"(...) Los independentistas han construido una explicación que nada tiene que
ver con la realidad. Afirman que el pacto firmado en la Transición se
rompió en 2010 cuando el Tribunal Constitucional tumbó algunos artículos
del Estatuto que previamente había votado el pueblo catalán en
referéndum. Nada de todo esto es cierto.
En la Transición no se firmó
ningún pacto bilateral entre España y Cataluña, luego difícilmente se ha
podido romper ahora. Si hubo acuerdo, fue entre todos los ciudadanos
(también los catalanes) y las fuerzas políticas que los representaban,
redactando y aprobando una Constitución común para todos.
Por lo tanto,
se rompe el contrato cuando desde algún ángulo, sea partido o
territorio, se pretende cambiar la Constitución por la puerta de atrás,
es decir, sin seguir los procedimientos marcados por la propia Carta
Magna. Eso fue lo que ocurrió con el Estatuto catalán.
Fue el PSC de
Pasqual Maragall, con la complicidad del PSOE de Zapatero, los que
pretendieron dar gato por liebre y aprobaron un Estatuto que contravenía
la Carta Magna. Los que recurrieron al Tribunal Constitucional lo único
que hicieron fue ejercer un derecho, y el Tribunal ejercer sus
competencias para hacer que las aguas volviesen a su cauce.
Los secesionistas catalanes han mitificado el enorme agravio que,
según ellos, se infligió al pueblo catalán cuando se modificó el
Estatuto que previamente había sancionado en referéndum. La verdad es
que la sociedad catalana no demostró demasiado entusiasmo por la
aprobación de ese Estatuto, ya que la participación fue únicamente del
48,85%, con el 73,90 de votos positivos. En resumen, tan solo el 36% de
los catalanes con derecho a voto dieron su aquiescencia al nuevo
Estatuto. Nada que ver con la adhesión que suscitó en su día la
Constitución.
El discurso nacionalista parte además de un error que es crónico en
todos sus razonamientos, el de creer que la soberanía radica en la
sociedad catalana cuando, por el contario, se encuentra en todo el
pueblo español en su conjunto; y el de pensar que la norma suprema se
halla en el Estatuto aprobado en referéndum y no en la Constitución a la
que el propio Estatuto se tiene que conformar.
En la Segunda República
el Estatuto que se discutió en las Cortes también había sido aprobado en
referéndum por el pueblo catalán y todo el mundo, comenzando por el
propio Azaña, su máximo valedor, defendió que debía ser modificado para
adaptarlo a la Constitución que acababa de ser sancionada. Si hubo algún
ultraje a los catalanes no fue en 2010 sino en 2006, el cometido por
aquellos que presentaron un texto a referéndum que era
anticonstitucional.
El nacionalismo pretende explicar la deriva independentista con este
relato mítico que oculta las verdaderas razones, pero que quedan al
descubierto tan pronto se examinan las fechas y los acontecimientos.
En
2010, tras la sentencia del Constitucional, ni CiU ni Artur Mas parecían
especialmente molestos con el PP, ya que, tras derrotar en las
elecciones al tripartito, gobernaron durante dos años con el apoyo de
los populares y gracias a ellos aprobaron los presupuestos. Presupuestos
que al igual que en el resto de España contenían fuertes recortes.
Y
aquí es donde de nuevo entran en juego la Unión Europa y la Unión
Monetaria. La crisis económica y la política impuestas desde Franfurkt,
Berlín y Bruselas caen como una losa sobre España y en toda ella surgen
amplios movimientos de protesta cuyo paradigma más claro lo constituye
el 15-M.
Cataluña no es una excepción, más bien todo lo contrario. El Gobierno
de Mas asumió de forma muy clara esa política llamada de austeridad y
Barcelona fue uno de los lugares en los que la protesta y la
contestación adquirió más virulencia.
Quizá ya no nos acordemos de cómo
los mozos de escuadra retiraban las urnas que se habían colocado para
censurar la política que aplicaba la Generalitat, ni de la contundencia
con la que la policía catalana cargaba contra los manifestantes, y cómo
estos pusieron cerco al Parlamento catalán hasta el extremo de que el
presidente de la Generalitat tuvo que entrar en helicóptero.
Artur Mas, situado contra las cuerdas por la contestación popular,
tuvo la habilidad de esconderse tras el nacionalismo al igual que Pujol
lo supo hacer cuando lo acusaron en su día por el caso de Banca
Catalana. Desvió hacia Madrid las protestas que se dirigían hacia el
Gobierno catalán.
Eran España y el gobierno del PP los causantes de las
medidas regresivas que se adoptaban y del dolor y la pobreza que
causaban. España nos roba. (Ahora afirman que España nos tiraniza).
Curiosamente, tanto la Unión Monetaria como la prodigalidad del Gobierno
catalán quedaban exoneradas de toda responsabilidad.
La crisis del euro
y las injustas políticas aplicadas han originado reacciones en todos
los países que, si bien podían ser dispares, tenían idéntico origen. En
Cataluña el descontento se transformó en buena medida en fuerte
incremento del independentismo. (...)" (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 19/10/17)
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