"(...) Saludamos los contenidos más sociales del acuerdo alcanzado entre las tres fuerzas políticas, pero en especial nos congratulamos de los contenidos del acuerdo entre Comunes y PSC, en materia de sanidad, transportes, urbanismo y vivienda, que van a permitir construir 55.000 viviendas públicas nuevas, rehabilitar 150.000 viviendas o poner en marcha más medidas eficaces para acabar con los desahucios sin solución habitacional.
Sin embargo Izquierda Unida discrepa del acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para reformar el sistema de financiación autonómico en lo que afecta a Cataluña.
Compartimos que desde hace 12 años el modelo de financiación autonómica en España está pendiente de una profunda revisión que afecte a todas las comunidades autónomas, revisión que debe ponerse en marcha simultáneamente para todos los territorios del Estado y atendiendo a las diferentes problemáticas que tienen en la actualidad cada uno de ellos.
Este nuevo modelo de financiación territorial para Izquierda Unida tiene que descansar en los principios de solidaridad entre los territorios con más ingresos y renta per cápita y aquellos con ingresos y rentas per cápita más bajas. Un sistema de solidaridad entre territorios donde no solamente se cubran los gastos comunes generadas por la Administración General del Estado (política exterior, seguridad, defensa, Seguridad Social y pensiones, etc…) sino que incluya un sistema de redistribución de riqueza y recursos para compensar desigualdades entre los territorios más ricos y aquellos más pobres y faltos de desarrollo.
Para una fuerza política de izquierdas, republicana y federal como Izquierda Unida, el desarrollo del modelo territorial en la perspectiva de construcción de un Estado federal y plurinacional es inseparable de un sistema de solidaridad que no deje a nadie atrás y atienda las necesidades de las clases trabajadoras en todo el Estado, al margen de cuales sean sus nacionalidades o en que lengua se expresen.
Lo anterior significa que cualquier cesión de la capacidad normativa tributaria debe garantizar una tributación justa en todos los territorios sobre los ingresos empresariales, rendimientos del capital e inmobiliarios y grandes patrimonios, único mecanismo para evitar el dumping fiscal entre las distintas comunidades autónomas, evitando así modelos de tributación que pretendan recaudar principalmente sobre las rentas del trabajo o a través de los impuestos indirectos al consumo, que satisfacen igual los más ricos y los más humildes. Solamente desde esta premisa se puede alcanzar un modelo de financiación y compensación justo entre todos los territorios y nacionalidades.
Cualquier sistema de financiación, sea el que sea, debe siempre garantizar la contribución a mecanismos interterritoriales de compensación y redistribución de riqueza para impulsar un desarrollo lo más homogéneo posible en todo el territorio del Estado, así como para corregir los innumerables déficits de financiación de distintas comunidades autónomas arrastrados desde hace años.
Por dicho motivo Izquierda Unida está en contra de la aplicación del criterio de “ordinalidad” incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC por tratarse de un criterio contrario al principio de equidad, al sostener que la comunidad autónoma que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita, lo que haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan, es decir, nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial. No olvidemos que ya nuestro sistema tributario permite la gestión de determinados impuestos o tramos de impuestos por las comunidades autónomas y administraciones locales, precisamente para garantizar que buena parte de los recursos fiscales generados en las comunidades autónomas se invierten en estas y no se integran en mecanismos de compensación interterritorial. Por esto mismo, aplicar el criterio de “ordinalidad” a todos los impuestos recaudados en una comunidad autónoma excluye cualquier posibilidad de solidaridad de esta con el resto de comunidades o con las personas que vivan en otros territorios del Estado.
Izquierda Unida estamos de acuerdo con poner en marcha un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, que atienda las necesidades generales de todos los ciudadanos y ciudadanas y también las necesidades específicas de los territorios que hayan sido infra financiados en los últimos años. No tenemos duda de que Cataluña también ha padecido este problema, habiendo existido déficit de financiación en importantes infraestructuras como por ejemplo el sistema eléctrico o el sistema ferroviario. Pero generalizar el modelo contenido en el acuerdo PSC-ERC al resto de comunidades autónomas, significaría imposibilitar la puesta en marcha de cualquier mecanismo de solidaridad o compensación intraterritorial más allá de los límites de una comunidad autónoma, lo que a su vez abriría la puerta a posteriores conflictos dentro de estas ante la tentación de pretender aplicar el mismo sistema en los límites de cada provincia o incluso comarca.
Izquierda Unida defiende soluciones generales que atiendan los problemas de todos los territorios del Estado, al entender que eso es precisamente la plurinacionalidad, atender las diferencias y definir el mejor marco para garantizar los derechos de las distintas nacionalidades, a la vez que construimos un modelo de convivencia común en un Estado federal. No es posible hablar seriamente de la reforma del modelo de financiación territorial si no se habla simultáneamente de una profunda reforma fiscal que enfrente la deserción fiscal de los más ricos y de las grandes empresas y acabe con el dumping tributario que practican las comunidades autónomas en manos de la derecha. Es decir, sin un sistema fiscal más progresivo y justo en el reparto de las cargas, no es posible establecer un mecanismo de corrección de las deficiencias del sistema de financiación territorial.
La mayoría de nuestra sociedad y de la clase trabajadora no defiende el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva, sino que reclama un sistema de solidaridad basado en la seguridad humana, esto es la plena garantía de servicios sociales, educación, sanidad y jubilación dignos para todos los habitantes de nuestro país, al margen de la comunidad autónoma donde residan. Solo poniendo en marcha eficazmente estos servicios y garantizando su adecuada financiación podremos garantizar una vida digna a los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado y a la vez frenar el avance de la ultraderecha y la intolerancia.
Izquierda Unida se felicita de que en Cataluña se haya alcanzado un acuerdo de gobierno entre fuerzas de izquierdas. Continuaremos trabajando para que las políticas de izquierda, también en materia tributaria y de financiación territorial, alcancen tanto a Cataluña como al resto de territorios del Estado.
Fuente: Izquierda Unida" (Mundo Obrero, 06/08/24)
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