"(...) Deberían sorprendernos las protestas contra la sentencia del Tribunal
Supremo en el juicio contra los líderes del proceso secesionista en
Cataluña.
Que tras las casi quinientas páginas de sentencia aún se diga
que es una sentencia "injusta", tal como sostienen los líderes
nacionalistas no puede responder más que a la voluntad de manipular, a
una carencia intelectual o -lo que es peor y más probable- ser
consecuencia de la creencia que el Tribunal Supremo carece de
legitimidad para juzgar a los políticos catalanes. (...)
Veamos primero lo que se da por probado.
- Se da por probado que se aprobaron en Cataluña leyes que tenían como fin derogar la Constitución española.
- Se da por probado que se convocó y mantuvo la convocatoria por parte de la Generalitat de un referéndum de autodeterminación que era contrario a la Constitución y que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
- Se da por probado que se convocó a los ciudadanos a "defender las instituciones" tanto el 20 de septiembre, con ocasión del registro de la Consejería de Economía de la Generalitat como el 1 de octubre, con motivo del referéndum de autodeterminación.
- Se da por probado que se proclamó la independencia el día 10 de octubre, aunque esta proclamación fuera seguida de la solicitud de que esa declaración fuera dejada en suspenso en lo que se refiere a sus efectos.
- Se da por probado que se volvió a proclamar la independencia el 27 de octubre.
Evidentemente, lo anterior supone la comisión de un delito de
desobediencia; y así ha sido asumido incluso por los nacionalistas. El
testimonio de Artur Mas en el juicio fue claro: cuando explicaba las
reuniones en las que había participado con carácter previo a los hechos
de septiembre y octubre los participantes sabían que podrían incurrir en
un delito de desobediencia. La desobediencia, por tanto, se daba por
descontada.
¿Acaba en la desobediencia la tipificación de lo ocurrido?
Pues no. El elemento que hace -según el relato del Tribunal Supremo- que se pase de la desobediencia a la sedición se cifra en la llamada a que los ciudadanos "defendieran las instituciones" y "defendieran las urnas".
Creo que nadie puede negar que estas llamadas a la defensa de las instituciones o a la defensa de las urnas se hicieron por parte de los ya condenados.
¿Qué implicaban estas llamadas? Suponían intentar que por la presencia de la multitud fuera imposible que se realizara con normalidad el registro judicial de la Consejería de Economía (20 de septiembre) o se cumplieran las órdenes judiciales que obligaban a cerrar los locales habilitados como colegios electorales el 1 de octubre.
Creo que nadie podrá negar que este era el objetivo de las convocatorias de esos días. (...)
No
se trataba tan solo de una manifestación, sino que pretendía conseguir
un determinado efecto: que resultara imposible cumplir las órdenes
judiciales.
Otra cosa es que se haya admitido cierta tolerancia en determinados
supuestos. Así, por ejemplo, cuando un grupo pretende impedir un
desahucio. En un sentido estricto en estos casos estaríamos también ante
un supuesto de sedición, puesto que, como se ha indicado, una cosa es
manifestarse y otra intentar impedir la actuación de la policía; pero
los tribunales han venido admitiendo estas acciones como consecuencia de
protestas.
La Sentencia del Tribunal Supremo en relación a los líderes nacionalistas hace referencia a estos casos precisamente para negar que se trate de sedición cuando se trata de hechos aislados y que no suponen una especial gravedad (lo que es especialmente relevante para los activistas que se mueven en esa frontera entre lo legal y lo ilegal); pero no puede decirse lo mismo de los casos enjuiciados, en los que no se trataba de hechos aislados y en los que, además, el propósito era la imposibilidad de que pudiera aplicarse en Cataluña el ordenamiento jurídico español.
Negar en estos casos que estamos ante el tipo de la sedición sería hacer perder sentido al tipo penal.
Y esto es lo que constata la sentencia: que existió un plan orientado
a conseguir que una multitud impidiera el cumplimiento de las órdenes
judiciales. ¿Alguien puede negar que este era el propósito de lo que
pasó el 1 de octubre? ¿Alguien puede negar que lo que se pretendía era
crear las condiciones para que la policía no pudiera cumplir las órdenes
judiciales?
Pues si ese plan existió, los líderes del mismo son reos de sedición (...)
Suerte han tenido de que el Tribunal Supremo hubiera descartado el delito de rebelión,
que hubiera requerido la prueba de que el plan incluía el ejercicio de
la violencia con el fin de derogar la Constitución o provocar la
secesión de una parte del territorio español.
El Tribunal Supremo entiende que no se dieron los elementos que exige el tipo de la rebelión; pese a que existían indicios de que sí concurrían tales elementos. (...)" (El jardín de las hipótesis inconclusas, blog, 20/10/19)
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