"Hasta ahora nada ha impedido que los independentistas sigan adelante
con el referéndum, que han convocado para el próximo 1 de octubre. Ni
las sentencias y advertencias del Tribunal Constitucional; ni la
posible aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite que
el Gobierno central asuma determinadas competencia del Gobierno de la
Generalitat; ni las condenas por parte del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de quienes tuvieron responsabilidades en la
organización del Referéndum del 9 de Noviembre de 2014 (Artur Mas,
expresident de la Generalitat, la ex vicepresidenta, Joana Ortega, y la
exconsellera Irene Rigau condenados a dos años de inhabilitación por
desobediencia al Constitucional y Francesc Homs condenado a un año y un
mes igualmente por desobediencia), ni siquiera la posibilidad de poner
en marcha la ley de Defensa Nacional para preservar el orden
constitucional…
Nada ha servido para frenar las ansias
independentistas de quienes han convocado el referéndum del 1 de
octubre, como el inicio del llamado Proceso de ruptura con España y la
posible declaración, cuarenta y ocho horas después del referéndum, en
caso del triunfo del Sí, de la Republica catalana.
Ha bastado que se
filtraran las primeras informaciones de las investigaciones del Tribunal
de cuentas sobre la devolución de lo gastado en el referéndum en caso
de llevarse a cabo, para que el pánico se haya apoderado de los
defensores del derecho a decidir y hayan aparecido las primeras grietas
en el Govern y en los partidos políticos que defienden el referéndum de
Octubre.
El que abrió la primera grieta fue Jordi Baiget,
conseller de Empresa i Coneixement, al expresar públicamente sus dudas
sobre la celebración del Referéndum, algo que provocó la ira de la CUP
que le exigió el cese al presidente de la Generalitat en el plazo de
horas.
Tras admitir esas dudas, Beiget afirmaba que no pueden cerrarse
“otras alternativas” para que los ciudadanos puedan pronunciarse en el
caso de que el Estado vete ese referéndum. Pero lo más importante es que
decía que estaba dispuesto a ir a prisión, pero no, a comprometer su
patrimonio, y el de su familia, enfrentándose con el Estado.
Fue,
en cierto modo, el pistoletazo de salida porque, poco a poco, el ejemplo
de Baiget parece haber cundido y son varios los diputados que han
expresado sus dudas sobre las consecuencias que para su patrimonio puede
tener la petición de la fiscalía al Tribunal de Cuentas de apertura de
una investigación para que Artur Mas, Irene Rigau, Francesc Homs y Joana
Ortega reintegren los 5,12 millones de euros de dinero público que se
considera probado que salieron de la Generalitat para la consulta del
9N.
Al juego del ratón y al gato que durante meses está llevando
el gobierno de Carles Puigdemont con el Gobierno central, intentando por
todos los medios, que no haya ningún papel escrito para evitar el
correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional se añade, ahora,
el temor a tener,que pagar lo que cueste ese referéndum al que, por
otra parte, según han anunciado los sindicatos, los funcionarios no
están dispuestos a contribuir y han manifestado ya su voluntad de
permanecer fieles a lo que dice la Constitución Española.
El
ultimo capitulo lo escribía el martes el vicepresidente Oriol Junqueras,
el hombre encargado de dirigir la consulta, que no parece dispuesto a
asumir solo las responsabilidades que eso conlleva, por lo que ha
exigido al presidente Puigdemont que todos los consejeros del PDeCAT
firmen con responsabilidad compartida o, en caso contrario, que sean
destituidos de sus consejerías. O sea, o todo o ninguno y… el Patrimonio
de todos." (José Oneto, República.com, 12/07/17)
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