"La creciente tensión entre el Estado y
la Generalitat puede poner a los Mossos entre la espada y la
Generalitat.
El cuerpo autonómico, formado por más de 17.000 agentes,
depende del Govern catalán y por ley debe proteger también sus
edificios, pero a la vez es también policía judicial.
Esto significa que
puede recibir instrucciones de fiscales y jueces para, paradójicamente,
actuar contra el referéndum.
De hecho, ha costado mucho que los Mossos fueran tratados con las
mismas prerrogativas que el llamado Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil. También reciben diligencias de la Audiencia Nacional. En
el caso del concejal de la CUP Joan Coma, por ejemplo, fue detenido por
los Mossos a petición de un juez de este tribunal.
La Policía de la Generalitat tiene, pues, una doble dependencia:
nominalmente depende del conseller del Interior, pero operativamente del
juez instructor o del ministerio público. Por lo tanto se podría dar el
caso hipotético de que actuaran contra los colegios electorales en el
referéndum previsto por el Gobierno catalán.
Durante el 9N, por ejemplo, los Mossos pasaron de puntillas: el
Govern los utilizó para custodiar los colegios electorales, pero a
cierta distancia y pendientes que la fiscalía o el juez de guardia no
tomara medidas. Además, en aquella ocasión, el Ejecutivo español
menospreciar su celebración y no tomó ninguna iniciativa efectiva antes
de su celebración.
También hay otro factor a tener en cuenta y es que la mayor parte del
sueldo de los Mossos lo paga el Ministerio del Interior a raíz del
acuerdo de desarrollo pactado a mediados de los 90 entre las dos
Administraciones. La Generalitat se hace cargo de los complementos. De
ahí la polémica recurrente de que cobran más que los agentes de la
Policía o de la Guardia Civil." (e-notícies, 01/01/17)
"El plan para evitar el referéndum incluye tomar el control de los Mossos y precintar los colegios.
El Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto un plan
con todas las actuaciones posibles para evitar que se celebre un
referéndum de independencia en Cataluña. Esa estrategia implica a varios
ministerios e incluye medidas jurídicas y coercitivas, como precintar los colegios o tomar el control de los Mossos d'Esquadra, según han informado fuentes del Palacio de la Moncloa.
Sin embargo, ahora se está promoviendo una 'ley de desconexión' en el Parlamento catalán y, por lo tanto, ese referéndum tiene una base jurídica ilegal que, según avanzan, será objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional. De momento, esa ley está oculta aunque los partidos independentistas aseguran haberla pactado. (...)" (La Voz Libre, 02/02/17)
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