"Hace tiempo dije que “desde cualquier vertiente que se examine, el la
consulta del 9-N es incompatible con las exigencias de un Estado
Democrático de Derecho”.
Semanas después se iniciaron acciones penales
contra sus responsables políticos por diversos delitos, que fueron
resueltas en el Tribunal Superior de Justicia por seis magistrados de
acreditada competencia y amplio espectro ideológico (uno de ellos había
sido elegido por el Parlament a propuesta de CiU).
El Tribunal dictó un
auto en el que razonadamente admitía a trámite las denuncias y querellas
presentadas limitándolas, en principio, al delito de desobediencia
grave a la autoridad, representada por el Tribunal Constitucional, que
el 4 de noviembre había suspendido la convocatoria de la consulta y de
todos los actos derivados de la misma. (...)
Pero, lo que en ningún caso es admisible es que el Gobierno
catalán haya tenido un comportamiento de ofensa y menosprecio hacia el
Tribunal. Calificar las citaciones de “juicio político” y “anomalía
democrática” supone tachar al Tribunal de prevaricador en la medida en
que se le atribuye una motivación y finalidad espuria, de inspiración
política.
Era y sigue siendo una acusación vejatoria y mucho más si
procede de dirigentes políticos que utilizan torcidamente su legitimidad
democrática para defender intereses personales y buscar la impunidad.
Actúan como una “casta” política que descalifica al Poder Judicial
sabiendo que este tendrá que soportar el ultraje en silencio.
Ello supone una quiebra de la democracia por parte de unos
líderes que pretenden hacer olvidar de este modo a sus fieles seguidores
el amplio historial delictivo que tienen. CDC, ahora PDECAT, está
pendiente de un juicio oral por el expolio del Palau de la Música; tiene
también juicios pendientes el que fuera alto dirigente de ese partido,
Oriol Pujol; y el mismo fundador, Jordi Pujol Soley, está imputado, con
varios miembros de su familia, en otro gran proceso, en principio, por
fraude fiscal y blanqueo de capitales, todos ellos tratados,
ciertamente, con una evidente benevolencia judicial. Y está también
pendiente el juicio, más que fundado, contra la Presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, por una desobediencia similar a la del ex
presidente Artur Mas.
Pero un líder aclamado acríticamente y, como dijo Romeva —el
izquierdista reconvertido— una “sociedad movilizada” y sumisa crean las
condiciones para movimientos de signos parafascista. Expresión de ello
han sido las concentraciones convocadas ante el Tribunal Superior, que
pretenden repetirse el próximo 6 de febrero.
Manifestaciones que han
contado con la participación de entusiastas seguidores y, lo que es más
irritante, del propio Gobierno. Con el pretexto de acompañar a los
imputados, comparecieron y ahora volverán a hacerlo ante las puertas del
Tribunal en un clima evidentemente coactivo, dado el tono airado y
amenazante de los concentrados, lo que constituye un gravísimo abuso de
poder y un intento de presionar a los magistrados.
Parece que Catalunya se empeña en repetir comportamientos
como el de Jordi Pujol, cuando cínicamente invocó la ética ante la
querella por el caso Banca Catalana. También ahora los
manifestantes han gritado “fuera la justicia española”. Pero cabe
preguntar —especialmente al juez Santiago Vidal—dónde estarán los jueces
independientes que deberían juzgar los numerosos procesos por
corrupción, presentes y futuros, en Catalunya.
Los dirigentes de CDC que tan airadamente rechazan la
jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tienen escasa
memoria sobre la importancia que, cuando les conviene, atribuyen a los
tribunales del Estado español.
Cuando la Audiencia Nacional absolvió a
todos los acusados que se manifestaron ante el Parlament en Junio de
2011, el Gobierno que ahora se enfrenta tan descaradamente al Tribunal
Superior, se apresuró a recurrir ante el Tribunal Supremo, consiguiendo
una condena injusta de prisión para ocho de los acusados. Un ejemplo,
entre muchos, de la falta de principios éticos del actual Gobierno
catalán.(...)" (Carlos Jiménez Villarejo, miembro de Federalistes d'Esquerres, El País, 04/02/17)
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