"Hasta septiembre del 2015 ejercí el cargo, no remunerado y
voluntario, de presidente de “Societat Civil Catalana”, asociación
fundada el 23 de abril del 2014 por 72 catalanes, todos ellos personajes
relevantes de la sociedad.
La movilización de los constitucionalistas en Catalunya, hartos del
proceso rupturista, fue el eje promotor de SCC, complementado con el
arduo trabajo de recopilar denuncias de colegios por adoctrinamiento
nacionalista, alertar del acoso a que estaban siendo sometidos los
empresarios discrepantes del mandato oficial, llamar la atención de la
persecución de las personas civiles opuestas a la secesión, la
interposición de acciones judiciales para denunciar la presencia de
banderas y enseñas separatistas en edificios públicos o las múltiples
denuncias contra TV3 y los dirigentes golpistas.
Todo ello provocó una
enorme dosis de odio del mundo independentista contra Societat Civil
Catalana y muy especialmente hacia mi persona.
Un día después de las elecciones autonómicas del 27-S del 2015,
anuncié mi dimisión de la presidencia de SCC “por razones de índole
personal y profesional”, aunque ciertamente pesó una causa: la
interposición de una querella por injurias y amenazas que la asociación
de juristas Drets (fundada por el presunto delincuente Carles Mundó, hoy
en libertad provisional) me había presentado unos días antes. En la
querella, firmada por el actor Toni Albà, se me acusaba de haber usado
un perfil falso de Facebook para lanzar mensajes insultantes hacia
“relevantes figuras del independentismo”.
A pesar de la falsedad de la acusación, la campaña mediática
emprendida contra mí fue impresionante, con reportajes en “prime time”
en TV3 y “Catalunya Ràdio” acusándome de amenazar al president Mas,
tertulias en las emisoras del subvencionado conde de Godó y Grande de
España con graves desprecios hacia mi persona, reportajes insultantes en
uno de los medios del monárquico grupo “Prensa Ibérica”.
La querella
recaló en el Juzgado de Instrucción número 3 de Manresa, que archivó el
caso al considerar que los presuntos delitos, de existir, habrían
prescrito. Sin embargo, a pesar de la falsedad de las pruebas
presentadas, el objetivo de los investigadores, periodistas,
delincuentes y bazofia separatista ya lo habían conseguido.
La muerte
civil que buscaban en mi persona la obtuvieron. Señalado, amenazado,
insultado y vejado, vivir en Catalunya contra el separatismo y sin
protección mediática en Catalunya, es un suicidio. Por protección a mi
familia y a mi trabajo decidí dar un paso atrás.
El pasado 17 de diciembre me llamó un periodista para comunicarme que
tenía constancia de que la unidad de los “Mossos d’Esquadra” conocida
como “UCRO” realizó en mi entorno personal multitud de investigaciones y
seguimientos con el fin de encontrar cualquier pasado o presente que
pudiese ligarme a algo que sonase a radicalidad o bien extrema derecha,
con la espuria finalidad de eliminarme social y públicamente.
La información salió en varios digitales el 18 de diciembre, noticia
de la que no tengo constancia oficial y sólo la conozco por lo que sale
en los medios de comunicación. La información decía que “Los Mossos
tenían orden de acabar con la honorabilidad de los principales miembros y
líderes de Sociedad Civil Catalana, y con especial intensidad en uno de
sus líderes: el que fuera presidente de la organización
constitucionalista hasta 2015, Josep Ramon Bosch”.
Así consta en uno de los informes que los Mossos d’Esquadra
intentaron destruir en una incineradora el pasado 26 de septiembre, un
informe relativo a los datos obtenidos a través de estos seguimientos y
que no pudieron ser eliminados por la intervención de miembros del
Cuerpo de Policía Nacional.
Según se desprende de la información
publicada, y recogen los medios, fue durante el mandato del Mayor José
Luis Trapero cuando se creó la Unidad UCRO, centrada en el espionaje a
los personalidades contrarias al golpe de estado y que se dedicaban al
hackeo de ordenadores, mails y teléfonos, violando la intimidad de las
personas a las que seguían, y especialmente hacia mi persona, con la
única finalidad de desacreditar la actuación de Sociedad Civil Catalana,
que empezaba a ser francamente molesta al proyecto político creado por
Jordi Pujol.
Todo ello realizado mediante graves anomalías de funcionarios
públicos, que deberían incardinarse en los delitos de malversación de
caudales públicos, prevaricación, descubrimiento y revelación de
secretos, complementado por el odio ideológico que caracteriza al
nacionalismo.
De esta forma se utilizó dinero de todos los contribuyentes para
espiarme sin la correspondiente orden judicial, para posteriormente
facilitar datos a unos medios periodísticos a fin y efecto de urdir un
plan para acusarme de delitos fabricados ad hoc y acabar con la
asociación constitucionalista Societat Civil Catalana. Yo dimití para
poder defenderme, y no perjudicar el proyecto de defensa de la unidad de
España que desde SCC habíamos emprendido.
Decidí marcharme a mi casa, pero tuve que aprender a vivir entre
seguimientos y acoso. Mi domicilio en Santpedor, a unos pocos kilómetros
de Manresa, se convirtió en objetivo habitual de escraches, pintadas,
insultos, amenazas y coacciones varias; mi hija fue agredida en una
fiesta popular al ser reconocida como la “hija de puta del facha”, perdí
amigos, relación social. En mi empresa, de la que ejercía de director
general, recibieron miles de e-mails solicitando mi despido por ser
persona que acosa e insulta al “pueblo catalán”.
Vivir en estas
condiciones es muy duro. Se llama “muerte civil”.
Societat Civil Catalana no fue la única asociación o entidad a la que
se espió, ni yo he sido el único al que con dinero público se ha
intentado destruir la vida. Dirigentes de Ciutadans, personalidades
ligadas al gobierno de España y al Partido Popular, el secretario
general del Sindicat de Policíes de Catalunya, David José Mañas, su
mujer Sònia Blanch Torrents y su hijo, el abogado Josep María
Fuster-Fabra…
Seguramente en Catalunya somos legión los catalanes que
hemos sido espiados con el consentimiento, conocimiento y colaboración
de distintos mandos del cuerpo regional de policía, durante el mandato
del mayor Josep Lluís Trapero, de forma sistemática con fondos
reservados.
Ahora muchos esperemos que la justicia haga bien su trabajo y depure
las responsabilidades emanadas de tantos delitos cometidos en el oasis
putrefacto en que han convertido a Catalunya.
Sin embargo, una terrible sensación de abandono y desamparo embarga
el ánimo de muchas personas que decidimos emprender batalla contra el
separatismo, un Estado español capaz de pactar con el enemigo que lo
quiere destruir y abandona a quien pretende defenderlo. Un Estado que
premia al delincuente y persigue al honesto.
Un Estado así, no nos merece.
Josep Ramon Bosch. Expresidente de Societat Civil Catalana" (El Catalán, 12/01/18)
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