Dimite por presunta malversación el director de Emergencias del Gobierno Vasco, Fernando Izaguirre (del PNV de toda la vida)... y uno de los responsables de la red catalana que espió a políticos y empresarios, entre lo que se encontraban la entonces vicepresidenta del Govern de la Generalitat Joana Ortega, al Conseller Felip Puig, a Josep Maria Matas, excoordinador general de la Diputación de Barcelona y exsecretario general de la ACM, y a Xavier Solà, exnúmero dos del departamento de Cultura

 "(...) A este respecto, los actuales responsables de la DYA han apuntado en varias ocasiones a “operaciones anómalas” en torno a una red de empresas creadas por Fernando Izaguirre con la ayuda de Juan Diego Gallardo, expresidente de la delegación de la DYA en Catalunya y antiguo responsable de una empresa relacionada con una red de espionaje político en Catalunya destapada en 2013.

Según la denuncia de la Fiscalía, además, muchas de las operaciones en Catalunya fueron realizadas en beneficio personal de Fernando Izaguirre. Entre las anomalías detectadas por la jefatura superior se encuentran documentos de transacciones comerciales que no se corresponden con la realidad.

Por su lado, Juan Diego Gallardo, señalado como uno de los responsables de las supuestas irregularidades en la DYA, constituyó a finales de 2013 en el Principado de Andorra una sociedad patrimonial llamada Medacorba Comercio Internacional. Este nombre entró en las quinielas de Artur Mas a la hora de elegir Consejero de Interior en 2010.

Contraespionaje en Catalunya

Además se vio involucrado en una trama de espionaje destapada en 2013. La agencia Método 3 y una empresa en la que figuraba como administrador el propio Gallardo, Intelligence Strategic Ten Group, fueron investigadas por su relación con una red de espionaje político y empresarial. Este habría contado con seguimientos, escuchas, informes patrimoniales, entramado de relaciones de amistades y personales y cuestiones de índole íntima.

Como acreditan las facturas halladas por los investigadores del caso, Intelligence Strategic Ten Group contrató en 2011 a Método 3 para espiar a la entonces vicepresidenta del Govern de la Generalitat Joana Ortega, al Conseller Felip Puig, a Josep Maria Matas, excoordinador general de la Diputación de Barcelona y exsecretario general de la ACM, y a Xavier Solà, exnúmero dos del departamento de Cultura y exjefe servicios jurídicos de la ACM. (...)"            (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 29/04/22)

Pere Aragonès es el presidente de la Generalitat de Catalunya. Es necesario empezar así porque, según un reciente estudio de la propia Generalitat, más de la mitad de los catalanes ignoran quién es el presidente... ahora, gracias al CNI lo conocerá mucha más gente... «¡Qué escándalo! ¡Los espías espían a quienes anuncian a bombo y platillo que pretenden romper la Constitución y la convivencia!»... A los españoles no les parecerá del todo mal descubrir que el CNI no sólo se dedica a ayudar al rey emérito a ocultar enredos de faldas

 "Pere Aragonès es el presidente de la Generalitat de Catalunya. Es necesario empezar así porque, según un reciente estudio de la propia Generalitat, más de la mitad de los catalanes ignoran quién es el presidente, e imagino que en el resto de España ese porcentaje rondará el 90%. Sospecho, además, que entre los catalanes que casualmente saben el nombre de su primera autoridad, son mayoría los que están convencidos de que Aragonés es un gentilicio, quizás nació en Calatayud. 

Si en lugar de preguntar el nombre del presidente, la encuesta hubiera interrogado sobre sus acciones de gobierno, nadie en absoluto habría sido capaz de responder. Ni él mismo. Aragonés es conocido como «el niño barbudo» por una simple y poderosa razón: es ambas cosas. Si hay alguna duda es sólo respecto a la barba, que podría ser un postizo para disimular su escasa edad. 

En cuanto a su niñez, es necesario acogerse al viejo adagio periodístico, levemente modificado: si parece un niño, habla como un niño y piensa como un niño, es un niño. Sus exigencias para reanudar la mesa de diálogo son meras excusas, todos sabemos que no piensa adherirse hasta conseguir de Pedro Sánchez un compromiso ineludible y fundamental, la auténtica línea roja: ser agasajado con chuches y Fanta de naranja. 

Dicho sea de paso, lo único que nunca renunciará a la mesa de diálogo es Oriol Junqueras, que cuando oye la palabra «mesa», se anuda la servilleta en el cuello y corre a pillar una buena silla, que sea de diálogo, redonda o electoral, algo caerá de comida.

 Los partidos independentistas están escandalizados porque han descubierto que los servicios secretos se dedican a espiar. Tanta ingenuidad explica claramente por qué la republiqueta que quisieron inventar murió antes de nacer, y por qué el lacismo estaba destinado a ser una risa. «¡Qué escándalo! ¡Aquí se juega!», le suelta a Rick el cínico gendarme Renault en Casablanca, cuando él mismo se sienta todos los días en la ruleta.

 «¡Qué escándalo! ¡Los espías espían a quienes anuncian a bombo y platillo que pretenden romper la Constitución y la convivencia!», diría hoy Renault si viviera en Catalunya. A los españoles, en cambio, no les parecerá del todo mal descubrir que el CNI no sólo se dedica a ayudar al rey emérito a ocultar enredos de faldas.

 El escándalo ha servido para que el niño barbudo tenga un nuevo argumento para postergar la mesa de diálogo, a ver si Sánchez se da por enterado y pone a Fanta, que siempre sirve vino y los niños se quedan sin beber. Aún así, la cuestión es si vale la pena dedicar esfuerzos a espiar a pobres niños. 

- ¡Señor! Hemos interceptado una llamada al presidente de la Generalitat de alguien que dice ser su madre. Dice así: «Peret, no olvides comerte toda la merienda, que ayer sólo te comiste el chocolate y dejaste el pan. Malcuado, que eres un malcuado. 

 -Mmm. Sin duda es un mensaje cifrado, pasen a los expertos, a ver si logran desencriptarlo. Buen trabajo. Continúen así.

 Haría bien Pedro Sánchez de no enojar al presidente catalán y acceder a todas sus peticiones, Fanta de naranja incluida. De acuerdo con su edad, el presidente reacciona con rabietas a quien le lleva la contraria y, aseguran quienes han vivido tal situación, que sus chillidos se escuchan hasta el vecino Zoo de la Ciutadella, con la lógica histeria de los mandriles machos, que lo confunden con una hembra en celo. En cambio, cuando consigue que sus peticiones sean atendidas -la aprobación de un decreto ley, la creación de una embajada catalana en algún lugar remoto, el nombramiento de algún conocido para algún cargo bien remunerado...- se muestra agradecido y lo demuestra con simpáticos saltitos y palmeando mientras grita «ole, ole!».

 -Señor, el presidente catalán acaba de llamar a un amigo, aún sin identificar. Ha sido muy breve: «¿quieres quedarte esta tarde para jugar a las peonzas en el parque?» 

 -Malditos sean estos lacistas, cada vez utilizan códigos más complicados, ni Alan Turing podría con ellos. 

 El niño barbudo sale a menudo en TV3, ya que esta y no otra es la función de la televisión catalana, pero puesto que prácticamente nadie sabe que se trata del presidente catalán, los televidentes lo toman por un comediante, sensación a la que colaboran sus discursos, más propios del Club de la Comedia que de un político. Ya les irá puliendo con el tiempo, está en edad de aprender y seguro que antes de finalizar la escolarización obligatoria, habrá ganado algún premio de declamación colegial. 

Mientras esto no ocurra, seguirá dando trabajo al CNI. 

-Señor, nuestro infiltrado en el Parlament informa que el presidente catalán hace muecas a los diputados de la oposición. Creemos que son gestos en clave."             (Albert Soler, Diari de Girona, 25/04/22)

Albert Soler: Ser lacista es no dejar nunca de sorprenderse, lo que convierte a los lacistas en los seres más felices de la tierra, tan felices como los niños, a quienes cada día se les revela alguna novedad. Estos días los lacistas han descubierto con pasmo que los espías espían, y están que no salen de su asombro... ¿Cómo es posible que gente que cobra por espiar, espíe a quienes estaban involucrados en conversaciones con espías rusos, intentaban cargarse el estado y pretendían fracturar Cataluña?- se preguntan, a la vez que se admiran que estas cosas sucedan... Criaturas... que, por cierto, también espiaban... "El independentismo rechazó investigar el espionaje de los Mossos a políticos, sindicalistas, periodistas y otros cuerpos de seguridad del Estado"

 "Espías que espían y otras sorpresas

Ser lacista es no dejar nunca de sorprenderse, lo que convierte a los lacistas en los seres más felices de la tierra, tan felices como los niños, a quienes cada día se les revela alguna novedad. Estos días los lacistas han descubierto con pasmo que los espías espían, y están que no salen de su asombro. 

Así que aquí los tienen ustedes, con los ojos abiertos como un niño al ver caer la nieve por primera vez. Qué cosas pasan. 

 - ¿Cómo es posible que gente que cobra por espiar, espíe a quienes estaban involucrados en conversaciones con espías rusos, intentaban cargarse el estado y pretendían fracturar Cataluña?- se preguntan, a la vez que se admiran que estas cosas sucedan. Criaturas.

 La capacidad de asombro del lacismo es infinita. Tiempo ha, descubrieron que lo que llevaban los policías en la mano no eran batutas con las que dirigirlos cuando cantaban «las calles serán siempre nuestras», sino instrumentos llamados porras, que ayudan a convencer a los ciudadanos de que depongan su actitud cuando las palabras no bastan. Quien se lo iba a decir. 

 O el día en que, sorpresa, sorpresa, se dieron cuenta de que el famoso «mandato popular» no significaba nada. Sorpresa fue también observar que los políticos que incurren en delitos, son juzgados y condenados, sorpresa doble en este caso, al darse cuenta de que las manifestaciones a su favor no sirven de atenuante para rebajarles la condena, mucho menos porque salgan en libertad. 

Por no hablar de la gigantesca sorpresa -esta, del todo incomprensible- al ver que ni siquiera los lazos amarillos colgados de solapas y balcones tenían utilidad alguna. ¿Y Europa? Tras repetir todos los días que el viejo continente esperaba la republiqueta catalana con los brazos abiertos, al final resultó que nadie les apoyó: nueva sorpresa lacista. Yo les envidio.

  ¿No hay mayor felicidad que levantarse todos los días sabiendo que la vida te sorprenderá? Uno, que ya hace tiempo que vive en la edad adulta y pocas cosas le sorprenden, echa de menos la edad de la inocencia que ya sólo persiste en niños y lacistas.

 Vivir fuera de la realidad provoca sorpresas cada vez que ésta se manifiesta, que suele ser todos los días. Lo de los espías espiando no ha sido la última, por fortuna el buen lacista encuentra siempre un motivo para sorprenderse. Y, lo que aún le gusta más, por quejarse, indignarse y acusar a alguien de sus desgracias, que no son pocas. 

Ayer, el presidente catalán, que suma a su lacismo el hecho de ser niño y es por tanto doblemente inocente, manifestaba indignado -con esa indignación que sólo da la candidez- que «si se ha espiado, no puede haber confianza» . Angelet. 

Cualquiera le explica que el espionaje surge precisamente de la falta de confianza. Al igual que sin actos inmorales no harían falta curas, sin deslealtades no harían falta espías. De lo que se deduce que siempre habrá curas y espías, al menos éstos no te envían a rezar quince avemarías.

 La republiqueta ni está ni se le espera, lo que sume a los lacistas en una eterna depresión. Pero a cambio de este infortunio, poseen el don de maravillarse cada día con algo que no conocían, hoy con espías que espían, mañana con el zumbido de un abejorro. Como los niños. Pobrecillos."               (Albert Soler, Diari de Girona, 22/04/22)

 

"El independentismo rechazó investigar el presunto espionaje de los Mossos. A "políticos, sindicalistas, periodistas y otros cuerpos de seguridad del Estado"

 Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP tumbaron en mayo del 2018 una propuesta del resto de grupos parlamentarios de crear una comisión de investigación sobre el presunto espionaje a periodistas y políticos por parte de los Mossos d'Esquadra.

La propuesta de creación de una comisión de investigación, presentada por Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú Podem y el PP fue rechazada por 68 votos en contra y 64 a favor. El bloque soberanista justificó el rechazo a la propuesta tras lamentar que Ciutadans y PP habían rechazado ampliar esta investigación a otros cuerpos policiales por el espionaje político a dirigentes independentistas.

La comisión debía investigar "los casos concretos en que políticos, sindicalistas, periodistas y otros cuerpos de seguridad e información del Estado fueron sometidos a espionaje político y seguimiento de sus actividades" por parte del Govern de la Generalitat y de algunas unidades de los Mossos d'Esquadra.

El diputado de C's Matías Alonso defendió esta propuesta de comisión como una "medida de higiene democrática" tras el "espionaje ilegal", a lo que tildó de "totalitarismo". "Esta conducta totalitaria de utilizar los medios públicos para controlar al disidente que no piensa cómo ustedes da asco y no piensen que están por encima de las leyes y de la democracia porque tarde o temprano tendrán que rendir cuentas" espetó.

La diputada del PSC Assumpta Escarp afirmó que la comisión "nunca ha gustado a la mayoría independentista", y pidió "poder determinar a los responsables que dieron la orden de destruir el pasado 26 de octubre varias cajas de documentos comprometedores en una incineradora". El diputado de los 'comunes' Joan Jusep Nuet pidió "saber la verdad" sobre este caso de presunto espionaje."           (e-notícies, 21/04/22)

Objetivos indepes... La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, era un objetivo de los CDR, entre otros constitucionalistas

 "El Equipo de Respuesta Táctica (ERT), un comando de los Comités de Defensa de la República (CDR), los integrantes fueron detenidos el 23 de septiembre de 2019, había realizado indagaciones sobre una docena de objetivos, casi todos ellos políticos. 

Además, había anotaciones referentes a estos objetivos en un cuaderno que se le incautó al activista Jordi Ros. Entre los objetivos destacan dos nombres en particular: Pablo Casado, presidente del PP, y Manuel Valls, ex primer ministro francés y, en la época en que fue desarticulado el comando, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​que se había presentado encabezando la lista de Ciudadanos. 

Otra de las personas sobre las que estaban recopilando datos era José Manuel Villegas, ex secretario general de Ciudadanos. De estas investigaciones dan fe las evidencias informáticas encontradas en teléfonos móviles y ordenadores de Jordi Ros. Los otros objetivos eran mucho más asequibles al comando. En la lista figura Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell, así como Marta Morell, concejala elegida en la lista de Podemos en este mismo ayuntamiento.

 Precisamente, Ros tenía su domicilio en la calle Antoni Cusidó de esta ciudad. En este caso, cabe destacar que el independentismo perdió el año 2019 la alcaldía de Sabadell. Marta Morell, cabeza de lista de Podemos, decidió aliarse con el PSC y dar la alcaldía a la candidata socialista, Marta Farrés. Ros hizo búsquedas sobre ambas, a través de las redes sociales, el día 16 de junio, después de que hubiera cristalizado el pacto y Farrés se hubiera convertido en la nueva alcaldesa de la ciudad, con el apoyo de Morell. 

El jefe de gabinete de Miquel Iceta 

El diputado socialista Francisco Aranda, jefe de gabinete del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y diputado en el Congreso desde las últimas elecciones generales, era otra de las personas sobre las que habían recopilado datos, en septiembre de 2019, dos semanas antes de las detenciones. El exdiputado del PP Joan López Alegre también estaba en el punto de mira del comando. Sobre él se hicieron búsquedas de información el 28 de julio del 2019.

 En el listado también aparecen Antonio López y Annerose Bloss. En una libreta de Jordi Ros se encontraron anotaciones manuscritas sobre estas dos personas, así como las matrículas de sus coches. Antonio López fue apuntado en medios de comunicación independentistas como un activista unionista que se dedicaba a sacar lazos amarillos de los espacios públicos en la comarca del Maresme.

 En poder del miembro de la ERT estaba la matrícula de su furgoneta Nissan Primastar. Bloss, por su parte, nacida en Alemania, había sido concejal del PP en el Ayuntamiento de Alella, cargo que abandonó en 2017 por voluntad propia. Junto a su nombre, Ros había anotado la matrícula del Smart Forfour que tiene.

 El jefe de la Brimo 

El último objetivo era Carlos Hernández, intendente de los Mossos. Hernández era el jefe de la Brigada Móvil (Brimo) durante los hechos del 20 de septiembre del 2017 (ante la conselleria de Economía) y declaró en el juicio que el entonces presidente del ANC la había tratado con suma prepotencia y que intentó darle órdenes. Hernández fue denunciado en diciembre de 2018 por torturas, lesiones y delitos contra la integridad moral por ocho activistas de los CDR: uno de los denunciantes le acusaba de romper la nariz y reventarle un ojo. Quim Torra en aquellos momentos se encontraba en Eslovenia, y desde ese país anunció que habría purgas y dimisiones en el cuerpo de los Mossos.

 La amenaza de una huelga salvaje de los mozos le quitó la idea de la cabeza. Pero los jueces lo exoneró de toda culpa en un auto fechado el 6 de mayo del 2019 y pidieron que se investigaran las denuncias falsas. Las grabaciones de vídeos desmontaron la historia de los CDR sobre la actuación del policía: las lesiones se habían producido a causa de una caída, y el intendente ni siquiera estaba cerca del lugar de los hechos.

 Además, el auto del juez señala que "con intención de menoscabar la integridad física de los agentes que había allí, y con absoluto desprecio al principio de autoridad que estos representan, les lanzaron una piedra que tuvo que ser esquivada por el intendente ", relata el texto, basándose en los vídeos registrados. Sin embargo, sus superiores lo destituyeron en enero de 2019, un mes después de los hechos que se le imputaban, y lo enviaron de segundo a la Brigada de Información. Jordi Ros se interesó por él el 4 de marzo, poco después de su destitución y traslado Información, lo que evidencia que los CDR no lo perderían de vista fácilmente.

Fobias personales 

La naturaleza de los objetivos, explican a EL TRIANGLE fuentes cercanas a las investigaciones, apuntan a que detrás de la elección de los nombres hay motivaciones de fobias personales e ideológicas. "¿Qué en un primer momento objetivos como Casado o Villegas podían estar lejos de su alcance? Es posible, pero si se hubieran terminado de organizar como un grupo terrorista, el peligro que pudieran hacer acciones contra ellos habría aumentado exponencialmente ", explican estas fuentes. 

En sus informes, la Guardia Civil no duda en afirmar que los datos obtenidos de las pesquisas en las redes sociales "tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra estas personas o bienes suyos". Un detalle que no pasa desapercibido es que la información sobre objetivos materiales comenzó a recopilar en el final del año 2018, pero la información sobre objetivos personales comenzó en marzo, con las investigaciones sobre el intendente Hernández, pero se acelerar en verano, en los meses de junio y julio, por lo que los investigadores temían que, al tener a punto la fórmula de la fabricación del explosivo termita, pudieran llevar a cabo atentados del 1 de octubre del 2019, segundo aniversario del referéndum.

 No se descartaba, tampoco, que pudiera haber alguna acción que involucrara alguno de los políticos mencionados en esta fecha. Fotos de edificios oficiales No hay que perder de vista que, además de las personas mencionadas, también había otros objetivos en el punto de mira, tal como publicó EL TRIÁNGULO.

 "Los investigados habrían desarrollado una importante labor de vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los vehículos de estos y de varias de sus instalaciones". Los actos preparatorios de sus acciones provocaron, según los informes judiciales, "una tarea de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados". En estos documentos gráficos se recogen, por ejemplo, accesos a edificios, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas, agentes y placas de matrículas de vehículos policiales.

 Entre estos objetivos estaba la Comandancia Naval de Barcelona, ​​el Gobierno Militar, la Delegación del Gobierno, la sede de la Comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, había fotos y planos de varias torres de alta tensión, de gasolineras y del peaje de la autopista en Martorell. 

Encuentro en el Parlamento El 11 de septiembre de 2019, pocos días antes de ser detenido, Ros estuvo examinando el exterior del Parlamento de Cataluña junto con un amigo, Ramón RR Simulando interesarse por el edificio, los activistas captar instantáneas no sólo del Parlamento, sino también de los coches de los Mossos que había en los alrededores. Para obtener las imágenes, Ramon R. R. hacía ver que hacía las fotos a su amigo con el Parlamento de fondo. Ese mismo día, otros miembros del comando fueron grabados ante el Parlamento, aunque el vídeo fue eliminado posteriormente de Youtube. 

Es más: los agentes fotografiaron Eduard Garzón, el considerado jefe del grupo, paseando por Barcelona con Alexis Codina (vecino de Sant Fost de Campsentelles que tenía un laboratorio de fabricación de explosivos en su casa) y Germinal Tomás, otro de los detenidos , encargado de ayudar en la fabricación. Frente al Parlamento, Ros se vio con Codina y Tomás, y al finalizar la jornada se reunieron también allí el mismo Codina, Esther García, que también hacía tareas de dirección y que era la que transmitía las órdenes que llegaban de "la superioridad ", Sonia Pascual, Queralt Casaoliva y Rafael Joaquín Delgado, todos ellos detenidos. Todo el material gráfico que circulaba por las redes fue retirado de circulación por precaución, aunque no les sirvió de nada. De los edificios más controlados, el cuartel de la Benemérita era el que más interés suscitaba.

 "Destaca el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, ​​situado en el municipio de San Andrés de la Barca, que Jordi Ros había llevado a cabo el día 18 de mayo de 2019, en compañía de su pareja sentimental, Montserrat C. Este reconocimiento consistía en la grabación de siete vídeos y la captura de 75 imágenes con el móvil del investigado ". Ros había dado varias vueltas al cuartel en coche para obtener las fotos y documentar las medidas de seguridad que tenía."                 (elTriangle, 13/10/21)

Plataforma per la Llengua 'espía' los patios de los institutos de Valls... después de analizar 1.820 conversaciones extraídas en los patios de los institutos y en la entrada y salida de los centros, se quejan de que "un 60% de las conversaciones son en castellano"

 "La Plataforma per la Llengua ha hecho un estudio, encargado por el Ayuntamiento de Valls, para conocer la lengua que hablan los alumnos en los patios de los institutos públicos del municipio. 

Este estudio ha concluido que "un 60% de las conversaciones son en castellano". Los datos, según informan en un comunicado, se han obtenido mediante "una encuesta contestada por los estudiantes y un estudio de observación no participante hecho los tres centros escolares".

La entidad, que ha analizado "1.820 conversaciones extraídas" en los patios de los institutos y en la entrada ya la salida de los centros", concluye que la "lengua mayoritaria entre los alumnos de los tres institutos es el castellano". A raíz de estos resultados, la autodenominada ONG del catalán pondrá en marcha este verano un plan de actuación con el objetivo de "incrementar el uso social del catalán entre los jóvenes del municipio".

La Plataforma per la Llengua informa que "durante los martes del mes, los jóvenes podrán aprender a hacer una canción de rap que al final grabarán". Los jueves de julio, en otro ciclo, "se hará un taller de redes sociales, uno de memes , uno de doblaje y uno de retransmisiones deportivas".

Finalmente, informan que estas actividades, que se impartirán en el centro cívico de la ciudad "serán gratuitas gracias a la financiación del Ayuntamiento de Valls", gobernado por Junts. "Este plan integral prevé acciones en los centros escolares, pero también quiere incidir en el resto de contextos sociales en que se relacionan los estudiantes", añaden."               (e-notícies, 11/06/21)

Franco se estará riendo... Plataforma per la Llengua ha admitido que la nueva ley de educación "anima a los gobiernos autonómicos a actuar en los patios, comedores y actividades extraescolares para reforzar el catalán". La Plataforma ya realizó un estudio "de incógnito" en el que se analizaban conversaciones espontáneas en el patio de las escuelas

 "(...) "La nueva ley de educación estimula los gobiernos autonómicos a actuar en los patios, comedores y actividades extraescolares para reforzar el catalán en estos espacios" recalcan desde la entidad, apuntando que "este nuevo texto permitiría trabajar estos aspectos también fuera de las horas estrictamente lectivas y en las aulas, como podría ser dinamizar actividades en catalán en espacios que forman parte del proceso educativo, como el patio o el comedor escolar o las actividades extraescolares y deportivas".

Plataforma per la Llengua ha celebrado que su enmienda para suprimir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza se haya incorporado en la modificación de la Ley Orgánica de Educación. En un comunicado, la entidad afirma que "la ley también obliga a los gobiernos autonómicos a garantizar que los alumnos son competentes en las dos lenguas oficiales" y admite que la nueva normativa "suprime" el castellano como vehicular en las escuelas. (...)

"El nuevo redactado incluye una enmienda de la Plataforma por la Lengua que suprime la vehicularidad del castellano, por lo que se devuelve a los gobiernos autonómicos la competencia de decidir las lenguas vehiculares de los sistemas educativos" apuntan desde la Plataforma, recalcando este hecho "quedó amenazado con la Ley Wert del año 2013".

Sin embargo, la Plataforma per la Llengua advierte que "los tribunales todavía tienen margen para interpretaciones interesadas de leyes como la misma Constitución española, lo que podría continuar obstaculizando la consecución de un sistema educativo plenamente normalizado en catalán". "Una novedad importante de esta ley es que obliga a los gobiernos autonómicos a 'impulsar instrumentos de control, evaluación y mejora' que permitan garantizar la competencia comunicativa en las diferentes lenguas oficiales" explican desde la entidad.

La Plataforma ya realizó en el año 2019 un estudio "de incógnito" en el que se analizaban conversaciones espontáneas fuera del aula en los alumnos. El estudio determinó que sólo un 14,6% de las conversaciones entre estudiantes de la ESO son en catalán en los patios de las escuelas, una cifra que aumenta hasta el 35% en el caso de los alumnos de Primaria."                    (e-notícies, 28/11/20)

Las contradicciones y los espionajes sin orden judicial dinamitan el embrión del CNI catalán

"Hace meses que se esperaba el paso a la reserva de Manel Castellví, que hasta ahora ostentaba el mando de la Comisaría General de Información (CGINF) de los Mossos d’Esquadra. Pero no es casual que la decisión, que se hizo pública ayer, se haya tomado pocos días después de que un juez haya archivado la investigación del espionaje llevado a cabo por la policía autonómica.

El sobreseimiento ha vuelto a poner en el foco mediático los seguimientos pilotados por el propio Castellví sin orden judicial y sin que la Fiscalía tuviera conocimiento. El mando fue citado a declarar en calidad de testigo. Crónica Global ha tenido acceso a sus declaraciones, en las que intenta justificar una actuación que el ministerio público considera propia de un “Estado policial” en su recurso contra el archivo de las diligencias. 

También ha impugnado ese sobreseimiento el abogado que defiende a los afectados por ese espionaje, coordinado por la CGINF.

Personas y entidades contrarias al independentismo

Tal como informó este diario, el control de los Mossos se centró en periodistas, abogados, sindicatos, asociaciones y partidos políticos. Los informes sobre esos seguimientos se guardaron en cajas que la Policía Nacional interceptó en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) antes de ser destruidos.

 Según consta en un documento de casi 400 folios que la policía entregó a la Audiencia Nacional, los agentes encontraron informes sobre “actividades o seguimientos de objetivos de interés no policial ni judicial, sino de tipo político. 

El denominador común es que se trata de personas, entidades o actividades contrarias al independentismo, muchas veces adjetivadas en los propios informes como españolistas, constitucionalistas, etc, documentos relativos al Cesicat --el embrión de una futura agencia de inteligencia catalana--, y varios relativos al CNI español”. En definitiva, personas y entidades “españolistas”, según la expresión utilizada por los Mossos en los informes hallados en la incineradora.

Respecto a los seguimientos del abogado José María Fuster-Fabra, Castellví declaró en el juzgado que eran de “contra vigilancia para evitar que alguien pudiera acercarse al letrado con intención de mediatizar su comparecencia en el Parlament el 6 de junio de 2017”. Sin embargo, el mando incurrió en varias contradicciones, dado que el informe llevaba el título de “control” y no de “contra vigilancia”, un tipo de actuación que implica “aviso previo, identificación de riesgos…”, algo que no se llevó a cabo. 

Asimismo, el seguimiento del letrado comenzó el 2 de junio y se prolongó hasta el día 7, a pesar de que su comparecencia se circunscribió al día 6. Los Mossos hicieron fotos del acompañante de Fuster-Fabra de espaldas, no de frente, y en otra ocasión, se captaron imágenes de un cliente del despacho del letrado, conocido por haber participado en numerosos casos contra ETA y haber defendido a conocidos policías y guardias civiles.

Manifestaciones bajo control

Respecto a los seguimientos que efectuaron los Mossos de las personas participantes en la manifestación de Sociedad Civil Catalana (SCC) el 19 de marzo de 2017 –miembros de las entidades organizadoras y cargos de PP, Ciudadanos y PSC--, Castellví dijo que la manifestación era “de nivel 1, sin riesgo” y que se actúa de forma similar en casi todas las concentraciones que se hacen en Cataluña, un total de 4.252 de las cuales, 961 contaron con la presencia de la vigilancia de los Mossos. 

Pero el excomisario de Información no supo explicar por qué ese trabajo no se había hecho en concentraciones de la ANC y Òmnium y, sobre todo, el motivo de que fuera su unidad, y no la encargada del orden público, la que lo hizo.

Respecto a las pesquisas que esta Brigada de Información hizo de la llamada “Operación Cataluña”, término periodístico aplicado al control del CNI español sobre el procés, aparecen en la causa nombres, fotos y datos personales de dirigentes sindicales y de asociaciones no independentistas, así como periodistas de El Confidencial y El Triangle, en algunos casos relativos a reuniones de estos profesionales con sus fuentes de información. 

Castellví explicó que esas personas fueron seguidas por su relación con dos detectives y negó el carácter de organigrama que la Policía Nacional dio a un documento hallado. Según el mando de los Mossos, en su unidad “recibieron una información a través de una fuente advirtiéndoles que estaba prevista una reunión y que se podría tratar de un movimiento agitativo”. 

Y aunque en el informe incautado a los Mossos aparece el epígrafe “Operación Cataluña”, Castellví negó que se hubiera investigado esta trama.

Grabación de la conversación de un dirigente de Cs

El comisario fue interrogado sobre el control de un dirigente de Ciudadanos en un bar de Barcelona. Negó que fuera grabado o interceptado, pero en los informes hallados en la incineradora aparece la transcripción literal de la conversación del político con su acompañante, materialmente imposible de reconstruir de memoria.

 Todas estas contradicciones están incluidas en el recurso que el abogado de los afectados, José María Fuster-Fabra, ha presentado contra el archivo de la investigación de ese espionaje decretado por el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, que no niega que esas tareas de control se llevaran a cabo, pero considera que no son delito.

Asimismo, la Fiscalía ha pedido también la reapertura de las diligencias en un escrito, en el que afirma que en la declaración de Castellví "en momento alguno se ha hecho referencia a qué delito concreto pudiera llegar a cometerse contra los investigados o pudieran cometer los mismos y, por ende, tampoco los indicios que llevaron a la policía de Mossos d’Esquadra a investigar en cumplimiento de su obligación de evitación de la comisión de delitos, ni tampoco cuáles fueron las razones por las que consideraron que las personas investigadas y no otras podrían convertirse en autores o víctimas de se delito nunca especificado".

 "No basta --añade el ministerio público-- con que la policía alegue de forma genérica que tal invasión se realizó en el curso de una investigación y por lo tanto estaba justificada. Admitir tal explicación de la forma en que se obtiene la información y el tiempo durante el cual las personas han sido seguidas y observadas, sería tanto como legitimar un Estado policial”.         (María Jesús Cañizares, Crónica Global, 19/01/19)

Los tribunales confirman la sanción de 200.000 € a Òmnium por vulnerar la ley de protección de datos en su encuesta sobre el 9N en la que obtuvo información sobre la ideología de los entrevistados... 30.000 voluntarios de la organización recorrieron toda la comunidad con visitas puerta a puerta. Finalmente obtuvieron 82.814 respuestas... Òmnium hizo un tratamiento que permitía asociar los datos a un domicilio concreto... las respuestas y los datos personales se introducían en la misma pantalla de forma simultánea... incluían un resumen, cumplimentado a mano, donde figuraba el número de puertas que no abren, o que no quieren hacer la encuesta... y anotaciones manuscritas referentes a cada una de las viviendas visitadas con indicaciones concretas (no irá a votar, no es legal, no interesa, no quiere atender, no abren, dejar la encuesta, no quieren hacerla…)

 " La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción de 200.000 euros por infracción muy grave que la Agencia Española de Protección de Datos impuso en abril de 2016 a Òmnium Cultural por realizar una encuesta por toda Cataluña sobre la independencia que, por la forma en que se llevó a cabo, permitía identificar personalmente a partidarios o contrarios a la secesión de esa comunidad del resto de España.

La entidad soberanista, presidida entonces por la fallecida Muriel Casals, realizó la llamada Gigaencuesta entre octubre y noviembre de 2014, en plena campaña Ara és l’Hora (Ahora es la Hora), de movilización para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, que organizó la Generalitat pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.

La Gigaencuesta se realizó por correo postal y con 30.000 voluntarios de la organización recorrieron toda la comunidad con visitas puerta a puerta con el objetivo de llegar a tres millones de domicilios. Finalmente obtuvieron 82.814 respuestas. Según la sentencia de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Òmnium hizo un tratamiento de los datos de los encuestados que permitía asociar los datos a un domicilio concreto.

El macrosondeo independentista constaba de seis preguntas, la mayoría formuladas con un evidente sesgo favorable a la ruptura de Cataluña con el resto de España. “Si Cataluña fuera un Estado tendría entre 8.000 y 16.000 millones de euros más ¿Cómo piensa que se deberían gastar?” o “Construir un nuevo país nos permitiría partir de cero y renovar la democracia ¿Qué le parece más prioritario?”, leían los voluntarios, que luego daban tres opciones, todas ellas atractivas, dando a entender que la independencia solo traería mejoras políticas, sociales y económicas.

La última pregunta era la más directa: “¿Irá a votar el 9 de noviembre?, y tenía tres opciones: “Iré a votar, y ya tengo decidido mi voto”, “Iré a votar, y ya decidiré mi voto”, y “No iré a votar”.

En el mismo formulario, en un apartado separado, los voluntarios pedían, en nombre de Òmnium, su consentimiento a los encuestados para recoger sus datos personales, entre ellos nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. Los voluntarios, que se dividieron Cataluña por áreas geográficas, entregaron las encuestas realizadas en las 20 sedes de la organización repartidas por toda la comunidad. Finalizada la encuesta en cada ámbito geográfico, la documentación se procedía a su mecanización a través de una aplicación facilitada por ANC.

La Agencia de Protección de Datos abrió una inspección y accedió a la aplicación informática desarrollada donde figuraban un total de 82.814 encuestas, que incluían tanto respuestas como datos personales de los encuestados. Los inspectores verificaron que las respuestas y los datos personales de los encuestados se introducían en la misma pantalla de forma simultánea.

Además, las encuestas en papel almacenadas incluían un resumen, cumplimentado a mano, donde figuraba “el número de puertas que no abren, o que no quieren hacer la encuesta, además de la lista de edificios a visitar (calle, número y total de puertas). Figuraban, asimismo, según la sentencia, una serie de anotaciones manuscritas referentes a cada una de las viviendas visitadas con indicaciones concretas (no irá a votar, no es legal, no interesa, no quiere atender, no abren, dejar a la encuesta, no quieren hacerla…)”.

 

Identificar "sin grandes esfuerzos"

El tribunal concluye que Omnium sí hizo un tratamiento de datos de los encuestados que permitía asociar los datos a un domicilio concreto, “por lo que se puede llevar a cabo la identificación sin grandes esfuerzos”.

Omnium en su recurso planteaba que en la encuesta no se recogen datos de ideología. Este argumento es rechazado por el tribunal, que considera probado que que había que partir previamente y aceptar implícitamente “el posicionamiento ideológico que deriva de tal formulario, que no es otro que el favorable a la independencia de Cataluña respecto del Estado español”.

La encuesta, según los jueces, se inclina claramente a favor de una concreta posición ideológica, “cual es la independencia de Cataluña, con la necesariamente ha de estarse conforme pues en otro caso no es posible contestar la misma, o al menos en su integridad”.

Por todo ello, el tribunal concluye que sí se podía conocer si el encuestado apoyaba o no el proceso independentista y por tanto, se ha realizado un tratamiento de datos personales de ideología por parte de Omnium que por ser especialmente sensibles, la ley requiere un reforzamiento a la hora de prestar el consentimiento del titular para ser objeto de tratamiento.

La sanción de la Agencia de Protección de Datos por infracción muy grave se encontraría comprendida entre los 300.001 y los 600.000 euros. Los magistrados consideran proporcionada la cifra de 200.000 fijada por el órgano gubernamental, que tuvo en cuenta que Omnium y ANC eliminaron la información obtenida cuando se les ordenó dejar de utilizar ilícitamente los datos.

Además, tras el requerimiento de la Agencia, separaron en las encuestas la parte relativa a las respuestas y la referida a los datos personales del encuestado y su consentimiento. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo."              (Fernando J. Pérez, El País, 25/01/19)

Un dosier de los Mossos censó a contrarios a la independencia

"Carlos Carrizosa, diputado de Ciudadanos; David Pérez, del PSC, Sergio Santamaría, del PP. También catalanes comprometidos contra el 'procés' como Mariano Gomà, Francesc de Carreras, Joaquim Coll, el periodista Albert Castillón y el abogado José María Fuster Fabra.

 Todos ellos figuran en un informe "reservado" y "clasificado" realizado por la Comisaria General d'Informació de los Mossos d'Esquadra sobre una manifestación organizada en Barcelona por Societat Civil Catalana el 19 de marzo del 2017 bajo el lema 'Paremos el golpe separatista. En defensa de la libertad, la democracia y la convivencia'. 

El dosier reservado sobre la manifestación, de 14 folios, es uno de los 30.000 documentos que agentes de la Comisaria General d'Informació de los Mossos d'Esquadra habían roto y llevaban a quemar el 26 de octubre en la incineradora de Sant Adrià del Besós, un día antes de que el Parlament aprobara la declaración unilateral de independencia. 

Agentes de la Policía Nacional interceptaron a los mossos y evitaron la destrucción de la documentación. Un informe policial entregado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y desvelado el pasado 28 de febrero por EL PERIÓDICO concluía que los Mossos habían creado un "departamento de espionaje ilegal" para vigilar a personas y entidades contrarias al proceso de independencia de Catalunya.

La caja número 4

Los 14 folios estaban "rotos y mezclados" con otros cientos de documentos en la caja número 4 que iba oculta en el maletero de un coche camuflado de los Mossos. La policía nacional tuvo que "reconstruirlos", como se aprecia en las imágenes que publica EL PERIÓDICO. 

El informe "de cobertura de la manifestación realizada por parte de Sociedad Civil Catalana" reservado y clasificado, fue realizado por la unidad de información de los Mossos en Barcelona, figura sin número de registro y fue enviado hasta a ocho unidades policiales más (de los servicios de información y apoyo operativo).

 Eso sí, en su primer folio especifica que no pueden hacerse copias y que deberá ser destruido 15 días después. Y también que "la información contenida aquí podrá ser referenciada (especificando el origen) solo en documentos con nivel clasificado igual o superior".

El informe recoge todas las entidades que participaron en la manifestación y que están "en contra de la posible celebración de un futuro referéndum por la independencia". Añade que en la marcha estuvieron "líderes destacados de Ciudadanos, Partido Popular de Catalunya, Partido Socialista de Catalunya y Unión Progreso y Democracia". También incluye todo tipo de entidades cívicas (Impulso Ciudadano, Asamblea Social de la Izquierda, Asamblea por una Escuela Bilingüe).

La vigilancia sobre la manifestación fue exhaustiva. Los agentes de los mossos toman nota incluso de la identidad de la persona que organizaba la marcha desde un camión, pese a que se trata de una ciudadana anónima llamada Isabel y aparentemente sin interés policial.

 En el informe recogen su nombre y apellidos, su profesión (abogada de Derecho Administrativo y Urbanístico), el despacho donde trabaja y hasta su puesto anterior en el Departament de Justicia de la Generalitat. Los mossos rastrearon incluso la matrícula del remolque y la empresa a la que pertenecía.

Fotografías de la marcha

Los agentes de Información de la policía catalana realizaron varias fotografías de la cabecera de la marcha. Una de ellas figura a toda página en el dosier. Colocaron números sobre las personas que aparecían (del uno al once) y fueron identificándolas. 

Así, figuran Sergio Santamaría Santigosa ("diputado en el Parlament de Catalunya, PPC"), José María Fuster Fabra ("vinculado al partido de Ciudadanos"), Miriam Tey ("Vicepresidente segunda de Societat Civil Catalana"), Alberto Fernández Díaz ("Presidente del Partido Popular de Catalunya"), Albert Castillón Goñi ("Vinculado al partido de Ciudadanos y presentador de Antena 3 Televisión"), Mariano Gomà ("Presidente de Societat Civil Catalana"), José Domingo Domingo ("Vicepresidente"), Susana Beltrán García ("Diputada en el Parlament por Ciudadanos"), Carlos Carrizosa Torres ("Diputado en el Parlament por Ciudadanos"), Francesc de Carreras Serra ("Fundador y militante de Ciudadanos"), David Pérez Ibáñez ("Secretario segundo del Parlament por el Partido Socialista de Catalunya") y Joaquim Coll Amargós ("Vocal de Societat Civil Catalana").

Los Mossos informan también de personas que iban en la cola de la manifestación con otro lema e identifican al hombre que lleva un megáfono. Es Bartolomé Fraile, a quien definen como "militante de UPyD".

 Al igual que con la cabecera, los policías catalanes toman la matrícula del coche de remolque y comprueban que está a nombre de una mujer llamada María del Carmen (a la que ellos identifican con sus dos apellidos) y a quien califican como "persona no conocida por esta unidad".

El informe reservado recoge muchas otras personas a las que clasifica por su pertenencia a algún grupo. Álex Ramos, Rafael Arenas, Sixto Cadenas, Josep Lago, Ernesto López Vallet (de Societat Civil Catalana y sus juventudes), Rosa Ortiz Reigada, Encarnación Ruiz Aznar (de Barcelona con la Selección y de las que se dice que "fueron agredidas en la Avenida Meridiana por miembros del grupo radical de la UE Sant Andreu Desperdicis").

Entre los militantes de Ciudadanos, los mossos sitúan a Dolores Agenjo Recuero, de quien escriben "es directora del Instituto Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat que se negó a dejar las aulas para la consulta del 9-N". Entre los del PSC, incluye, además de David Pérez, a Joan Ferran Serafí ("diputado en el Parlament") y Álex Ramos ("militante"). Todos ellos aparecen en el "anexo fotográfico de asistentes" que cierra el informe que los mossos no pudieron quemar.

El análisis policial concluye con un matiz político: "Societat Civil tiene un flujo de asistentes irregular", pero "el número de personas vinculadas a Ciudadanos ha crecido en los últimos años, han sabido movilizar tanto a personas mediáticas relacionadas con medios de comunicación como a políticos en activo de partidos de centro derecha". 

Y añade que "tanto Societat Civil Catalana como el resto de entidades contrarias al proceso soberanista han intensificado su ofensiva en esta recta final, están teniendo más fuerza en las redes sociales y se ha detectado un incremento de pequeños actos en las calles".

Preguntados sobre este dosier, fuentes de los Mossos d'Esquadra explican que están atendiendo a todos los requerimientos judiciales que les están llegando sobre los papeles de la incineradora, motivo por el cual no pueden pronunciarse acerca de este documento en concreto.

La sombra de la ultraderecha

El informe reservado de los Mossos d'Esquadra sobre la manifestación de Societat Civil Catalana en Barcelona recoge varias veces, incluso de forma desproporcionada, la posible participación en la marcha de elementos de ultraderecha. 

Así, en la introducción, y tras mencionar a los líderes de partidos democráticos, un párrafo recoge que "también participan personas vinculadas a Barcelona con la Selección, Resistencia Civil Catalana, Moviment Civic d'Espanya i Catalans, Somatemps, Hermandad de Caballeros Legionarios de Barcelona, La Falange y Democracia Nacional Catalunya".  (...)"           (Luis Rendueles Vanesa Lozano  , El Periódico, 27/06/2018)

Por primera vez en la historia, se han creados unas cloacas de Estado, antes de construir el Estado... en Cataluña

"Desde que se inició la radicalización separatista en 2012, y dimos los primeros pasos en nuestra asociación SOMATEMPS, nos iban llegando informaciones de Mossos d´Escuadra amigos de que estuviéramos atentos y fuéramos precavidos.

 Desde nuestra primera reunión pre-fundacional en noviembre de 2013, en la población de Santpedor, ya nos avisaron que la policía autonómica tenía los nombres de todos los que nos íbamos a reunir. 

 Y eso que habíamos tomado todas las medidas discrecionales posibles. Hasta entonces, las informaciones que nos llegaban nos sonaban más a épica de la resistencia francesa novelada, que un peligro real. Incluso inflaba nuestra egolatría. ¡Somos tan importantes que hasta los mossos de preocupan de nosotros!

Luego vinieron los “duendes” telefónicos. Cuando personalmente tenía ciertas conversaciones con personas relacionadas con el movimiento asociacionista e íbamos preparando la resistencia al tsunami separatista que se nos venía encima, era más que habitual la siguiente situación: empezaba el móvil a hacer ruidos y luego oíamos rebobinada nuestra propia conversación. 

Con el interlocutor telefónico echábamos unas risas y por el móvil espetábamos a quien escuchara: “sois muy malos grabando”, “a ver si hacéis un cursillo en la Cía”.

Un día le pregunté a una persona de confianza, de la que no puedo dar datos evidentemente, si me podía confirmar qué nivel de preocupación estábamos despertando en los Mossos. La respuesta fue escueta: “estáis monotorizados desde el primer día”. 

Por “monotorizado” se significa no sólo tener el teléfono pinchado, sino también el ordenador controlado, el GPS etcétera. Uno de nuestros colaboradores encontró un dispositivo de seguimiento en su coche. Estaba tan mal puesto que se salió del plástico del volante donde lo habían introducido. 

 En medio de la vorágine de reuniones preparatorias de lo que iba a ser la respuesta masiva de la ciudadanía contra el separatismo a partir del 30 de septiembre de 2017, acudí más que estresado a una reunión. Aparqué la moto. Al salir, había desaparecido. Con una media de varias reuniones al día, sin medio de locomoción quedaba anulado. 

Maldije mi suerte. Luego ya no he sabido qué pensar, en la medida que las cascadas de informaciones van dejando un ambiente hediondo y de sospecha continuada. Toda hipótesis empieza a ser como mínimo plausible.

Todo empezó a materializarse cuando hace unas semanas, distintos medios, empezaban a dar noticia -con cuenta gotas- de un informe de la Guardia Civil sobre el espionaje ilegal de los mozos. Toda la información era sensible y se había recuperado de las famosas camionetas de los Mossos que iban camino de la incineradora. 

Entonces es cuando en varios medios ves tu nombre como uno de los espiados ilegalmente. No hay sorpresa, pero sí tristeza al comprobar como una policía judicial se ha convertido en una policía política. Ya hay querellas interpuestas por varios miembros de SOMATEMPS que han aparecido entre los espiados y cuando se acabe la instrucción habrá muchas sorpresas. 

Pues los nombres de los investigados saldrán a borbotones de todo tipo de asociaciones y entidades cívicas. Muchos de ellos, son simples ciudadanos dispuestos a defender la legalidad vigente, que han sido espiados por la UCRO, la elite policial y política del independentismo policial.

El colmo han sido las noticias de estos últimos días. Por un amigo -del que tampoco puedo dar datos- me dijo hace unas semanas que había estado cooperando con Mossos para preparar pisos francos para interrogatorios (¿?).

 Reconozco que me lo tomé como una boutade y no le di más importancia que uno de tantos rumores o fakes que asolan la tierra catalana en estos últimos tiempos. Tanto surrealismo no cabe en una cabeza tan aristotélico-tomista como la mía. 

Pero sí, la realidad se impuso una vez más a la ficción. Tanto El Confidencial, como El Triangle, han confirmado hace escasos días que los mossos estaban preparando pisos francos para futuros interrogatorios una vez se alcanzara la independencia. Incluso El Confidencial da la dirección de uno de ellos sito en la calle Numancia 77 de Barcelona.

Comentando todos estos avatares con un amigo, me preguntaba si no tenía miedo. Le contesté que no. Pero que sentía una terrible tristeza por la situación de mi pobre Cataluña y de mi querida España. Irán saliendo más noticias y, tarde o temprano, asumiremos de que hemos estado ante un complot de dimensiones abrumadoras. 

Y lo que apena es que el gobierno central está tratando todo este asunto como si fuera una mera crisis electoral o autonómica. Con toda la información que se tiene en estos momentos, la mayoría de altos cargos de la Generalitat debían estar cesados e inhabilitados, sino procesados. Y, por supuesto, todos los mossos que públicamente se han declarado a favor de la independencia debían estar expulsados del cuerpo. 

Por primera vez en la historia, se han creados unas cloacas de Estado, antes de construir el Estado. Y claro, las cloacas apestan y más si no se tapan. Pero lo más demoledor, ha sido comprobar en estos meses que las cloacas del Estado español, que también existen y esas sí que están bregadas, también han intentado todo tipo de acciones contra nuestro asociacionismo.

 Se han comprado voluntades para enfrentar grupos y así debilitar a unos y fortalecer a los que sirvieran a las tesis del gobierno; se han intentado acercarse a nosotros “amigos” del Estado con la única finalidad de saber qué se movía en nuestras asociaciones; y -hablo en primera persona por SOMATEMPS-, se han dado instrucciones para que no seamos un agente importante en el proceso de lucha contra el soberanismo; con toda seguridad me atrevo a afirmar que se han dado órdenes explícitas para anular a SOMATEMPS. 

Hemos visto actuar a los “agentes” de los partidos políticos envenenando el asociacionismo y dirigiendo ataques directos contra nosotros. A cambio, hemos puesto muchos dedos en muchas llagas y hemos denunciado servilismos imperdonables a los partidos políticos (quizá un día habrá que hablar de por qué asociaciones que dicen luchar contra el independentismo, avalan las políticas de inmersión lingüística).

Demasiados interrogantes, pero todos tienen respuestas y no son muy agradables para los ingenuos, lo puedo asegurar. Cuando en el fragor de la batalla te atacan tanto los enemigos, como los teóricos amigos; o lo estás haciendo muy mal, o lo estás haciendo muy bien. Que juzgue la historia. De momento, me he quedado sin moto, es el único dato objetivo que puedo aportar."                        (Anotaciones de Javier Barraycoa)

e-notícies: los Mossos espiaron al unionismo. La Generalitat de Catalunya "quería tener perfectamente controlados" a un grupo de personas contrarias a la independencia

"La Generalitat de Catalunya mantuvo un "servicio ilegal de espionaje" a través de los Mossos d’Esquadra que tuvo como objetivos a "partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista", según los informes de la Policía Nacional entregados a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y de los cuales informa El Periódico.

Ese "departamento de espionaje ilegal" puso en marcha una serie de acciones con miembros de ese cuerpo para realizar tareas de vigilancias, seguimientos, así como grabaciones de conversaciones y toma de fotografías, de personas del ámbito político, periodístico, empresarial y social, que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista que estaba poniendo en marcha la Generalitat de Catalunya".

El informe de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Barcelona refleja todos los documentos que agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra iban a destruir el pasado 26 de octubre en la incineradora de San Adrià del Besós.

Asegura que la Generalitat de Catalunya "quería tener perfectamente controlados" a un grupo de personas contrarias a la independencia de Catalunya y que lo hizo de forma ilegal y empleando fondos reservados (un total de 161.101,22 euros en ese apartado sólo en el año 2015, según dos correos electrónicos que iban a ser destruidos).

Entre las notas y grabaciones que iban a ser quemados por los mossos, la policía recuperó cuatro folios escritos a lápiz sobre la denominada 'Operación Catalunya'. En esos folios, se hace referencia a una "boda en Madrid de la familia Fuster Fabra". Se trata del abogado José María Fuster, uno de los espiados por ese grupo de mossos.

Las anotaciones recogen que en el banquete estuvieron "Blas, Pino (dos comisarios de policía), Cierco (uno de los accionistas del banco de Andorra donde la familia Pujol ocultaba dinero), Fuster Fabra y sus mujeres, en la mesa estaba también Albert Rivera", el líder de Ciudadanos. Fuster Fabra fue "controlado" por ese grupo de mossos, que le siguieron, fotografiaron y elaboraron un informe de tres folios sobre su visita a Barcelona el 6 y 7 de junio.

Los Mossos iban a quemar también unos "papeles rotos" que llevaban en la caja número 4 dentro de un coche Dacia cuando fueron interceptados por la policía. Entre esos papeles reconstruidos estaba la "comunicación del desplazamiento y dispositivo de seguridad del mes de mayo de actos en Catalunya de la Vicepresidenta del Gobierno, Doña Soraya Sáenz de Santamaría". También, varios informes de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra sobre actos convocados por Sociedad Civil Catalana en los que se había "identificado a miembros del PP, Ciudadanos, periodistas, etc".

Este grupo de mossos vigiló especialmente la manifestación convocada el 19 de marzo en Barcelona. En ese análisis, los mossos identifican a los líderes de la movilización: Carlos Carrizosa, Susana Beltrán y Sergio Santamaría, diputados de Ciudadanos en el Parlament, Alberto Fernández Díaz, presidente del PP catalán, el periodista de Antena 3TV, Albert Castillón y Mariano Gomá, presidente de Societat Civil Catalana.

Los Mossos recogen que acudió menos gente de la que esperaban los convocantes, pero matizan que "el número de personas vinculadas a Ciutadans ha crecido en los últimos años, han sabido movilizar personas mediáticas relacionadas con medios de comunicación como políticos en activo de partidos de centro derecha".

Y añaden que "tanto SCC como el resto de entidades contrarias al proceso soberanista en esta recta final han intensificado su ofensiva, están teniendo más fuerza en las redes sociales y se ha detectado un incremento de pequeños actos en la calle".

Los Mossos también trataron de quemar documentación sobre su seguimiento a varios periodistas, especialmente de 'El Confidencial', después de que ese diario digital publicara informaciones sobre el Cesicat. Eran cuatro folios donde se repasaba a los principales periodistas de ese medio.

"Dicho informe se efectuó con la finalidad de obtener información personal de los periodistas reseñados, dada la línea política del medio de comunicación para el que trabajan o han trabajado: de carácter constitucionalista y no afín al proceso independentista que llevaba a cabo el gobierno de la Generalitat de Cataluña, desconociéndose quién efectuó dicho informe y a quién iba dirigido", concluye la policía a la juez.

El departamento de los Mossos también trató de destruir el listado completo de los 53.000 socios de la ANC con nombres y apellidos, su correo electrónico y DNI, documentos sobre el caso Pujol y varios informes sobre la organización independentista juvenil Arran y un dossier sobre la CUP.

En una carpeta denominada audios, también se recuperó una "grabación con sistema oculto donde se identifica al eurodiputado de Convergencia, Ramón Tremosa, en una reunión con un grupo de personas desconocidas donde informa que Alfons López Tena, Quim Arrufat y David Fernández, que trabajan 'para el otro bando' y habla de descabezar la cúpula de CDC, ERC i la ANC que, según cita, "están todos podridos".                  (e-notícies, 01/03/18)

Josep Ramon Bosch explica el acoso mediático, laboral, familiar y personal de los secesionistas para conseguir la muerte civil de los discrepantes

"Hasta septiembre del 2015 ejercí el cargo, no remunerado y voluntario, de presidente de “Societat Civil Catalana”, asociación fundada el 23 de abril del 2014 por 72 catalanes, todos ellos personajes relevantes de la sociedad.

La movilización de los constitucionalistas en Catalunya, hartos del proceso rupturista, fue el eje promotor de SCC, complementado con el arduo trabajo de recopilar denuncias de colegios por adoctrinamiento nacionalista, alertar del acoso a que estaban siendo sometidos los empresarios discrepantes del mandato oficial, llamar la atención de la persecución de las personas civiles opuestas a la secesión, la interposición de acciones judiciales para denunciar la presencia de banderas y enseñas separatistas en edificios públicos o las múltiples denuncias contra TV3 y los dirigentes golpistas. 

Todo ello provocó una enorme dosis de odio del mundo independentista contra Societat Civil Catalana y muy especialmente hacia mi persona.

Un día después de las elecciones autonómicas del 27-S del 2015, anuncié mi dimisión de la presidencia de SCC “por razones de índole personal y profesional”, aunque ciertamente pesó una causa: la interposición de una querella por injurias y amenazas que la asociación de juristas Drets (fundada por el presunto delincuente Carles Mundó, hoy en libertad provisional) me había presentado unos días antes. En la querella, firmada por el actor Toni Albà, se me acusaba de haber usado un perfil falso de Facebook para lanzar mensajes insultantes hacia “relevantes figuras del independentismo”.

A pesar de la falsedad de la acusación, la campaña mediática emprendida contra mí fue impresionante, con reportajes en “prime time” en TV3 y “Catalunya Ràdio” acusándome de amenazar al president Mas, tertulias en las emisoras del subvencionado conde de Godó y Grande de España con graves desprecios hacia mi persona, reportajes insultantes en uno de los medios del monárquico grupo “Prensa Ibérica”.

 La querella recaló en el Juzgado de Instrucción número 3 de Manresa, que archivó el caso al considerar que los presuntos delitos, de existir, habrían prescrito. Sin embargo, a pesar de la falsedad de las pruebas presentadas, el objetivo de los investigadores, periodistas, delincuentes y bazofia separatista ya lo habían conseguido. 

La muerte civil que buscaban en mi persona la obtuvieron. Señalado, amenazado, insultado y vejado, vivir en Catalunya contra el separatismo y sin protección mediática en Catalunya, es un suicidio. Por protección a mi familia y a mi trabajo decidí dar un paso atrás.

El pasado 17 de diciembre me llamó un periodista para comunicarme que tenía constancia de que la unidad de los “Mossos d’Esquadra” conocida como “UCRO” realizó en mi entorno personal multitud de investigaciones y seguimientos con el fin de encontrar cualquier pasado o presente que pudiese ligarme a algo que sonase a radicalidad o bien extrema derecha, con la espuria finalidad de eliminarme social y públicamente.

La información salió en varios digitales el 18 de diciembre, noticia de la que no tengo constancia oficial y sólo la conozco por lo que sale en los medios de comunicación. La información decía que “Los Mossos tenían orden de acabar con la honorabilidad de los principales miembros y líderes de Sociedad Civil Catalana, y con especial intensidad en uno de sus líderes: el que fuera presidente de la organización constitucionalista hasta 2015, Josep Ramon Bosch”.

Así consta en uno de los informes que los Mossos d’Esquadra intentaron destruir en una incineradora el pasado 26 de septiembre, un informe relativo a los datos obtenidos a través de estos seguimientos y que no pudieron ser eliminados por la intervención de miembros del Cuerpo de Policía Nacional.

 Según se desprende de la información publicada, y recogen los medios, fue durante el mandato del Mayor José Luis Trapero cuando se creó la Unidad UCRO, centrada en el espionaje a los personalidades contrarias al golpe de estado y que se dedicaban al hackeo de ordenadores, mails y teléfonos, violando la intimidad de las personas a las que seguían, y especialmente hacia mi persona, con la única finalidad de desacreditar la actuación de Sociedad Civil Catalana, que empezaba a ser francamente molesta al proyecto político creado por Jordi Pujol.

Todo ello realizado mediante graves anomalías de funcionarios públicos, que deberían incardinarse en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos, complementado por el odio ideológico que caracteriza al nacionalismo.

De esta forma se utilizó dinero de todos los contribuyentes para espiarme sin la correspondiente orden judicial, para posteriormente facilitar datos a unos medios periodísticos a fin y efecto de urdir un plan para acusarme de delitos fabricados ad hoc y acabar con la asociación constitucionalista Societat Civil Catalana. Yo dimití para poder defenderme, y no perjudicar el proyecto de defensa de la unidad de España que desde SCC habíamos emprendido.

Decidí marcharme a mi casa, pero tuve que aprender a vivir entre seguimientos y acoso. Mi domicilio en Santpedor, a unos pocos kilómetros de Manresa, se convirtió en objetivo habitual de escraches, pintadas, insultos, amenazas y coacciones varias; mi hija fue agredida en una fiesta popular al ser reconocida como la “hija de puta del facha”, perdí amigos, relación social. En mi empresa, de la que ejercía de director general, recibieron miles de e-mails solicitando mi despido por ser persona que acosa e insulta al “pueblo catalán”. 

Vivir en estas condiciones es muy duro. Se llama “muerte civil”.

Societat Civil Catalana no fue la única asociación o entidad a la que se espió, ni yo he sido el único al que con dinero público se ha intentado destruir la vida. Dirigentes de Ciutadans, personalidades ligadas al gobierno de España y al Partido Popular,  el secretario general del Sindicat de Policíes de Catalunya, David José Mañas, su mujer Sònia Blanch Torrents y su hijo, el abogado Josep María Fuster-Fabra… 

Seguramente en Catalunya somos legión los catalanes que hemos sido espiados con el consentimiento, conocimiento y colaboración de distintos mandos del cuerpo regional de policía, durante el mandato del mayor Josep Lluís Trapero, de forma sistemática con fondos reservados.

Ahora muchos esperemos que la justicia haga bien su trabajo y depure las responsabilidades emanadas de tantos delitos cometidos en el oasis putrefacto en que han convertido a Catalunya.

Sin embargo, una terrible sensación de abandono y desamparo embarga el ánimo de muchas personas que decidimos emprender batalla contra el separatismo, un Estado español capaz de pactar con el enemigo que lo quiere destruir y abandona a quien pretende defenderlo. Un Estado que premia al delincuente y persigue al honesto.

Un Estado así, no nos merece.

Josep Ramon Bosch. Expresidente de Societat Civil Catalana"                 (El Catalán, 12/01/18)