"Hace meses que se esperaba el paso a la reserva de Manel Castellví, que hasta ahora ostentaba el mando de la Comisaría General de Información (CGINF) de los Mossos d’Esquadra. Pero no es casual que la decisión, que se hizo pública ayer,
se haya tomado pocos días después de que un juez haya archivado la
investigación del espionaje llevado a cabo por la policía autonómica.
El sobreseimiento ha vuelto a poner en el foco mediático los seguimientos pilotados por el propio Castellví sin orden judicial y sin que la Fiscalía tuviera conocimiento. El mando fue citado a declarar en calidad de testigo. Crónica Global
ha tenido acceso a sus declaraciones, en las que intenta justificar una
actuación que el ministerio público considera propia de un “Estado
policial” en su recurso contra el archivo de las diligencias.
También ha
impugnado ese sobreseimiento el abogado que defiende a los afectados
por ese espionaje, coordinado por la CGINF.
Personas y entidades contrarias al independentismo
Tal como informó este diario, el control de los Mossos se centró en periodistas, abogados, sindicatos, asociaciones y partidos políticos. Los informes sobre esos seguimientos se guardaron en cajas que la Policía Nacional interceptó en la incineradora de Sant Adrià de Besòs
(Barcelona) antes de ser destruidos.
Según consta en un documento de
casi 400 folios que la policía entregó a la Audiencia Nacional, los
agentes encontraron informes sobre “actividades o seguimientos de
objetivos de interés no policial ni judicial, sino de tipo político.
El
denominador común es que se trata de personas, entidades o actividades
contrarias al independentismo, muchas veces adjetivadas en los propios
informes como españolistas, constitucionalistas, etc, documentos
relativos al Cesicat
--el embrión de una futura agencia de inteligencia catalana--, y varios
relativos al CNI español”. En definitiva, personas y entidades
“españolistas”, según la expresión utilizada por los Mossos en los
informes hallados en la incineradora.
Respecto a los seguimientos del abogado José María Fuster-Fabra,
Castellví declaró en el juzgado que eran de “contra vigilancia para
evitar que alguien pudiera acercarse al letrado con intención de
mediatizar su comparecencia en el Parlament
el 6 de junio de 2017”. Sin embargo, el mando incurrió en varias
contradicciones, dado que el informe llevaba el título de “control” y no
de “contra vigilancia”, un tipo de actuación que implica “aviso previo,
identificación de riesgos…”, algo que no se llevó a cabo.
Asimismo, el
seguimiento del letrado comenzó el 2 de junio y se prolongó hasta el día
7, a pesar de que su comparecencia se circunscribió al día 6. Los
Mossos hicieron fotos del acompañante de Fuster-Fabra de espaldas, no de
frente, y en otra ocasión, se captaron imágenes de un cliente del
despacho del letrado, conocido por haber participado en numerosos casos
contra ETA y haber defendido a conocidos policías y guardias civiles.
Manifestaciones bajo control
Respecto a los seguimientos que efectuaron los Mossos de las personas participantes en la manifestación de Sociedad Civil Catalana (SCC) el 19 de marzo de 2017 –miembros de las entidades organizadoras y cargos de PP, Ciudadanos y PSC--,
Castellví dijo que la manifestación era “de nivel 1, sin riesgo” y que
se actúa de forma similar en casi todas las concentraciones que se hacen
en Cataluña, un total de 4.252 de las cuales, 961 contaron con la
presencia de la vigilancia de los Mossos.
Pero el excomisario de
Información no supo explicar por qué ese trabajo no se había hecho en
concentraciones de la ANC y Òmnium y, sobre todo, el motivo de que fuera su unidad, y no la encargada del orden público, la que lo hizo.
Respecto a las pesquisas que esta Brigada de Información hizo de la llamada “Operación Cataluña”, término periodístico aplicado al control del CNI español sobre el procés,
aparecen en la causa nombres, fotos y datos personales de dirigentes
sindicales y de asociaciones no independentistas, así como periodistas
de El Confidencial y El Triangle,
en algunos casos relativos a reuniones de estos profesionales con sus
fuentes de información.
Castellví explicó que esas personas fueron
seguidas por su relación con dos detectives y negó el carácter de
organigrama que la Policía Nacional dio a un documento hallado. Según el
mando de los Mossos, en su unidad “recibieron una información a través
de una fuente advirtiéndoles que estaba prevista una reunión y que se
podría tratar de un movimiento agitativo”.
Y aunque en el informe
incautado a los Mossos aparece el epígrafe “Operación Cataluña”,
Castellví negó que se hubiera investigado esta trama.
Grabación de la conversación de un dirigente de Cs
El comisario fue interrogado sobre el control de un
dirigente de Ciudadanos en un bar de Barcelona. Negó que fuera grabado o
interceptado, pero en los informes hallados en la incineradora aparece
la transcripción literal de la conversación del político con su
acompañante, materialmente imposible de reconstruir de memoria.
Todas
estas contradicciones están incluidas en el recurso que el abogado de
los afectados, José María Fuster-Fabra, ha presentado contra el archivo de la investigación de ese espionaje decretado por el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, que no niega que esas tareas de control se llevaran a cabo, pero considera que no son delito.
Asimismo, la Fiscalía ha pedido también la reapertura
de las diligencias en un escrito, en el que afirma que en la
declaración de Castellví "en momento alguno se
ha hecho referencia a qué delito concreto pudiera llegar a cometerse
contra los investigados o pudieran cometer los mismos y, por
ende, tampoco los indicios que llevaron a la policía de Mossos
d’Esquadra a investigar en cumplimiento de su obligación de evitación de
la comisión de delitos, ni tampoco cuáles fueron las razones por las
que consideraron que las personas investigadas y no otras podrían
convertirse en autores o víctimas de se delito nunca especificado".
"No
basta --añade el ministerio público-- con que la policía alegue de forma
genérica que tal invasión se realizó en el curso de una investigación y
por lo tanto estaba justificada. Admitir tal explicación de la forma en
que se obtiene la información y el tiempo durante el cual las personas
han sido seguidas y observadas, sería tanto como legitimar un Estado policial”. (María Jesús Cañizares, Crónica Global, 19/01/19)
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