Unha galega alegou non entender catalán para non pagar unha multa en Barcelona

"O Xulgado Contencioso Administrativo 8 de Barcelona anulou unha multa de tráfico de 60 euros a unha condutora galega, da provincia da Coruña, que aparcou en zona de carga e descarga na capital catalá porque o sinal só estaba en catalán.

Segundo a sentenza, de 29 de xuño, recollida por Europa Press, o Concello de Barcelona multou á condutora pola comisión dunha infracción leve do artigo 70.2J da ordenanza de circulación o 26 de xullo de 2016 por "estacionar nunha zona de carga e descarga e vehículos comerciais".

A condutora presentou un recurso pola vía contenciosa administrativa contra a multa porque infrinxía o artigo 56 da lei de tráfico e do artigo 138 do regulamento xeral de circulación ao estar a sinalización viaria exclusivamente en catalán "xerando indefensión á recorrente ao non estar rotulada en castelán".

Defendía que ditas normas prevén "que as indicacións escritas que se inclúan ou acompañen aos paneis de sinalización das vías públicas e inscricións figurarán en idioma castelán e, ademais, na lingua oficial da comunidade autónoma".

Pola súa banda, o Concello argumentou que a sinalización vertical, que ademais inclúe pictogramas, estaba "reforzada pola sinalización horizontal propia das zonas de carga e descarga para estacionamentos temporais e/ou universais, tratándose dunha sinalización universal".

No entanto, a xuíza asume que o artigo 56 da lei de tráfico obriga a que as indicacións escritas dos sinais "expresaranse, polo menos, na lingua española oficial do Estado" polo que o Concello incumpriu dita lei."           (Galicia Confidencial, 18/07/18)

Cerca de un 25% de los jueces que ejercen actualmente abandonarán Cataluña "para volver a su Estado de origen, España"

"Un Tribunal Constitucional con cinco miembros, el exilio del 25% de los actuales jueces que ejercen en Cataluña, que querrán irse, y un ejército de 1.000 jueces, son las perspectivas y ensoñaciones del juez independentista Santiago Vidal para la Justicia en la hipotética Cataluña independiente. 

Vidal, que fue denunciado en octubre por el sindicato Manos Limpias por "incumplir su deber de fidelidad a la Constitución", ha señalado que el objetivo del plan es que "los procesos judiciales no se alarguen y que los ciudadanos vuelvan a confiar en la Justicia". 

En una entrevista este lunes en Catalunya Radio, el también asesor del Consejo para la Transición Nacional ha indicado que las leyes españolas mantendrán su vigencia durante la primera etapa del hipotético nuevo país, para ir sustituyéndolas progresivamente por las nuevas catalanas. 

Por otro lado, Vidal está seguro que cerca de un 25% de los jueces que ejercen actualmente abandonarán Cataluña "para volver a su Estado de origen, España". "En la Cataluña independiente deberemos ser unos 1.000 jueces y con ese 25% menos seremos unos 500", ha considerado, por lo que llamarán a 100 jueces interinos a los que se les ha rescindido el contrato, y otros 400 saldrán del Colegio de Abogados de Cataluña.

El Tribunal Constitucional catalán sería la última instancia judicial y no el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como proponía el Estatuto de Autonomía tumbado por el TC en 2010. Su fin será el de unificar criterios entre todas las audiencias provinciales. 

El sistema de elección será "muy abierto" para impedir su politización como "existe actualmente en la justicia española". "El TC catalán sería elegido por el Parlamento, juristas, síndicos municipales, los ciudadanos y los jueces", ha subrayado el juez, sin detallar qué porcentaje de magistrados serán designados por cada uno de ellos. (...)"          (Diálogo Libre, 03/12/2013)

"(Pedían que) acreditar el conocimiento de las lenguas autonómicas tuviera más valor que el doctorado en Derecho para ser fiscal sustituto."

"No es ‘mérito determinante’. El TS rechaza el recurso del tripartito que pedía que acreditar el conocimiento de las lenguas autonómicas tuviera más valor que el doctorado en Derecho para ser fiscal sustituto.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la Generalidad para que el conocimiento del catalán fuera un mérito ‘determinante’ en el nombramiento de miembros sustitutos del Ministerio Fiscal.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo avala la legalidad del Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, que establece que el conocimiento del Derecho de una comunidad y el de la lengua cooficial se valorará hasta un máximo de 1 punto en la provisión de las plazas y que, en caso de igualdad de puntuación, tendrán preferencia los aspirantes que posean ‘mejor expediente académico’.

En el recurso interpuesto en mayo de 2008, la Generalidad (gobernada por José Montilla, del PSC) reclamaba la nulidad de pleno derecho de estos artículos al entender que vulneraban el Estatuto de 2006 y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y propuso que el Derecho propio de las CCAA se valorara como un ‘mérito preferente’, mientras que el de la lengua fuera ‘determinante’ y motivo de desempate entre solicitantes, en caso necesario." (lavozdebarcelona.com, 19/02/2011)

Francia recuerda a los jueces de Cataluña que no acepta sentencias en catalán

"El Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha remitido una carta a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, recordándole que Francia únicamente acepta comunicaciones judiciales en francés, inglés, italiano, alemán y español.

Según informa Europa Press, el Ministerio de Justicia de Francia habría trasladado a España el ‘malestar’ existente entre el colectivo de los Huissier de Justicia (procuradores franceses) por el uso ‘habitual’ del catalán en los formularios y escritos remitidos por los juzgados catalanes a Francia.

El CGPJ subraya que los Estados europeos tienen potestad para dictar en qué lenguas extranjeras distinta a la suya les deben ser remitidos los escritos judiciales, por lo que insta al TSJC a que cumpla el reglamento de usos lingüísticos de Francia cuando dirijan comunicados a juzgados de ese país, puesto que ‘no aceptarán ninguna otra lengua’ a las establecidas por ley." (lavozdebarcelona.com, 16/05/2010)