"(...) El cierre de Lleida echa por tierra la afirmación tantas veces
repetida estos meses por los soberanistas de que si Cataluña fuera
independiente la Generalitat habría gestionado la crisis sanitaria igual
o mejor que el Gobierno de España. Si en el confinamiento de la Conca
d’Òdena el Govern ya exhibió incompetencia, desbarajuste con los datos y
desatención hacia los ayuntamientos, cuyos alcaldes se quejaron
amargamente de que habían sido abandonados, ahora ha sido casi igual o peor.
Pero, claro está, los nacionalistas nunca reconocen sus culpas, siempre las externalizan. Para Vergés, en una entrevista este domingo en el programa Via Lliure de RAC1, el problema de fondo es que el Estado no asume sus competencias en inmigración
y ha dejado que Lleida se llenase de trabajadores sin papeles. “Muchas
de las personas que duermen en pabellones no tienen trabajo ni papeles.
En teoría no tenían que haberse desplazado, pero llegaron.
Y la
responsabilidad es del Estado”, relató como si se tratase de un
problema caído del cielo. También el alcalde de la ciudad, el republicano Miquel Pueyo,
que en el mismo programa lanzó ligeras críticas a la Generalitat,
engordaba esa cortina de humo de la consejera y reprochaba que el
Gobierno español no les haya ayudado a gestionar la llegado de los
trabajadores para la campaña de la fruta. Son argumentos que solo pretenden esconder la responsabilidad de los políticos soberanistas
cuando es una situación infame que se repite desde más de 25 años con
una Generalitat que dispone de competencias plenas en inspección de
trabajo, salud, agricultura, servicios sociales y orden público.
El problema sanitario que se vive en la comarca del Segrià no radica en la situación de ilegalidad jurídica
en la que se encuentran esos trabajadores pobres, sino en sus pésimas
condiciones laborales y de alojamiento. Los sindicatos lo han vuelto a
denunciar estos días. Evidentemente, la administración autonómica tiene mecanismos directos e indirectos para intervenir y obligar a los empresarios de la fruta a ofrecerles un hospedaje digno
y unas condiciones que no sean de semi esclavitud. El problema no es
que lleguen miles de personas indocumentadas atraídas por una llamada
laboral que se repite cada año, sino que la Generalitat, dando por bueno
el argumento de que la agricultura catalana necesita mano de obra
barata, no haya hecho los controles sanitarios previos y no exija un alojamiento con todas las garantías para los braceros.
Pero ahí no acaba la cosa, hay más sorpresas. La consejera de Salud no ejerce de máxima autoridad frente a la pandemia, a diferencia del papel que ejerció Salvador Illa como responsable de Sanidad
en relación a los otros ministerios cuando estuvo en vigencia el estado
de alarma. Vergés en la citada entrevista reconocía desconocer qué
dispositivo de control habían habilitado los Mossos para las salidas y
las entradas en la zona confinada. Ignoraba si había poca o mucha
laxitud en los controles, pues de eso se encargaba otro, el consejero de
Interior, Miquel Buch, que es de JxCat. El periodista Xavi Bundó no
salía de su asombro ante un reconocimiento tan explícito de
descoordinación. La ruptura dentro del Govern impide que la titular de
Salud ejerza, seguramente también por incapacidad propia, de mando único
frente a la pandemia.
Por último, pero no menos importante, el cargo de secretario de la
Agencia de Salud Pública de la Generalitat, que hasta el 25 de mayo
ocupaba Joan Guix, sigue sin cubrirse. Para Vergés no
pasa nada porque la responsabilidad se ejerce ahora de forma colegiada. O
sea, que en medio de la crisis sanitaria más grave del último siglo no
la asume nadie. Y es entonces cuando saltan todas las alarmas porque
dicha agencia es la responsable del control epidemiológico y, por tanto,
de garantizar los rastreos. Para controlar el coronavirus es
insuficiente con apelar a la responsabilidad individual como ahora hace
el Govern de Quim Torra, hace falta detectar precozmente los casos,
seguir los contactos y aislar los casos positivos. Son recomendaciones
imprescindibles de la OMS que la Generalitat no está cumpliendo.
En Cataluña no existe un mecanismo real de rastreo y seguimiento de
casos y eso es lo que permitido los rebrotes en Lleida. Para atajarlos
no es suficiente con la atención primaria, ya que los temporeros no tiene tarjeta sanitaria ni CAP de referencia
y, evidentemente, ningún en interés en someterse a una prueba PCR que,
en caso positivo, los aísle y les impida ganarse el jornal. Tampoco los
empresarios desean que se realicen esos cribados porque perderían mano
de obra y necesitan recoger la fruta ahora.
En definitiva, una
problemática compleja pero más que previsible, frente a la cual la
Generalitat no ha hecho nada por evitarlo. Un cóctel explosivo de
incompetencia gubernamental y avaricia empresarial que ha disparado la
infección del virus, los ingresos hospitalarios y en las UCI, obligando a
regresar al temible confinamiento. Pero en la Cataluña nacionalista la culpa es siempre de los otros, de España, por supuesto, y de los pobres temporeros ahora." (Joaquim Coll, Crónica Global, 07/07/20)
"La consejera de Salut, Alba Vergés, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha afirmado que el Gobierno español tiene "responsabilidad" en el rebrote de Lleida por la llegada de muchas personas a los municipios de la comarca para la campaña de la fruta.
"Sólo quieren trabajar y tenemos que poner condiciones de dignidad, y el primer paso para poder regularizar estas personas y aquí el Estado tiene un papel importante y no lo está jugando", ha señalado.
Vergés, por otra parte, no descartó que el confinamiento en el Segrià se alargue más de 15 días. "Lo veremos día a día. El análisis se hará a los 7 y los 14 días", ha dicho. La consellera ha explicado que la trazabilidad de contagios en el Segrià se mantiene, pero que había que actuar porque hay contagio comunitario." (e-notícies, 06/07/20)
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