedad inmobiliaria", el que sería el catastro catalán.

Y todo ello calculado como presupuesto solo de extensión, sin contar los recursos ya empleados, en fase autonómica, en crear un sistema tributario independiente: "Se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro estado catalán", aseguran los invesigadores a la jueza Alejandra Gil, continuadora de la instrucción que inició el fallecido juez Juan Antonio Ramírez Sunyer.

 

Confiscación de bienes del Estado

La apropiación de otros recursos por parte de un gobierno catalán ya separado de España iba a tener una cobertura legal en el más alto nivel normativo de la nueva república catalana.

Entre los papeles incautados al exjuez Santiago Vidal en su domicilio aquel 20 de septiembre, un remedo de constitución catalana. El último artículo es una "Disposición confiscadora", así titulada y que dice: "Pasan a la propiedad de la República Catalana los bienes existentes el día de la declaración de independencia, dentro del territorio actual de Catalunya, pertenecientes al Reino de España".

El secretario de Hacienda Salvadó tuvo a un equipo de 10 personas, investigado por las Fuerzas de Seguridad, trabajando en elaborar un inventario de bienes inmuebles del Estado y su valor. La cifra que les salió fue 19.134 millones de euros. La confiscación de los bienes del Estado por una Generalitat desconectada había sido objeto de debates abiertos en la Assemblea Nacional Catalana, cuando en conferencias o coloquios se elucubraba sobre los primeros pasos de una Catalunya separada de España."                     (Juan José Fernández, El Periódico, 08/03/19)

La Constitución catalana contemplaba la ilegalización de los partidos que se opusieran a la independencia y a la Constitución catalana, restringiendo notablemente el pluralismo político respecto al Estado español donde no es delito oponerse a la Constitución en vigor

"(...) el comportamiento de Puigdemont se inscribe en una larga tradición del nacionalismo catalán según la cual el presidente de la Generalitat concentra la legitimidad y la autoridad carismática del movimiento y en torno al cual se construye una suerte de culto a la personalidad. 

Así sucedió con Francesc Macià y con Lluís Companys, aunque en este caso después de su trágica muerte, que continuó con Josep Tarradellas y que culminó con Jordi Pujol. Este carácter autoritario de la presidencia de la Generalitat se evidenció en la llamada ley de transitoriedad, aprobada el 7 de septiembre de 2018 y suspendida por el Tribunal Constitucional, donde el president de la Generalitat tenía la facultad de elegir a los miembros del Tribunal Supremo de la República Catalana y de emitir decretos-ley que no podían ser recurridos ante ninguna instancia judicial.

 Ello suponía cuestionar la separación de poderes de las democracias liberales y confería al presidente atribuciones casi dictatoriales.

Por ello no deja de resultar paradójico que desde los medios independentistas se critique la escasa calidad de la democracia española y se afirme que la República catalana hubiera sido una democracia más avanzada.

 Eso sin contar con que, en el proyecto de Constitución elaborado por el ex juez Santi Vidal, se contemplaba la ilegalización de los partidos que se opusieran a la independencia y a la Constitución catalana, restringiendo notablemente el pluralismo político respecto al Estado español donde no es delito oponerse a la Constitución en vigor.  (...)"                 (Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 13/03/19)

El partido fascista Vox plantea la ilegalización de Podemos... evidentemente. Los fascistas independentistas plasmaron en la constitución catalana la ilegalización de los partidos constitucionalistas

"Vox plantea la ilegalización de Podemos.

El vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que la "ultraizquierda y el nacionalismo son los enemigos de España" y es con los que hay que "acabar entre todos", por lo que ha planteado que habría que analizar si pueden seguir en el juego político formaciones como Podemos.

Preguntado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, por el escrache que sufrió Vox este pasado fin de semana en el madrileño barrio de Vallecas, lo ha achacado a la "ultraizquierda" que es "peligrosa" para el país.

En este sentido, y tras ser preguntado por un cruce de declaraciones que protagonizó con Íñigo Errejón, ha atribuido a Podemos tener "bilis antiespañola" y ha planteado que en un futuro se tendría que estudiar su ilegalización.

"Habría que analizar si tienen derecho estar en el juego político, los que no creen en la unidad de España y quienes no renuncian al marxismo que tanto muertos han dejado", ha espetado Espinosa de los Monteros. (...)"                  (El Periódico, 18/03/19)

"Los independentistas querían prohibir los partidos que fueran contra la República catalana.

 Los independentistas catalanes se plantearon prohibir los partidos que fueran contra la República catalana o su Constitución, así como espiar a los grupos que pudieran actuar contra el nuevo Estado y crear una unidad especializada en "españolismo violento". Así consta en uno de los últimos informes remitidos por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa contra la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la creación de estructuras de Estado.

El citado documento recoge los trabajos que se hicieron para redactar la Constitución de la futura República y que le fueron intervenidos al exsenador y juez Santiago Vidal. En el título II de ese presunto texto constitucional se decía expresamente que "se permitirá la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución". En el capítulo VI de ese borrador también se exponía que todos los funcionarios del nuevo Estado debían tener una "única nacionalidad", la catalana. 

 Y establecían un plazo de 6 meses a partir del día de la declaración de independencia para que todos los funcionarios hicieran "manifestación expresa" sobre si querían seguir siendo del Reino de España. En ese caso cesarían de sus funciones aunque se les permitiría seguir residiendo en Cataluña, perdiendo la condición de funcionarios, en tanto que seguirían siendo ciudadanos europeos. (...)"      (InfoLibre, 06/03/19)

¿La república catalana hubera sido como el franquismo? Sí, el contenido de las leyes de desconexión era el de establecer una dictadura, esto se olvida. Era un contenido donde no había ninguna independencia del poder judicial y en la cual el Parlament delegaba en el presidente la facultad legislativa... le delegaba la capacidad de hacer leyes, era como lo que tenía Franco, que podía remitir leyes personalmente. En este sentido sí era como el franquismo...

"(...)--¿Hay que cambiar el Código Penal para adaptarlo a las nuevas formas --más allá de las armas-- de intentar subvertir el orden constitucional?

No es necesario. Las leyes de desconexión eran inconstitucionales y contrarias al Estatuto de Autonomía precisamente porque establecían un contenido por el cual la Generalitat no tenía competencias. 

En segundo lugar, su contenido era el de establecer una dictadura, que esto se olvida. Era un contenido donde no había ninguna independencia del poder judicial y en la cual el Parlament delegaba en el presidente la facultad legislativa. De forma que todo lo que fuera el desarrollo de aquella ley, el presidente podía legislar por decreto. 

Todo lo que hiciera con estos decretos que tenían capacidad legislativa, porque el Parlamento le delegaba la capacidad de hacer leyes, era como lo que tenía Franco, que podía remitir leyes personalmente.

--¿La república catalana hubera sido como el franquismo?

En este sentido sí. El jefe de Estado tiene la capacidad de dictar normas con rango de ley. Algo que ni siquiera Franco se atrevió a establecer, solo Hitler. Y es que estos decretos con forma de ley no se podían recurrir ante los tribunales. Esto lo decían las leyes de desconexión. Iban a establecer un régimen autoritario. Como Erdogan y Putin. Ni siquiera Orbán se ha atrevido a tanto. (...)"

(Josep López de Lerma, abogado y ex diputado en el Congreso por CIU, Crónica Popular, 08/03/19)

Entended este artículo como un grito desesperado... La resolución que declara "antidemocrática y antisocial la Constitución española" es el último capítulo de la degradación del Parlament... ¿Han leído alguna vez la Constitución los que han presentado la resolución y los que la han votado?... ¿Han leido el artículo 129.2 que literalmente dice: "los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción"?. Sí, lo habéis leído bien, no es un error... ¿Son más democráticos los neo-convergentes, que defienden el concordato con la Santa Sede, la imposición de las fiestas laborales por el Vaticano, el control de una parte de la educación pública por la Iglesia católica, los conciertos con escuelas del Opus Dei?

"(...) La resolución que declara "antidemocrática y antisocial la Constitución española" es el último capítulo de la degradación del Parlament y del abandono de la política como pedagogía. Todo un síntoma de muchas de las cosas que nos están pasando en Cataluña. (...)

La resolución comienza con un "Totum revolutum" que mezcla Constitución, Ley de Amnistía y Pactos de la Moncloa con el único objetivo de justificar la teología del "Régimen del 78". Obviamente, todo es discutible, incluso el alcance de la Ley de Amnistía, pero

Se puede impugnar que la Amnistía incluyera los crímenes del fascismo, se puede ignorar las condiciones en que fue acordada, se puede incluso olvidar que la transición fue un pacto de impotencias compartidas entre un franquismo que no se pudo perpetuar y una oposición democrática que no tuvo fuerzas suficientes para forzar la ruptura.

 Pero lo que no se puede hacer sin caer en el adanismo ucrónico es situar la ley de amnistía como expresión de la falta de derechos democráticos, sociales y nacionales del pueblo de Cataluña.

Y si en términos políticos, es grave calificar la Constitución como antidemocrática y antisocial, más graves son las razones que se dan para justificar esta valoración.

Es obvio que la Constitución tiene algunos aspectos que pueden ser criticados, por insuficientes o porque no afrontaron con más valentía objetivos como la laicidad del estado. Entre otras, estas son las razones que nos llevan a algunos a plantear una reforma constitucional.

¿Pero con qué parámetros se puede afirmar que la CE se antidemocrática y antisocial? ¿Saben los redactores de la resolución y los que lo han votado que la CE reconoce y tutela los derechos individuales y colectivos con una intensidad incluso superior a la de otros textos constitucionales de nuestro entorno? ¿Saben que tenemos reconocido un derecho de huelga que nos permite hacer huelgas generales con motivos socio-políticos, que en muchos otros países europeos están prohibidas o no tienen cobertura constitucional? ¿Saben que la CE regula y tutela el derecho de negociación colectiva en términos que aguantan muy bien la comparación? ¿Saben que la redacción que se hace del derecho a la salud y a la educación es la que permite garantizar asistencia sanitaria y educación a personas que no tienen la nacionalidad y ni siquiera tienen una situación regularizada en nuestro país?

Algunas de las razones por las que la resolución del Parlamento de Cataluña califica de antidemocrática y antisocial la CE ―no reconocer el derecho a la autodeterminación o encargar a las fuerzas armadas la función de defender la integridad territorial y el ordenamiento territorial― sitúan todas las constituciones del mundo en el grupo de las antidemocráticas. Si se aplican las mismas razones a analizar las de otros países, se llega a la conclusión de que ninguno de ellos tiene una constitución democrática. ¡Qué barbaridad!

¿Han leído alguna vez la CE los que han presentado la resolución y los que le han votado? Mucho me temo que no. La resolución imputa a la CE que no posibilite ningún otro sistema de organización socio-económica que no sea el capitalismo. 

Obviamente, ya sabemos que no instala una república socialista, pero quienes hacen la afirmación anterior ignoran o esconden los márgenes que la CE ofrece en este sentido. Con un artículo 33 que determina los límites de la propiedad privada y condiciona su ejercicio a su función social ―la de la propiedad privada―. 

Con un artículo 47 que posibilita políticas de vivienda y de sol para combatir la especulación. O un artículo 129.2 que literalmente dice: "los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Sí, lo habéis leído bien, no es un error.

Que estos y otros artículos no se hayan desarrollado o hayan sido en los últimos años interpretados de manera restrictiva es criticable, pero no imputable a la Constitución ni al Régimen del 78, sino a la debilidad de la correlación de fuerzas de estos últimos años. Basta de adanismo, por favor.

La resolución desprende un tufo autoritario muy propio de sus impulsores, al calificar de antidemocrático todo lo que no coincide con su proyecto de sociedad. 

¿Qué significa que la CE separa y divide naciones históricas? ¿Qué naciones? ¿Los Países Catalanes? No sólo nos quieren imponer a la ciudadanía de Cataluña su concepción nacional, sino que pretenden hacerlo también a la ciudadanía del País Valenciano o de las Islas, desde la "soberanía" del Parlamento de Cataluña.

Por cierto, la Constitución Española, con todos sus defectos, interpretaciones restrictivas y vulneraciones, aguanta perfectamente la comparación con la "República catalana" configurada en la Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República aprobada por el Parlamento el 7 de septiembre de 2017 y el proceso constituyente diseñado para llegar a ella.

La resolución aprobada está llena de despropósitos, pero quizás el más grande de todos sea la subalternidad con que las fuerzas que la han votado han sometido a la hegemonía ideológica de 4 diputados/as y al grado de cinismo y doble moral que algunos han demostrado.

Partidos, como los neo-convergentes, que defienden el concordato con la Santa Sede, la imposición de las fiestas laborales por el Vaticano, el control de una parte de la educación pública por la Iglesia católica, los conciertos con escuelas del Opus Dei, votan una resolución que considera que mantener los privilegios de la Iglesia Católica es la prueba del carácter no democrático de la CE.

De todas las incongruencias la que me parece más grave, quizá porque es la que me toca más de cerca, que me ha producido un gran dolor y me ha provocado una grave fractura emocional, es la de los Comunes.

Esta resolución es una ruptura en toda regla con un proyecto político del que he formado parte durante más de 45 años. Y me duele el grado de desconcierto que expresa.

No es verdad que la resolución se limite a criticar algunos artículos de la CE. Su intencionalidad es muy nítida. La CUP ha utilizado algunos aspectos de la CE para una descalificación general y absoluta de la CE, para justificar su proyecto de ruptura con España y de rebote para dar cobertura a las movilizaciones del 21D ―la parte de la resolución no aprobada―.

 No era tan difícil darse cuenta, es muy evidente. Y sólo por su intencionalidad política, además de por su contenido, no debería haber sido votada nunca.

No entender que votar esta resolución es aceptar la hegemonía ideológica de la CUP y ponerla al servicio de la estrategia de polarización, del "cuanto peor, mejor" aún añade más gravedad a la situación, a las puertas del 21D y contra la estrategia del propio espacio.

Lo que más preocupación me genera es tener la convicción profunda de que no estamos ante un error ―perfectamente comprensible―, sino de las consecuencias de una opción estratégica del espacio de los Comunes, la de no tener un proyecto para Cataluña. 

El único proyecto existente, dentro del espacio de confluencia, era lo que representaban ICV y EUiA, que puede ser criticable y criticado, pero que, al menos, apostaba por un modelo de país. Y que ahora ha quedado enterrado por un alud de tacticismo constante y por una estrategia política suicida que pretende defender el espacio del municipalismo ―que es el eufemismo para hablar de Barcelona― renunciando a tener un proyecto político para Cataluña. 

La cuestión no es nueva, es la opción dominante dentro del espacio de la confluencia desde el 2015.  (...)

Termino con una confesión personal: con esta entrada incumplo una norma que me había impuesto a mí mismo por razones obvias, la de no opinar sobre lo que hiciera el grupo parlamentario en esta legislatura. Me lo he pensado mucho, he dudado aún más y, al final, he decidido hacer pública mi opinión por dos razones.

Porque creo que en este caso el silencio habría sido una deslealtad con todo lo que he creído, creo y defiendo, con la mucha gente con la que comparto valores e ilusiones y conmigo mismo.

Y también porque creo que todavía estamos a tiempo de enderezar la situación de aquí al mes de mayo. (...)

 Entended este artículo como un grito desesperado, el mismo que ayer estalló en las Cocheras de Sants en un acto de los Comunes Federalistas, cuando la ilusión generada por la participación de mucha gente quedó rota al enterarnos de lo que se había votado en el Parlamento de Cataluña."               (Joan Coscubiela, Mientras Tanto, 28/12/18)