"El principal problema político catalán ¿es de escasez de
competencias? ¿de recentralización? ¿de alcanzar las propias de un
Estado independiente?: así lo argumentan, unánimes, los —por otra parte
muy distintos—, partidos indepes en el poder autonómico. ¿No
habrá acaso problemas de incompetencia de algunos de sus gobernantes? El
triste rebrote de Lleida, que acaba de obligar a su reconfinamiento,
ofrece pautas para quien desee salir de dudas. Como estas:
Por comarcas, no regiones. Al iniciar la desescalada, el Gobierno propuso ejecutarla por provincias. El Govern se escandalizó por el uso de ese artefacto centralista.
El Gobierno, en atención a la organización sanitaria de la Generalitat,
accedió a su reclamación de hacerlo por regiones sanitarias (hay
siete).
Tanto rasgarse las vestiduras, y ha ejecutado el
re-confinamiento de Lleida por su perímetro comarcal (Segrià), como en
su día en la comarca de Anoia (Igualada). Pero es que el Segrià es una
de las seis comarcas de la región sanitaria de Lleida. ¿Para qué sirvió
pues el patriotismo en la defensa de la unidad regional sanitaria?
Tardanza.
El viernes, 3 de julio, la consejera Alba Vergés descartó reconfinar:
“No estamos en una fase de crecimiento exponencial de casos”, justificó.
Al día siguiente el Govern confinó Lleida: “Es imprescindible”, adujo.
Pero lo justificó con los datos de ingresados en el hospital Arnau de
Vilanova que, tras largo secreto, ya hizo públicos la víspera, cuando la
negativa.
Un “Estado propio”, reclamó el president, Torra, en su balance parlamentario de la pandemia, el 1 de julio, en la línea de que con la independencia habría habido menos muertos.
Se quejó de la centralización de competencias. Pero las necesarias para
detectar el brote de Lleida —al igual que para evitar el caos de las
residencias— cuelgan de la Generalitat, si como dice su versión llegó
con los temporeros de la fruta.
Torra tuvo que reconocer exante,
el 3 de junio, haber “fallado” porque “no nos podemos permitir que
duerman en la calle”. Exhibió incompetencia al no ejercer la plena y
eficaz competencia sobre la Inspección de Trabajo, reconocida por el
Estatut de 2006 que él denigra. La función depende de la Generalitat
desde el 26 de febrero de 2010.
Recursos de la UE.
El Govern exige una cuota de los recursos de los planes europeos de
recuperación económica. Ninguno de los partidos que lo conforman apoyó
en el Congreso la estrategia para conseguirlos aprobada en la Comisión
para la reconstrucción social y económica. Reclaman, así, lo que
desprecian." (Xavier Vidal-Folch, El País, 06/07/20)
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