"(...) Los líderes independentistas realizan constantes llamamientos al diálogo
y la negociación con los dirigentes políticos españoles.
En realidad,
se trata de una añagaza pues esa supuesta voluntad negociadora consiste
en que se acepte su programa de máximos y, como se evidenció con la
negativa a aprobar los Presupuestos Generales del Estado que precipitó
la convocatoria de elecciones generales o con el veto a Miquel Iceta, se
busca perpetuar y profundizar en el conflicto.
Así, progresivamente, se
va diluyendo la supuesta actitud dialogante de ERC frente al
fundamentalismo de Carles Puigdemont y Torra, apareciendo como las dos
caras de la misma moneda.
En estas condiciones cada vez se hace más difícil defender la política
de distensión y de tender puentes para establecer un diálogo con
aquellos que no quieren dialogar y únicamente persiguen imponer sus
planteamientos excluyentes.
Por solo poner dos ejemplos: en la ley de
transitoriedad aprobada por el Parlament de Catalunya se eliminaba la
separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, otorgando al
president de la Generalitat la facultad de nombrar a los jueces del
Tribunal Supremo y se establecía que las leyes aprobadas por la cámara
catalana no podían ser recurridas ante ninguna instancia judicial.
En el
borrador de la Constitución catalana, elaborada por el juez Santiago
Vidal, se contemplaba la ilegalización de los partidos no
independentistas y se instauraban unos requisitos sumamente restrictivos
para adquirir la nacionalidad catalana y disfrutar de plenos derechos
políticos. Es decir, un ordenamiento político-jurídico sensiblemente
menos democrático que en el denostado Estado español. (...)" ( Antonio Santamaría , El Viejo Topo, 20/06/19)
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